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Gabriel Torres Espinoza*
En Jalisco, la justicia simboliza un botín que, asienten, debe quedar en manos del partido en el gobierno. Bajo esa lógica de componenda, prevalece la voluntad despótica del grupo dominante, a través de una mayoría inconmovible que tranza desde el Legislativo. Los métodos de sometimiento social se justifican bajo el argumento de que “el Congreso de Jalisco es el máximo órgano de representación jalisciense, facultado para designar los cargos públicos que constitucionalmente le fueron otorgados como Poder Público soberano” (Acuerdo Legislativo’ aprobado el martes pasado). No puede confundirse mayoría, con legalidad o idoneidad. Tampoco justificarse la aprobación de amagos y veladas amenazas, bajo la fachada de ‘Acuerdo Legislativo’, a través de una mayoría que arguye que, por serlo, le asiste el derecho al despojo, incluso al violar la Constitución, las leyes o sus propias convocatorias para designar funcionarios.

Lo ocurrido el pasado 21 de julio, con ese ‘Acuerdo Legislativo’ votado 22 días después del grotesco reparto de cargos en el Consejo de la Judicatura, visiblemente busca acallar voces, desestimar la crítica fundada y provocar la censura al interior del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Llegaron al cinismo de rememorar “tres millones, trescientos treinta y cinco mil quinientos sesenta y seis votantes”, como manifestación para reclamar el derecho al despojo sobre los cargos públicos en el Poder Judicial, para repartirlos como botín a sus ‘cuates’, mediante un pillaje basado en ‘cuotas’. Ese proceder ilegal e ilegítimo de legisladores vergonzosamente sometidos, que trasgreden sus propias normas, conduce a un deterioro mayor en el Poder Judicial. Redujeron el Consejo de la Judicatura a un apéndice palero del gobierno. Esto fue advertido públicamente -mediante carta abierta- por 140 firmas de académicos, periodistas, empresarios y el propio Comité de Participación Social.

Corrompen la separación y el equilibrio entre poderes, para colocar incondicionales en un Poder al que en este momento le urge una mayor autonomía. Se impusieron en votación, y para ello violaron la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Convocatoria que los diputados aprobaron, con las reglas que –sólo ellos- establecieron para la designación de los funcionarios que debían reunir un perfil y acreditar ciertos procesos de evaluación.

Un Congreso no es un régimen de mayorías ofuscas y anárquicas, sino un sistema deliberativo legal y de acuerdos. Son los representantes populares democráticamente electos, pero no por ello impunes para quebrantar la ley. Pero la ‘refundación’ no concibe de pluralidad, equilibrios y legalidad, sino de imposición y amagos. Justo de esa tiranía que se duelen sus legisladores federales en el Congreso de la Unión, es precisamente la que en Jalisco practican corregida y aumentada. Imaginan al Poder Judicial como un botín, y las más lucrativas funciones públicas las asignarán a sus secuaces y cómplices ¿Hasta qué punto un grupo de diputados debe amenazar el razonamiento libre de los miembros del CPS? ¿Es legítimo oponerse a un poder que viola la ley? ¡Por supuesto! Porque con este proceder representan hoy el despotismo en Jalisco.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

México Libre: divide y vencerás

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Gabriel Torres Espinoza*

México Libre, una organización creada por el ex presidente de México, Felipe Calderón (2006-2012) y Margarita Zavala, no obtuvo el registro como partido político por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) debido a que “el 8.2% de sus ingresos no tenía claro el origen”. El Consejo General del INE le negó́ a la organización el registro como partido político con una votación final fue de 7 consejeros a favor y 4 consejeros en contra, de acuerdo con los datos que compartió́ el INE a través de su Twitter oficial. “En virtud de que hay un 8.2% del ingreso en el que el INE no tiene claro su origen, decidí́ votar en contra del registro de la organización México Libre como partido político nacional”, escribió́ el Lorenzo Córdova.

