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Gabriel Torres Espinoza*

El jurista y politólogo francés, Maurice Duverger, advertía los altísimos riesgos que, en democracia, suponen las aplastantes mayorías y la carencia de oposición con un interesantísimo silogismo que consistía en los dos escenarios:

Escenario I.- Aunque existan los mejores controles constitucionales –checks and balances– entre poderes, estos pueden ser desactivarlos o anulados por completo con un Poder Ejecutivo que tenga mayorías calificadas afines en el Legislativo. Escenario II.- Aunque pudieran ser nimios y prácticamente inexistentes los equilibrios constitucionales entre poderes, estos pueden tener un contrapeso político (igual o más importante que el constitucional), derivado de un gobierno que no cuenta con mayoría en el Legislativo y los partidos políticos ejercen una auténtica función o rol de oposición. De forma que para que las democracias gocen de cabal salud, tan importantes son los controles constitucionales entre poderes, como el control político derivado de una oposición.

Lo anterior deja de manifiesto que tanto la oposición como los ‘frenos y contrapesos’ no son lo mismo, aunque persigan un mismo fin: controlar al poder. En efecto, mientras que la primera tiene una naturaleza estrictamente política; los segundos son invariablemente institucionales. Pero más aún, la oposición no es una sola. Es decir, la oposición no tiene una dimensión unívoca: la partidaria que, por regla general, acontece en el recinto Legislativo. Pero también existe la oposición en y desde la sociedad, misma que se expresa en la opinión pública, la sociedad civil organizada y el electorado. En este momento, lamentablemente, no existe ni la oposición político-partidaria ni la social ‘despartidizada’.

El presidente de la República señala con cierta razón, que la oposición “está moralmente derrotada”. Es importante destacar que su derrota no sólo se finca en la incapacidad de poder articular una crítica persuasiva respecto del ejercicio del poder; sino que, más importante aún, se evidencia en la ausencia de credibilidad y confianza ante el electorado. Lo mismo le sucede a la ‘comentocracia’ y los intelectuales, ya que algunos aprendieron a subastar su ‘análisis’ de cara al mejor postor. De igual forma, la sociedad civil, se observa absolutamente desdibujada: o sucumbieron ante el reclutamiento del poder; o ante la inanición presupuestal de otras épocas más generosas.

Por último, la oposición no sólo se ejerce entre poderes [del Legislativo en contraposición al Ejecutivo, y del Judicial frente a estos dos Poderes], sino entre órdenes de gobierno. Esto último ocurre ante el rechazo de estados [ante la Federación] y municipios [ante entidades federativas] cuando se oponen a reformas constitucionales, o bien, presentan acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Pero de igual manera, la oposición que estos órdenes de gobierno ejercen (estados y municipios) se advierte hoy testimonial o, en el mejor de los casos, anecdótica (de momentos). De manera que el fenómeno de la hiperconcentración del poder y los embates a la vida democrática, también tienen explicación en la ausencia de una legítima, robusta, inteligente y tenaz oposición.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

Pensiones ‘doradas’ e inversiones fallidas

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Gabriel Torres Espinoza

El lunes pasado, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, presentó una iniciativa de ley con el fin de mitigar las causas que han llevado a la inviabilidad financiera de las ‘pensiones doradas’ en el Instituto de Pensiones de Jalisco. El primero que se determina a comenzar a combatir la cloaca en que se ha convertido esa institución.

Existen un total de 959 pensionados por jubilación, cuyo monto mensual superó los 50 mil pesos [cuando el promedio al que ascienden las pensiones de los burócratas jaliscienses, afiliados a Ipejal, es de 15 mil pesos]. No obstante, he aquí el quid de la cuestión, todas estas pensiones —superiores a los 50 mil pesos mensuales— pertenecen a ex funcionarios electos popularmente y/o de primer nivel. De forma que la máxima pensión otorgada equivale a poco más de 206 mil pesos mensuales, mientras que la menor pensión alcanza apenas los 772 pesos mensuales.

Este sistema pensionario se encuentra en franca ruta de quebranto (revelado por el mismo director) y en riesgo ese derecho para casi 45 mil ex servidores públicos, por —entre otras tantas cosas— otorgar ‘jubilosas jubilaciones’, que simplemente NO corresponden con el promedio de sus aportaciones al Fondo de Pensiones.

