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Brújula Pública

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un frente abierto con los organismos de la sociedad civil, pero sin precisarlo, las ha generalizado de corrupción.

Trascendió un comunicado dirigido a las dependencias a su cargo, en el que instruye a no dotar de recursos públicos a estas entidades. Quizás el presidente tenga la razón.

Un estudio de la organización “mexicanos contra la corrupción” señaló que en el periodo de 2013 a 2018, en el sexenio del expresidente Peña Nieto, la asociación “Azteca Amigos de la Cultura y las Artes” obtuvo 807 millones de pesos. Esta asociación está relacionada con TV Azteca, quien organiza las orquestas juveniles denominadas “Esperanza Azteca”.

La mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil a que se refiere el estudio de mexicanos contra la corrupción, están asociadas con personajes de la clase política y, quizás se trate de una nueva forma de obtener recursos públicos.

Así, por ejemplo, Fundación Teletón obtiene entre 30 y 50 millones de pesos de los gobiernos de los estados para mantener una función que debería ser responsabilidad del Estado, no de un particular.

El negocio de Televisa por conducto de Teletón consiste, en extender recibos deducibles de impuestos a las empresas de Grupo Televisa, de aquellas aportaciones que no solicitan un recibo con estas características y, con ello, el grupo empresarial puede solicitar una devolución al término de cada ejercicio, como los 3 mil millones de pesos que el SAT le devolvió a Televisa a inicios de la administración del presidente Peña Nieto.

Aquí es donde este esquema de las organizaciones de la sociedad civil se fusiona con el régimen de consolidación fiscal, que permite deducir las pérdidas para obtener algunos beneficios fiscales. Esto lo entendieron perfectamente corporativos como Telmex, TV Azteca o Televisa, a través de sus fundaciones caritativas, en abusar de la industria de la necesidad o la carencia pública, para obtener un lucro de un régimen fiscal para deducir dinero público.

Si a estos esquemas de la industria de la miseria, sumados con un régimen de consolidación fiscal, le agrega la inteligencia y sagacidad de personajes de la vida pública en evadir responsabilidades, -como en el caso de la Estafa Maestra-, pues habrá nuevos ricos en el espectro social.

Hay otras organizaciones de la sociedad civil que son usadas como chantaje por sus directivos, como medida de presión política a sus intereses, políticos, económicos o sociales. Algunas otras que son creadas por empresarios, políticos u otros personajes, que se alejan del objeto de su creación.

El colmo, hay otras organizaciones que, bajo la denominación de defensoras de derechos humanos, son integradas por la delincuencia organizada, para descalificar el trabajo de seguridad pública que desarrollan estados, municipios y la federación. Algunas en el descaro opinan sobre seguridad, sin presentar alguna investigación que lo avale.

Por esto es, que debe revisarse los esquemas de funcionamiento y participación de la vida pública de las organizaciones de la sociedad civil, porque hay quienes solo medran con el presupuesto público, sin ninguna utilidad o contribución a las políticas públicas en el espectro de gobierno.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Twitter: @racevesj

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Es politólogo por la Universidad de Guadalajara (UdG) y por invitación del Alto Mando es maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaria de Marina. Ha sido invitado como expositor en el curso de Mando y Estado Mayor General de la Armada de Mexico, así como en el CESNAV. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad del Valle de México y cómo investigador externo del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (ININVESTAM). Twitter: @racevesj

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Nacional

Brújula Pública- Lo político no siempre es lo legal

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Rodolfo Aceves Jiménez*

En su carta de renuncia al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Jaime Cárdenas expuso que al asumir su titularidad, encontró irregularidades administrativas, falta de liquidez, entre otros señalamientos.

Pero además indicó que su lealtad no era ciega, sino reflexiva, en alusión a una presunta crítica sobre el desempeño a la política anticorrupción que se pretende con el INDEP.

Esta es la onceava renuncia al interior del gabinete legal y ampliado de la presente administración, por presuntas diferencias en la forma de interpretar principalmente, los principios de la transformación de gobierno.

