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Análisis:

Gabriel Torres Espinoza 

Existe evidencia de una colaboración recíproca entre el poder empresarial y el poder adquirido democráticamente en las urnas por el gobierno de Jalisco en, al menos, los últimos 13 años. Una relación que en principio se supondría sana, excepto porque en algunos momentos se deja evidencia de que el gobierno actúa como un protector oficioso del poder económico de los señores del dinero’ en Jalisco (el caso, por ejemplo, de las Villas Panamericanas, de Iconia o del nuevo Cancún en Chalacatepec). Desarrollos inmobiliarios que violan normas ambientales y de sustentabilidad, cambios absurdos de uso de suelo en detrimento de comunidades y áreas protegidas. Obras a precios exhorbitantes, recibidas en pésima calidad y con costos finales duplicados o triplicados. Utilización fraudulenta de los fondos de pensiones y jubilaciones para los más grotescos proyectos inmobiliarios, o compras de terrenos en complicidad con las autoridades del gobierno. Concesión de servicios públicos, bajo contratos cuasi irrevocables, que en los hechos convierten en rehén a los gobiernos de los intereses de estas empresas’ (la basura, las luminarias, los espacios públicos). Asociaciones público privadas -APP- (la más novedosa y excesiva forma de defraudación) donde pierde habitualmente el gobierno, para que ganen particulares vinculados a las autoridades en turno (los negocios al estilo Jalisco). Los hechos indican que la autoridad del gobierno de Jalisco, durante los últimos 13 años, actúa como una prolongaciónde los intereses de los dueños del capital. En ello transcurrió un sexenio del PAN, uno del PRI y los que va del gobierno de MC.

Un comportamiento que supera la alternancia partidista, los relevos generacionales y la dicotomía entre liberales y conservadores, entre izquierdas y derechas. Una simbiosis cada vez más preocupante que mezcla el gran poder económico de algunos empresarios de Jalisco, concentrado en una pequeñélite, y el grupo de poder en turno en ejercicio del gobierno. Ambos, en defensa de sus intereses, que rara vez coinciden con los de la sociedad o la ciudad. De forma que, los últimos 13 años, el poder lo detenta una peculiar alianza entre las cúpulas empresariales y gobierno en turno. Así que nuestra democracia empodera a un reducido grupo de privilegiados, que usan un control cada vez más desproporcionado de la riqueza el erario público. Incluso, de los recursos que los trabajadores aportan para su pensión y jubilación, mismos que en cada sexenio los controles se debilitan para facilitar los fraudes millonarios y las inversiones ilegales desproporcionadas. A medida que transcurren los años, estos intereses se fortalecen en la intimidad de la complicidad, y sobrepasan alternancias democráticas, relevos generacionales, transparencia, fiscalización y hasta políticas anticorrupción. También, parece adquirir carta de naturalidad el abuso deliberado de unos y otros, sobre el presupuesto público.

Como diríEngels (1848) los gobiernos son prolongaciones de los intereses de los dueños del capital: los grandes empresarios. El ejecutivo del Estado, no es más que un comité encargado de administrar los asuntos de la burguesía. Gobiernos cambian de partido, de generación, de ideología (si es que sostienen alguna), pero la práctica de gobernar para los propósitos particulares de una reducida élite se fortalece, se normaliza y hasta se defiende con argumentos sacados de contexto, como el empleo y la generación de riqueza. La autoridad del gobierno se ejerce a plenitud, fundamentalmente, para la más vergonzosa defensa de los negocios que violentan normas, que destruyen el medio ambiente o que afectan a la ciudad. El gobierno, gobierna, pero en beneficio de un reducido grupo, privilegiado por años.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

La UIF: El ‘Zar Anticorrupción’ de México

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Gabriel Torres Espinoza*

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque parece una institución creada en este sexenio, debido al cuantioso número y valor de las cuentas bancarias congeladas, fue en realidad fundada por decreto en 2004. Mayor relevancia ha adquirido la UIF por ser tan sólo una “unidad” administrativa con el poder de una Secretaría de Estado, y un titular que hace las veces de un ‘Zar Anticorrupción’. En este sexenio, la UIF ha bloqueado cuentas por un monto superior a los siete mil 500 millones de pesos, sobre robo de hidrocarburos, corrupción política, empresas ‘fantasma’, trata de personas, tráfico de migrantes y crimen organizado.

