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Gabriel Torres Espinoza*

El problema no son precisamente las ‘cuotas’, si no el tipo de ‘cuates’ que son propuestos para integrar el Poder Judicial en Jalisco. Precisamente ahora mismo sucede, en la integración de los jueces de la Corte Suprema en los EEUU, que el presidente Trump impulsa a personas identificadas con la ideología de su partido. La diferencia es, los perfiles. Ahora bien, ¿por dónde podría comenzar una mejora en el Poder Judicial? Por la mejor selección en la designación de sus integrantes. Pero las evidencias nos afirman que el sistema de ‘cuates’ prevalece, a pesar de las reformas aprobadas en el Congreso del Estado, que teóricamente debieron asegurar un proceso con evaluaciones que mejoraran el perfil de los funcionarios en el Poder Judicial. Es verdad que todo grupo mayoritario en el poder utiliza su mayoría en el Legislativo para designar a integrantes del Poder Judicial, afines a la ideología del partido en el gobierno. Lo que resulta indispensable, es, asegurar mejores perfiles, con equilibrios internos para motivar la autorregulación (fortaleciendo su autonomía), por la vía de los frenos y contrapesos.

De acuerdo con datos del Inegi (2020), el Poder Judicial de Jalisco es considerado como la institución más corrupta, por el 74 por ciento de los jaliscienses, incluso por encima de la Policía Vial (73%). Es de destacar que únicamente en Jalisco, los jueces tienen una mayor percepción de corrupción que los agentes de vialidad.

De manera inédita, en Jalisco se han implementado medidas que podrían considerarse son necesarias, pero no suficientes para detonar un cambio radical en la administración y impartición de justicia. Se realizó la rotación de poco más de 67 jueces en el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Sin embrago, las deficiencias continúan, e incluso se acentúan. Por ejemplo, los policías municipales, estatales y federales están siempre sometidos a esta lógica de rotación [para evitar redes de complicidad] y, sin embargo, se las ingenian para inmediatamente “ponerse de acuerdo” con la criminalidad a efectos de otorgarles protección y permitirles operar sin molestarlos, bajo la correspondiente dádiva.

Lo mismo ocurre en el Poder Judicial, que hoy por hoy, es el poder más corrupto. Derivado de una reforma constitucional a nivel local, por vez primera los jueces y magistrados serán sometidos a pruebas de control de confianza. ¿Resuelve el problema? Tampoco. Son, por ejemplo, numerosos los malos elementos de la policía que han sorteado con éxito estas pruebas de control y confianza.

En efecto, el Presidente de Estados Unidos propone allegados al Poder Judicial, pero a diferencia de México, se eligen a los mejores perfiles, a los más capacitados. Aquí, simplemente, a los ‘cuates’ o, mejor dicho, a los incondicionales de bajo perfil. Precisamente por ello, una Ley de Designaciones resulta importante para mitigar esta problemática. Una Ley de Designaciones impulsaría la participación de los mejores perfiles para la integración del Poder Judicial. El Poder Legislativo debe mantener la facultad exclusiva de la designación, pero debe ceñirse a criterios de profesionalización en el cargo, establecidos con mayor detalle, precisamente por una ley.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

¿Qué busca el segundo impeachment a Trump?

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Gabriel Torres Espinoza*

El día de ayer, la Cámara de Representantes de EE. UU. -erigida en Jurado de Acusación- aprobó por 232 votos, frente a 197 tantos, el inicio de impeachment al presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense pasó a convertirse en el único presidente, en la historia, que ha sido dos veces sometido a este proceso de enjuiciamiento. Conviene señalar que, antes de él, sólo los expresidentes Andrew Johnson (1868) y Bill Clinton (1998) se les había instaurado este mecanismo de responsabilidad [Nixon renunció antes de ser sometido a él]. De forma que, durante tan sólo en un periodo de mandato, Trump igualó la marca prevaleciente en 232 años.

Pero ¿qué sentido tiene instaurarle impeachment a Trump a tan sólo una semana de que termine su gestión? Aunado al temor fundado en lo impredecible de su carácter, que no es poca cosa cuando se tiene acceso a los códigos nucleares del país más poderoso del Mundo, la razón de esta medida tiene que ver con el objetivo de inhabilitarlo políticamente, para que no pueda volver a postularse a un cargo.

