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Gabriel Torres Espinoza* 

El dilema entre “salvar vidas” o “salvar la economía”resulta un falso debate.
En una pandemia, si no se actúa para salvar vidas, la economía colapsa por la cantidad de enfermos, de saturación de hospitales y de caos social que puede ocasionar la ausencia de autoridad para proteger el principal bien que debe salvaguardar el Estado: la integridad física de sus habitantes. Antes bien, las medidas de contención sanitaria son necesarias para proteger la economíajustamente.

Sin vida no hay economía, PIB, inflación, exportaciones ni mercado. Para que funcione la economía es necesaria una fuerza de trabajo y de producción, que enferma o muriendo en medio de una pandemia, termina por desencadenar caos social, malestar extremo, saqueos e inactividad.

Efectivamente, Jalisco no tiene una pandemia desbordada. Hoy no es así porque la tasa de contagios del Covid-19 se ubica entre los últimos tres lugares. Esto derivado de una eficaz y responsable estrategia de respuesta, a pesar de contar con: 1) una población urbana que asciende al 87 por ciento; 2) la segunda zona metropolitana (de Guadalajara) más grande en términos poblacionales en México [sólo superada por la del Valle de México]; y 3) uno de los cuatro estados con mayor número de migrantes en los Estados Unidos –epicentro actual de la pandemia–. 

Pero por sentido común, no se debe reiniciar actividades justamente en el momento en que ocurre el mayor crecimiento de contagios. Eso ya lo advirtieron los expertos, que dejaron de ser escuchados por la autoridad. Pero en efecto existe una presión social de quienes calculan a corto plazo, aunque los costos incluso económicos, sean mayores a mediano y largo plazo (nuevas medidas de confinamiento y cientos o miles de muertos más)Desde el 18 de mayo, Jalisco aumentó su movilidad social, y con ello, una aceleración en los contagios por Covid-19. Del 18 de mayo a hoy, los datos indican que esa fase cero, que cada quien entendió como le dio la gana, llevó a un relajamiento casi generalizado de las medidas de aislamiento y al reinicio, con o sin autorización, de muchas empresas y actividades. Un costo que pagarán, incluso con su vida, aproximadamente 10 de cada 100 enfermos de Covid, por la elevada tasa de letalidad.

La situación privilegiada de Jalisco se explica debido a las estrategias que el gobierno estatal adoptó, para proteger las vidas y con ello la economía de los jaliscienses. De forma que fuimos la primera entidad de la República en suspender clases, eventos masivos, actividades económicas no esenciales y llamar al resguardo domiciliario. También, la primera entidad en implementar una cuarentena generalizada obligatoria, y una de las primeras en exigir el uso del cubrebocas en la vía pública. Esa acción coordinada y razonada en Jaliscole coloca como una de las entidades que mejor ha aplanado la curva de contagios. Incluso, la calificación del gobernador de Jalisco creció entre 15 y 20 puntos porcentuales (hasta raja política dio)Pero nada bueno es para siempre. La sensibilidad duró pocoHoy sereinicia, ‘gradualmente’. Sólo hay que observar hoy las calles, bares, tiendas para entender que lo gradual incitó una avalancha desbordada de confusión, deliberada simulación o autoengaño.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

En justicia, el semáforo es rojo

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Gabriel Torres Espinoza*

En materia de procuración e impartición de la justicia, en Jalisco el semáforo marca rojo. El Índice de Estado de Derecho en México 2018  realizado por el World Justice Project (WJP) mide el Estado de Derecho por medio de ocho variables: 1) límites al poder gubernamental; 2) ausencia de corrupción; 3) gobierno abierto; 4) derechos fundamentales; 5) orden y seguridad; 6) cumplimiento regulatorio; 7) justicia civil; 8) justicia penal. Este ranking coloca a Jalisco en la posición 23 del tablero nacional. Ahora bien, el Índice de Impunidad Subnacional en México 2018, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), advierte que Jalisco tiene un “grado de impunidad alto”, ubicándose en el lugar N° 13 del tablero nacional. Los indicadores se clasifican en grados de impunidad “bajo”, “medio”, “alto” y “muy alto”.

