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Análisis

El 6 de agosto se cumplimentó una orden de aprehensión otorgada por el Juez Décimo Tercero de lo Criminal, en contra de Antonio Gloria, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de peculado en perjuicio del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade). El delito se deriva de la adquisición de Casa Jalisco Chicago, con un sobreprecio estimado de un millón 500 mil dólares, sobre el costo real del inmueble.

Ahora que Antonio Gloria es acusado por la Fiscalía General por irregularidades, viene bien recordar los verdaderos peces gordos, a quienes la ASF también señaló las anomalías en aplicación de los recursos, por ejemplo, del Fondo para la Infraestructura Social Estatal por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDER). El ex titular de la SEDER realizó adjudicaciones directas para la construcción de un camino en el municipio de Cabo Corrientes, por casi 11 millones de pesos. Además, el monto de las irregularidades cometidas por esta dependencia estatal con fondos federales ejercidos en la SEDER llega a 22 millones de pesos. De esta forma, la ASF pidió a la SEDER, desde febrero de 2012, que reintegrara el recurso malversado con los respectivos intereses (La Jornada Jalisco; “Diputados pedirán al Ejecutivo destituir al titular de la SEDER por supuesta corrupción”; 21/FEB/2012).

Entre las muchas observaciones de ASF está la compra de 39 motoconformadoras de origen chino, que resultaron inservibles, con un daño al erario por 6.4 millones de dólares. Además, durante 2012, Mural publicó fotografías que acreditaron que la maquinaría de la SEDER fue utilizada -al menos ocho meses- en el rancho El Mexicano, propiedad de familiares directos del ex titular de la SEDER. Incluso, la ASF exhibió que la SEDER dispuso de 9 millones 733 mil pesos para pagar indebidamente una “compensación ambiental” por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales para los proyectos de la Presa de Almacenamiento el Naranjo II y la Presa de Almacenamiento Vista Hermosa. En la Secretaría de Desarrollo Humano, los programas “sociales” que reportaron más irregularidades -superan los 100 millones de pesos- son: “Una computadora por familia”, “Adultos mayores”, “Becas indígenas”, “Formación para el autoempleo”, “Becas llega”, “Mejora tu casa”, “Organismos de la sociedad civil”, “3 x 1 estatal” y “Contigo educación y deporte”. De acuerdo con Milenio Jalisco, durante los seis años de gestión al frente del CAPECE, Salvador Uribe Avín adjudicó de manera directa mil 538 millones, lo que reveló que lo que la ley prevé como “excepción”, fue la regla en el CAPECE (“Indagan a CAPECE, Seguro Popular, Iprovipe y… a gente”; 22/ENE/2014). Sobre Uribe Avín pesan denuncias presentadas por empresas a lo largo de los últimos años de la administración anterior. En CAPECE se favorecieron a familiares en primera generación; se falsificaron fianzas; se recibieron laboratorios de cómputo que no reunían estándares; se falsificaron  bases de licitación; entre otras muchas irregularidades documentadas por Agustín del Castillo en estas páginas. ¿Cuándo procederán contra los verdaderos peces gordos de la corrupción?

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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    Genaro vega

    8 agosto, 2019 at 10:34 pm

    Gabriel la sociedad esta y estará siempre con ud de eso este seguro felicidades chingueselos

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Gabriel Torres Espinoza

¿A dónde irá el voto de castigo?

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Gabriel Torres Espinoza

El voto es un acto cargado de significados culturales, que refleja en su distribución costumbres, hábitos, preferencias, filias y (aquí lo importante) ¡fobias políticas!. Al sufragar se pueden expresar las lealtades político-electorales, clientelares, deseos e incluso expectativas. También se mezclan miedos y, en no pocas ocasiones, el mal humor social, mediante carga negativa. El sufragio es la expresión jurídica de la voluntad popular, mediante la cual el elector acude a buscar solución a sus problemas, a sus urgencias y da salida a sus emociones mediante filias o fobias.

