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Salvador Guerrero Chiprés
El esfuerzo de acreditadas organizaciones empresariales, de la sociedad civil y con el empuje del nuevo Gobierno en su declarado compromiso verificable respecto de la corrupción, hacen probable un avance histórico.
La autopercepción de amplios segmentos sociales, inclinados a creer que la corrupción es parte de la naturaleza latinoamericana y mexicana en particular, en contraste con los países anglosajones de la OCDE, es una variable vigente. La realidad de la descomposición estructural desde las instituciones y desde algunas empresas, la cual alcanzó un pico notorio en la administración federal previa, es otra.
La más importante, diferenciadora de la pasada administración, es la voluntad del Gobierno federal, concretado en una disposición de sanción. Un aspecto fundamental en el combate a la corrupción es la denuncia.
Sin embargo, 82.6% de la población a nivel nacional que sufrió algún acto de corrupción no denunció el delito, según datos del INEGI de 2017.
La misma encuesta revela que los principales motivos de la población para no denunciar los actos de corrupción se relacionan con la falta de confianza en las autoridades para atender el caso.
Nada nuevo hasta ahí. Pero cuando vemos los datos de Transparencia Internacional, encontramos que en México una de cada dos personas dieron un soborno en los últimos 12 meses. En otras palabras, hay una especie de muletilla retórica entre la ciudadanía que consiste en señalar o culpar al Gobierno de todos los males.
Hay que decirlo claramente: si la corrupción habitara solo de lado oficial de la ventanilla de cualquier trámite, ¿dónde está el uno de cada dos que ha dado un soborno?
La corrupción en trámites vehiculares, de educación pública, registro civil o de contacto con autoridades de seguridad es de siete mil millones de pesos. Este grave problema parece pequeño cuando la “mordida” es de cien pesos, pero se vuelve enorme al suceder cada día, cada hora, todo el tiempo.
En ese sentido, la visión y oportunidad con la cual Salvador Villalobos, presidente del Consejo de la Comunicación, convocó al foro por el Día Internacional Contra la Corrupción resulta de gran aporte.
Los ponentes no fueron solo teóricos de la transparencia, estuvieron presentes los protagonistas de la que el presidente López Obrador ha consolidado como su causa y legado: el fin de la corrupción.
Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, compartieron cómo han conseguido el bloqueo de mil 415 millones de pesos vinculados con presuntos actos de corrupción, lo cual involucra a 178 personas físicas y morales.
Desde lo público el compromiso es evidente a un grado que nunca antes se había presentado en nuestro país. La potencia se dará cuando cada uno de los ciudadanos replique ese principio en el que es motivo de orgullo ser incorruptible por encima de la falta de tiempo, la flojera o la facilidad del atajo que tanto nos daña.
@guerrerochipres

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Actualmente es Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la CDMX

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Carlos Ramírez

Indicador Político- ¿Regresar a cuál normalidad? Los cuatro dilemas poscoronavirus

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Carlos Ramírez*
Presionado por la economía 
estadunidense a la que está atado, por el desempleo en modo Calcuta de millones de trabajadores que no han recibido apoyo y por una planta productiva que se pone en funcionamiento o se destruye, la decisión gubernamental para regresar a la nueva-vieja normalidad económica y social tendrá que resolver cuatrodilemas:

1.- El dilema entre la salud o la economía. Los datos reales de las afectaciones de la pandemia a la planta productiva son peores a los que se conocen y deberían obligar a las autoridades a cuando menos dos semanas de medidas drásticas de confinamiento para romper los contagios, pero las presiones de las cadenas productivas estadunidenses y el peligro de que la planta productiva paradpierda mercados van a llevar a la decisión del regreso a la actividad económica cuando aún no se ha alcanzado el punto máximo de contagios. España, que aplicómedidas drásticas de confinamiento autoritario, apenas está viendo bajar el ritmo de fallecidos y contagiados.

