Opinión
El pasado 10 de agosto Mural publicó que “Crece el desfalco en Pensiones”. Se detallan casos de “peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, asociación delictuosa” entre otros delitos en que habrían incurrido funcionarios del IPEJAL que continúan impunes. Durante este gobierno no fue posible aclarar los 89 millones de dólares que se invirtieron fraudulentamente en el proyecto de desarrollo turístico de Chalacatepec. Tampoco fue posible recuperar los 340 millones de pesos ilegalmente destinados a las Villas Panamericanas. El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco fue incapaz de transparentar el destino de esos recursos, por lo cual han sido acreedores a dos denuncias ante la procuraduría por negar información pública y falsear datos. De cara al nuevo gobierno, una reforma a la ley de pensiones es de la mayor relevancia. Ipejal no debe continuar sin supervisión y controles por parte del Congreso de Jalisco. La experiencia durante el sexenio de Emilio y el actual, nos indica que la ausencia de frenos y controles ha dado cause a todo tipo de abusos, fraudes -pequeños, medianos y gigantescos- como el del “nuevo Cancún” en Chalacatepec. El dinero que los trabajadores al servicio del estado aportan para su pensión y jubilación, no debe continuar a merced de funcionarios caprichosos y corruptos. Esta falta absoluta de controles sobre el dinero destinado para las pensiones y jubilaciones de los trabajadores al servicio del Estado, permitió que IPEJAL acumule un pasivo por la inversión en Abengoa que se contabiliza en 27 millones de euros. La discrecionalidad actual con se manejan estos fondos en IPEJAL, dieron lugar a fideicomisos por más de 2 mil 400 millones de pesos, de los cuales, 604 millones corresponden con la compra de bonos de deuda a Abengoa. IPEJAL se convirtió en una caja negra, imposible de fiscalizar, donde se mueven discrecionalmente cientos de millones sin ningún control, ni mecanismo de responsabilidad pública. Se autorizan créditos fraudulentos, sin garantías de pago. Se compran propiedades a sobre precio, se invierte en proyectos inviables para favorecer a conocidos empresarios corruptos, que gustan de traficar con el poder. La agenda de la siguiente legislatura debe incluir las reformas necesarias para evitar que un organismo público, en el que se depositan los recursos de los trabajadores para garantizar su pensión y jubilación, se usen en inversiones de alto riesgo como si fuera un banco o financiera privada. Tal como ocurrió en Abengoa, donde los millones de las aportaciones de los trabajadores no se ha podido recuperar ¿Quién se hará responsable por ello?. Debe tenerse en cuenta que si este fondo entrara en insuficiencia, el gobierno de Jalisco, con el presupuesto público, tendría que garantizar el pago de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores…
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