Entre los cambios con más polémica se encuentra, la renuncia de Carlos Urzúa Macías, ex secretario de Hacienda, el 9 de julio de 2019, quién señaló diferencias en materia económica.

Posteriormente renunció la subsecretaria de Salud, Asa Ebba Christina Laurell, por diferencias con el titular Jorge Alcocer, pero en medio de la crisis por la pandemia de COVID19.

El 23 de julio pasado renunció Javier Jiménez Espriú a la SCT, por diferencias en el manejo de la marina mercante.

El 2 de septiembre pasado renunció a la SEMARNAT, Víctor Manuel Toledo, cuando se divulgó un audio en el que Toledo afirma que la #4T no existe como tal.

Después el 8 de septiembre renunció el director de juegos y sorteos de SEGOB, Luis Calvo, un día después de que llevara a cabo la presunta rifa del avión presidencial.

Estas renuncias tienen el común denominador que fueron subestimadas por el presidente, argumentando que los que renunciaron tienen interés en otras actividades que se alejan del servicio público.

Parece que también el presidente descalifica el valor jurídico que tienen las razones para separarse de sus cargos y que compromete en desvirtuar el sentido de las leyes y que pude tratarse de responsabilidades.

La narrativa y el discurso de combate a la corrupción con el que llegó a la titularidad del Poder Ejecutivo, poco a poco se cae por la falta de voluntad y acciones para contenerla.

Por lo menos esa es la señal que manda, al hacer caso omiso o minimizar la trascendencia de la investigación sobre las propiedades inmobiliarias del director de CFE, de la titular de la Función Pública, así como el video en donde aparece Pío López Obrador recibiendo dinero del excoordinador de protección civil, David León.

No es un requerimiento político, sino el reclamo a un compromiso electoral y de gobierno de la transformación de gobierno, en que lo político se ajuste a lo legal, con toda la voluntad de hacerlo.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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Brújula Pública- Trasfondo del segundo informe

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Rodolfo Aceves Jiménez*

Durante el mensaje por el segundo informe de gobierno, el presidente López Obrador recalcó lo que a su juicio, son las acciones trascendentales de su administración.

En el ramo de seguridad afirmó que existe una baja del 30% de los delitos, en comparación con noviembre de 2018. Dijo que hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, robo a vehículo, robo a negocio y robo a casa habitación. Pero recalcó que aumentó el homicidio doloso y extorsión, cuya narrativa trata de acercarse al éxito de sus políticas públicas de seguridad, pero en la realidad no se acerca.

Por su parte, la organización civil Causa en Común rechazó el contenido de las declaraciones del Ejecutivo Federal y afirmó en un comunicado que no existe una estrategia para enfrentar la crisis de seguridad.

La afirmación del Ejecutivo Federal coincide con el periodo de aislamiento social, en el que la mayor parte de la ciudadanía estuvo confinada en sus casas, de tal forma, que obviamente se redujeron los delitos en todo el país, pero no como consecuencia de una política pública de seguridad, sino por el efecto de una política pública de salud, por la presencia del virus SARS-CoV2. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta el aumento de los delitos en los que el Ejecutivo Federal afirma su decremento.

Cuando los ejecutados, feminicidios y demás víctimas de delitos opacan el discurso presidencial, resalta la ausencia o deficiencia en políticas de seguridad.

El monopolio de la fuerza que ejerce el Estado y sus órganos es insuficiente, en el que se combina con la impunidad en la procuración e impartición de justicia y producen resultados terribles.

El presupuesto público federal y local no es insuficiente, en veces está mal orientado y en ocasiones es desviado a actividades distintas al objeto con el que son diseñadas.

El sol no se tapa con un dedo, cuando las hordas de cuentas de redes sociales, creadas o ficticias, que apoyan al gobierno, solo atienden a exaltar las virtudes de una administración poco eficiente.

Mientras tanto, la oposición se dedica a criticar desmesuradamente los resultados de la administración pública, en los que denosta, critica y hasta en ocasiones, asume las mismas actitudes de insulto que las redes de apoyo a la #4T.

