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Por Carlos Ramírez*

A pesar de las evidencias mostradas, los analistas de la geopolítica no alcanzaron a dimensionar el debate en las propuestas de seguridad nacional de Donald Trump y de Joe Biden. El primero ajustó la seguridad nacional a las exigencias internas, inclusive desdeñando el problema del terrorismo religioso, en tanto que el segundo siempre dejó claro el regreso de los EE. UU. al imperio conocido de dominación mundial.

México puede ser un caso de análisis. Con Trump hubo muchas presiones geopolíticas y de seguridad nacional, pero todas ellas ajustadas a temas precisos que tenían repercusiones internas: narcotráfico, terrorismo, migración y alianzas no controladas. En cambio, Biden viene de regreso al viejo y conocido modelo del Departamento de Estado y el colonialismo ideológico que lo mismo derrocó gobiernos como el de Salvador Allende en Chile que invadió a Irak para asumir el control del petróleo árabe.

El problema de México y de países europeos fue dimensionar a Trump en función de sus desplantes personales agresivos, groseros, vulgares y de su racismo violento, pero sin pasarlo por el tamiz de las explicaciones racionales: Trump buscó reconstruir el espíritu imperial estadunidense dentro de los EE. UU. y no en función de su papel como policía mundial. Por ello recortó gasto en la OTAN y obligó a los países europeos a financiar su propia defensa, sobre todo porque ese organismo nació como instrumento de la guerra fría contra el comunismo soviético y hoy el enemigo de la estabilidad mundial es el terrorismo que no fija campos físicos de batalla.

En este sentido, la geopolítica de Biden debe analizarse en función de la carta pública de septiembre pasado en la que casi quinientos funcionarios y exfuncionarios de la comunidad de inteligencia y seguridad nacional de los EE. UU. criticaban a Trump y pedían el voto por Biden, porque demócrata iba a resolver el principal problema internacional del trumpismo: en el exterior “ya no nos temen”. Y una de las primeras frases de Biden al conocer las cifras que le adelantaban la victoria también fue de definición estrategia: “estamos de regreso al juego”.

El modelo de seguridad nacional de Biden es el mismo de los gobiernos estadunidenses en su fase imperialista de expansión ideológica y de dominio geopolítico: el poder económico, militar y de estabilidad, los argumentos que sirvieron para meterse en Corea y Vietnam, para atacar a Cuba, para cambiar el geopoder en la zona árabe del petróleo y para contener y superar a la Unión. Soviética y después Rusia y a China.

Para América Latina regresa la política del big stick o gran garrote que Trump había ajustado a sus necesidades internas. Obama había fracasado con su estrategia de reconocer a Cuba para regresarlo al capitalismo, pero la reanudación de relaciones diplomáticas no provocó ese efecto. De nuevo la amenaza militar demócrata se cierne sobre Nicaragua, Venezuela y Colombia,

Los EE. UU., con demócratas o republicanos, son un imperio.

 

Ley de la Omertá

Uno de los pasivos importantes de la estrategia de seguridad ha sido el de las policías locales. A pesar de las grandes inversiones para aumentar la atención en ese sector, la capacitación en doctrinas de seguridad pública no fue una de las prioridades. Hoy los policías estales y municipales están mejor informados y con mejores armas, pero su mentalidad represiva de control social sigue operando sin controles.

El uso de armas de fuego letales por la policía municipal de Cancún y el abuso de fuerza de la policía en Ciudad de México contra protestas feministas indica la urgencia de mejor capacitación profesional. El decreto de reforma constitucional de la Guardia Nacional incluyó el transitorio de profesionalización de las policías locales y el compromiso obligatorio a gobernadores y alcaldes en la atención a ese tema. Sin embargo, las policías locales siguen siendo un tema soslayado.

La Secretaría federal de Seguridad de Alfonso Durazo Montaño logró un primer diagnóstico de la seguridad estatal y municipal y pudo conseguir fondos para pertrechos indispensables. Sin embargo, la capacitación profesional en doctrinas de seguridad pública no pudo desplegarse con facilidad a partir del costo que implicaría la renovación de la planta laboral en seguridad pública estatal y municipal.

El interés se renueva ante tragedias inesperadas. El uso de armas de fuego letales contra la protesta social de mujeres por feminicidios en Cancún puso en el tapete de debates la urgente necesidad de regresar a la prioridad de la profesionalización policiaca local. Y no sólo por atender protestas, sino porque el 95% de los delitos registrados es de fuero común e involucra a policías de zona.