Efectivamente, una de las asignaturas pendientes en México, y en el estado Jalisco, en materia de reformas constitucionales, es la correspondiente a la procuración e impartición de justicia. Especialmente en las prácticas de los actores políticos. Sin embargo, aunque se realizara una reforma constitucional, de esas que los entusiastas del diseño institucional llaman como “estructurales” o “de gran calado”, de nada serviría, con la paupérrima y raquítica calidad de los perfiles que integran el Poder Judicial y la Fiscalía. Especialmente hoy que se devela que, a pesar de las reformas, la designación de los integrantes del Poder Judicial sostiene un grotesco reparto de ‘cuates y cuotas’, pero sin perfiles profesionales idóneos. Lo de menos sería que fueran los ‘cuates’ de los diputados, si por lo menos se asegurara un adecuado perfil y trayectoria. Debido a ello, es que el mismo Congreso, tuvo que violar la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y su propia convocatoria, para regresar al ‘sistema de complicidades’, que atiende la nociva lógica de gente ‘incondicional’, pero sin perfil calificado.

Para ejemplos están los paradigmáticos casos de Armando García Estrada y Alberto Barba, otrora integrantes “suertudotes” del TAE, y que con el “reformón” efectista, de auténtico “relumbrón”, que dio lugar al Sistema Anticorrupción, pasaron a integrar el Tribunal de Justicia Administrativa: un Tribunal con un papel protagónico para combatir la corrupción de la vida pública en Jalisco, en manos de los más cuestionados y principales “enemigos públicos” de la metrópoli. Igualmente, emblemático resultó el caso de Vega Pámanes, que llegó a titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

El caso de la reciente designación y nombramiento de los consejeros de la judicatura, es la “cereza del pastel” en el cinismo que envuelve a la impartición de la justicia en Jalisco: el órgano interno de control del Poder Judicial, esto es, el Consejo de Judicatura, está conformado ahora precisamente por quienes violentaron una convocatoria y el método de elección previsto en la Constitución. Mientras esto no cambie, no habrá #ReformaQueSirva (así como las consignas de #FiscalíaQueSirva). En todo caso, pasarán a sumarse a la larga lista de reformas ‘gatopardistas’: de esas que todo cambian en la norma, para que la normalidad siga siendo la misma.

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Gabriel Torres Espinoza

La deuda pública ¿bien aplicada?

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Gabriel Torres Espinoza*

La reforma al Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco 2020, aprobada por el Congreso del Estado el 22 de mayo, contempló modificaciones al gasto público por un monto de tres mil 520 millones de pesos. Estos cambios tendrían como destino la partida presupuestal 4418, denominada “Ayuda para erogaciones imprevistas (Pandemia Covid-19)”.

De acuerdo al portal web oficial del Gobierno del Estado de Jalisco, Transparencia Focalizada Covid-19, a la fecha ya han sido asignados tres mil 491 millones 087 mil 001 pesos para la atención de la pandemia (¿?), de los tres mil 520 millones de pesos reasignados para ello. Es decir, ya se encuentra comprometido el 99.17% del monto reasignado en el Presupuesto de Egresos 2020 para la gestión de la pandemia. Únicamente quedan por ejercer 28 millones 912 mil 999 pesos (nada) para la atención del coronavirus en Jalisco, justo cuando la curva epidemiológica se encuentra en su ‘pico’ más alto. No se trata de una apreciación subjetiva. El propio Gobierno del Estado, a través de su comunicación institucional en redes sociales, reconoce que “viene lo peor”. El director general de la OMS, señala que la pandemia “no está ni cerca de terminar”. La Universidad Johns Hopkins advierte que la fecha estimada de ‘pico’ en México será en agosto.

Un grupo de científicos tanto del CIDRAP, de la Universidad de Minnesota, como de la Escuela de Salud Pública TH Chan, de la Universidad de Harvard, predicen que son tres los escenarios probables en cuanto a la forma gráfica que tendrán las ‘olas’ epidemiológicas del SARS-CoV-2 en el Mundo: Escenario 1. Una primera ‘ola’ pronunciada que podría colapsar el sistema de salud en algunos países, seguido de ‘olas’ más pequeñas hasta el 2022. Escenario 2. Advierte una primera ‘ola’ considerable, seguida de una segunda ‘ola’ de mucha mayor magnitud en el otoño-invierno de 2020, y ‘olas’ más pequeñas hasta 2022. Escenario 3. Advierte un número indeterminado de ‘olas’ y rebrotes epidemiológicos, que son cíclicos y de igual magnitud, hasta 2022. Como quiera que sea, todo lo anterior indica que, en efecto, lo peor está aún por venir.

De forma que, ¿cuántos recursos públicos harán falta para amortiguar el impacto de una pandemia que advierte un largo y sombrío derrotero? Un gobierno estatal con un alto nivel de endeudamiento –utilizado para financiar proyectos insustanciales–, y con un eventual déficit fiscal, complica aún más el cruento panorama sanitario que se avecina.