Con relación a lo anterior, es importante destacar que, desde 2019, el pago de nómina de pensionados superó los ingresos por aportaciones de afiliados, dejando un déficit de 58 mdp. De no hacerse nada, en 2029, las Reservas del Fondo se agotarían por este déficit que no deja de crecer, y se requerirán aportaciones extraordinarias por casi cinco mil mdp anuales. De esta manera, esta reforma pretende reducir el tope máximo para pensiones que hoy es de 35 salarios mínimos [148 mil pesos mensuales], a 25 salarios mínimos como establece la Ley del Seguro Social [equivalente a 106 mil pesos], lo cual es absolutamente sensato.

Lo particularmente relevante de esta reforma es que no obvia el pasado —debido al principio de irretroactividad de la ley—, para así establecer este razonable límite o tope al monto de las ‘pensiones VIP’ tanto preexistentes (‘pensiones doradas’), como inminentes (en curso) y futuras (las que se rijan bajo la nueva reforma). En la Exposición de Motivos se fundamenta lo anterior en criterios de la CIDH; también en tesis, criterios y jurisprudencia de la SCJN. Está por verse la consistencia jurídica de la iniciativa.

Ayer el Gobernador anunció que la Contraloría interpuso una denuncia penal, en contra de quien o quienes resulten responsables, por la autorización y otorgamiento de la ‘pensión dorada’ de ‘Chema’ Martínez. Esta sería ya la sexta denuncia penal que Teresa Brito presenta respecto de asuntos de Ipejal. Se dio a conocer, también, las denuncias (que en esta columna se detallaron este lunes) presentadas contra el Comité de Inversiones (que hoy sesiona) y que se advierte como el VERDADERO RESPONSABLE de las multimillonarias inversiones fallidas, en auténticos fraudes en contubernio con empresarios corruptores. Ayer se refirió a uno, el caso ‘Abengoa’, del que el gobernador dio detalles, respecto de la denuncia que ya fue presentada. Ojo… hay un solo miembro del Comité de Inversiones que ha permanecido por tres sexenios, y que es origen y explicación de buena parte de lo que ahí ocurre.

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Los expedientes negros del Ipejal

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Gabriel Torres Espinoza

(Primera parte).- El ex magistrado electoral, Rodrigo Moreno Trujillo, se desempeña hoy como titular de la dirección jurídica del Ipejal. Un abogado especializado en materia electoral, que aceptó la tarea de sacar adelante diversos litigios por los millonarios daños al patrimonio de Pensiones del estado. El delicado curso de estos procesos resulta de la mayor trascendencia para la viabilidad financiera del derecho a la jubilación de los trabajadores al servicio del estado.

Algunos casos son: 1.- Carpeta de Investigación 4119/201, por desvío y aprovechamiento ilícito de facultades en contra de Fidel Armando Ramírez Casillas (ex director general de pensiones 2013-2018). Un juicio penal, por un monto de 2 millones 413 mil 588.80 pesos por el contrato de arrendamiento del edificio Dionisio Rodríguez (Centro Joyero). Aquí el IPEJAL dejó de percibir la cantidad de 2 millones 413 mil 588.80 pesos correspondientes a los 7 meses de gracia otorgados por el entonces director general.

Sin duda, el caso gordo es el de Abengoa, con la carpeta de investigación 241/2019 -Sedar – Por invertir con recursos del fondo de ahorro para el retiro. Un juicio en materia penal. Además de las carpetas de investigación 153/ 2019 y 36635/2019. Juicios por un monto de 280 millones 807 mil 625.06 pesos. Es un juicio en contra de los miembros ¡del Comité de Inversiones de Ipejal!, debido a que (ojo) NO aplicaron las políticas de inversión de mercados financieros, ya que de manera indebida tomaron los recursos propios del fideicomiso relativo al SEDAR.

En la carpeta investigación 153/ 2019- Inversiones- se litiga por comprar los certificados bursátiles e invertirlos de manera indebida. Un juicio materia penal, por un monto de 705 millones 290 mil 079 pesos. Aquí se adquirieron certificados bursátiles autorizados ¡por este Comité de Inversiones! de forma fraudulenta. Incluso, IPEJAL realizó un contrato de intermediación financiera en el 2015, con una Casa de Bolsa, y está se convirtió en la custodia de los certificados. En síntesis, por recomendación del Comité de Inversiones del Ipejal, se destinó dinero que los trabajadores aportan para su pensión y jubilación, a la compra fraudulenta de certificados bursátiles. Una más con Abengoa. La carpeta de investigación: 36635/2019 – Por un monto de 372 millones 984 mil 498.89 pesos. Un juicio en contra de Abengoa México por los certificados bursátiles (ahora sin valor).