Mientras no se atienda la profesionalización de policías locales, la seguridad seguirá en manos inadecuadas.

 

Zona Zero

• El caso del general Salvador Cienfuegos en los EE. UU. dio un giro espectacular con la carta de todas las fuerzas políticas en el Senado para exigirle al embajador estadunidense Christopher Landau información sobre el expediente y de manera agregada datos oficiales sobre los convenios de colaboración en materia de seguridad. El general fue arrestado en Los Angeles en base a un expediente armado dentro de México con intercepción de llamadas telefónicas que aquí exigen la firma de un juez para ser legales.

• El paso siguiente debiera ser la congelación de esos acuerdos hasta que los EE. UU. expliquen el proceso de investigación y radiquen el caso en México, porque hasta ahora no hay evidencias reales de que el supuesto cártel de Nayarit existiera y siguen los datos de que era una banda que comerciaba kilos de droga y no toneladas. El Senado quiere saber si el arresto fue por razones policiacas o como parte de una presión que tiene que ver con las fuerzas armadas mexicanas.

 

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico.

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Sacar al INE del conflicto electoral para evitar el conflicto poselectoral

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Carlos Ramírez

Como no había ocurrido desde su fundación en 1990 como IFE, el Instituto Nacional Electoral fue metido por el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello y el consejero Ciro Murayama Rendón en el centro del conflicto poselectoral. La razón se localiza en el repudio de ambos al populismo. En este sentido, el INE está sentando las bases para el conflicto poselectoral después del 6 de junio.

El INE fue creado sólo para organizar elecciones y contar votos. De modo arbitrario, el organismo ha querido convertirse en el cancerbero de la democracia. Pero una cosa es que las elecciones sean una parte del proceso democrático y otra que definan la democracia en sí misma. En este sentido, el INE debería ser alejado del conflicto electoral a través de varias decisiones estratégicas o las elecciones del 6 de junio serán conflictivas y tendrán en el INE parte de la responsabilidad.

1.- Sacar a Córdova y Murayama del litigio argumentativo en medios de comunicación. Como funcionarios nodeberían aparecer en medios ni menos aún debatiendo contra el presidente de la república o con Morena.

2.- Como al presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020 en EE. UU., aquí deben cerrarse de manera temporal las cuentas twitter a Córdova y a Murayama para evitar mensajes revulsivos. En procesos de alta tensión política, el medio del INE para comunicarse debería ser el boletín de prensa fuera de las redes sociales.

3.- Retirar de manera inmediata de circulación los libros Yo, el pueblo.  Cómo el populismo transforma la democracia, pagado por el INE y que se lee como un documento anti Morena y anti López Obrador. Y el libro La democracia no se construyó en un día, de Córdova, porque fue escrito en su tiempo de funcionario y con recursos del Instituto contrató a un colaborador-amanuense. En ambos casos se debe abrir un expediente por presunto peculado.

4.- Regresar el dinamismo electoral a la mesa del consejo general, pero con restricciones participativas del consejero presidente. Córdova ha mostrado en medios que se adueña del micrófono e inunda las bocinas de demagogia agobiante, sin dejar participar a los demás. La neurosis del micrófono de Córdova debiera acreditarse como política, no administración.

5.- Sacar al INE de la alianza PAN-PRI-PRD-Coparmex porque en los hechos el Instituto aparece como el virtual onceavopartido y su enfoque ideológico es el antipopulismo. Córdoba y Murayama tienen derecho a tener ideas y exponerlas, pero no como funcionarios que tienen en sus manos el delicado equilibrio de la estabilidad electoral. El presidente de la república ha demostrado la parcialidad del INE.

Nunca antes el IFE-INE había sido tan parcial en contra de alguna fuerza electoral como lo es con Morena. Y si bien hay razones suficientes para hacerlo, la dirección institucional del INE no debiera convertirse en dirección política. El cuestionamiento a Morena y al presidente de la república por el presunto populismo debiera ser objetivo de los partidos, no de la autoridad electoral.