En las elecciones cada vez está más presente el denominado ‘voto de castigo’ o ‘voto opositor’. Se constituye por esos ciudadanos que acuden a la cita con la urna, bajo la premisa de expresar rechazo, oposición, censura o malestar. Ocurre generalmente contra el partido que se encuentra en el gobierno, como consecuencia del desgaste por largos periodos de tiempo en el poder, o por el cúmulo de errores cometidos. Se trata de ese voto que lo mueve el hartazgo, el descontento, la inconformidad, el malestar e incluso la irritación social. Es parecido a un voto duro, pero a la inversa. Se trata de un porcentaje de electores que tienen muy claro por quién NO desean votar, debido a la percepción que, fundado o infundado, los votantes advierten del gobierno y sus resultados. Es ese sentimiento negativo, muy asociado a acciones y decisiones de gobierno. Se trata del voto derivado de la antipatía. Es, básicamente, un voto “en contra”.

De forma que resulta importante considerar que, la elección intermedia de 2021, será una ‘elección plebiscitaria’, tanto para el gobierno de López Obrador como para el de Alfaro. Parte del sufragio de esta siguiente elección será motivado por un ‘efecto arrastre’ de ambos gobiernos, toda vez que la aprobación de estos dos mandatarios supera el 40%. De acuerdo con Mitofsky, en diciembre de 2020, Alfaro marcaba una aprobación del 49.7%; mientras que en diciembre de 2020, según Mitofsky, López Obrador registra una aprobación en Jalisco del 43.2%. Considerando lo anterior, conviene destacar que el ‘voto de castigo’ o ‘voto opositor’ -indisociable en una elección intermedia- resulta ineludible o inevitable para aquellos que son gobierno: federal (Morena) y estatal (MC).

René Delgado señala que “los comicios electorales no sólo son oportunidades para elegir políticas, sino oportunidad, también, para castigar agravios” (René Delgado: ¿Democracia sin demócratas?).

De forma que la pregunta del millón es, ¿quién conseguirá el ‘voto de castigo’ o ‘voto opositor’?. De acuerdo con Reforma (diciembre de 2020), el segundo partido con mayor rechazo a nivel nacional, para la elección de diputados federales, es MORENA (16%), después del PRI (40%). En Jalisco este porcentaje podría ser mucho mayor para MC, que ha acumulado su propia carga negativa. Así que habrá un porcentaje -nada desdeñable- de electores inconformes que votarán en protesta, a favor de otro partido contendiente, que sea capaz de atender esa inconformidad. ¿Morena será capaz de captar el voto anti MC en Jalisco? ¿MC, podrá ser opción para los que rechazan a Morena? ¿Qué partidos podrán articular un discurso y propuesta, para estos electores inconformes?

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Gabriel Torres Espinoza

¿Qué busca el segundo impeachment a Trump?

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Gabriel Torres Espinoza*

El día de ayer, la Cámara de Representantes de EE. UU. -erigida en Jurado de Acusación- aprobó por 232 votos, frente a 197 tantos, el inicio de impeachment al presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense pasó a convertirse en el único presidente, en la historia, que ha sido dos veces sometido a este proceso de enjuiciamiento. Conviene señalar que, antes de él, sólo los expresidentes Andrew Johnson (1868) y Bill Clinton (1998) se les había instaurado este mecanismo de responsabilidad [Nixon renunció antes de ser sometido a él]. De forma que, durante tan sólo en un periodo de mandato, Trump igualó la marca prevaleciente en 232 años.

Pero ¿qué sentido tiene instaurarle impeachment a Trump a tan sólo una semana de que termine su gestión? Aunado al temor fundado en lo impredecible de su carácter, que no es poca cosa cuando se tiene acceso a los códigos nucleares del país más poderoso del Mundo, la razón de esta medida tiene que ver con el objetivo de inhabilitarlo políticamente, para que no pueda volver a postularse a un cargo.

Es importante destacar que el proceso de impeachment podría seguir su curso, incluso cuando Trump pierda su investidura, al dejar el cargo. En 1876, la Cámara sometió a juicio político al secretario de Guerra del presidente Ulysses S. Grant, después de que este renunciara a su cargo. Esto adquiere mayor sentido toda vez que el líder republicano del Senado, McConnell, ha señalado que no convocará a la Cámara Alta antes del 19 de enero. Al parecer, los republicanos temen que los demócratas logren sumar a los 17 senadores republicanos que les hacen falta para alcanzar una mayoría de 2/3 para poder condenarlo, sabedores de que ya lograron tener el respaldo de 10 congresistas en la Cámara de Representantes, para el inicio de su 2do impeachment.

