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Por Manuel Gutiérrez

Después de padecer los 3 primeros años y un mes del gobierno transformador, las incongruencias, dichos, y errores de percepción lo siguen arrastrando al error, a la zona de la ilegalidad, o al perjuicio de su propia economía.

Queda claro, actualmente que la 4T del Tlatoani López tiene una manera diferente de entender las realidades jurídicas, económicas, sociales y arrastra con sus propuestas a los seguidores de Morena, a la burocracia sometida al presupuesto, y finalmente a quiénes le creen y esa visión le ha impedido triunfar en su administración.

 El primer punto es la consulta para investigar a los expresidentes, pero las ilegalidades y corrupción bien ameritan que este gobierno se sume a la lista, porque la corrupción es un método de política que el Tlatoani usó, se complació y se enriqueció en las aportaciones ilegales para su movimiento regenerador que tuvo el mérito de convertirlo en multimillonario en el negocio de la política, pero les llama donaciones o préstamos personales.

Estuve en un centro de Morena, observé que los seguidores instan a enjuiciar y perseguir a los expresidentes, como si la tal consulta fuera necesaria para que un estado observe la ley y la aplique. Suponga que un caso criminal de los muchos que abundan en nuestros días, con cifras de 90 muertos por violencia en un día en todo el país, se consultara si el ministerio público y la judicatura deberían cumplir con su deber.

El delito se persigue de oficio, y la potestad de juzgar se aplica a quien se compruebe la comisión de un delito es algo inherente al principio de legalidad y del pacto social que constituye a la sociedad que evita que regresemos a las era de venganza, o de la ley del más fuerte.

Pues esa parte, los de Morena, la ven como un acto político que validará la acción de la justicia para perseguir a un puñado de presidentes algunos de ellos que ya descansan de la vida, otros parecen estar próximos a estarlo, y en un reducido número, si son aptos para que el castigo de la ley se les aplique, y no la reclusión en terapia intensiva en un hospital, resulta que es ilegal la persecución por la figura de la prescripción, y con ello parece que la consulta  le da substancia a un proceso. El asunto se trata de probar la comisión de los delitos. Y obviamente eso hará correr muchos alegatos jurídicos en ambos sentidos, de la acusación y de la defensa, en el esclarecimiento de los hechos, la consulta pública no es requisito en la actuación.

La Suprema Corte, lo plantea como un acto de investigación histórica, para que los protagonistas – y no solo los expresidentes- de actos políticos trascendentes en la sociedad, sean juzgados, investigados y en el caso se determine una verdad histórica. El INE propone la consulta en forma seria y metódica con sus instrumentos y recursos, para evitar las encuestas amañadas de López, en que levanten la mano los indígenas de Chiapas que no estén de acuerdo con el NAIM de Texcoco. Aunque los indígenas si viajan en aeroplano, aunque la 4T no lo crea, así como tienen pantallas y usan celulares de última generación e incluso no aprueban a López.

EL INE busca formalidad y que las ocurrencias del presidente sean filtradas por un método serio de saber la opinión de los mexicanos, en el caso que les interese.

O sea que cada sector ve un mismo asunto con fines diferentes. La intención del gobierno es demagógica, ya que pudo iniciar si podía las acciones legales sin tener que emplear una consulta del INE, es innecesario el apuro de Morena, por promover la consulta, más que como acto político.

Pero esta administración prefiere ignorar sus propios organismos gubernamentales, el esquema de legalidad existente. Veamos el Gas del Bienestar. Muchas veces hemos repetido que la necesidad estratégica de ser autosuficientes en gas, o tener propiedad de instalaciones para su proceso y distribución, aún en Texas, son vitales para México.

Podemos aceptar a quienes argumentan que Pemex sólo produce un 25% del consumo, importa el 75% por ciento restantes. Existe solamente uno pozo de extracción de gas en México, y en otros datos, la producción nacional de gas es de un 3%. Elija su cifra, a modo encuesta, pero el hecho es que no tenemos gas y este sufrió un aumento de 80 por ciento en el precio internacional, a parte de las modificaciones de flete que en materia de transporte marítimo están sacudiendo al mundo.

Simplemente lo que venga de China elevó sus precios un 300% por el costo del transporte y un incremento inusual de los chinos de gas lo elevó en el mundo. En resumen, somos consumidores de un producto que viene del extranjero, sin control posible en México. La devaluación del peso también añade incremento al precio del gas, aunque digan que el peso está entero.