La democracia electoral que tiene el INE como función es limitada y carece de contenido ideológico. Las elecciones son un mecanismo procedimental de la democracia como ideología. La verdaderademocracia debe ser capaz de permitir la contienda equilibrada y abierta de todas las fuerzas ideológicas o comenzar a excluir a fuerzas políticas por tener ideas no aceptadas por la autoridad electoral. Hasta ahora no se tienen datos de que el populismo sea una ideología proscritacomo algunas que conocemos. Y al propio sistema democrático le corresponderá, como ocurre ahora, aplicar los controlesnecesarios para evitar que la democracia sea usada por alguna fuerza ideológica para terminar con la democracia. El PRI usó la democracia para cerrar los caminos democráticos. Y el IFE nació como una forma limitada para abrir en México el verdadero juego plural de la democracia.

El INE es el organismo administrador de las elecciones, no el comité central de una democracia excluyente y autoritaria basada en la reglamentitis. Córdova y Murayama no pierden oportunidad para actuar como un politburó al viejo estilo comunista para determinar ellos qué es la democracia y qué no es.

O el INE regresa a organizar elecciones o su papel como comisario de una democracia tipo priísta será un factor de conflicto poselectoral.

 

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Política para dummies: La mejor defensa de la democracia es la democracia misma.

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Nacional

Brújula Pública- Pobre Jalisco

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Rodolfo Aceves Jiménez*

Uno de los objetivos de la seguridad nacional es el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno, así como la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes, entre otros.

Se basa en los objetivos nacionales permanentes que se desprenden de los anhelos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los objetivos nacionales coyunturales consignados en el Plan Nacional de Desarrollo, los Programas Sectoriales y el Presupuesto de Egresos de la Federación. De estos tres elementos se produce la gran política nacional y el mismo contexto se inserta en cada entidad de la República.

De tiempo atrás la presente administración del Gobierno de Jalisco ha presentado crisis en el mantenimiento de su orden constitucional que debilitan las instituciones democráticas de gobierno y que impactan el desarrollo social y político de sus habitantes.

En el campo de la salud una enfermedad producida por un mosquito puso en crisis al sistema de salud de Jalisco y la corrupción producida en la pasada administración fue tolerada.

En el campo social la escasez de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara es un asunto añejo que no tuvo la voluntad política de solucionarse en tiempo y forma y que las torpezas de la presente administración mantienen a su población con cortes al suministro de agua.

La joya de la corona lo constituye, la crisis de inseguridad en que una gran cantidad de factores confluyen para su materialización.

Por principio de cuentas el gobernador no está enterado o sus asesores no le dicen, que la planeación de seguridad es obsoleta y ya dio de sí. Su administración no tuvo el valor suficiente para procesar a los mandos responsables en seguridad de la pasada administración y que todavía carga con algunos de ellos. Desaparecidos, desplazados y violencia en el estado es lo que se vive en Jalisco.

Tampoco le informan que hoy lleva a cuestas la losa con la carga moral y política del asesinato de su antecesor, sin que ninguno de los titulares actuales o extitulares del malogrado gobernador se haya molestado en voltear a ver al entonces gabinete de seguridad.

Por lo menos desde hace un año con motivo del asesinato de Giovanni López, el Ejecutivo del estado ya se dio cuenta porque afirmó que su Fiscalía está infiltrada por la delincuencia, pero no hay muestras de voluntad para erradicarla; como tampoco da muestras de voluntad para solucionar la crisis de los cuerpos que arrastra desde la pasada administración y que un día sí y otro también le brotan protestas hasta su residencia oficial por los 12 mil desaparecidos.

Quizás lo más importante es, que carga con toda la responsabilidad política por la ignorancia, impericia, torpeza y probable complicidad de los titulares de su gabinete de seguridad. Los acuerdos con los grupos políticos por los que llegaron y sostienen a los titulares de su gabinete de seguridad han sido rebasados y sus grupos impulsores no responden por sus actos. ¿o era parte del acuerdo la acción u omisión en perjuicio de la función de seguridad pública?

El Poder Judicial de Jalisco se aleja de la idealizada autonomía. Parece que responde a las necesidades políticas del partido en el poder y muy posiblemente persisten vicios y nichos de corrupción que impiden la impartición de justicia o que ésta sea con un sesgo de interés.

