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Tiempo Nuevo.

Por Salvador Guerrero Chiprés

Las economías colaborativas han transformado el mundo de los negocios porque ofrecen un crecimiento exponencial en ventas y rentabilidad. Son disruptivas y para algunas empresas tradicionales se presentan como un desafío al que es difícil responder porque implican una gran cantidad de agilidad, eficiencia en costos y especialización.

¿Quién hubiera pensado, por ejemplo, que cualquiera podría convertir una habitación de su casa en un destino atractivo para los turistas?  La tecnología habilita cambios que hace poco parecían imposibles.

Uber es uno de los casos más exitosos, con su buena dosis de creatividad y sistemas lograron resolver una combinación de dos preocupaciones centrales para cualquier persona: la movilidad y la seguridad.

Hoy son el principal operador de servicio de taxis por aplicación en México, tienen 250 mil socios conductores. En el Consejo Ciudadano pensamos en esta idea: seguridad colaborativa, que se extiende más allá del convenio que firmamos ayer con Uber.

¿Qué podría ser más poderoso que una red ciudadana activa, perceptiva y participativa?

En el caso de Uber, el acuerdo incluye como uno de sus ejes principales la prevención de Trata de Personas. Cada uno de esos 250 mil conductores que trasladan a más de ocho millones de usuarios por nuestro territorio puede ser un agente de cambio, de eso estamos convencidos.

Seguridad colaborativa quiere decir que todos ponemos nuestra visión y conciencia al servicio de todos, a favor de la cultura de la denuncia. Un nuevo contrato social.

En el caso de Uber, aunque apenas se formalizó la colaboración, ya hay casos de éxito en los cuales la información que han dado los conductores ha resultado de gran utilidad para la identificación de la dinámica del delito en lo que respecta a rutas lugares, perfil de las víctimas y transporte.

De hecho, gracias a la colaboración de los conductores, quienes han sido capacitados para identificar señales de Trata, se logró salvar a tres mujeres en el estado de Morelos, específicamente en el municipio de Cuautla que eran explotadas sexualmente.

No callarse, denunciar, dejar atrás la indiferencia y colaborar es parte de esta noción de seguridad colaborativa que trasciende vínculos institucionales.

Es posible pensar en que ese empoderamiento ciudadano coincida con los datos que demuestran el avance en una estrategia integral de seguridad que, en particular en la Ciudad de México, empieza a demostrar tendencias contundentes a la baja en delitos de alto impacto y baja cifra negra.

Dos ejemplos son homicidio doloso que disminuyó, en comparación de agosto contra diciembre del año pasado, en 34% y robo de vehículo con y sin violencia, respectivamente, los cuales registraron disminuciones de 28 y 25%. En el otro extremo, la extorsión, lamentablemente, creció 34% mientras que el robo a casa habitación con violencia y el robo a pasajeros a bordo de taxi presentaron aumentos, respectivamente de 12 y 23%.

Con todo, de 21 delitos de alto impacto, seis registran deterioro, doce mejoras y el resto permanece estable. Frente al punto de partida de la actual administración. En la capital nacional, la situación de inseguridad ha disminuido sin que dejen de existir evidentes desafíos que incluyen la experiencia material de la carencia relativa de seguridad y una percepción que es aun negativa.

Los esquemas posibles, particularmente referidos a la presencia policial, uso creciente de inteligencia investigaría y operación, así como cooperación y colaboración interinstitucional y ciudadana abren la posibilidad para una mejora generalizada que, si se mantiene este ritmo de trabajo y se le profundiza, se perciban mejor en seis meses más.