Ahora, el panorama de regulación que propone la 4T es perjudicial. Sencillamente quiere imponer un control de precios, un tope que puede generar muchos problemas. Y pasa a la acción, de manera precipitada como es su costumbre: Anuncia la creación de Gas del Bienestar, con la visión de morena pretende llevar a las colonias pobres el producto a precios bajos. La clase media, que se rasque con sus uñas, de entrada.

La visión omite que el estado tiene organismos de control de precios y de comercio, como son la PROFECO, la COFECE, y la Comisión Reguladora de Energía, que pueden regular la competencia, sin necesidad de meterse a gaseros, con su actuación efectiva bastaría. Al respecto la cámara de empresas relacionadas con el abasto y venta de gas, señalaron que no es el problema real, que se tenga un nuevo competidor comercial, (el gobierno) siempre y cuando –aquí está el detalle- las reglas sean parejas, se apliquen a todos por igual, y no se favorezca alguna empresa, la del gobierno, o alguna mimada del presidente por razones inexplicables, sobre las demás.

También mencionaron algo que es importante. Las distribuidoras de gas, han sufrido con la pandemia, y alegan que sus utilidades no les permiten en muchos casos más que el bajo mantenimiento, sufren de unidades de reparto en malas condiciones, los cilindros de 30 kilos no se han renovado, de hecho, cada día lo cambian por uno más feo y la seguridad de tener riesgos de explosiones domésticas o en las calles es mayor.

Como se fuera “Shazam”, López supone que tendrá un centro de distribución, a no ser que sea directamente el que disponga Pemex, conseguirá las unidades nuevas de cilindros, con una compra urgente que seguramente será más costosa. Una caricatura del Financiero tuvo la virtud de explicar quién puede repartir el Gas Bienestar:  La Guardia Nacional, que puede sumar en sus recorridos una campaña o una música alusiva a Gas del Bienestar, el más bueno y barato, sólo para pobres, dado que en seguridad no aportan nada, tal vez sea una gran idea.

Y proceder en sus camiones a distribuir cilindros.  Pero esto es visto como acción de justicia de un gobierno que se despliega por los pobres, otros lo vemos como un error adicional mal planeado. Sencillamente las colonias pobres, yo quiero ver una.

Resulta que, entre esas colonias precarias, radica el más puro aspiracionismo. Quieren casa propia, en autoconstrucción, y que se dote a su colonia de todos los servicios, luego quieren la legalización si se trató de zona ejidal. Entre esas colonias se colocan inversionistas que por barato el terreno, construyen quintas de descanso, otras casas como patrimonio, casas con comercio incluido, y diferentes calidades. Entonces se cae el asunto de una colonia de pobres, todo está revuelto en las zonas urbanas a excepción de cotos o colonias de alto perfil.

Es tan difícil hasta con fines de caridad encontrar la real pobreza y se nota la falta de instrumentación de Trabajo Social a nivel profesional para hacer asertivo el reparto de beneficios. Tampoco se ve el uso de los datos de INEGI o CENEVAL, para determinar esos objetivos. Los repartidores del Gas Bienestar tendrán que pedir una declaración de impuestos de Hacienda para establecer quiénes son pobres.

La ostentación de pobreza aparente, una concesión para medrar en las despensas púbicas, parroquiales, en los donativos, ayudas de este clientelar gobierno, y por último, en recibir dádivas públicas por tener un piso sin cemento. Hay quienes lo rechazaron cuando se los regalaron, porque se deja de aparentar, lo que no son. Luego suman propiedad en que resulta que tienen alberca, aunque tengan piso de tierra en su casa. O son dueños de ranchos y en su ignorancia cultural no saben aprovechar sus recursos, solo solicitar subsidios de todo tipo…

Otras iniciativas populistas son la legalización de la piratería para ser vendida en “tianguis del bienestar” lo que violenta la ley, al convertir en legal un producto ilegal, dañando los derechos de autor, de patente, afectando a su propio comercio establecido, y finalmente a los productos que se fabrican en el país. Los morenistas ven reivindicación, la gente normal, (serán fifís) ve un acto perjudicial y demagógico que quitará empleos y fuentes de trabajo.

De esa clase está el anuncio de los automóviles del Bienestar, es decir la legalización de autos chuecos que han sido una maldición para la industria y la distribución automotriz en México, en diversos momentos y ahora con un descenso de ventas en la peor crisis.