Es cierto que la Federación debe hacer lo suyo en cada materia de concurrencia con las entidades, pero también es cierto que Jalisco es una entidad libre y soberana, con un marco jurídico propio, un presupuesto y recursos propios.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

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Carlos Ramírez

Indicador Político- WOLA, un think tank clave en el juego estratégico de Casa Blanca

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Carlos Ramírez

En términos estratégicos, el poder central en EEUU se conoce con el concepto –no referencia de nombre institucional– de Casa Blanca. A pesar de lo que piensen o digan los funcionarios, Casa Blanca decide lo que es mejor para la seguridad nacional de EEUU para privilegiar, como dice la Doctrina respectiva del gobierno de Biden, y defender el american way of life o modo de vida estadunidense.

Aunque tiene sus propias oficinas y organizaciones ad hoc que son controladas por el Congreso, el aparato de poder estadunidense –la comunidad de los servicios de inteligencia y seguridad nacional– utiliza a agrupaciones con cobertura académica o sólo analítica que son conocidas como think tanks, en cuyo seno son asimilados exfuncionarios de la seguridad civil y militar ya en fase de empresas de movilidad en la seguridad privada al servicio de la seguridad oficial.

En esa comunidad asesora se localiza el grupo Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). El enfoque de seguridad nacional de esta organización coincide con el oficial estadunidense. Su último reporte sobre México y su crítica a la militarización sólo encontró contexto en tres escenarios construidos por la Casa Blanca:

1.- La presentación formal de la vicepresidenta Kamala Harris como encargada Senior de la agenda México dentro del nuevo aparato de gobierno.

2.- El aumento de las presiones de la DEA para realizar operaciones en México sin cumplir con las nuevas reglas de registro establecidas por la Ley mexicana de Seguridad Nacional.

3.- La búsqueda del debilitamiento de la participación de las fuerzas armadas mexicanas en labores de seguridad nacional estratégica y de seguridad interior para que México regrese al corral de una nueva Iniciativa Mérida.

La intención de la Casa Blanca es evitar la autonomía relativa del gobierno del presidente López Obrador en tareas de seguridad mexicanas en temas que tienen efecto en EEUU. La iniciativa Mérida firmada por el presidente Calderón con el presidente Bush sometió la estrategia de seguridad mexicana a la aprobación y sobre todo supervisión estadunidense, es decir, en relación a los intereses de EEUU.

El presidente López Obrador anuló esa Iniciativa y definió su propio paradigma de seguridad en función de los intereses mexicanos de abandonar los escenarios de la guerra y crear condiciones de paz, incluyendo un entendimiento informal con los cárteles para evitarles la tentación de ser gobierno, no perseguirlos para eludir la respuesta criminal a balazos y generar condiciones de bienestar en las zonas controladas por el crimen organizado.

El último reporte de WOLA deja ver los intereses estratégicos de la Casa Blanca de Biden: sacar a los militares de las tareas de seguridad y evitar su utilización –que tiene fundamentos y garantías constitucionales– en tareas civiles de obras sociales que permiten las leyes y reglamentos mexicanos.

La clave está en la estrategia de seguridad. El reporte de WOLA, en la lógica de Casa Blanca, pone la atención en los militares, pero con el segundo pensamiento de que la estructura civil mexicana no tiene las condiciones ni fuerza para contener a los narcos y entonces el gobierno de Mexico debiera permitir la entrada de especialistas estadunidenses militares en materia de seguridad para suplir a los mexicanos, sin colaborar ni compartir tecnologías e inteligencia.

La lectura del reporte de WOLA sobre la militarización en México deja ver esas intenciones estratégicas ocultas. Y por si fuera poco, ese reporte circuló en México la víspera de la reunión institucional México-EEUU en materia de seguridad, con la presencia en México de expertos estadunidenses de alto nivel. El objetivo de WOLA quedó claro: que organismos y personal del gobierno de EEUU tenga más beligerancia en México sin pasar por las normas regulatorias de registro de agentes y operaciones y revolver los territorios de los cárteles para aniquilarlos o llevárselos extraditados.

En este sentido, el modelo de seguridad binacional que ha dejado ver el gobierno de EEUU tiene, en realidad, un enfoque sólo estadunidense. Hasta ahora, en esas reuniones sólo ha habido una forma de resistencia en la cancillería mexicana de Marcelo Ebrard Casaubón en función de la directriz presidencial de que no debe permitirse la restauración legal o de facto de una nueva Iniciativa Mérida.

 

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Política para dummies: La política es la forma de eludir las presiones de los adversarios.

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