 

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Gobierno

Los incorruptibles

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Tiempo Nuevo:

Salvador Guerrero Chiprés
El esfuerzo de acreditadas organizaciones empresariales, de la sociedad civil y con el empuje del nuevo Gobierno en su declarado compromiso verificable respecto de la corrupción, hacen probable un avance histórico.
La autopercepción de amplios segmentos sociales, inclinados a creer que la corrupción es parte de la naturaleza latinoamericana y mexicana en particular, en contraste con los países anglosajones de la OCDE, es una variable vigente. La realidad de la descomposición estructural desde las instituciones y desde algunas empresas, la cual alcanzó un pico notorio en la administración federal previa, es otra.
La más importante, diferenciadora de la pasada administración, es la voluntad del Gobierno federal, concretado en una disposición de sanción. Un aspecto fundamental en el combate a la corrupción es la denuncia.
Sin embargo, 82.6% de la población a nivel nacional que sufrió algún acto de corrupción no denunció el delito, según datos del INEGI de 2017.
La misma encuesta revela que los principales motivos de la población para no denunciar los actos de corrupción se relacionan con la falta de confianza en las autoridades para atender el caso.
Nada nuevo hasta ahí. Pero cuando vemos los datos de Transparencia Internacional, encontramos que en México una de cada dos personas dieron un soborno en los últimos 12 meses. En otras palabras, hay una especie de muletilla retórica entre la ciudadanía que consiste en señalar o culpar al Gobierno de todos los males.
Hay que decirlo claramente: si la corrupción habitara solo de lado oficial de la ventanilla de cualquier trámite, ¿dónde está el uno de cada dos que ha dado un soborno?
La corrupción en trámites vehiculares, de educación pública, registro civil o de contacto con autoridades de seguridad es de siete mil millones de pesos. Este grave problema parece pequeño cuando la “mordida” es de cien pesos, pero se vuelve enorme al suceder cada día, cada hora, todo el tiempo.
En ese sentido, la visión y oportunidad con la cual Salvador Villalobos, presidente del Consejo de la Comunicación, convocó al foro por el Día Internacional Contra la Corrupción resulta de gran aporte.
Los ponentes no fueron solo teóricos de la transparencia, estuvieron presentes los protagonistas de la que el presidente López Obrador ha consolidado como su causa y legado: el fin de la corrupción.
Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, compartieron cómo han conseguido el bloqueo de mil 415 millones de pesos vinculados con presuntos actos de corrupción, lo cual involucra a 178 personas físicas y morales.
Desde lo público el compromiso es evidente a un grado que nunca antes se había presentado en nuestro país. La potencia se dará cuando cada uno de los ciudadanos replique ese principio en el que es motivo de orgullo ser incorruptible por encima de la falta de tiempo, la flojera o la facilidad del atajo que tanto nos daña.
@guerrerochipres

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Gabriel Torres Espinoza

Declararlos, ¿terroristas?

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Gabriel Torres Espinoza
Básicamente se trata de disponer de más poderes y recursos para atacar a los grupos criminales de México. El Departamento de Estado define una organización terrorista internacional, como una organización extranjera que comete “actos de terrorismo” y amenaza la seguridad de ciudadanosestadounidenses o la seguridad nacional de Estados Unidos. Por lo tanto, se eleva la prioridad del combate a estos grupos en la agenda internacional. 
El Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio se facultan para imponer sanciones económicas y comerciales a entidades públicas y privadas que colaboren, en todo el mundo, con grupos considerados como ‘terroristas’. Se ataca el sustento financiero de los grupos ‘terroristas’, mediante acciones extremas.
Son golpes al centro del poder económico de los grupos delincuenciales, mismos que no son recurribles. Esto llevaría al Departamento del Tesoro estadounidense a investigar a la banca privada y el gobierno mexicano, y sus relaciones directas o indirectas con todos los cárteles de la droga en México en materia de lavado de dinero. Ahora bien, ¿qué proceso debe seguir EEUU para ello? Las organizaciones terroristas extranjeras son designadas por el Secretario de Estado como ‘terroristas’, de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Organizaciones clasificadas de esta forma por el gobierno de Estados Unidos son el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Al Qaeda. La Oficina de Contraterrorismo monitorea las actividades de los grupos delictivos activos en todo el mundo para identificar posibles objetivos para su designación. Los criterios legales son que el grupo delictivo sea una organización extranjera, participe en actividades terroristas o tenga la intención de hacerlo y estas acciones representen una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, de acuerdo con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Las principales repercusiones al ser considerado como organización ‘terrorista’, son económicas. A partir de que se considera a una banda ‘terrorista’, se vuelve ilegal para cualquier persona proporcionar apoyo o recursos materiales a la agrupación. El apoyo o recursos materiales se definen como cualquier propiedad tangible o intangible, servicio, instrumentos monetarios, alojamiento, capacitación, asesoramiento o asistencia de expertos, documentación o identificación falsa, equipo de comunicaciones, instalaciones, armas, explosivos, personal y transporte. En síntesis. La declaratoria de ‘terroristas’ entraña que Estados Unidos utilizaría TODOS sus recursos para enfrentar y combatir a la organización ‘terrorista’; es decir, que alinearía sus agencias de inteligencia e investigación: Agencia de Inteligencia de Defensa; Agencia de Seguridad Nacional; el Pentágono; Oficina Nacional de Reconocimiento; Agencia de Reconocimiento, Vigilancia e Inteligencia de la Fuerza Aérea; y, la Agencia Central de Inteligencia; Departamento de Seguridad Nacional; Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigación: FBI.

