La opinión del Dr Gabriel Torres Espinoza
Una inversión del Ipejal valuada en 2 mil 428 millones de pesos se desplomó hasta 376.5 millones. La minusvalía es de 2 mil 51.5 millones. Dos de las tres series de certificados bursátiles de Transportación Marítima Mexicana -TMM- hoy valen cero. Cero. Y todo comenzó con una inversión irresponsable de mil 626 millones de pesos, tomados discrecionalmente del fondo destinado a pagar las pensiones de los trabajadores de Jalisco.
Es el desenlace de una mala decisión que sobrevivió a gobiernos, consejeros, comités y expertos financieros. Los títulos fueron comprados en 2011, 2012 y 2016. El riesgo permaneció ahí hasta que la degradación crediticia hizo visible la falta absoluta de controles internos.
La cuestión es quién vigilaba a quienes decidían. TMM no es una excepción. Antes estuvieron Abengoa, Chalacatepec, Villas Panamericanas, Santa Cruz de Soledad y varios fideicomisos e inversiones inmobiliarias con algo en común. El dinero arriesgado no era de quienes tomaban las decisiones.
Desde la reforma de 2009 se debilitaron los controles externos y se concentraron amplias facultades en el Consejo Directivo y el Comité de Inversiones. Así, un grupo reducido pudo comprometer cientos o miles de millones de forma fraudulenta sin un contrapeso proporcional al riesgo. Ahora vendrán denuncias por fraude, administración fraudulenta y abuso de confianza. También se pedirá investigar a la CNBV. Reaccionar después de una minusvalía superior a dos mil millones, ya no es prevención. Se trata de una autopsia.
Mientras tanto, al Ipejal le deben hoy 500 millones entre ayuntamientos y organismos públicos. El estudio actuarial reduce la suficiencia hasta 2030. Y en un mes de 2026 el Instituto recibió 973 millones y gastó mil 335 millones. Una brecha de 362 millones. Por eso resulta insultante que un a propuesta de reforma comience por cuánto más deben aportar los trabajadores, cuánto tiempo más deben laborar o si conviene empujarlos hacia cuentas individuales. Antes habría que cambiar la forma en que deciden sobre su dinero.
¿Quién propuso, quién evaluó, quién recomendó, quién votó y quién autorizó? Que respondan con nombre y apellido. El dinero de las pensiones no es para inmversiones de altoriesgo. Quien no entienda esa diferencia, no debería decidir sobre él.
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