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Por Manuel Gutiérrez

Después de padecer los 3 primeros años y un mes del gobierno transformador, las incongruencias, dichos, y errores de percepción lo siguen arrastrando al error, a la zona de la ilegalidad, o al perjuicio de su propia economía.

Queda claro, actualmente que la 4T del Tlatoani López tiene una manera diferente de entender las realidades jurídicas, económicas, sociales y arrastra con sus propuestas a los seguidores de Morena, a la burocracia sometida al presupuesto, y finalmente a quiénes le creen y esa visión le ha impedido triunfar en su administración.

 El primer punto es la consulta para investigar a los expresidentes, pero las ilegalidades y corrupción bien ameritan que este gobierno se sume a la lista, porque la corrupción es un método de política que el Tlatoani usó, se complació y se enriqueció en las aportaciones ilegales para su movimiento regenerador que tuvo el mérito de convertirlo en multimillonario en el negocio de la política, pero les llama donaciones o préstamos personales.

Estuve en un centro de Morena, observé que los seguidores instan a enjuiciar y perseguir a los expresidentes, como si la tal consulta fuera necesaria para que un estado observe la ley y la aplique. Suponga que un caso criminal de los muchos que abundan en nuestros días, con cifras de 90 muertos por violencia en un día en todo el país, se consultara si el ministerio público y la judicatura deberían cumplir con su deber.

El delito se persigue de oficio, y la potestad de juzgar se aplica a quien se compruebe la comisión de un delito es algo inherente al principio de legalidad y del pacto social que constituye a la sociedad que evita que regresemos a las era de venganza, o de la ley del más fuerte.

Pues esa parte, los de Morena, la ven como un acto político que validará la acción de la justicia para perseguir a un puñado de presidentes algunos de ellos que ya descansan de la vida, otros parecen estar próximos a estarlo, y en un reducido número, si son aptos para que el castigo de la ley se les aplique, y no la reclusión en terapia intensiva en un hospital, resulta que es ilegal la persecución por la figura de la prescripción, y con ello parece que la consulta  le da substancia a un proceso. El asunto se trata de probar la comisión de los delitos. Y obviamente eso hará correr muchos alegatos jurídicos en ambos sentidos, de la acusación y de la defensa, en el esclarecimiento de los hechos, la consulta pública no es requisito en la actuación.

La Suprema Corte, lo plantea como un acto de investigación histórica, para que los protagonistas – y no solo los expresidentes- de actos políticos trascendentes en la sociedad, sean juzgados, investigados y en el caso se determine una verdad histórica. El INE propone la consulta en forma seria y metódica con sus instrumentos y recursos, para evitar las encuestas amañadas de López, en que levanten la mano los indígenas de Chiapas que no estén de acuerdo con el NAIM de Texcoco. Aunque los indígenas si viajan en aeroplano, aunque la 4T no lo crea, así como tienen pantallas y usan celulares de última generación e incluso no aprueban a López.

EL INE busca formalidad y que las ocurrencias del presidente sean filtradas por un método serio de saber la opinión de los mexicanos, en el caso que les interese.

O sea que cada sector ve un mismo asunto con fines diferentes. La intención del gobierno es demagógica, ya que pudo iniciar si podía las acciones legales sin tener que emplear una consulta del INE, es innecesario el apuro de Morena, por promover la consulta, más que como acto político.

Pero esta administración prefiere ignorar sus propios organismos gubernamentales, el esquema de legalidad existente. Veamos el Gas del Bienestar. Muchas veces hemos repetido que la necesidad estratégica de ser autosuficientes en gas, o tener propiedad de instalaciones para su proceso y distribución, aún en Texas, son vitales para México.