Empero, ¿qué tanto representa este monto de las cuentas congeladas por la UIF, respecto del total del lavado de dinero y la corrupción en México? Aunque no existe una cifra oficial, el académico Jorge Lara Rivera, del INACIPE, con estimaciones basadas en reportes oficiales, ha señalado que, el monto del lavado de dinero en México, asciende a 50 mil millones de dólares. Ahora bien, de acuerdo con el titular de la OCDE para América Latina, Roberto Martínez Yllescas, el costo de la corrupción en México es del cinco al 10 por ciento del PIB Nacional, del que “tan solo los sobornos a funcionarios públicos tienen un costo del 2%”. De forma que esta cifra apenas representa el atajo de un asteroide en un universo financiero plagado de corrupción y lavado de dinero.

No dejan de ser importantísimos los esfuerzos y resultados de la UIF en materia de combate a la corrupción política. Para este 2021, se prevé que la UIF ejerza 170 millones de pesos. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que está integrado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría Ejecutiva del SNA, ¡ejercerán 71 mil 900 millones de pesos! Quiere decir que, aunque con resultados muy superiores en materia de combate a la corrupción, ¡la UIF ejercerá apenas 0.2 por ciento de lo que cuesta el pesado e ineficiente SNA!

La inusitada relevancia de la UIF tiene que ver con el gradual debilitamiento legal del Poder Ejecutivo en el sistema presidencial mexicano. Me explico. Frente a la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), que ya no dependen orgánicamente del Poder Ejecutivo, el presidente de la República sólo cuenta con un mecanismo para incidir en términos de la investigación y persecución de los delitos asociados a la corrupción: la UIF. De hecho, resulta ampliamente probable que, posterior a este sexenio, la UIF pase a formar parte de la FGR o del Poder Judicial (existen países con este modelo), o bien, se convierta en un órgano constitucional autónomo. ¿Por qué? Porque tanto la «investigación» como la «inteligencia», relacionada con los delitos, pueden recaer en indeseables o nocivos fines de persecución política. No obstante, la UIF es, hasta hora, el más eficiente (por sus resultados) instrumento con que cuenta el Estado Mexicano para el combate a la corrupción política.

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Gabriel Torres Espinoza

Maradona, es Diego

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Gabriel Torres Espinoza*

El día de ayer, de manera inesperada, murió el ex futbolista argentino, Diego Armando Maradona, por un paro cardiorrespiratorio, apenas a sus 60 años. Desde luego, se trata de una figura de fama internacional, sumamente polémica, con un sinfín de claroscuros y variadas aristas profesionales.  Maradona como El Ché Guevara (que no son comparables, pero sí reconocidos) se han posicionado como la figura iconográfica, más representativa o emblemática, de toda América Latina. Más allá de su innegable talento deportivo, le asistían dotes carismáticos que cualquier líder político, social, cultural, o incluso ídolo deportivo, envidiaría en cualquier parte del mundo. Su amplio reconocimiento internacional, el evidente fanatismo en torno a su personalidad, con una liturgia únicamente comparable u observable al que se le realiza a una deidad, no sólo derivada de un talento deportivo extraordinario [como el de Messi o Pelé], sino en un carisma que, si bien, para muchos era francamente inefable, para todos fue a todas luces irrefutable: poseía ese ‘imán’, ‘magia’, ‘aura’, ‘hechizo’, ‘brillo’ y un ‘no sé qué’ que sólo se llega a dar en binarias ocasiones cada siglo, ya sea en un país o en una región del planeta entero. Además de ser, para un inconmensurable número de “aficionados que viven la intensidad del futbol”, como diría Enrique El Perro Bermúdez, el “mejor futbolista de todos los tiempos”, fue también un exitoso presentador de televisión, un ácido comentarista deportivo con robustas cartas credenciales y un distinguido activista político de regímenes socialistas-comunistas, y amigo de Fidel Castro, Evo Morales, Lula da Silva, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Desde luego, su ‘meteórica’ carrera profesional estuvo acompañada de estruendosos escándalos relacionados con la adicción a las drogas, la violencia de género y el acoso sexual.  En todo caso, el dolor personal de millones de argentinos, así como la evidente consternación nacional que sucumbió y embargó a su país natal el día de ayer, obligó a que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretara ¡tres días de luto nacional!. Ese es el peso específico de Diego Armando Maradona en su tierra.  “Argentina es Maradona, y Maradona es Diego”, señalan diarios albicelestes. Más aún, el presidente de la República, Alberto Fernández, señaló el día de ayer ante la inverosímil noticia: “Maradona es casi un sinónimo de Argentina”. Tiene razón. En efecto, Maradona es ‘cultura’ en el sentido amplio de la palabra, mucho más que lo que representa el peronismo en Argentina: una hegemonía de la que se dice siempre constituye un ‘gobierno peronista’ y una ‘oposición peronista’, pero que todo termine por orbitar en torno al peronismo. Sin embargo, con Diego no hay oposición: sólo hay unanimidad. En todo caso, Maradona nos retrotrae a la etapa en el que el futbol era un deporte en el que prevalecía el talento deportivo nato, sobre el acondicionamiento físico de alto rendimiento y la robustez técnica, como sucedió con Romario (quien incluso no asistía a los entrenamientos). Actualmente, en el futbol profesional, destaca la cualidad técnico-física. Maradona, es Diego.