2.- El dilema entre economía productiva o economíasubsidiada. Sin ningún tipo de apoyo, la economía de servicios y buena parte de la economía industrial fue afectada en su dinamismo por el desplome de la demanda, el desempleo obligatorio de trabajadores y la competencia con otros países que ocuparon lugares mexicanos en la proveeduría de bienes y servicios. El turismo y los servicios quedaron destrozados por falta de apoyo y su reinicio será lento. Las expectativas de PIB de -8% a -12% tardarán en recuperarse cuando menos 25 años. Los datos de que el 2021 se crecerá a 2% a 2.5% será sobre el hoyo recesivo de 2020.El gobierno federal regresará a la economía de subsidios que tenía antes de la pandemia y que llevaron a un PIB de -0.1% en 2019 y previsible de -0.5% a 0.5% en 2020. La opciónoficial era la de economía de subsidios sociales noproductivos y no multiplicadores de la demanda efectiva.

3.- El dilema entre mercado o Estado. Anunciado desde su primera campaña electoral estatal en 1988, el modelo de desarrollo de López Obrador fue siempre el Estado que había sido sustituido por el mercado en el modelo neoliberal de Carlos Salinas de Gortari 1979-1994. En su campaña electoral de 2018 López Obrador anuncio el fin del neoliberalismo. Y buena parte de sus decisionespresidenciales han sido en el escenario de la restauracióndel Estado como el eje de la economía. Sin embargo, el modelo de Estado depende sólo de tres claves: ingresos fiscales del doble de los existentes, desarrollo tecnológicopara potenciar la competencia y empresas públicas en el sector industrial basadas en la generación de utilidades y no quebradas por subsidios.

4.- Y quizá el dilema más importante: regresar a la normalidad de un país hundido en la improductividad que se enfilaba a tasas promedio sexenal de PIB de 1% a 2%, muy lejos del 4% promedio anual anunciado de manera oficial o construir la normalidad prometida de un nuevo modelo de desarrollo posneoliberal imaginado y no diseñado. Hasta ahora, con cuatro meses de coronavirusno existe ningún nuevo modelo de desarrollo posneoliberal ni ninguna definición del Estado productivo.

De acuerdo con las cifras del INEGI, el PIB de 2019 y el del primer trimestre de este año se salvó por el sector primario, el agropecuario, pero con sectores industrial y de servicios sin incentivos y atorados por el desmoronamiento de la demanda. Para crecer a tasas anuales del PIB arribadel 2.2% promedio de los últimos años se requiere una planta productiva renovada o reconvertida, una política efectiva de fomento industrial y sobre todo un nuevo modelo de desarrollo.

Ahí está el eje de todos los dilemas: regresar a la normalidad de antes o construir una nueva.

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Batallas burocráticas. Justo en el momento en que el Tren Maya depende de negociaciones con grupos indígenas para evitar otro Atencopresiones dentro del gabinete quieren desplazar a Ricardo Peralta, el subsecretario de Gobernación experto en negociaciones in extemis. El expediente de aduanas que lo tuvo seis meses se ha enredado en fuego amigo, al grado que su sucesor tiró la toalla por la complejidad del tema. Peralta ha sido eficaz en apagar fuegos conflictivos y tiene ante sí el del Tren Maya, una de las joyas del sexenio que se puede ahogar en tribunales.

Política para dummies: La política, al final del día, decide entre soluciones malas o soluciones peores.

http://indicadorpolitico.mx

indicadorpoliticomx@gmail.com

@carlosramirezh

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Gabriel Torres Espinoza

Análisis- 1 de junio: rebrote mortal

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Gabriel Torres Espinoza 

En Jalisco se observa ya un importante incremento de la movilidad social, lo que es muestra de que la confusión respecto de la fase cero –programada para el 18 de mayoprovocó el reinició actividades en un gran número de empresas, sin mayores protocolos. 

Los resultados ya se hacen sentir: ayer, 128 muertes acumuladas y 1,355 contagios acumulados en JaliscoIncluso, se superan ya los 2000 casos si se consideran los detectados por el Sistema Radar, los reportados por la Secretaría de Salud Federal, más los casos de los hospitales privados y los asintomáticos.