La negativa de su registro aún no es definitiva: la decisión puede impugnarse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una medida que estará́ llevando a cabo México Libre, según ha anunciado Margarita Zavala. Le legalidad de la decisión del INE será revisada por un órgano jurisdiccional especializado. No obstante, todo esto retrata de cuerpo entero la escasa convicción democrática de los actores políticos principales en este episodio: cuando las decisiones de un órgano constitucional autónomo como el INE, les benefician, representan el paradigma de una institución democrática, autónoma, independiente y profesional; pero cuando las decisiones de esta misma Institución los perjudican, “al diablo con las instituciones”. El INE es el mismo que le reconoció́ a López Obrador su triunfo electoral de 2018 y el que convalidó el triunfo electoral de 2006 de Felipe Calderón. No obstante, tanto López Obrador como Felipe Calderón, cuando no se han visto favorecidos con las resoluciones de este organismo, lo desacreditan. En democracia es fundamental tanto la aceptabilidad de la derrota, como el acato de los fallos de la autoridad electoral, administrativa (INE) o jurisdiccional (TEPJF).

Por otro lado, mucho se ha dicho que esta decisión representa una malísima noticia para la Oposición. Pero tal vez sería todo lo contrario. La función de la oposición política no se encuentra reducida o circunscrita a un partido político: Kumamoto, como diputado independiente, tuvo un papel muy destacado, que llegó a sacudir al sistema de partidos a nivel estatal con su iniciativa #SinVotoNoHayDinero; y López Obrador, sin ser funcionario, fue el líder de Oposición más importante en el país por 12 años. El interés de Felipe Calderón de constituir un partido político es, antes bien, de hacerse de las prerrogativas que tiene un partido político [financiamiento, impunidad (de facto: quizá́ en el corto y mediano plazo nunca veremos a un dirigente nacional de un partido político procesado por actos de corrupción) y candidaturas] y asegurarle una mejor plataforma a Margarita Zavala para que sea candidata a la presidenta de la República. Un asunto más de interés familiar, que de incidencia en la vida política democrática. Pero no debe perderse de vista que, si México Libre logra el registro en tribunales, habrá una opción más para dividir el voto de la oposición al gobierno. Un factor que juega a favor de Morena: divide y vencerás.

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Gabriel Torres Espinoza

Pablo Lemus, ¿a dónde?

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Gabriel Torres Espinoza*

En entrevista para El Informador (11/Septiembre/2020), en el programa los ‘Sótanos del Joder’, Pablo Lemus mencionó que el Gobernador lo invitó directa y personalmente a encabezar la lista plurinominal de diputados locales por MC y coordinar la fracción parlamentaria (¿y la división de poderes?). Expresó: “eso claro que me interesa, me interesa darme a conocer en todos los municipios de Jalisco, hacer campaña en todo el estado (…) porque yo sí quiero ser gobernador (…) no me late el papel de ser diputado, pero sí me late el papel de moverme por todo Jalisco” (https://www.facebook.com/115103408384/videos/386604825659338). Pero no necesita ser diputado local para ‘moverse’ en todo el estado y construir un proyecto político estatal. López Obrador, sin ser servidor público, recorrió los 2,446 municipios del país, en al menos dos ocasiones, antes de ganar la presidencia de la República.

De acuerdo con la encuesta ‘100 alcaldes de México’, de Mitofsky, publicada el 12 de julio de 2020, Lemus Navarro ocupa el lugar número 11° como alcalde mejor evaluado del país, con una aprobación del 62.7 por ciento [el mejor evaluado, de Tampico, Tamaulipas, registra una aprobación de 70.2 por ciento]. Tal vez por su gestión, por la insistencia de marcar independencia política respecto del primer núcleo de MC, y como consecuencia, de hacer valer su derecho a disentir, el presidente municipal de Zapopan se sabe con personalidad propia y activos políticos suficientes para presentarse como candidato competitivo a un cargo de elección popular. Pero, ¿cuál?  

En mayo de 2019, Lemus terminó su relación institucional con Indatcom, por lo que él calificó como ‘errores sistemáticos y dolosos’ en que incurría esta empresa al administrar las redes sociales de Zapopan. En julio de 2019, rechazó públicamente la propuesta inicial de la Policía Metropolitana, y se opuso también a destinarle “recursos humanos, financieros y administrativos”. Durante el tercer trimestre de 2019, se negó sistemáticamente otorgar los permisos de habitabilidad para la venta de las Villas Panamericanas, y se comprometió a que mientras él sea presidente, no se autorizarán esos permisos.

Son, precisamente los legisladores, los servidores públicos peor evaluados del país en términos de confianza (INEGI, ENCIG: 2020). De forma que, ir al Congreso, y asumir una disciplina espartana (como ahora ocurre), no parece ser una acertada fórmula para cultivar el capital político derivado de su gestión como presidente.