La industria nacional, las tiendas de autoservicio, la justificación del sistema aduanal, los tratados internacionales, todo salta hecho pedazos. Pero con su visión errónea y clasista, la 4T cree que ayuda a los pobres y no les importa que la destrucción del país, sea la consecuencia con el aumento de en 10 millones de necesitados, punto en que se han anotado un gran éxito.

*Manuel Gutiérrez, es periodista

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Carlos Ramírez

Indicador Político- Desigualdad, sigue: 70% con ingreso Igual al 10%; 20% con mitad de riqueza

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Carlos Ramírez

Desde que en 1968 el economista Enrique Padilla Aragón reveló que el modelo de desarrollo posrevolucionario había generado un proceso de crecimiento económico con pobreza y desigualdad social, los gobiernos populistas, neoliberales y posneoliberales han carecido de alguna propuesta para vincular el crecimiento y la distribución de la riqueza que define el desarrollo.

La última Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos en los Hogares en 2020 del INEGI revela las cifras que desnuda la dimensión de la crisis populista, la crisis neoliberal y la crisis pandémica: la distribución del ingreso nacional entre familias perdió en el -8.5% del PIB el año pasado lo ganado en los anteriores dos años y el reparto de la riqueza regresó a la desigualdad de 2016.

Dos cifras son reveladoras del retroceso en desigualdad social padecida en los últimos dos años de PIB negativo:

1.- El 70% de las familias mexicanas entre pobres y clase media tienen el mismo ingreso que el 10% de las familias más ricas; a nivel más global el 80% de las familias tiene el mismo ingreso que el 20%de las familias ricas. Este 20% de las familias ricas acapara, sin que alguna política económica rompa esa concentración, el 51.7% del ingreso nacional.

2.- A nivel de ingreso corriente promedio, el 10% de las familias más ricas tiene ingresos por 18 veces más que el 10% de las familias más pobres.

La distribución de la riqueza representa una de las funciones prioritarias del Estado, si no es que la más importante, porque se utilizan instrumentos fiscales para repartir la riqueza nacional tratando evitar la concentración del ingreso. Al contrario, la crisis 2018-2020 disminuyóparticipación en el ingreso a los sectores más pobres y transfirió mayor riqueza a los sectores con mayor concentración.

Las cifras del INEGI exhiben que el 10% de las familias más pobres perdió lo ganado en 2016-2018 y en el 2020 regresó al punto de 2016. En cambio, el 10% de las familias más ricas había perdido 2.8 puntos porcentuales de su participación en la riqueza, pero la crisis permitió su recuperación.

Lo anterior quiere decir que la crisis económica, el tránsito del modelo neoliberal al modelo posneoliberal y el PIB negativo en 2019-2020 afectó más a los pobres y beneficio más a los ricos.

Otros datos de la encuesta 2020 del INEGI han sido ya referidos en medios: la disminución de 5.8% en el ingreso corriente trimestral y la baja de 12.9% en el gasto corriente, además del aumento de 45% del gasto en salud por la falta de una política estratégica del Estado para proteger a los sectores con bajos niveles de ingresos que dependen de los subsidios gubernamentales.

La encuesta, además, reconfirma la polarización en el ingreso regional: Nuevo León, el estado con mayor actividad industrial, encabeza la lista de sociedades más favorecidas, en tanto que en los cinco últimos lugares aparecen las entidades más abandonadas de las políticas redistributivas de la riqueza: Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y en último lugar Chiapas. Chiapas, por ejemplo, tiene seis veces menos ingreso corriente qué Nuevo León.

Las cifras de concentración de la riqueza a través del ingreso nacional han sido siempre los indicadores definitivos de la estructura de desigualdad social que existe en México y de la polarización entre ricos y pobres. Las tres políticas económicas existentes –populismo, neoliberalismo y posneoliberalismo– se han fijado las metas, con diferentes grados de eficacia, de evitar la profundización de la desigualdad a través de políticas públicas de carácter fiscal y de programas sociales, pero todas han fracasado.

La desigualdad estructural que existe entre las diferentes clases sociales se confirma en las evaluaciones del CONEVAL: en promedio el 80% de las familias mexicanas vive con una a cinco restricciones sociales, lo que indica padecimientos de desigualdad en diferentes niveles y puntos de bienestar por abajo de la media; y del lado contrario, solo el 20%de la población vive con un bienestar suficiente y sin ninguna carencia social.

