La opinión del Dr Gabriel Torres Espinoza
Reducir el número de regidores no significa necesariamente limitar participación democrática. También puede significar revisar una estructura de gobierno que, con el paso de los años, acumuló posiciones sin demostrar que más asientos alrededor de la mesa producen mejores decisiones públicas.
La discusión merece salir del argumento fácil de la austeridad. El ahorro importa, desde luego, pero no es la razón más poderosa para justificar cabildos más compactos. La cuestión central es la gobernabilidad.
Todo órgano colegiado enfrenta costos de coordinación. Mientras más integrantes participan, aumenta el número de interlocutores, negociaciones, acuerdos cruzados, comisiones y espacios donde una decisión puede atorarse. La pluralidad es indispensable en democracia, pero pluralidad no es sinónimo de multiplicar indefinidamente cargos públicos.
Un ayuntamiento debe deliberar, representar y vigilar, pero también gobernar. Tiene que aprobar presupuestos, servicios públicos, obra, reglamentos, seguridad, desarrollo urbano y decisiones administrativas que afectan diariamente a miles o millones de personas. Un cabildo excesivamente grande hace más lenta esa maquinaria sin necesariamente hacerla más democrática.
Hay otra ventaja menos visible. La responsabilidad política se vuelve más identificable. Cuando demasiadas personas participan en una decisión, siempre existe la posibilidad de que la responsabilidad se diluya. Todos estuvieron ahí, pero nadie parece responsable. En órganos más compactos resulta más sencillo saber quién propuso, quién votó, quién se opuso y quién debe explicar públicamente sus decisiones.
Menos integrantes también deberían significar regidores con mayor peso institucional. Si disminuyen las posiciones, tendría que aumentar la exigencia sobre quienes las ocupan. Más preparación, mejor trabajo en comisiones, mayor vigilancia sobre el Ejecutivo municipal y una relación más clara con los ciudadanos. Reducir sillas únicamente para ahorrar sería una reforma pequeña. Reducirlas para profesionalizar el gobierno municipal sería otra cosa.
El argumento contrario merece atención. Un cabildo menor puede afectar la representación de minorías. Por eso cualquier reducción debe preservar mecanismos suficientes de representación proporcional, paridad y pluralidad. Eficiencia sin contrapesos puede convertirse en concentración.
Pero tampoco debemos asumir que democracia significa necesariamente más cargos. La calidad de una institución no se mide contando escritorios.
El verdadero examen será otro. Si con menos regidores los ayuntamientos coordinan mejor, deciden con mayor claridad, transparentan responsabilidades y gobiernan con mayor eficacia, la reducción habrá encontrado una justificación institucional mucho más importante que el ahorro. El cabildo no fue creado para repartir lugares. Es necesario para gobernar con proximidad.
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