Podemos aceptar a quienes argumentan que Pemex sólo produce un 25% del consumo, importa el 75% por ciento restantes. Existe solamente uno pozo de extracción de gas en México, y en otros datos, la producción nacional de gas es de un 3%. Elija su cifra, a modo encuesta, pero el hecho es que no tenemos gas y este sufrió un aumento de 80 por ciento en el precio internacional, a parte de las modificaciones de flete que en materia de transporte marítimo están sacudiendo al mundo.

Simplemente lo que venga de China elevó sus precios un 300% por el costo del transporte y un incremento inusual de los chinos de gas lo elevó en el mundo. En resumen, somos consumidores de un producto que viene del extranjero, sin control posible en México. La devaluación del peso también añade incremento al precio del gas, aunque digan que el peso está entero.

Ahora, el panorama de regulación que propone la 4T es perjudicial. Sencillamente quiere imponer un control de precios, un tope que puede generar muchos problemas. Y pasa a la acción, de manera precipitada como es su costumbre: Anuncia la creación de Gas del Bienestar, con la visión de morena pretende llevar a las colonias pobres el producto a precios bajos. La clase media, que se rasque con sus uñas, de entrada.

La visión omite que el estado tiene organismos de control de precios y de comercio, como son la PROFECO, la COFECE, y la Comisión Reguladora de Energía, que pueden regular la competencia, sin necesidad de meterse a gaseros, con su actuación efectiva bastaría. Al respecto la cámara de empresas relacionadas con el abasto y venta de gas, señalaron que no es el problema real, que se tenga un nuevo competidor comercial, (el gobierno) siempre y cuando –aquí está el detalle- las reglas sean parejas, se apliquen a todos por igual, y no se favorezca alguna empresa, la del gobierno, o alguna mimada del presidente por razones inexplicables, sobre las demás.

También mencionaron algo que es importante. Las distribuidoras de gas, han sufrido con la pandemia, y alegan que sus utilidades no les permiten en muchos casos más que el bajo mantenimiento, sufren de unidades de reparto en malas condiciones, los cilindros de 30 kilos no se han renovado, de hecho, cada día lo cambian por uno más feo y la seguridad de tener riesgos de explosiones domésticas o en las calles es mayor.

Como se fuera “Shazam”, López supone que tendrá un centro de distribución, a no ser que sea directamente el que disponga Pemex, conseguirá las unidades nuevas de cilindros, con una compra urgente que seguramente será más costosa. Una caricatura del Financiero tuvo la virtud de explicar quién puede repartir el Gas Bienestar:  La Guardia Nacional, que puede sumar en sus recorridos una campaña o una música alusiva a Gas del Bienestar, el más bueno y barato, sólo para pobres, dado que en seguridad no aportan nada, tal vez sea una gran idea.

Y proceder en sus camiones a distribuir cilindros.  Pero esto es visto como acción de justicia de un gobierno que se despliega por los pobres, otros lo vemos como un error adicional mal planeado. Sencillamente las colonias pobres, yo quiero ver una.

Resulta que, entre esas colonias precarias, radica el más puro aspiracionismo. Quieren casa propia, en autoconstrucción, y que se dote a su colonia de todos los servicios, luego quieren la legalización si se trató de zona ejidal. Entre esas colonias se colocan inversionistas que por barato el terreno, construyen quintas de descanso, otras casas como patrimonio, casas con comercio incluido, y diferentes calidades. Entonces se cae el asunto de una colonia de pobres, todo está revuelto en las zonas urbanas a excepción de cotos o colonias de alto perfil.

Es tan difícil hasta con fines de caridad encontrar la real pobreza y se nota la falta de instrumentación de Trabajo Social a nivel profesional para hacer asertivo el reparto de beneficios. Tampoco se ve el uso de los datos de INEGI o CENEVAL, para determinar esos objetivos. Los repartidores del Gas Bienestar tendrán que pedir una declaración de impuestos de Hacienda para establecer quiénes son pobres.

