Por Laura Gutiérrez Franco
Tras una jornada de presión que estranguló las carreteras del Bajío y cinco entradas estratégicas a Jalisco, los productores de maíz decidieron retirar los bloqueos este martes 17 de noviembre luego de alcanzarse un acuerdo preliminar con autoridades federales en Guanajuato; sin embargo, la tregua deja un sabor amargo y una profunda división en el surco: el arreglo se levantó de palabra, sin nada firmado y sin resolver la exigencia de fondo que daría verdadera certidumbre al campo.
El pulso real de la movilización quedó en evidencia desde el kilómetro 40 de la carretera Guadalajara-Colima, a la altura de Tlajomulco, donde la empresaria agrícola e integrante de la agrupación Amigos por el Campo, Elizabeth Martínez Hernández, participó en la resistencia desde las once de la mañana. Ahí, en medio del estira y afloja con el gobierno para ver quién aguantaba más, los campesinos llegaron preparados para resistir al menos 24 horas: con cobijas, agua, comida y la advertencia firme de que las máquinas no se moverían hasta tener respuestas concretas.
Mientras en Jalisco se mantenían cerrados los cinco accesos clave —junto con los puntos tomados en Guanajuato y Michoacán—, representantes de la Confederación Agropecuaria de México sostuvieron una mesa de negociación en territorio guanajuatense. De ese encuentro surgió el ofrecimiento oficial de elevar el apoyo federal de 800 a 950 pesos por tonelada de maíz comercializada —cifra que según un vocero oficial ya habría sido enviada al Diario Oficial de la Federación—, además de un apoyo adicional de 300 pesos por tonelada para flete.
Para Elizabeth Martínez Hernández el retiro de los tractores dista mucho de ser una victoria unánime. No todos los productores están de acuerdo con levantar el paro cuando la experiencia de todo el año demuestra que el diálogo con la federación se ha quedado en puras promesas sin resultados. Como advierte la propia empresaria agrícola, de nada sirven los anuncios verbales de 950 pesos si todavía no terminan de llegar los apoyos atrasados y no existe un documento firmado que obligue a la autoridad a cumplir conforme se concrete la comercialización. Quieren contratos.
La desconfianza hacia el discurso oficial está más que justificada. Desde la Presidencia de la República se ha repetido que primero se comprará el grano nacional y después el extranjero, pero en los hechos ocurre exactamente lo contrario y los industriales siguen sin absorber la cosecha local. Por ello, los agricultores entregaron una propuesta formal dirigida tanto al estado como a la federación para sentar bases reales y que el maíz tenga un precio adecuado, insistiendo en que la única salida de fondo es implementar la venta por contrato, el único mecanismo capaz de dar certidumbre financiera al productor antes de sembrar.
Por ahora las carreteras vuelven a abrirse, pero el mensaje desde el kilómetro 40 de la vía a Colima es claro: el campo jalisciense no se da por vencido y, si las promesas de papel vuelven a incumplirse, las máquinas regresarán al asfalto.
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