gabriel.torres.espinoza@gmail.com

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Gabriel Torres Espinoza

¿Aplazar la igualdad?

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Gabriel Torres Espinoza*

La paridad de género, en pleno siglo XXI, representa un gran desafío no sólo en Jalisco, sino a nivel global. Uno de los 17 Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobados en 2015 por la ONU, dispone en su 5to Objetivo: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”.

Al respecto, debe decirse que fue en la Cumbre Europea, de Atenas (1992), ‘Mujeres en el Poder’, en donde por vez primera se incluyó la noción de paridad aplicada a la democracia, al sostener: “Las mujeres representan más de la mitad de la población. La igualdad exige la paridad en la representación y en la administración de las naciones”.

Desde luego, una ‘primera ola’ dentro de este enfoque progresista del pensamiento político moderno, intentó establecer la paridad de género en los órganos legislativos, no obstante, la extensión del principio paritario exige, en su ‘segunda ola’, una aplicabilidad en la función ejecutiva, en el poder judicial y en los órganos constitucionales autónomos, tanto en el gobierno como en la administración de estos poderes u órganos.

Recientes reformas a la Constitución Federal han aportado importantísimos avances en la materia, que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPCEJ) parece haber ignorado por completo en los Lineamientos para la postulación de candidaturas en este proceso electoral 2020-2021.

En principio, en lo que concierne al IEPCEJ, el artículo primer constitucional determina la prohibición de toda discriminación motivada por razones de género, y al respecto mandata que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.” A la luz de todos, esto no fue promovido, respetado, protegido ni garantizado por el IEPCEJ, con sus Lineamientos ‘machistas’.

Por otro lado, los nuevos partidos Hagamos y Futuro han pugnado porque se respete el artículo 41, fracción I, de la Carta Magna, que establece “los partidos políticos son entidades de interés público (…) en la postulación de sus candidaturas se observará el principio de paridad de género”.

De igual forma, se observa otro principio previsto en la Constitución de Jalisco, igualmente violentado, y que dispone una prerrogativa para la ciudadanía jalisciense de la mayor importancia: “ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular” (art. 6). Incluso, la fracción VIII, del artículo 12 de la Constitución Local, otorga al IEPCEJ facultades para la prevención y erradicación de la violencia política en contra de las mujeres por razones de género, que se pasaron por el ‘Arco del Triunfo’.

Colectivos feministas y representantes populares han sostenido que estos Lineamientos no auspician en estricto sentido un exacto principio de paridad (50-50), además de que obstaculiza la participación política de las mujeres en los municipios de más de 100 mil habitantes, para decretarles una participación y éxitos tanto pírricos como anecdóticos. El asunto no es menor: actualmente, apenas 29 de los 125 municipios tienen una alcaldesa, y de ellas, sólo una corresponde a la ZMG.

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