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Indicador Político:

La gran contradicción empresarial radica en un dato contrastado: su participación en compra de boletos en el asunto de la rifa del avión por parte de 200 empresarios con una inversión total de 2 mil millones de pesos, en medio de una recesión económica por falta de inversión productiva privada.

Y la primera aparición pública del flamante jefe del gabinete para el crecimiento económico, el empresario Alfonso Romo, fue para ser el escrutador de las cartas-compromiso de empresarios para comprar boletos y no para suscribir pactos inmediatos de inversión privada.

El PIB sigue siendo el factor de crecimiento, creación de la riqueza y distribución de beneficios. La meta oficial del PIB de 2% para 2019 no fue alcanzada y su saldo fue deplorable: -0.1%, con un -0.3% en el cuarto trimestre del año pasado.

Para 2020, la meta oficial fue señalada otra vez en 2%, con una banda baja de 1.5% y alta de 2.5%; sin embargo, las agentes económicos y analistas profesionales –desde el FMI hacia abajo– iniciaron el año con una expectativa de 1.0% y ya la bajaron a 0.7% al comenzar febrero, por lo que hay indicios de que el PIB anual de 2020 sea aún menor al de 2019, oficializando una recesión larga.

Las explicaciones de la recesión tienen cuatro variables: la confrontación empresarios-gobierno, la desconfianza empresarial en el programa de inversiones públicas, el desplome de la demanda agregada y las bajas expectativas en las utilidades empresariales.

Las cifras del INEGI revelan la dimensión de la crisis: el indicador mensual de la actividad industrial sigue tendencia a la baja desde el segundo trimestre de 2018, la inversión bruta fija no repunta y la tasa de ocupación parcial y desocupación de mano de obra es de 9.1%, la informalidad de la población económicamente activa es de 56%, la tasa de subocupación es de 6.12% y la tasa de condiciones críticas de ocupación es de 15.3%.

Los asuntos de Lozoya, la venta de boletos para la rifa-no rifa del avión, la reorganización del INE, el pánico social por el coronavirus y la reforma judicial son, en efecto, decisiones importantes para la reforma de instituciones sistémicas; sin embargo, ninguna de ellas responde al desafío número uno del sexenio: la tasa del PIB que mide la creación de bienes y servicios y revela la masa de dinero para repartir. Sin PIB, pues, no hay paraíso.

La idea de sentar a los empresarios en una cena para obligarlos a comprar boletos para una rifa extraña no es tan mala porque los beneficios de esa rifa serán orientados por única vez al sector salud en colapso de funcionamiento. ¿Qué ocurrirá cuando esos 2 mil millones de pesos los absorba de inmediato el sector salud sin resolver la crisis de atención de 120 millones de mexicanos?

Algunos analistas consideran que los empresarios convocados a Palacio Nacional bien pudieran destinar más recursos que los 20 millones de pesos por cada uno de los 200 convocados en la construcción de un sector salud privado en materia de producción y distribución de medicinas. En el fondo, los 200 empresarios quedarán sin cargos de conciencia comprando boletos sin efecto en el sector productivo y mantener sus bajos volúmenes de inversión productiva empresarial.

El gran desatino estaría en tener en septiembre una rifa exitosa por la participación de empresarios en la compra de boletos, pero con cifras negativas de PIB en los tres primeros trimestres del año. Cifras del IMSS informaron esta semana que la creación de empleo tuvo su nivel más bajo en enero desde 2009, hace once años. Y una tasa 0% del PIB indica de modo económico que no se creó ningún empleo formal en 2019, ante una demanda de 1.2 millones de mexicanos que por primera vez solicitaron empleo en el sector formal.

Sin descuidar los termas de corrupción y de reorganización de instituciones políticas del sistema, la prioridad de los sectores público y privado debiera ser el PIB y de manera más concreta la consolidación de acuerdos para que la inversión pública del 15% del total logre arrastrarcon ella al 85% de la inversión total que le corresponde a los empresarios privados.

Además de firmar una carta-compromiso para la compra de boletos de la rifa de un avión que no se va a rifar, los empresarios de la talla de Carlos Slim y todos los invitados a la tamaliza en Palacio Nacional debieron de suscribir por escrito un pacto de inversión privada con el gobierno para reactivar la economía y sacarla del hundimiento recesivo en que estará cuando menos en el primertrimestre de este año 2020.

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Cursos: los interesados en los cursos de actualización y especialización del Mtro. Carlos Ramírez pueden encontrar datos y contactos en http://indicadorpolitico.mx

Política para dummies: La política es, parafraseando a Stendhal, un pistoletazo en medio del teatro de la realidad.