La Organización Mundial de la Salud alertó a todo el Planeta por ello: “levantar cuarentenas de forma anticipada puede llevar a un rebrote mortal”.
La OMS ha pedido a los países atender tres importantes rubros ANTES de reactivar actividades: “1. Epidemiología: ¿Está controlada la epidemia? No, en Jalisco estamos justo en la fase de mayor crecimiento de contagios.  2. Sistema de salud: ¿Tiene capacidad el sistema de salud para hacer frente a un predecible crecimiento de contagios tras el inicio de actividadesNo. Si sobrepasamos el crecimiento actual, que nos permite en este momento encarar con éxito la pandemia, no habrá personal médico especializado (especialmente), ni camas de hospital para hacer frente a una crisis mayor. 3. Vigilancia de la salud pública: ¿Tiene capacidad el sistema de vigilancia de la salud pública para detectar y gestionar los casos y sus contactos, e identificar un rebrote de casos? No.
Las empresas 
que abrirán el 1 de junio, no han hecho aún las pruebas suficientes, ni se están aplicando más pruebas de las habituales para detectar enfermos de Covid-19 en Jalisco.

Al 27 de mayo, Jalisco registra la 4ta tasa de incidencia de casos confirmados de Covid-19 más baja a nivel nacional.
Pero también la tasa de letalidad de 9.44%.

Aunque Jalisco tiene capacidad para realizar 650 test diarios, resultan insuficientes en razón de una ‘cifra negra’ de contagios, al menos, ocho veces mayor a la confirmada. Por otro lado, nuestra entidad apenas cuenta con un total de 800 ventiladores. 

Si tan sólo el 0.01% de la población jalisciense necesitara de ventiladores, se requerirían un total de 837 ventiladores, en razón de que la población jalisciense asciende a ocho millones 368 mil 602 habitantes (IIEG: 2020). Y ¿cómo estamos en ‘camas de hospital’? Nuestra entidad apenas cuenta con 4,204 camas en el sector público (MURAL: 10/May/20). Nuevamente, si tan solo el 0.1% de la población jalisciense requiriera de una cama de hospital con motivo de la pandemia, ¡se necesitarían 8 mil 369, es decir, prácticamente el doble de las que actualmente se disponen! Por último, es importante señalar que los países europeos que han emprendido una ‘desescalada’ gradual de su confinamiento, lo hicieron cuando la tendencia en la incidencia de contagios fue a la baja (lo que se entiende como controlar la pandemia). Debe advertirse que, de acuerdo a los datos oficiales, en Jalisco y México, la tendencia en este momento es DE MAYOR CRECIMIENTO DE CONTAGIOS.
De forma que, por los datos que se han registrado del 18 al 27 de mayo, se puede advertir que, actualmente NO es conveniente aún una reactivación económica y productiva en Jaliscopara este 1 de junio.

 

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Gobierno

Seguridad y Defensa- Por fracaso civil Militares a seguridad interior del Estado, no a policías

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Por Carlos Ramírez*
No es tan malo el debate sobre las fuerzas armadas a labores de apoyo a la seguridad pública en modo de seguridad interior. Sólo que el asunto se ha desviado: los militares no van a realizar labores policiacas, sino que su tarea será la de atender una severa crisis de seguridad interior del Estado por el avance de bandas criminales en la ocupación territorial de zonas de soberanía del Estado.

La decisión oficial anunciada en el decreto del lunes 11 de mayo para enviar a militares a apoyo a la seguridad tampoco se preocupó por aclarar las responsabilidades constitucionales. La Constitución de Cádiz de 1812 le otorgó al rey la facultad de disponer a soldados para asuntos de “orden interior”. La Constitución de 1824 registró en la fracción X del 110 la facultad presidencial para usar las fuerzas armadas en casos de “seguridad interior”. La Constitución de 1857 registra la misma facultad, sólo que la coloca en la fracción VI del 85; y la Constitución de 1917, la original y la reformada, también otorga la facultad constitucional de “seguridad interior” como fracción VI del artículo 89.

Por lo tanto, el presidente de la república tiene la jurisdicción de orientar a las fuerzas armadas a tareas de seguridad interior, sin pasar por ninguna autorización del Congreso. Los legisladores sólo pueden aprobar declaraciones de guerra.