Los seis mil 200 millones de pesos del endeudamiento que tendrán como destino el “Plan de Inversión Pública Productiva Integral para la Reactivación Económica del Estado, durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021” [nótese que el plan de endeudamiento es únicamente para contener el impacto económico con obras, en su mayoría prescindibles; no para ampliar sustancialmente la infraestructura de Salud], apenas erogará 384 millones 600 mil pesos en “infraestructura para prestación de servicios de atención médica”. Esto es, ¡apenas el 6.2% del monto del endeudamiento autorizado! Los cinco mil 815 millones 400 mil pesos restantes tendrán un destino que NO corresponde a una desafiante realidad: Enfrentar los desafíos de un enorme problema de salud pública. El mayor de los últimos 100 años.

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Gabriel Torres Espinoza

La otra epidemia; Jalisco, a dos fuegos

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Gabriel Torres Espinoza*

De la Semana Epidemiológica (SE) 21 a la 25 de 2020 (la semana pasada), Jalisco avanzó en la epidemia de Dengue, con un ritmo de nuevos casos confirmados incluso superior a Veracruz, que hoy por hoy reporta el primer lugar nacional. Durante las últimas tres semanas, aquí se detectaron más casos nuevos confirmados que en Veracruz: 61,105,78, 128 y 88, respectivamente, durante las SE 21 a la 25. De forma que, de seguir esta tendencia, se puede esperar que nuestro estado llegue al primer sitio en casos confirmados a nivel nacional. La semana pasada alcanzamos la cifra de 789 casos confirmados, lo que representa ya un incremento de 160% con respecto al 2019.

El dato más delicado, respecto de ‘la otra epidemia’, es que el Dengue Grave creció 281 por ciento, respecto del año anterior (2019), durante esta misma fecha. El Dengue con signos de alarma ha aumentado en 2020, 76 por ciento respecto de 2019; y el dengue no grave 171 por ciento. Bajo este crecimiento en casos de Dengue, el mes de agosto se perfila a ser el inicio de una curva exponencial, que el año pasado ocurrió hasta el mes de octubre. Es decir, en el año 2020 la crisis llegará dos meses antes, lo que coincidiría, peligrosamente, con el volumen de casos activos de Covid-19.

Tener en cuenta el crecimiento que indica en 2020 el Dengue, resulta de la mayor relevancia si observamos los datos con que cerró el año pasado (2019) esta epidemia en Jalisco: 1) El mayor número de ‘casos confirmados’ de dengue, con 8 mil 270. 2) La mayor tasa de incidencia en ‘casos confirmados’, con 99.86 casos por cada 100 mil habitantes. 3) La suma más alta de ‘casos probables’ de dengue, con 66 mil 812. y 4) La mayor cantidad de ‘casos estimados’ de dengue, con 44 mil 146, colocándose dentro del ‘top 10’ de entidades federativas con mayor número de casos de dengue en la República Mexicana, al 2 de noviembre de 2019. 5) El estado con el mayor número de ‘defunciones confirmadas por dengue’, con 24 muertes registradas ‘oficialmente’; mientras que Veracruz registró 23. 6) La mayor cifra de ‘defunciones en estudio’, hasta la Semana Epidemiológica 44, con 94 casos; es decir, 10 más con relación a los que se observaron hasta la Semana Epidemiológica 43 [con corte al 26 de octubre], donde el número ascendía a 84. 7) El mayor número de casos de ‘defunciones en estudio’ por dengue, con una total de 10; mientras que Veracruz tres defunciones (durante la Semana Epidemiológica 44).

Otro apunte relevante es el 85 por ciento de los casos confirmados en 2020, ahora corresponden a las jurisdicciones sanitarias de: VI Ciudad Guzmán, XII Tlaquepaque, IV La Barca, VIII Puerto Vallarta y V Tamazula. Es para considerarse, puesto que el año pasado (2019) se emitió un ‘aviso epidemiológico’ en Jalisco (un vil invento para no asumir la Alerta Epidemiológica), que se circunscribió al Área Metropolitana de Guadalajara. Pero los cuatro municipios jaliscienses con mayor número de casos confirmados de dengue no grave por cada 100 mil habitantes, se reportaron ¡fuera de la jurisdicción de este ‘aviso epidemiológico’! Sociedad y gobierno (y especialmente el Secretario de Salud) acusan aprender muy poco con respecto a esta enfermedad, después de la crisis que vivió Jalisco en 2019 y que ahora evoluciona peor.

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