Para el Poder Ejecutivo, las decisiones en el Legislativo son de mayor relevancia que las que ocurrieron en un municipio metropolitano. Ahí se crean, reforman y abrogan leyes para todos los jaliscienses. Se aprueba presupuesto, cuentas públicas y se designan cargos para el poder Judicial, para los órganos constitucionalmente autónomos, entre otras cosas. Si como coordinador de diputados, Lemus ejerciera la misma autonomía política que en Zapopan, con su estilo de diferir, podría terminar en un abierto enfrentamiento y aislado del resto de los legisladores de MC. Por el contrario, si fuese un legislador disciplinado (gris), su futuro dependería del primer círculo del gobernador, al que no pertenece, y en el que no conserva aliados. Tómalo o déjalo, el “dilema de Hobson”.

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Gabriel Torres Espinoza

20 años, para la línea 3 del tren

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Gabriel Torres Espinoza*

El sábado pasado fue inaugurada y puesta en operaciones la Línea 3 del Tren Ligero. Se trata una obra muy relevante para la ZMG: la Línea 1 y la Línea 2 representaban una extensión en conjunto de 24 kilómetros. Ahora, con la Línea 3, se suman 21.5 kilómetros más de vía a la red de Tren Eléctrico en la metrópoli. Habría que recordar que, desde 1994, quedó suspendido el proyecto que, en 1989, presentó el entonces gobernador de la entidad, don Guillermo Cosío Vidaurri, que consistía en la necesidad de construir en ese momento 4 Líneas de Tren con una red que se extendería en un total de 85 kilómetros dentro de la Ciudad.

El rezago que en materia de Tren Eléctrico registra la metrópoli se ejemplifica de mejor manera si nos comparamos con la Ciudad de México que, con una población de 8.8 millones de habitantes, actualmente cuenta con 12 Líneas de Metro; mientras que Jalisco, con una población de 8.2 millones de habitantes, cuenta con apenas tres Líneas de Tren Ligero. De tal suerte, mientras que la red del metro de la Ciudad de México es de 226.4 kilómetros; la de Jalisco es de apenas 45.5 kilómetros: es decir, nuestra red apenas representa una quinta parte (20%) de la existente en la CDMX.

Alberto Cárdenas, con un presidente de extracción priista, no construyó un solo metro de Tren Ligero. Lo mismo puede decirse de Ramírez Acuña, que no le apostó a un proyecto de movilidad colectivo-masivo a la ciudad, teniendo en la Federación a un presidente emanado de su mismo partido (Fox). Por otro lado, Emilio González Márquez, aunque rechazó sistemáticamente la construcción de otra línea de Tren Ligero en la urbe, apenas pudo gestionar ante el entonces primer mandatario, Felipe Calderón, un Macrobús plagado de irregularidades e inconsistencias que sólo denotaban corrupción. El otrora gobernador, Aristóteles Sandoval, hizo de la Línea 3 del Tren Ligero, una de sus principales promesas de campaña como alcalde de Guadalajara y como Gobernador, y el escenario político (2012-2018) facilitó la tercera Línea teniendo como Jefe del Ejecutivo a Peña Nieto.

Fue al Gobernador Enrique Alfaro, a quien correspondió finalizar la obra: cinco mil millones de pesos más para la retardada e inconclusa Línea 3 del Tren Ligero. Durante la inauguración, del fin de semana pasado, el Jefe del Estado Mexicano se comprometió para la inversión en 2021, de la Línea 4 del Tren Ligero –que no se encontraba contemplada en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año–, y que se espera para 2024. Todo esto se ha afianzado en un contexto de gobiernos yuxtapuestos entre la Federación y el Gobierno estatal, al ser emanados de diversos partidos, aunado a los severos recortes presupuestales que padecerá todo el país derivado del choque económico de la pandemia.

Inexplicablemente Jalisco dejó décadas sin desarrollar en un servicio de transporte público efectivo como el Tren. Uno que es seguro, confiable y tecnológicamente limpio. Un sistema de transporte que sí satisface las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los usuarios, como se advierte en las principales ciudades del mundo. Mientras tanto, la ‘solución barata’ pretendió mitigar la demanda de transporte de calidad, con el horrendo ‘Macrobús’.

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