 La encuesta del INEGI confirmó que México sigue siendo un país con desigualdades sociales estructurales que lo colocan entre las naciones de bajodesarrollo social.

 

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Política para dummies: La política es el reino frío y desalentador de la economía.

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Nacional

Brújula Pública- Nueva seguridad

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Rodolfo Aceves Jiménez*

La crisis política, económica y social en que ha puesto la presencia del #COVID19 al gobierno federal, debería otorgar experiencia y conocimiento para replantear qué es la seguridad para el Estado mexicano.

Para el Estado mexicano la seguridad solo se circunscribe a salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, y contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, tal y como aparece en el artículo 21 constitucional, es decir, solo a cuestiones de seguridad pública cuando en realidad, es más, mucho más.

De la Ley de la materia se obtiene un concepto de seguridad nacional que abarca, la seguridad política del Estado, el mantenimiento del estado de derecho, de las partes de la Federación, de la defensa del país y, por último, de la democracia, entendida como el desarrollo económico, social y político, es decir, lo que debería presentarse como objetivos nacionales en la Constitución, aparece como objetivos de la norma.

Para la formación del concepto de Estado, los ciudadanos, el territorio y el gobierno ocupan la misma jerarquía, pero para la función de Estado de la seguridad, es distinto.

La lógica es, que el concepto de seguridad contenido en los objetivos nacionales que se encuentran en los primeros 29 artículos de la Constitución, no contempla las hipótesis jurídicas de desarrollo económico, político y social, que están contenidas en la Ley de Seguridad Nacional, cuya esfera de competencia es más amplio, que el concepto de seguridad al que se refiere el artículo 21 constitucional, dado a que la seguridad no solo es policial, también es de desarrollo del ciudadano en esas vertientes.

La tercera ola de #COVID19 y el manejo que hace las autoridades, no se ajusta a los contenidos del desarrollo económico, social y político de los ciudadanos. Lo mismo sucede con la seguridad, al existir una desarticulación en la seguridad pública y con la ausencia de un Plan de Seguridad Nacional en esta administración.

En el plano social, el tejido está debilitado por la falta de innovación en políticas públicas, no sólo las asistencias de bienestar.

En el plano político, el gobierno federal minimiza, desprecia, descalifica y hasta insulta las opiniones de la clase política con su ejército de seguidores en redes sociales, en vez de sumarlos al esfuerzo nacional por superar esta crisis.

En el plano económico, el gobierno federal desoye la opinión pública, así como la de expertos o consultorías internacionales en materia económica, que advierten la amenaza que constituyen sus políticas económicas.

Hoy lo verdaderamente importante es acumular esta experiencia y convertirla en corregir o aumentar la legislación o planeación en una nueva seguridad para el país.

 

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Intelectuales y Cuba, “una pasión desdichada”

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Carlos Ramírez

Ahora que existe una coyuntura para la rendición de cuentas sobre la construcción de ese monstruo caribeño que se simbolizó como revolución cubana, podrían estarse dando las condiciones para voltear la mirada hacia los intelectuales sartreanos que proyectaron el compromiso de su escritura en apoyo a un movimiento social ideológico que resultó en una caricatura de socialismo autoritario.

Quizá el alejamiento posterior crítico de esos intelectuales pueda disminuir un poco su responsabilidad en la justificación de una dictadura personalista en La Habana. De todos modos, habría que fijar la atención sobre ellos, cuando menos para que asuman su responsabilidad del pasado.

Los intelectuales latinoamericanos y europeos apoyaron y forjaron el mito revolucionario de Fidel Castro de 1959 a 1971 y la ruptura se dio entorno al arresto, tortura psicológica y represión al poeta cubano Heberto Padilla, por cierto, funcionario revolucionario y víctima de sus propias teorías de la conspiración. La acusación en su contra fue un absurdo del Gobierno cubano, pero ocurrió en el momento en que la sensibilidad revolucionaria no aceptaba poemas insidiosos contra sus líderes.

El caso Padilla no fue el primero. En 1961 el gobierno de Fidel Castro reprimió, censuró y regañó a los intelectuales que suponían que la revolución era un acta de libertad absoluta ajena a sumisiones autoritarias. En esta columna ya recordamos que en ese año el gobierno de Castro censuró el documental P.M. que contaba sin inhibiciones la vida nocturna en La Habana y que había sido realizado por el hermano de Guillermo Cabrera Infante, otro intelectual de origen revolucionario y castrista, aunque después rompió con el gobierno y se convirtió en un gusano en el exterior. En el debate abierto por el gobierno con intelectuales se definió la doctrina intelectual de Fidel Castro: “contra la revolución ningún derecho”.