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Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Olga Sánchez Cordero, machismo ilegal,  violencia como género y florería institucional

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Carlos Ramírez*

La celebración del Día Internacional de la Mujer hoy lunes 8 de marzo de 2021 se dará en el escenario de la peor ola de agresiones contra las mujeres por circunstancias de género. Pero lo más grave está en el hecho de que en México existe una ley obligatoria para garantizar el acceso de la mujer a una vida sinviolencia y la responsable es una mujer, la ministra jubilada Olga Sánchez Cordero.

Pero como nunca, la visibilidad de la violencia contra la mujer ha crecido en los últimos tres lustros a niveles sinprecedente, con la hoy responsable de la agenda femenina quejándose de que dicen que es un florero institucional y ella misma a su vez flagelándose con el argumento de que la discriminan en el gabinete de seguridad donde aterrizan todas las quejas de feminicidios y agresiones de género.

La mejor celebración del Día Internacional de la Mujer se puede dar sólo reproduciendo los compromisos incumplidos de la vigente –se supone– Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007, con la carga legal que implica la no aplicación de una ley de vigencia obligatoria:

–Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así́ como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así́ como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Artículo 1)

–Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas publicas federales y locales son: I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; III. La no discriminación, y IV. La libertad de las mujeres. (Artículo 4)

Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades. (Artículo 5, fracción X)

–Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. (Artículo 21)

Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. (Artículo 22)

–Corresponderá́ al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate. (Artículo 25)

–La Secretaría de Gobernación preside el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. (Artículo 36)

–Son facultades y obligaciones de la Federación: I. Garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; III. Vigilar el cabal cumplimiento de la presente ley y de los instrumentos internacionales aplicables; IX. Garantizar una adecuada coordinación entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres. (Artículo 41)

–Entre las quince facultades y obligaciones de Gobernación destacan: I. Presidir el Sistema y declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres; II. Diseñar la política integral con perspectiva de género para promover la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres; VIII. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa, con la finalidad de evaluar su eficacia y rediseñar las acciones y medidas para avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres. (Artículo 42)

La secretaria de Gobernación no debe quejarse de que la tengan como florero en el gabinete, sino de incumplimiento de funciones y de falta de empatía de género.

 

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Política para dummies: La política se enaltece con la ley y se deprecia con su incumplimiento.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- EE. UU. la democracia del pantano

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Carlos Ramírez

Para los que se desgarran las vestiduras lamentando que el asalto al Capitolio el 6 de enero haya sido una agresión contra la “democracia estadunidense” que se presenta como el faro del mundo, sería bueno que vieran con cuidado el documental El Pantano, de Daniel DiMauro, Morgan Pehme. Se trata de un enfoque crítico sobre cómo funciona el congreso estadunidense en la realidad de los intereses privados y por qué el sistema democrático de EE. UU. no es lincolniano porque no es del pueblo, ni por el pueblo, ni para el pueblo ni jeffersoniano de la república de leyes e instituciones.

La historia del título del documental es reciente. En los primeros años de EE. UU. como nación, finales de siglo XVIII y principios del siglo XIX, en la zona física donde está hoy la colina —the Hill— del Capitolio había, en efecto, un pantano con yerbas, animales y abandono humano. Hacia comienzos del siglo XXI fueron legisladores críticos, republicanos y demócratas, quienes se refirieron al Capitolio como El Pantano y acuñaron la frase de “drenar el pantano” actual o limpiarlo o desazolvarlo de su podredumbre política y económica.

El documental se basa en el libro Drain the swamp. How Washington corruption is worse than you think (Drenar el pantano. Cómo la corrupción en Washington es peor de lo que usted piensa), del legislador republicano Ken Buck. Se trata de un verdadero acto de desnudismo del funcionamiento interno de los intereses económicos de los legisladores: para llegar reciben dinero del Comité de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) y no de la sociedad, por lo que en funciones los legisladores responden a los grupos de interés que financiaron su campaña. Quienes así lo decidan, pueden hacer recaudaciones personales entre el pueblo. Pero la puerta de entrada al poder real dentro del Congreso está en los compromisos vía PAC.