Es importante destacar que el proceso de impeachment podría seguir su curso, incluso cuando Trump pierda su investidura, al dejar el cargo. En 1876, la Cámara sometió a juicio político al secretario de Guerra del presidente Ulysses S. Grant, después de que este renunciara a su cargo. Esto adquiere mayor sentido toda vez que el líder republicano del Senado, McConnell, ha señalado que no convocará a la Cámara Alta antes del 19 de enero. Al parecer, los republicanos temen que los demócratas logren sumar a los 17 senadores republicanos que les hacen falta para alcanzar una mayoría de 2/3 para poder condenarlo, sabedores de que ya lograron tener el respaldo de 10 congresistas en la Cámara de Representantes, para el inicio de su 2do impeachment.

Respecto de la inhabilitación, por vía del impeachment, habría que precisar lo siguiente. Si el Senado, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, aprueba declarar culpable y condenar a Trump por el cargo oficial que se le imputa (incitación a la insurrección), la inhabilitación resulta un asunto mucho más sencillo para la bancada demócrata -que es lo que verdaderamente persigue-, pues únicamente requeriría ‘mayoría simple’ en la Cámara Alta para poder inhabilitarlo -siempre y cuando antes le sean aprobados los cargos que se le imputan en el impeachment-.

La Constitución de los EE. UU. no establece una ‘mayoría calificada’ (2/3) para tales efectos. También existen antecedentes de ello. En toda su historia, únicamente en tres ocasiones el impeachment ha concluido de manera aprobatoria en ambas Cámaras -los tres eran jueces federales-, y para su inhabilitación sólo se requirió de ‘mayoría simple’. Desde luego, es previsible que esta batalla concluya en tribunales -como indican algunos especialistas norteamericanos-.

Pero le quedaría otro ‘as bajo la manga’ a los demócratas. Inhabilitar a Trump invocando la XIV Enmienda que señala: “Las personas que habiendo prestado juramento previamente en calidad de miembros del Congreso, o de funcionarios de los Estados Unidos (…) [que] hubieran participado de una insurrección (…) [no podrán] ocupar ningún empleo civil o militar que dependa de los Estados Unidos”.

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Gabriel Torres Espinoza

INAI: una conquista social

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Gabriel Torres Espinoza*

El derecho de acceso a la información pública en México no podría entenderse sin el extendido proceso de transición democrática en nuestro país. Tampoco la alternancia partidista. La Reforma Política de 1977, que representó la génesis de este importantísimo proceso político de transformación, adicionó a la parte final del artículo 6to constitucional “El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Ello dio lugar a un amplio proceso de discusión sobre este derecho (que inició en 1978), que tomó mayor fuerza y definición con la articulación de un robusto número de ciudadanos, defensores de este derecho, a través del surgimiento del denominado ‘Grupo Oaxaca’ en el año 2000.

De esta manera, el 23 y 24 de mayo de 2001, en la ciudad de Oaxaca, se celebró el seminario ‘Derecho a la Información y Reforma Democrática’, convocado por académicos, periodistas, miembros de la sociedad civil organizada y 70 editores de medios de comunicación impresos (nacionales y estatales). Los consensos logrados auspiciaron la ‘Declaración de Oaxaca’ que advertía los cimientos generales del derecho de acceso a la información, su reglamentación constitucional y legal, y la creación de un órgano constitucionalmente autónomo.

Entre sus signatarios destacaban los nombres de Jorge Carpizo, Ernesto Villanueva Villanueva, Juan Francisco Ealy Ortiz, Carlos Álvarez del Castillo, Alejandro Junco de la Vega, y un largo etcétera. Este acontecimiento fue la base social que propició, en 2002, la aprobación por unanimidad en el Congreso de la Unión de la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información Pública y la creación del otrora órgano garante IFAI -hoy INAI-. A finales de 2001, Jalisco -y posteriormente Sinaloa- se había(n) adelantado a la Federación con la creación de la primera ley de Transparencia a nivel nacional.

De forma que la legislación del derecho de acceso a la información, así como su Órgano Constitucionalmente Autónomo, representaron una lucha y una conquista social, antes que una concesión del gobierno federal. Son un factor crucial de la transición democrática.