A pesar de ello, muchos intelectuales extranjeros siguieron apoyando a Cuba hasta 1971. Un caso singular fue el de Julio Cortázar, el escritor argentino-francés que arrió sus banderas creativas para someterlas a los criterios estalinistas de apoyo estricto a la revolución. Quedó como constancia infame su poema Policrítica a la hora de los chacales, en el cual de manera patética implora el perdón del dictador. Inclusive, Cortázar rompió su línea creativa en 1973 para escribir su novela Libro de Manuel, una oda a los revolucionarios muy al estilo del estalinismo de los años cincuenta.

Mario Vargas Llosa fue uno de los promotores entusiastas de la revolución cubana y escribió varios textos en periódicos de Estados Unidos para señalar una nueva etapa de la humanidad. En 1971 se convirtió en el pivote de dos cartas de protesta de intelectuales contra Fidel Castro publicadas en París y que significaron el punto de ruptura con la revolución cubana.

Un caso de ruptura silenciosa fue Carlos Fuentes, quien, en 1961, en una caravana de intelectuales a Chile, de acuerdo con testimonios de José Donoso, dijo que ya no escribiría literatura y que se dedicaría a promover la revolución cubana. En 1971 Fuentes decidió mantener desde entonces un silencio respecto a Cuba, con indicios de qué se trataba de una posición crítica no expresa.

El escritor chileno Jorge Edwards fue el único extranjero que padeció la represión cubana. En 1971 arribó a La Habana como representante del gobierno socialista-comunista de Salvador Allende en Chile para reanudar relaciones diplomáticas. Sin embargo, Edwards mantuvo su actividad literaria y se reunió con frecuencia con escritores marcados por la policía secreta cubana. Fidel Castro presionó para expulsar a Edwards de Cuba y acusarlo con Allende y con el poeta Pablo Neruda, quien tenía autoridad moral sobre el escritor chileno.

La historia de la cuenta Edward en su libro testimonial Persona non grata que fue publicado en 1972 y que marcó el punto de ruptura de Castro con los intelectuales. En las páginas casi finales Edwards cuenta una áspera reunión de despedida con Fidel y revela que el líder cubano carecía de información real sobre la situación de los intelectuales, pero funcionaba como comisario ideológico estalinista. Edwards trató de explicarle a Fidel que la cultura no era contrarrevolucionaria y que Cuba tendría muchos problemas de mantener su cerrazón autoritaria contra la libertad de creación.

En México la revolución cubana determinó el espacio ideológico de la cultura y marcó las relaciones entre intelectuales mexicanos. Cuba fue el punto de ruptura de las relaciones entre el grupo de Fernando Benítez y su sucesor Carlos Monsiváis y el grupo de Octavio Paz, el primero moviéndose en los espacios progresistas de apoyo a la revolución cubana por su simbolismo ideológico en México y en América Latina y el segundo manteniendo una posición liberal de respeto a la libertad de creación. En 1977 ocurrió la polémica Paz-Monsiváis alrededor de opiniones muy críticas del primero contra el pensamiento socialista inflexible y las críticas de Paz al saldo negativo en libertad de creación del socialismo realmente existente, en particular el cubano.

Y no debe olvidarse el caso del intelectual Regis Debray, quién arribó a La Habana de la mano de ensayos ideológicos de apoyo a la revolución cubana, fue usado por Castro como mensajero secreto, resultó detenido después de haber visitado al Che Guevara y luego abandonado a su propia suerte. Debray rompió con Cuba luego de conocer la experiencia del socialismo democrático de Allende en Chile y se convirtió en un crítico de la dictadura cubana.

El gran debate actual se da hoy entorno a quién aprovechó a quién: si los escritores a la revolución o revolución a los escritores. A la larga, los intelectuales realizaron un viaje de la izquierda a la derecha o, en palabras de Vargas Llosa, un tránsito de Sartre a Camus, aunque bien pudo haber sido un viaje en reversa de la estación de Finlandia, en San Petersburgo, a Zúrich. Alemania.

Al final, quedan las palabras de Octavio Paz sobre la relación de los intelectuales con la política: “una pasión desdichada”.

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