Por Laura Gutiérrez Franco
Mientras los ciudadanos caen a diario en desfalcos financieros multimillonarios operados por bandas cibernéticas que clonan caras y voces de empresarios reconocidos mediante Inteligencia Artificial, el Gobierno Federal mantiene la mirada fija en un enemigo mucho más peligroso para sus intereses: los memes, las burlas y la sátira política en redes sociales.
La escala de valores de la burocracia está completamente invertida. La ciberdelincuencia real que vacía las cuentas de ahorro de miles de familias goza de una impunidad casi absoluta, mientras desde los pasillos del poder legislativo se empujan iniciativas draconianas para encarcelar a quienes utilicen el humor contra los gobernantes.
La sofisticación de las estafas digitales en México alcanzó niveles de alerta roja. Circulan en plataformas digitales videos hiperrealistas generados con IA donde prominentes figuras del sector empresarial supuestamente invitan a la población a invertir en esquemas financieros milagrosos.
Las víctimas pierden el patrimonio de toda su vida ante la ausencia de una policía cibernética con capacidad, presupuesto e interés real para rastrear la ruta del dinero y detener a las células criminales. Los estafadores operan a sus anchas porque saben que el Estado no los busca con empeño.
Sin embargo, para lo que sí hay prisa, recursos y coordinación parlamentaria es para blindar la piel sensible de la clase política. Las propuestas legislativas que pretenden tipificar como delito el uso de imágenes, parodias o contenidos digitales que “ofendan” o “vulneren la imagen” de los funcionarios —con un marcado celo por proteger a los perfiles del partido en el poder— no son más que un intento descarado de censura previa. Pretender meter a la cárcel a un ciudadano por compartir un meme o una caricatura digital es una regresión autoritaria que raya en lo absurdo.
El fondo del asunto no es la regulación tecnológica, sino el control del pensamiento y de la opinión pública. Al poder no le asustan las pérdidas financieras de la gente engañada por la delincuencia; le aterra el ridículo, la pérdida de narrativa y la crítica popular que se propaga sin filtro en las plataformas digitales. Pretender adueñarse de la mente y la voz de los ciudadanos mediante la amenaza de la cárcel revela una fragilidad institucional vergonzosa.
Un gobierno que prioriza perseguir el humor y la libre expresión por encima de desmantelar las redes de ciberfraude que despojan a la población no solo le falla a sus gobernados en materia de seguridad, sino que exhibe un rasgo puramente antidemocrático. La ley debe usarse para proteger el patrimonio y la tranquilidad de las familias frente a los delincuentes reales, no para erigir un escudo de impunidad contra la sátira y el descontento ciudadano.
Esta modalida de ciberestafa se conoce técnicamente como fraude por deepfake o suplantación de identidad con Inteligencia Artificial. En los esquemas de inversión fantasma, los delincuentes suelen promocionarla en redes bajo nombres como “Oil Profit”, “Plataforma Nacional de Hidrocarburos” o “Quantum AI”.
¿Con qué personalidades operan?
Empresarios: El caso más extendido es el de Carlos Slim. Manipulan su voz e imagen para hacer parecer que lanzó un “proyecto exclusivo” o una aplicación para que cualquier ciudadano invierta desde 4,000 o 5,000 pesos y obtenga ganancias exorbitantes de hasta 100,000 pesos al mes.
Políticos y Mandatarios: Han clonado la imagen de Andrés Manuel López Obrador, de la presidenta Claudia Sheinbaum y de secretarios de Estado, aparentando que el Gobierno Federal avala o patrocina un “programa nacional de inversión” en Pemex o Banco de México.
Periodistas y Comunicadores: Utilizan la imagen de conductores como Denise Maerker, Loret de Mola o Samuel Cuervo montados sobre escenografías falsas de noticieros (Televisa, Milenio, TV Azteca) para simular reportajes “en vivo” donde entrevistan al empresario o anuncian el supuesto quiebre de los bancos tradicionales.
El engaño consiste en llevar a la víctima a un sitio web clonado, solicitar sus datos de contacto y hacer que un supuesto “asesor financiero” la llame por teléfono para sacarle los primeros depósitos, dinero que desaparece de inmediato.
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