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Gabriel Torres Espinoza

Gestión de Contenidos 4.0

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La Inteligencia Artificial forma parte de nuestra cotidianeidad. No es en absoluto un asunto de discusión propio de futurólogos o predictólogos. Por el contrario, sus más distintivos prodigios de la IA nos asisten la vida diaria: el reconocimiento inteligente de imágenes, es ya una realidad ordinaria en nuestros dispositivos móviles a través del desbloqueo facial’ instantáneo; el recuadro amarillo que aparece en una selfie’ es un ejemplo elocuente de ella, para focalizar y dotar de luz y contrastes un punto en particular de la imagen; la sugerencia de contenidos audiovisuales basados en nuestros hábitos de consumo en las plataformas Over The Top [Netflix, p.ej.], supuso un salto cuántico’ en la visualización de contenidos a partir de la IA. Todos los ejemplos anteriores, nos permiten concluir que la IA no sólo definirá el panorama digital de días venideros, sino que moldea ya nuestro presente.

El uso de potentes algoritmos basados el Big Data, ahora permiten a las más importantes Casas Productoras de Contenidos calcular la predictibilidad del éxito que habrá de tener con solo leer’ el guion. Al respecto, es importante señalar que el gigante de streaming, Netflix, antes de producir su famosa serie House of Cards, hizo uso de un algoritmo que informó a los productores cuál debía ser la cantidad ideal de capítulos de ésta y la duracióperfecta’ que debería tener cada uno. 

Por otro lado, en un contexto comunicacional determinado por la inmediatez de la información, los medios se han visto obligados a utilizar poderosos algoritmos para hacer frente a esta compleja y desafiante realidad, a efectos de redactar noticias a una velocidad inusitada, para permitir que el talento creativo periodístico se dedique al análisis crítico y comparado de la noticia. Como botón de muestra de este paradigma, vale la pena hacer cita del prestigioso diario francés Le Monde, que utilizó su algoritmo Syllabs’ para generar 150 mil notas periodísticas relacionadas con las pasadas elecciones locales del país galo.

Por si lo anterior fuera poco, la IA ha empezado a irrumpir en la política y en las democracias modernas. En 2018, el robot Michito Matsuda’ quedó en tercer lugar en la contienda por la alcaldía de la Ciudad de Tama, en Japón. Sus propuestas estaban basadas en su capacidad de analizar grandes cantidades de datos para hacer políticas públicas más eficientes y ser absolutamente incorruptible, lo que supone, sin lugar a dudas, una enorme ventaja frente a los candidatos humanos. Conviene preguntarse ¿Qué incursión y repercusión tendrá en las democracias, a la luz de que la paradigmática robot humanoide Sophia’ se ha convertido en la primer robot del Planeta con ciudadanía, otorgada en Arabia Saudita, país que irónicamente le concedió más derechos a un robot que a sus mujeres humanas?

Desde luego, la IA no ha estado exenta de acalorados debates con relación al contenido ético que debe asistirle, a efectos de maximizar sus beneficios y erradicar sus riesgos, estableciéndose en su aplicabilidad no robotizada, pero sí automatizada basada en algoritmos, los principios de justicia, no discriminación, garantía de igualdad, responsabilidad, transparencia y ética

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