Respecto de la inhabilitación, por vía del impeachment, habría que precisar lo siguiente. Si el Senado, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, aprueba declarar culpable y condenar a Trump por el cargo oficial que se le imputa (incitación a la insurrección), la inhabilitación resulta un asunto mucho más sencillo para la bancada demócrata -que es lo que verdaderamente persigue-, pues únicamente requeriría ‘mayoría simple’ en la Cámara Alta para poder inhabilitarlo -siempre y cuando antes le sean aprobados los cargos que se le imputan en el impeachment-.

La Constitución de los EE. UU. no establece una ‘mayoría calificada’ (2/3) para tales efectos. También existen antecedentes de ello. En toda su historia, únicamente en tres ocasiones el impeachment ha concluido de manera aprobatoria en ambas Cámaras -los tres eran jueces federales-, y para su inhabilitación sólo se requirió de ‘mayoría simple’. Desde luego, es previsible que esta batalla concluya en tribunales -como indican algunos especialistas norteamericanos-.

Pero le quedaría otro ‘as bajo la manga’ a los demócratas. Inhabilitar a Trump invocando la XIV Enmienda que señala: “Las personas que habiendo prestado juramento previamente en calidad de miembros del Congreso, o de funcionarios de los Estados Unidos (…) [que] hubieran participado de una insurrección (…) [no podrán] ocupar ningún empleo civil o militar que dependa de los Estados Unidos”.

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Gabriel Torres Espinoza

INAI: una conquista social

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Gabriel Torres Espinoza*

El derecho de acceso a la información pública en México no podría entenderse sin el extendido proceso de transición democrática en nuestro país. Tampoco la alternancia partidista. La Reforma Política de 1977, que representó la génesis de este importantísimo proceso político de transformación, adicionó a la parte final del artículo 6to constitucional “El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Ello dio lugar a un amplio proceso de discusión sobre este derecho (que inició en 1978), que tomó mayor fuerza y definición con la articulación de un robusto número de ciudadanos, defensores de este derecho, a través del surgimiento del denominado ‘Grupo Oaxaca’ en el año 2000.

De esta manera, el 23 y 24 de mayo de 2001, en la ciudad de Oaxaca, se celebró el seminario ‘Derecho a la Información y Reforma Democrática’, convocado por académicos, periodistas, miembros de la sociedad civil organizada y 70 editores de medios de comunicación impresos (nacionales y estatales). Los consensos logrados auspiciaron la ‘Declaración de Oaxaca’ que advertía los cimientos generales del derecho de acceso a la información, su reglamentación constitucional y legal, y la creación de un órgano constitucionalmente autónomo.

Entre sus signatarios destacaban los nombres de Jorge Carpizo, Ernesto Villanueva Villanueva, Juan Francisco Ealy Ortiz, Carlos Álvarez del Castillo, Alejandro Junco de la Vega, y un largo etcétera. Este acontecimiento fue la base social que propició, en 2002, la aprobación por unanimidad en el Congreso de la Unión de la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información Pública y la creación del otrora órgano garante IFAI -hoy INAI-. A finales de 2001, Jalisco -y posteriormente Sinaloa- se había(n) adelantado a la Federación con la creación de la primera ley de Transparencia a nivel nacional.

De forma que la legislación del derecho de acceso a la información, así como su Órgano Constitucionalmente Autónomo, representaron una lucha y una conquista social, antes que una concesión del gobierno federal. Son un factor crucial de la transición democrática.

Los Órganos Constitucionalmente Autónomos, son la consecuencia de consensos que fundan y motivan su existencia: I) la despartidización de ciertas funciones de Estado; II) la pérdida de legitimidad y confianza en la administración de ciertas materias, por parte de los poderes del gobierno; III) afianzar la profesionalización y especialización del cuerpo burocrático en órganos técnicos; y IV) la fiscalización de los poderes constituidos. Órganos constitucionalmente autónomos (OCA’s) como el INAI, el IFT, el INE y el Banco de México encuentran justificación en todas ellas.

Que las elecciones en México regresaran a ser organizadas y sancionadas por el Poder Ejecutivo y autocalificadas por los propios diputados electos, resulta de un absurdo total. De igual forma resulta un despropósito que la tutela del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, volviera a ser competencia del gobierno, que es precisamente el principal sujeto obligado de esta ley. Como lo señala Carbonell: “La división de poderes se ha enriquecido con los ‘órganos constitucionales autónomos’”, que son parte fundamental de nuestro andamiaje constitucional y democrático.

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