Por Laura Gutiérrez Franco
El asesinato de una joven estudiante de Medicina tras abordar un servicio de transporte en motocicleta no solo encendió las alarmas por la inseguridad que azota a la Zona Metropolitana de Guadalajara, sino que dejó al descubierto una crisis estructural ignorada durante años: la incapacidad y desinterés de la Secretaría de Transporte de Jalisco para garantizar una movilidad digna, eficiente y segura.
Mientras desde los escritorios oficiales se insiste en recordar la ilegalidad o irregularidad de plataformas de traslado en dos ruedas, la realidad en las calles exhibe la verdadera causa de su proliferación: la ausencia total de alternativas formales. Para miles de jóvenes que diariamente buscan salir adelante, el transporte público no es una opción viable, sino un calvario diario marcado por la insuficiencia de unidades, rutas inexistentes y frecuencias de paso espaciadas por horas.
Esta desatención afecta con particular severidad a las comunidades universitarias ubicadas en los márgenes de la metrópoli, como la zona de Nextipac y los alrededores del CUCBA, así como a centros de salud y planteles periféricos. Estudiantes que concluyen sus jornadas al anochecer o inician actividades a primera hora quedan abandonados a su suerte. Sin camiones suficientes, se ven obligados a caminar por brechas oscuras, transitar por carreteras sin infraestructura peatonal adecuada y exponerse a la delincuencia. Para muchos, recurrir a un traslado informal en motocicleta no es una imprudencia voluntaria, sino la única alternativa para no quedarse varados en la nada.
El problema, sin embargo, no se limita a los jóvenes. La deficiencia del sistema abarca a toda la sociedad, afectando de manera desproporcionada a adultos mayores y trabajadores que dependen del transporte colectivo para llegar a sus hogares. Un sistema que castiga a los usuarios con esperas interminables, unidades saturadas y trasbordos costosos demuestra un abandono sistemático por parte de la autoridad reguladora.
La Secretaría de Transporte de Jalisco, encabezada por Diego Monraz Villaseñor, ha optado por mantener una postura distante y burocrática frente a los reclamos ciudadanos. Lejos de asumir la responsabilidad que le corresponde en la planeación y supervisión de las rutas, la dependencia responde con operativos punitivos contra servicios irregulares sin ofrecer soluciones reales de fondo. La falta de sensibilidad institucional ante las dificultades cotidianas de la población refleja una gestión desconectada del sentir social y ciega ante las consecuencias de sus omisiones.
El trágico suceso registrado en Zapopan no es un hecho aislado, sino la consecuencia extrema de una política de movilidad fallida. Garantizar el derecho al transporte no consiste en emitir discursos ni en lavarse las manos ante la ilegalidad de ciertos servicios; exige ampliar la cobertura, garantizar frecuencias dignas y brindar seguridad a quienes solo buscan estudiar, trabajar y regresar a salvo a sus casas.
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que A Fondo Jalisco no se hace responsable de los mismos.
