Análisis
Segundo. Se ha dicho perversamente que Álvarez-Buylla buscaba “afectar a la comunidad de Conacyt”. De nuevo otra falsedad, pues ella viene y conoce perfectamente esa comunidad y no iría en contra de los propios intereses de sus colegas. No hay verosimilitud en esa especie. Cabe reiterar que no hubo intención alguna de la directora designada de afectar proyectos plurianuales en curso, sino aquellas convocatorias, licitaciones, asignaciones directas e invitaciones a terceros que la dejaran con una camisa de fuerza presupuestal, sin margen de maniobra para cumplir el programa de ciencia y tecnología del gobierno electo, lo que me parece muy responsable que esté al pendiente de la presupuestación de recursos destinados al Conacyt.
Tercero. El documento con la solicitud de Álvarez-Buylla fue filtrado por el propio Conacyt, lo que actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 7, fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, de entrada, es una conducta sancionable de acuerdo a la ley. Esa filtración fue hecha para exhibir a Álvarez-Buylla como “enemiga” de la comunidad científica y tecnológica. Es casi imposible que el actual director Enrique Cabrero identifique al responsable si él estuvo detrás de esa celada que pudo haberse visto en alguna dependencia política, pero llama a sorpresa que sea en el Conacyt.
Cuarto. Dice el adagio que de donde menos se espera salta la liebre. Qué necesidad tiene Enrique Cabrero y su equipo de iniciar una ofensiva contra su sucesora y romper de tajo el proceso de transición que había ido transitando en los mejores términos. Peor todavía, acompañó esa filtración con una campaña de medios contra Álvarez-Buylla, para que no quedara duda del propósito buscado. Es, pues, la razón de la sinrazón.
(Este artículo fue publicado en la revista Proceso el 5 de octubre de 2018)
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