Gabriel Torres Espinoza
En Perú, una crisis muy peculiar trasciende los límites de la política, para adentrarse en el terreno del lujo y la ética pública. La protagonista de esta crisis es una colección de relojes de lujo, que incluye marcas de renombre como Michael Kors, Fossil, Invicta y, sobre todo… Rolex. Este escándalo no solo ha colocado en el ojo del huracán a la imagen de la presidenta peruana Dina Boluarte, sino que dio inicio a investigaciones por parte de la Fiscalía de la Nacióndel Perú, por “enriquecimiento ilícito y omisión de declaración en sus registros de bienes”.
La colección de la mandataria peruana Boluarte, oscila los17.495 euros, de acuerdo con información del diario español, El País. Este escándalo dio lugar a un intenso debate público y una preocupación sobre cómo, con un salario de funcionaria pública, Boluarte ha podido adquirir estos bienesen tan solo dos años. La Fiscalía del Perú estima el valor total de la colección en aproximadamente 32,000 USD, un monto significativo que no habría sido declarado.
Mientras la defensa de la presidenta insiste en que estos bienes son fruto de su esfuerzo y experiencia laboral “desde los 18 años”, valuadores en relojes de lujo de la fiscalíacontradicen esta afirmación, y señalan que los relojes en cuestión no superan los cuatro años de antigüedad, y que su adquisición expone serias dudas sobre el origen de los fondos utilizados para su compra. La confianza pública hacia el gobierno de Boluarte, en el Perú, refleja una aprobación de apenas el 8%, según encuestas de Ipsos publicadas en febrero.
No obstante, la controversia se extiende más allá de la simple posesión, tal vez poco relevante, de bienes de lujo.Inició un interesante debate sobre temas relacionados con latransparencia, ética y rendición de cuentas en el gobierno. Incluso, otra interesante discusión sobre que los funcionarios públicos, deberían estar impedidos para aceptar obsequios de alto valor, sin declararlos, y también sobre las implicaciones legales de las omisiones en la declaración de bienes, que daría lugar a delitos de ‘enriquecimiento ilícito’ y ‘corrupción’, como un claro recordatorio de la importancia de la transparencia en el servicio público.
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