Los Órganos Constitucionalmente Autónomos, son la consecuencia de consensos que fundan y motivan su existencia: I) la despartidización de ciertas funciones de Estado; II) la pérdida de legitimidad y confianza en la administración de ciertas materias, por parte de los poderes del gobierno; III) afianzar la profesionalización y especialización del cuerpo burocrático en órganos técnicos; y IV) la fiscalización de los poderes constituidos. Órganos constitucionalmente autónomos (OCA’s) como el INAI, el IFT, el INE y el Banco de México encuentran justificación en todas ellas.

Que las elecciones en México regresaran a ser organizadas y sancionadas por el Poder Ejecutivo y autocalificadas por los propios diputados electos, resulta de un absurdo total. De igual forma resulta un despropósito que la tutela del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, volviera a ser competencia del gobierno, que es precisamente el principal sujeto obligado de esta ley. Como lo señala Carbonell: “La división de poderes se ha enriquecido con los ‘órganos constitucionales autónomos’”, que son parte fundamental de nuestro andamiaje constitucional y democrático.

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Gabriel Torres Espinoza

Trump, la “insurrección”

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Gabriel Torres Espinoza

Lo ocurrido el día de ayer en el Capitolio de los EE. UU., evidencia cómo una democracia, altamente institucionalizada, puede rápidamente erosionarse en manos de un mandatario profundamente antidemocrático. Se trata, incluso, del más importante ‘defecto’ y paradoja que acusa todo sistema democrático: que un líder político, a través de medios democráticos, se hace del poder político y anula o corrompe la democracia. El único país que ha atajado este problema es Alemania, a través de su ‘cláusula de eternidad’, establecida en su Ley Fundamental, que prohíbe este tipo acontecimientos dotando de amplios poderes a su Tribunal Constitucional para restablecer el orden democrático. Lo acontecido ayer no es menor. Estados Unidos logró consagrarse, en el siglo XX, como el referente internacional de la libertad y la democracia. Y aunque hoy, para rankings mundiales sobre democracia, como el que realiza anualmente The Economist, se categorizaba a la norteamericana como una ‘democracia defectuosa’ [frente a las ‘democracias plenas’, presentes sobre todo en países escandinavos y nórdicos], EE. UU. seguía siendo un referente del rule of law (Estado de Derecho o Imperio de la Ley) y los checks and balances (pesos y contrapesos). Pero ayer eso también quedó en entredicho. Existen dos mecanismos constitucionales para sortear una crisis de tal magnitud: el impeachment y la ‘declaratoria de incapacidad’, dispuesta en la Enmienda 25, que es propuesta y ratificada por la mayoría de los principales secretarios de Estado y el vicepresidente, para que este último asuma la Presidencia, la cual nunca ha sido utilizada, y probablemente no lo será durante el mandato de Trump, a pesar de contar con causales suficientes después de lo ocurrido.  Los más eficaces ‘controles’ han devenido de los medios de comunicación convencionales (la censura de sus mensajes denunciando fraude electoral sin pruebas) y medios digitales: Twitter -como en otras tantas ocasiones- amenazó con suspender permanentemente la cuenta de Donald Trump (que por el momento bloqueó por 12 horas), por supuesta incitación a la violencia, además de retirarle un video con simpatizantes y ordenó eliminar tres tuits que violaban sus normas.  Se trata de un trágico deja vú que nos retrotrae al 24 de agosto de 1814, la última ocasión en que el Capitolio (y la Casa Blanca) fueron tomadas y ardieron en llamas derivado de un ataque inglés en el marco de la guerra anglo-estadounidense. Debe tenerse en consideración que la no aceptabilidad de la derrota, y la impugnación de las elecciones presidenciales, generaron una Guerra Civil en 1860, después de que Lincoln resultara electo.  El presidente electo, Joe Biden, conceptualizó correctamente lo sucedido el día de ayer como una “insurrección”. Anoche, el Congreso de EE. UU. retomó su sesión para certificar los resultados enviados por el Colegio Electoral, donde Biden resultó abrumadoramente ganador. Se trata de un proceso meramente formal y ceremonial, que no tiene facultades de revertir los resultados, sino que, antes bien, de ‘objetarlos’, siempre y cuando la mayoría en ambas Cámaras así lo disponga -lo que se antoja aún más difícil toda vez que los demócratas tienen mayoría en la de Representantes-.

gabriel.torres.espinoza@gmail.com

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