El problema radica en el hecho de que los legisladores y la sociedad se han negado a reglamentar la actual fracción VI del 89 constitucional. El intento del gobierno de Peña Nieto de diciembre de 2017 de aprobar la Ley de Seguridad Interior fue boqueado en 2018 y la ley resultó abrogada por mandato de la Suprema Corte de Justicia. La Ley daba marco jurídico a las labores militares en seguridad pública en modo de seguridad interior. La Ley dejó de funcionar, pero no prohibió la actividad castrense en seguridad interior.

A pesar de ser un argumento constitucional desde 1812, es la hora en que existe una ignorancia –real y fingida– sobre la seguridad interior. Las doctrinas de defensa nacional tienen muy claro los espacios de acción: la seguridad pública defiende al ciudadano y sus pertenencias, la seguridad interior defiende al Estado dentro de la república, sus instituciones y el territorio y la seguridad nacional defiende a México de invasiones extranjeras.

Las doctrinas del Colegio de Defensa Nacional definen la seguridad interior en los siguientes términos:

“Condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.

Los cárteles del narcotráfico, las bandas del crimen y las organizaciones delictivas han tomado el control de zonas territoriales de la soberanía del Estado, como se ha visto en Guerrero, Michoacán, Chihuahua y ahora en alcaldías del sur de Ciudad de México, entre otras entidades de la república. Un nuevo Cñartel no confirmado se presentó para declarar el control del espacio aéreo de una zona municipal de Michoacán.

La estrategia de “abrazos, no balazos” fue respondida por los criminales con el asentamiento en zonas territoriales, no sólo desplazando al Estado sino asumiendo funciones productivas y fiscales, además de desarrollar estrategia de apoyo social con despensas en zonas abandonadas por el gobierno.

Las acciones criminales han aumentado a actividades de cobro de protección, cobro de cuotas para pequeños negocios y casi cobro de impuestos para proteger a los ciudadanos. Sin fuerzas de seguridad o con policías municipales sin capacitación ni control las bandas delictivas funcionan a veces como dominantes. La decisión de pagar becas a jóvenes de esos lugares no dio resultado y las únicas fuentes de ingreso son los apoyos de los delincuentes.

Los militares participaron en labores de seguridad pública en modo de seguridad interior y tuvieron resultados tangibles: capos muertos en combate, arrestos de los diez principales cabecillas, la captura y recaptura de El Chapo hasta que la justicia estadunidense lo sentencio a cadena perpetua más 30 años, decomiso de toneladas de droga, decomiso de aviones, lanchas, vehículos y cientos de miles de armas.

Sin embargo, se critica la violación de derechos humanos, aunque sin reconocer que la Secretaría de la Defensa Nacional creó su propia dirección general de derechos humanos y todos los miembros de las fuerzas armadas acusadas de abuso de fuerza fueron juzgados y sentenciados por tribunales civiles. En ninguno de los casos hubo intención directa de matar, sino que fueron casos de errores o daños colaterales.

Lo malo de todo radica en el hecho de que no hay otra instancia para enfrentar a las bandas criminales que los militares, que todos los cuerpos policiacos municipales, estatales y federales y la Guardia Nacional han sido rebasados por la violencia criminal y que la pasividad oficial aumentó las cifras de inseguridad y violencia.

En este contexto, las fuerzas armadas van a seguridad pública para recuperar los espacios territoriales e institucionales capturados por las bandas criminales, para combatir los contrabandos de armas, para desarmar a los cárteles que tienen armas para derribar aviones y helicópteros y para llevar ante la justicia a las organizaciones criminales que han crecido en el último año y medio.

Si la gente no quiere a los militares, entonces sería bueno que dijeran quién va a con batir a los delincuentes. Al final de cuentas, las fuerzas armadas son la última línea de defensa de organizaciones criminales que, para colmo, ya son transnacionales y han extendido sus tentáculos a zonas políticas, económicas y de poder del extranjero y con ello amenazaban la soberanía territorial del Estado y de la república.

Lo que debe venir es la redacción de una nueva Ley de Seguridad Interior… o regresar a los militares a sus cuarteles y que la sociedad de defienda como pueda a sí misma.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

 

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

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