La ostentación de pobreza aparente, una concesión para medrar en las despensas púbicas, parroquiales, en los donativos, ayudas de este clientelar gobierno, y por último, en recibir dádivas públicas por tener un piso sin cemento. Hay quienes lo rechazaron cuando se los regalaron, porque se deja de aparentar, lo que no son. Luego suman propiedad en que resulta que tienen alberca, aunque tengan piso de tierra en su casa. O son dueños de ranchos y en su ignorancia cultural no saben aprovechar sus recursos, solo solicitar subsidios de todo tipo…

Otras iniciativas populistas son la legalización de la piratería para ser vendida en “tianguis del bienestar” lo que violenta la ley, al convertir en legal un producto ilegal, dañando los derechos de autor, de patente, afectando a su propio comercio establecido, y finalmente a los productos que se fabrican en el país. Los morenistas ven reivindicación, la gente normal, (serán fifís) ve un acto perjudicial y demagógico que quitará empleos y fuentes de trabajo.

De esa clase está el anuncio de los automóviles del Bienestar, es decir la legalización de autos chuecos que han sido una maldición para la industria y la distribución automotriz en México, en diversos momentos y ahora con un descenso de ventas en la peor crisis.

La industria nacional, las tiendas de autoservicio, la justificación del sistema aduanal, los tratados internacionales, todo salta hecho pedazos. Pero con su visión errónea y clasista, la 4T cree que ayuda a los pobres y no les importa que la destrucción del país, sea la consecuencia con el aumento de en 10 millones de necesitados, punto en que se han anotado un gran éxito.

*Manuel Gutiérrez, es periodista

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Carlos Ramírez

Indicador Político- Telmex y Línea 12, dos dardos envenenados de AMLO a Slim

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Carlos Ramírez

Identificado como prototipo empresarial del proyecto neoliberal de Carlos Salinas de Gortari, el empresario Carlos Slim Helú tuvo la estrategia y la suerte de transitar por dos gobiernos panistas. Y sin una revisión de ese pasado político escabroso, logró colocarse en los ánimos –que no los afectos– del presidente López Obrador.

Sin embargo, no hay estrellas que brillen por siempre. El presidente ha enviado dos severos avisos de que la suerte del empresario de origen libanés podría haberse apagado:

1.- En el contexto de la revelacióndel periodista José Martínez Mendoza de que la renovación de la concesión de Telmex para 2026-2056 que ya había sido aprobada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en una maniobra del 2006 del presidente Peña Nieto para blindar a sus aliados y que el gobierno actual tiene aún la última palabra, el presidente López Obrador sacó a colación una equiparación entre el fraude tramado para privatizar funciones de la Comisión Federal de Electricidad y la forma en que Salinas decidió en 1990 privatizar una de las empresas más ricas propiedad del Estado.

En una conferencia matutina, López Obrador reveló la existencia de un modelode desprestigio de la empresa pública para propiciar su privatización: la CFE en el escenario de la reforma del 2013 dentro del Pacto por México PRI-PAN-PRD. El fraseoutilizado por el presidente dejó entrever algunos indicios que preocuparon a Slim:

“A nuestras generaciones las engañaron, porque no se sabía qué significaba, que representaba la privatización de una empresa pública; no se conocía. Entonces, como había más presencia del sector público se hacían campañas de que no servía el sistema telefónico, que era muy malo el servicio de teléfonos de México y se fue preparandoel terreno y se entregó la empresa pública (Telmex) porque ese era el propósito. Nos hicieron lo mismo con la industria eléctrica”.

Al equiparar la privatización de Telmex con la privatización de áreas del sector eléctrico, el mensaje dirigido a la concesión de Telmex de que puede ser revocada por la autoridad presidencial en marzo del 2023 quedó como indicio de que podría regresarse la telefónica a manos del Estado.

