Por Laura Gutiérrez Franco
La retórica oficial insiste en que México está en su mejor momento para captar inversión extranjera por el nearshoring, pero la realidad en las mesas de negociación y en los pasillos corporativos cuenta una historia muy distinta. Las empresas no llegan por decreto ni por discursos; llegan donde hay certidumbre jurídica, Estado de derecho y competitividad. Sin embargo, la que parece no tener el menor interés en arreglar al país es la propia Presidenta. Obsesionada con defender a capa y espada el legado de Andrés Manuel López Obrador, mantiene las prioridades nacionales invertidas: la atención está puesta en la narrativa política, mientras la economía real y las urgencias del desarrollo se quedan en el abandono.
El desperdicio millonario: Trenes y refinerías que no sirven
Para entender por qué no hay recursos ni estrategia para apuntalar la competitividad, basta ver a dónde se ha ido el dinero público. El gobierno federal ha gastado miles de millones de dólares en una bola de tonterías y caprichos faraónicos que hoy operan como monumentos al desperdicio.
Ahí están los trenes inservibles y las refinerías que no refinan; proyectos que costaron el doble o el triple de lo presupuestado y que no generan valor ni desarrollo, sino pérdidas multimillonarias que terminan pagando los contribuyentes. Mientras el dinero del país se dilapida en estas obras fallidas, la infraestructura clave —carreteras, energía limpia, agua y seguridad— carece de la inversión necesaria para albergar a las industrias del futuro. ¿Cómo pretenden atraer nuevas empresas si el presupuesto nacional se quemó en el asistencialismo electoral y en fierros viejos que no producen?
Con este lastre interno, el pasado 13 de mayo una comitiva de empresarios mexicanos —donde el empresariado jalisciense y de Occidente tuvo una representación crucial— viajó a Washington junto con el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez. El objetivo técnico era revisar sector por sector, reglas de origen y la compleja trazabilidad de aranceles de cara a las mesas formales del T-MEC que inician en julio.
Sin embargo, el optimismo chocó con pared. Mientras el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los organismos cúpula han insistido firmemente en que la prioridad innegociable debe ser mantener el arancel cero —porque es precisamente ahí donde México y sus empresas se vuelven competitivos frente a bloques como el asiático—, la postura que baja desde la Secretaría de Economía a cargo de Marcelo Ebrard ha sido restrictiva.
Ante las presiones de Washington para frenar la “puerta trasera” de insumos chinos (acero, aluminio y componentes eléctricos), la negociación mexicana ya se degradó: ya no se pelea por el libre comercio total, sino por amortiguar el golpe y negociar “el arancel menos caro”. Ebrard al parecer no puede ayudar a los mexicanos.
El gran elefante en la habitación es la falta de certeza jurídica. La inversión privada se ha enfriado porque las reglas del juego cambian a mitad del partido para complacer la agenda del sexenio pasado. Un ejemplo claro es el desaseo legislativo: apenas se aprueba una reforma de gran calado —como la reforma al Poder Judicial— y el gobierno se ve obligado a lanzar “una reforma a la reforma” o parches regulatorios de última hora para intentar frenar la estampida de capitales y matizar el golpe.
Esta constante necesidad de enmendar los propios errores legislativos evidencia el verdadero problema: la Mandataria no piensa en salvar al país ni en garantizar un Estado de derecho; su prioridad absoluta es salvar el proyecto político de AMLO. Ante esa terquedad ideológica, la certidumbre para los inversionistas simplemente no existe.
La presión laboral y el factor Rocha Moya
A la par del desastre de la política interna, el frente laboral de América del Norte viene con la espada desenvainada. Los sindicatos de Estados Unidos y Canadá exigen que se cumpla de forma estricta el pago de 16 dólares la hora a los trabajadores que fabriquen componentes esenciales en el sector automotriz dentro de la región, obligando a las plantas mexicanas a hacer frente a esta homologación para evitar el “dumping laboral”, un piso financiero dificilísimo de sostener bajo las condiciones actuales del país.
Por si fuera poco, el escándalo de Rubén Rocha Moya en Sinaloa —obligado a pedir licencia a inicios de mayo por la orden de arresto de la Corte de Distrito Sur de Nueva York— viene a entorpecerlo todo. En Washington, los asesores comerciales vinculan abiertamente el control territorial del crimen organizado en México con la vulnerabilidad del tratado. Estados Unidos utilizará la debilidad institucional de México y el caso Sinaloa como una dura moneda de cambio en la mesa del T-MEC. Si el gobierno federal se empeña en proteger la impunidad local en lugar de cooperar, el castigo vendrá por la vía de los aranceles.
Si la Presidenta quiere nuevas empresas y un nearshoring real, tiene que dejar de mirar al pasado y empezar a gobernar para el futuro. No se puede competir en el mercado más exigente del mundo con parches legales, aranceles defensivos, dinero desperdiciado en obras inservibles y un escándalo de narcopolítica estallando en el norte del país. Hay que arreglar la casa primero.
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