Otro importante litigio es el que se sigue contra GVA, Virgo S.A de C.V – Parque Royal. También derivado de un fideicomiso. Aquí el litigio es por fraude, bajo la carpeta de investigación 61285/2020. Juicio en materia penal, por el monto de 524 millones 284 mil 067 pesos. Se trata de un terreno en el que se iban a construir 47 macrolotes y el 53% sería para IPEJAL y el 47% a GVA Virgo (constructora). Se debió de entregar en 2019, obvio no ocurrió. GVA, Virgo no ha justificado aún su inversión tomada del fideicomiso y no hay licencias de urbanización. Otro gran fraude al dinero de los trabajadores.

De que se puedan recuperar estas malas inversiones, depende en buena medida gran parte de la viabilidad financiera de un derecho social que se ha puesto en riesgo por toda la corrupción, especialmente en el Comité de Inversiones.

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Gabriel Torres Espinoza

Invulnerabilidad ¿ante la irresponsabilidad social?

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Gabriel Torres Espinoza

Mucho ha acontecido desde aquel 11 de marzo de 2020 en que la OMS categorizó al coronavirus como una pandemia. Actualmente, son cuatro las variantes que han ‘encendido las alarmas’ en el Planeta: Alfa, Beta, Gamma y Delta, detectadas originariamente en Reino Unido, Sudáfrica, Brasil e India, respectivamente. El dato de aquí resulta muy importante, toda vez que Reino Unido, Brasil, India y Sudáfrica, son las naciones que registran el mayor número de casos confirmados en la Unión Europea, América Latina, Asia y África respectivamente.

De modo que el problemático acontecimiento no es para nada azaroso. ¿Por qué? Porque como menciona Matthew Binnicker, Ph.D., director del Laboratorio de Virología Clínica de ‘Mayo Clinic’ (E.E.U.U.) cuanto mayor es el número de replicación del virus, derivado del contagio en las personas; mayor es la probabilidad de que en el virus se produzcan ‘errores’ en su genoma, mutaciones, que son las que dan lugar a estas peligrosas variantes.

Siendo así, de poco sirve el acaparamiento de los países más ricos sobre las vacunas —lo que parece se acentuará aún más con la eventual aprobación de la ‘terceras dosis’—, cuando países generalmente pobres o de ingresos medios experimentan un caos epidemiológico en su territorio (Indonesia, p. ej.), por tener ínfimos niveles de inmunización, lo que termina por crear nuevas variantes, que tienen efectos replicadores y devastadores a nivel global. Por esta razón, la OMS se opone a la ‘tercera dosis’ de las vacunas, que ya empieza a discutirse en el mundo entero.

Con relación a ello, la farmacéutica Pfizer reconoció la semana pasada que su vacuna “pierde efectividad” después de seis meses de ser aplicada [ya incluso anunció que solicitará la autorización para inocular una tercera dosis en E.E.U.U.]. La reacción por parte de Israel fue inmediata: el pasado lunes, se convirtió ya en el primer país del Mundo en autorizar la aplicación de una tercera dosis (de Pfizer) contra el COVID-19, aunque por ahora ésta sólo se realizará en personas inmunodeprimidas. No obstante, ya se evalúa la necesidad de hacerlo en todos sus connacionales.

Pfizer encontró que la efectividad de su vacuna contra la variante Delta había disminuido del 90% al 64%. No obstante, a pesar de ser la única farmacéutica que se ha pronunciado al respecto, existe cada vez más un consenso generalizado por parte de los especialistas por reforzar la inmunización con una tercera dosis, debido a las nuevas variantes. Y es que estudios preliminares por centros de investigación, indican que las nuevas variantes podrían disminuir de entre 20 y 30 puntos porcentuales la efectividad de las vacunas.

Resulta importante tener en cuenta la atinada reflexión del Dr. Alejandro Sánchez Flores, encargado de la Unidad de Secuenciación Masiva y Bioinformática, de la UNAM, en el sentido de que las vacunas son como un “cinturón de seguridad”, en la medida en que previenen sensiblemente los desenlaces fatales en siniestros, pero no otorgan invulnerabilidad ante la irresponsabilidad social. De modo que conducir responsablemente, con cinturón de seguridad, mitiga al máximo los riesgos fatales; y exactamente lo mismo ocurre cuando se está vacunado, y se siguen acatando los protocolos de sanidad frente a la pandemia.

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