Y al llegar al Congreso, viene la otra parte de la historia: cómo ingresar a las comisiones legislativas. Para hacerlo, cada legislador se debe comprometer a recaudar cierta cantidad de dinero: 220,000 dólares para un comité B o C, 45’0,000 dólares para un comité A, 875,000 para presidir un comité B o 1.2 millones para legar a la presidencia de un comité A. Nada, pues, es gratis; y el dinero se recauda entre los lobbies o las empresas o los grupos de poder que tienen el dinero para comprar a miembros del congreso. Y se trata, eso sí, de actividades legales; o, bueno, no criminalizadas. Los que no entren al juego del dinero, de manera sencilla quedan marginados de comités y de las decisiones de poder y no podrán impulsar leyes a favor de sus electores. En este sentido, apenas el 5% de las leyes que se aprueban sirven al pueblo.

El documental realiza entrevistas con representantes y va siguiendo a Buck. Lo malo de todo, sin embargo, radica en el hecho de que ningún legislador hace nada ilegal. Se trata de una configuración del poder legislativo basado en el dinero, por el dinero y con el dinero, una variante del modelo de Lincoln en su famoso breve discurso de Gettysburg del 19 de noviembre de 1863. Varios republicanos y demócratas se han unido para tratar de romper el poder real de los lobbies dentro del Capitolio, pero se han topado con la estructuración de intereses vía los líderes de los partidos.

Durante su campaña el candidato Donald Trump llegó a repetir la frase “drain the swamp”, pero ya en la Casa Blanca se aprovechó de la estructuración de intereses para inmovilizar al legislativo y para canalizar sus propias iniciativas. En el fondo, la configuración del Capitolio mantiene una correlación con la red de intereses del ejecutivo, también captadora de donaciones de los PAC. En este sentido, la ciencia política estadunidense ha llegado a definir uno de los principios de funcionamiento del capitalismo de poder económico: “quien tiene el dinero, tiene el poder”.

De ahí que el asalto al Capitolio por hordas violentas sin proyecto de golpe de Estado o sin una propuesta de limpia del poder legislativo deba tener otra lectura a la que quieren imponer los grandes medios de comunicación estadunidenses que participan de la estructura de poder: el asalto no fue un atentado contra la democracia porque en los hechos el Capitolio es un pilar del poder de dominación imperial y no una institución ejemplar de la democracia “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Son condenables los actos violentos contra instituciones civiles, pero se tiene que explicar la lógica política de los mismos hechos: los grupos agresores forman parte de milicias anti Estado y anti sistema, por lo que tampoco representaron una expresión o propuesta democratizadora. Por eso llegaron, entraron, destruyeron y se salieron con tranquilidad porque se trataba nada más de una expresión de poder popular sin control.

La crisis política poselectoral evidenció, eso sí, la fragilidad del sistema de elección de gobernantes en función de grupos dominantes de interés o lobbies de poder representativo de sectores y factores de poder. Trump había logrado llevar a las urnas a los grupos anti Estado fiscal y anti burocracia, pero en sus cuatro años se olvidó de ese voto y por eso Joseph Biden le ganó la presidencia. Es decir, se ha tratado de una disputa entre élites de poder.

La crisis en el Capitolio debe ser oportunidad para revisar el modelo político estadunidense que se quiere imponer como democrático en todo Occidente, pero que en la realidad no es más que un sistema que encubre una red de intereses económicos, políticos y sociales ajenos al pueblo no propietario. El salto es condenable porque fue violento en una institución pacífica. Y si puso en riesgo la democracia, en realidad fue el modelo democrático de los grupos dominantes. No del pueblo.

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Carlos Ramírez

Seguridad y Defensa- AMLO y Biden La agenda de seguridad Bush-Calderón

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Por Carlos Ramírez*

La reunión digital del presidente Joseph Biden con el presidente López Obrador planteó los cuatro marcos de referencia de la relación bilateral: seguridad estratégica, comercio, cambio climático y migración. Y en un esfuerzo de síntesis, de nueva cuenta México queda atrapado en las prioridades de seguridad y defensa de EE. UU. como imperio dominante.

Después de la experiencia nacionalista del gobierno de Luis Echeverría 1970-1976, México perdió las bases consensuales culturales de la comprensión del factor EE. UU.: del nacionalismo revolucionario del PRI se pasó, a tropezones, al nacionalismo defensivo de última instancia: la defensa del socialismo chileno, los últimos apoyos a la Revolución Cubana ya burocratizada y represiva, el apuntalamiento al idealismo de la revolución sandinista y la protección de la guerrilla salvadoreña como parte sustancial del diálogo de paz.