En sus conferencias matutinas el Ejecutivo no llama a la cordura, ni a un diálogo o reconciliación nacional. El presidente comunica mucho en ellas, pero en la práctica gobierna poco.

Su ejercicio de gobierno está montado sobre las estructuras administrativas diseñadas en las pasadas administraciones que tanto critica o que tanto utiliza en sus mensajes gubernamentales.

Y aunque todos desearíamos que le vaya bien a él y a su administración, las reformas a perpetuidad que pretende la #4T serán de muy lenta inserción e incluye economía, seguridad y salud.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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Brújula Pública- El conflicto de los símbolos

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Rodolfo Aceves Jiménez*

El expresidente Felipe Calderón criticó que en la decoración del zócalo de la ciudad de México, se haya incluido un águila republicana, con una connotación política para las festividades de independencia, lo que fue rechazado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El águila republicana fue un elemento utilizado por el presidente Juárez durante su mandato, aunque hay registro que fue utilizado desde 1821. Pero también es el logotipo del partido Morena y de Movimiento Ciudadano.

Se trata del uso de un símbolo nacional, en la festividad de la celebración de independencia. Un emblema nacional en un momento histórico que parece que no le corresponde.

Y es que es en el ideario político de Juárez en donde descansa gran parte del sistema político y jurídico mexicano, que fue adoptado por el partido gobernante, pero que en algunas ocasiones parece olvidar la separación de la iglesia con el Estado.

A propósito de las diferencias del pasado con la iglesia, hoy en día parece que Juárez ha sido perdonado. El 20 de marzo del 2006, y por primera vez después de 134 años, la iglesia celebró una misa a Benito Juárez, en el templo de San Felipe Neri de Oaxaca, oficiada por José Luis Chávez Botello -Arzobispo de Oaxaca- quien por cierto, fue párroco de la iglesia de San Sebastián de Analco en Guadalajara, durante las explosiones de 1992 de esa ciudad.

Es al presidente Juárez a quién se le atribuye el principio de austeridad de la #4T, cuando dijo: “No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”.

Pero también es el que recibió la delicada encomienda de gobernar al país, con una invasión extranjera, cuando el Congreso en sesión del 15 de diciembre de 1861, Vicente Rivapalacio, presidente del II Congreso, se dirige al Presidente Juárez, a quien la asamblea le otorga facultades extraordinarias para hacer frente a la intervención francesa, con el siguiente discurso de Estado: “La historia enseña que todas las naciones, para llegar a la reforma y a la verdadera civilización, han tenido que pasar por pruebas terribles y por dolorosos sacrificios, y muchas veces los pueblos más poderosos debieron tocar el borde del abismo y, sin embargo, pudieron salvarse por la fe y la unión entre sus hijos”.

Por su parte, el movimiento de independencia que duró 11 años se logró gracias a la audacia y dirigencia de dirigencia de Hidalgo, Morelos y Guerrero, principalmente. Nadie los nombró dirigentes de la independencia, sino que sus actos trascendieron en un escenario coyuntural de crisis política de la corona española, que junto con el sentimiento de abuso al que habían sido sometidos los naturales de estas tierras durante 300 años, fueron determinantes para iniciar, sostener y terminar la guerra de independencia.

Quizás el común denominador entre la independencia y el presidente Juárez lo constituya, la Virgen de Guadalupe, cuando en la independencia Hidalgo tomó un estandarte con su imagen y los realistas estaban encomendados a la española Virgen de Los Remedios, y bendecidos para la campaña por el alto clero de la Nueva España, le habían declarado la guerra a la guadalupana: cuando los realistas encontraban una imagen de la Virgen morena en algún templo, era sujeta a juicio sumario y fusilada, lo mismo hacían los insurgentes con la de Los Remedios.

Además, el presidente Juárez fue quién decretó al día 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, como día de fiesta nacional.

Por eso es, que el conflicto no es por el águila republicana.

 

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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