Por Carlos Ramírez
Las evaluaciones sobre los dos primeros años de existencia de la Guardia Nacional cruzaron información con los resultados de las estadísticas de inseguridad y violencia. La deducción, como es obvio, llevó a la lectura de que existe una estructura de seguridad nueva y fuerte, pero con efectos nulos en la realidad por el crecimiento de las cifras criminales.
Pero el problema no radica en la Guardia Nacional, sino que este organismo fue creado al margen de la estrategia de construcción de la paz basada en el fin de la persecución de capos y cárteles y en la disminución de las tensiones de violencia institucional. Por ello, puede decirse que no existe una correlación estricta entre el cuerpo de seguridad y las cifras de la inseguridad.
La Guardia Nacional fue una propuesta mayor del Gobierno del presidente López Obrador para terminar con el lastre arrastrado desde 1999 por la entonces Policía Federal y después Policía Federal preventiva.
El tema se localiza en el enfoque de Estado respecto a las inseguridad: los cuerpos policiacos trabajan en el ámbito de la seguridad pública, es decir, el territorio que tiene que ver con el patrimonio individual de las personas; sin embargo, el contexto general de la Guardia estuvo determinado por la existencia no solo de una crisis de seguridad pública, sino que había escalado el nivel para localizarse en el territorio de lo que se conoce de manera formal en las doctrinas de defensa como seguridad interior, es decir, cuando los afectados por la inseguridad no son el patrimonio ni las personas, sino las estructuras del Estado y del gobierno que habrían sido capturadas por las bandas criminales y puestas al servicio de sus intereses delictivos.
Ahí se localiza la diferencia entre la Guardia y la policía. De no existir un cuerpo especializado, la crisis de la seguridad interior habría obligado al uso directo de las fuerzas armadas encargadas por ley de la seguridad nacional, es decir la defensa de los intereses del Estado y de la sociedad y no sólo del patrimonio de las personas.
La estrategia de construcción de la paz, como complemento de la Guardia, se basó en la argumentación gubernamental de que el modelo de guerra y persecución contra capos y cárteles había generado las crecientes cifras de inseguridad y violencia y no había resuelto el problema de la estabilidad social para el desarrollo y el bienestar. Al retirar a las fuerzas de seguridad de la confrontación directa del Gobierno con las bandas delictivas, se esperaba una disminución de la violencia, en tanto que la guerra había enfrentado al gobierno con los delincuentes, a los delincuentes entre sí y a una disputa territorial para la consolidación de carteles sedentarios.
Esta estrategia de paz habría supuesto cuando menos una negociación entre el gobierno y las bandas criminales, pero no existen datos ni evidencias de que haya ocurrido, salvo algunas insinuaciones en declaraciones públicas que no alcanzaron a consolidarse cómo parte del modelo de construcción de la paz.
A dos años de distancia, la Guardia Nacional aparece como una estructura de seguridad sólidamente formada, con marco jurídico coherente y sobre todo con plazos de existencia por resultados; del lado contrario, en ese mismo periodo la sociedad asistió a tres respuestas del crimen organizado que no se ajustaron al planteamiento original: la reorganización de los mercados competitivos, la competencia por territorios y rutas y la exhibición de fuerza por parte de uno de ellos –el Cártel Jalisco Nueva Generación–.
Como se ha visto en los últimos meses, la Guardia Nacional ha sido contenida en su acción operativa de vigilancia, persecución y confrontación de organizaciones criminales para evitar las guerras callejeras; sin embargo, en varias zonas de la república, los cárteles han entrado en situación de guerra contra otros para buscar el control y el dominio de los mercados.
Lo que refleja la actual fase de violencia criminal y el crecimiento de los homicidios dolosos no es la ineficacia de la Guardia, sino la falta de consolidación de los supuestos acuerdos de construcción de la paz. Los presupuestos federales han hecho énfasis en apoyos a sectores sociales rurales afectados por la pobreza para alejarlos de las relaciones con los cárteles, pero no ha sido suficiente para crear condiciones de bienestar. A los subsidios directos le hacen falta proyectos de desarrollo concretos, nuevas empresas con mayor intensidad de mano de obra y estructuras de inteligencia en seguridad para detectar y desarticular a bandas criminales sin necesidad de confrontarlos a balazos.
En términos de organización, la Guardia Nacional aparece hoy como una estructura madura y consolidada para combatir la inseguridad pública y para apoyar otras iniciativas de seguridad interior para recuperar porciones territoriales, políticas y administrativas del Estado que han sido ocupadas por el crimen organizado.
Y lo que falta aparece muy claro: una reevaluación del modelo de construcción de la paz a partir de las cifras de incremento de la violencia para las correcciones necesarias y para evitar que el crimen organizado siga consolidándose en forma territorial.
Ley de la Omertá
Una intensa lucha de fuerzas ha comenzado a darse entre las estructuras de seguridad y política exterior de Estados Unidos y México en torno a la estrategia de seguridad mexicana para obligarla a disminuir la actividad de las bandas del crimen organizado trasnacional y sobre todo frenar el flujo del fentanilo como la droga criminal más devastadora en EU.
Mientras el Congreso estadounidense va a chantajear a México con fondos de apoyo a seguridad a cambio de regresar a la guerra contra los cárteles, la DEA llegó a un punto inicial de acuerdos con la cancillería y la Secretaría mexicana de Seguridad, a fin de regular uno de los temas que le urgía a México: el intercambio de información y tecnología.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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@carlosramirezh