2.- El otro mensaje fue de apenas el pasado jueves 14 de octubre: el dictamenfinal de la Fiscalía de Ciudad de México determinó culpabilidad y responsabilidad de las empresas constructoras, entre ellas el grupo Carso de Slim Helú. Previo al informe judicial, se había dado una especie de perdón anticipado a Carso y en los hechos se había obligado a Slim a cubrir el costo de la reparación de la infraestructura destruida con el desplome de dos trenes con cargo económico a la propia empresa.

Se supuso en su momento que allí había terminado toda la investigación. Sin embargo, la Fiscalía reconstruyó el proceso desde el punto de vista de la investigación penal y determinó también posibilidades de castigos judiciales, solo que con la posibilidad de lo que se conoce como justicia retributiva-restaurativa y que implica el pago del daño para evitar consecuencias penales. La responsabilidad de Carso afectará su credibilidad como empresa constructora que tiene contratos con otras grandes obras de la 4ª-T y desde luego que minará la riqueza y la credibilidad del empresario.

Slim saltó a la fama y el poder económico con la privatización de la empresa Teléfonos de México que cubrió con todos los mecanismos legales previsibles entonces, pero que dejó la decisión final a la voluntad del presidente Salinas de Gortari. La complicidadSalinas-Slim quedó fijada en el imaginario popular con la referencia a Carlos & Charlie con relación al nombre propio de los dos personajes.

El imperio económico de Slim Helú –alrededor de más de 60,000 millones de dólares, aproximadamente un billón de pesos, algo así como el 15% del presupuesto federal o 3.5% del PIB– se construyó a partir de Teléfonos de México, pero incumpliendo con uno de los principios formales de la privatización: mantener el servicio a favor del público yno para construir una fortuna personal-familiar que quiere extenderse otros cincuenta años más.

En este escenario, los dos mensajes presidenciales hacia Slim Helú y su imperio empresarial estarían revelando la reflexión, cuando menos, al interior del gobierno lopezobradorista de que se podría rescatara Telmex como empresa de servicio público de la misma manera que la CFE.

 

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Política para dummies: La política es el instante del poder para tomar decisiones de Estado.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

http://indicadorpolitico.mx

indicadorpoliticomx@gmail.com

@carlosramirezh

Canal YouTube: https://t.co/2cCgm1Sjgh

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Nacional

Brújula Pública- Las agencias

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Rodolfo Aceves Jiménez*

A fin del año pasado el Congreso aprobó la iniciativa a la Ley de Seguridad Nacional que presentó el presidente de la República para proscribir la participación de agentes en territorio nacional.

Esta iniciativa obliga a presentar informes mensuales sobre sus actividades lo que provocó la molestia de agencia como la DEA, que contaba con agentes en el país.

Pero en la reunión de la semana pasada en la que estuvieron altos funcionarios de seguridad del gobierno norteamericano, en la que seguramente consultaron de viva voz al gobierno mexicano, la posibilidad de que sus agentes vuelvan a tener dicha participación en campo.

El Entendimiento Bicentenario, denominación por lo que en lo sucesivo se conocerá a la extinta Iniciativa Mérida es el instrumento político jurídico necesario para que Washington tenga presencia en territorio nacional con su personal.

No obstante, hoy por hoy la Embajada de Estados Unidos en México es la representación diplomática norteamericana que tiene más personal con unas 400 personas, después a la de Egipto en El Cairo.

Lo anterior da cuenta de la importancia que para Washington representa la relación bilateral con México, debido a la cantidad de agencias y representaciones de ese país distribuidos en territorio nacional y en especial lo que significa la seguridad.

Los Estados Unidos han colaborado con las agencias de seguridad y de defensa mexicanas con intercambio de información para combatir delitos, como corrupción o narcotráfico, así como con inteligencia en tiempo real con la que se logró la detención de El Chapo.

Por su parte nuestro país ha colaborado con la detención y extradición de delincuentes para compurgar penas en las cárceles de ese país, así como en algunas operaciones especiales de interés norteamericano que han permanecido en secreto, como la participación de fuerzas mexicanas en el Operativo Lanza de Neptuno que dio muerte a “Gerónimo” nombre clave de Osama Bin Laden en Pakistán en 2011.