Lo que vino a dar al traste con esa fase 1970-1980 fue el ascenso burocrático del grupo tecnocrático de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari: el primero reformó la Constitución para determinar el Estado autónomo de las relaciones y contradicciones sociales y el segundo firmó el Tratado de Comercio Libre que definió el estratega de inteligencia y embajador estadunidense John Dimitri Negroponte como el elemento de sometimiento del nacionalismo antiestadunidense y antiimperial de México.

De 1980 con el Plan Global de Desarrollo al Pacto por México de 2012, México como gobierno y como sociedad –de manera lamentable– perdió el rumbo de los intereses geopolíticos. El Tratado comercial puso el clavo final al féretro del nacionalismo como ideología social potenciada y garantizada por el Estado. El cerrojo definitivo estuvo en el modelo estratégico de Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) que firmaron el gobierno panista de Felipe Calderón y el gobierno republicano de George Bush Jr. en 2005, cuatro años después del golpazo contundente del terrorismo islámico radical en el corazón del imperio estadunidense el 9/11 de 2001.

Sin un gran esfuerzo analítico se puede hacer equidistante el ASPAN de Bush-Calderón con el modelo que ha dejado entrever el gobierno del presidente Biden: el regreso de EE. UU. al liderazgo geopolítico y de seguridad nacional del mundo, a partir del eje referido por el presidente Trump en su Estrategia de Seguridad Nacional de 2017: el american way of life o el modo de vida estadunidense, una definición que se puede resumir en el espejismo que sigue deslumbrando a millones de personas que piden asilo e incorporación de nacionalidad en EE. UU.: el sueño americano del bienestar, los salarios en dólares y el confort que no es sino la capacidad estadunidense de exacción de recursos de naciones medias y pobres a favor de la élite social estadunidense.

El tema central de EE. UU. de Bush-Trump-Biden es el mismo que presentó en sociedad EE. UU. en 1947 como Acta de Seguridad Nacional –semilla del imperio dominante–, al que le dio ideología Henry Kissinger, que recicló el guerrerismo de Reagan y que convirtieron Bush Jr. y Barack Obama en el Estado espía. Ahora mismo, en la Conferencia de Seguridad en Munich a mediados de febrero de este año de 2021, el presidente Biden mostró los dos colmillos de dominación: EE. UU. está de regreso al juego mundial y llegó para liderar al mundo capitalista.

En este contexto se debe entender la reunión provocada por Biden con el presidente López Obrador y la ausencia de una verdadera estrategia mexicana de seguridad nacional. México ya no puede siquiera sobrevivir con su viejo discursos nacionalistas de no intervención en un mundo interconectado y tampoco puede seguir desentendiéndose de alianzas estratégicas con naciones con objetivos sociales. Los países progresistas, aun con sus modelos limitados, deben realizar un gran esfuerzo de reflexión teórica para responder a los ataques contra el populismo, pero al mismo tiempo definir modelos de desarrollo nacionales, con distribución del ingreso y con acotamiento de las riquezas acumuladas en pocas personas y familias.

El primer round Biden-López Obrador terminó como un empate técnico, pero los dos contendientes salieron a bailar al ring y no a boxear. México perdió la oportunidad de negociar con un Biden lastimado por las elecciones de noviembre, debilitado por el asalto al Capitolio el 6 de enero y acotado por el mensaje de Donald Trump de que se va a apoderar del Partido Republicano para regresar como candidato presidencial en 2024 para capitalizar el 47% de votos populares, es decir, un Biden sin consenso bipartidista interno.

Lo que quedó de esa reunión fue el mensaje de la Casa Blanca de que México es un factor y un problema de seguridad nacional para EE. UU. y que México carece de una doctrina integral de política exterior-seguridad nacional-defensa nacional.

Y el asunto se tensa cuando se sabe que la Iniciativa Mérida ya no funcionará, pero seguirá vigente el espíritu del ASPAN de Bush Jr.-Calderón.

 

Zona Zero

·         La ruptura de relaciones de seguridad entre EE. UU. y México por las nuevas reglas de control mexicano establecidas en su Ley de Seguridad Nacional pueden estar enviando el mensaje equivocado al crimen organizado de que ya no habrá marco judicial en su contra. Algunos análisis han comenzado a mostrar que el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Chapo estarían reagrupando a bandas menores para repartirse el mercado de drogas de México y de EE. UU.

·         Zacatecas y Guanajuato y de nueva cuenta Tamaulipas están en la agenda de violencia y de urgente atención gubernamental federal. Una cosa es que la sociedad haya marcado una sana distancia de los crímenes de violencia y otra que esa falta de critica social permita a los cárteles incrementar sus acciones de violencia en buena parte de la república.

 

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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