Hubo un momento en que las relaciones con las agencias de seguridad estuvieron debilitadas, cuando fue muerto el agente de la DEA Enrique Camarena y el piloto Alfredo Zavala, provocando las protestas del director de la DEA en México, Edward Heath y llevando a su punto más bajo dichas relaciones.

El tema fue llevado a un segundo término, aunque no ha sido del todo superado, debido a lo tortuoso de los sistemas de investigación y de impartición de justicia mexicanos, en el que todavía hasta 2019 fue consignado un presunto implicado en la tortura de Camarena Salazar.

Al final del día la participación de las agencias de seguridad norteamericanas subsana algunas deficiencias operativas de las agencias mexicanas, pero llega el punto de inflexión en el que sus investigaciones trastocan intereses ajenos de la seguridad infiltrados en las agencias mexicanas.

Quizás estos sean los intereses que impiden su intervención en territorio nacional. Ni está bien, ni está mal su participación. Es una colaboración entre países con intereses comunes.

 

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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Nacional

Seguridad Ciudadana y Reactivación Económica

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Salvador Guerrero Chiprés

La seguridad no puede considerarse un elemento más en la agenda pública: es una condición de posibilidad para el bienestar ciudadano derivado a su vez de la reactivación económica.  

Particularmente en el tema económico existe consenso entre los especialistas sobre la relación de ida y vuelta entre activación y desarrollo y la seguridad pública. En el plano nacional existen estudios (Feliz, 2012, Crimen y crecimiento económico en México. Los estados federales en el periodo 2003-2010) que calculan que un incremento de 10% en la tasa de homicidios reduce la tasa de crecimiento del PIB per cápita entre 0.13% y 3.6% en el largo plazo. 

Ya en el ámbito internacional, Frances Stewart, economista de la Universidad de Oxford, establece que la inseguridad y los conflictos violentos tienen consecuencias adversas sobre el progreso económico, a la vez que la falta de crecimiento o el desarrollo desequilibrado es probable causa de situaciones que implican inseguridad. Stewart obtiene esta conclusión a partir de un estudio de los 25 países más afectados por conflictos entre 1960 y 1995.  

Por su puesto que este vínculo no se queda sólo en palabras, la ciudadanía hoy es testigo del aspecto positivo de esa relación: la Ciudad de México se encuentra en un franco proceso de reactivación económica en el que la seguridad juega un papel central.  

Si comparamos los primeros nueve meses de este año contra el mismo periodo del 2019 encontramos una disminución del 44.6% en el total de delitos de alto impacto. Específicamente en el homicidio, ilícito referente porque su cifra negra es casi nula, existe un decremento del 33.9%. Otro que impacta directamente en las familias es el robo a cuentahabiente que se redujo en 53.7%. En tándem, recientemente se informó que, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, nuestra ciudad lidera por segundo mes consecutivo la generación de empleos formales entre todas las entidades del país, con el 13.1% de los empleos creados a nivel nacional.  

A esto se suma el avance en el proceso de vacunación en el que ya superamos el 98% de cobertura en la aplicación de primeras dosis a mayores de 18 años, lo que nos coloca por encima de grandes capitales como Paris, Nueva York y Madrid.  

Ningún logro es fortuito. Hay trabajo coordinado de ciudadanía, empresas e instituciones gubernamentales. Es necesario profundizar y acelerar el paso en el tema de violencia de género y en esa dirección hay un esfuerzo que encabeza —como en el tema de seguridad— la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. 

Por lo pronto, con el registro de tres secuestros en septiembre en la capital nacional, en lugar de los 24 que había en ese mes del 2018, aunque por supuesto no debiera haber uno solo, se muestra un avance que es necesario profundizar. La reactivación de la seguridad tiene una dimensión comunitaria y humana, específicamente, también, económica. 

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