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Por Carlos Ramírez*

El relevo en la Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana quedó atrapado en los jaloneos políticos innecesarios, aunque sin menoscabar su importancia estratégica. Y lo que quedó claro fue el hecho de que la estrategia de seguridad y sus tácticas asociadas son responsabilidad del presidente de la república y no por capricho personal sino porque la seguridad pública/interior/nacional es un asunto que define al Estado.

La clave de la estrategia de seguridad se localiza, sin menoscabo de la importancia de sus instancias intermedias, en el gabinete de seguridad que funciona desde Palacio Nacional, bajo la conducción directa del presidente de la república. No se preveía fácil, por razones de tradición burocrática, la coordinación de instancias políticas, de seguridad, policiacas, militares y marinas, pero el funcionamiento del gabinete de seguridad logró la construcción de un frente común de las fuerzas de seguridad ante las bandas criminales.

Los casi dos años de Alfonso Durazo Montaño al frente de la Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana sirvieron para construir una infraestructura de Estado en materia de seguridad. Y la tarea no fue fácil. El punto no resuelto –y que no tendrá solución aceptada– ha sido la consolidación de la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Y por más que se insista que no se trata de un tema de seguridad públicao policiaca, sino de seguridad nacional e interior que involucra la existencia del Estado, de las leyes y de la democracia ante el embate de organizaciones delictivas que quieren sustituir al Estado en la gobernabilidad de la soberanía territorial, social, política y económica del Estado.

Quien siga viendo al Cártel Jalisco Nueva Generación o al Cártel de Sinaloa del Chapo o al Cártel del Norestecomo pillos o robavacas, estaría cometiendo el error de comunicación de las fuerzas armadas en los setentas cuando caracterizó así a la guerrilla que reflejaba el descontento social en zonas de pobreza extrema del profundo sur mexicano. Esa guerrilla obligó al Estado a la gran reforma política de 1978 para legalizar al Partido Comunista Mexicano como punto de confluencia de la violencia social armada y violenta.

El presidente de la república, el gabinete de seguridad, las fuerzas armadas y la seguridad civil con Durazo lograron consolidar la percepción de la inseguridad como un asunto social, de gobernabilidad democrática y de Estado. Los nuevos funcionarios que llegan a la Secretaría federal de Seguridad tienen ya camino abonado. 

Uno de los problemas no resueltos –y del cual tiene una responsabilidad compartida la propia estrategia presidencial– fue la ausencia de una opinión pública o masa crítica en medios ajustada a los nuevos enfoques de seguridad. Si el Estado tiene la responsabilidad central en la seguridad, en estos dos años no ha cuidado la creación de una crítica documentada hacia la estrategia. La polarización de apoyo ciego-crítica absoluta ha impedido usar la comunicación como arma estratégica de lucha contra el crimen organizado.

Lo mismo ocurrió con las organizaciones de la sociedad civil en materia de seguridad. Muchas ellas fueron promovidas y alentadas desde el propio Estado en los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, pero al mismo tiempo les cortaron sus posibilidades críticas y quedaron en meras oficinas estadísticas sin conexión con la propia sociedad. Hoy esas organizaciones, operadas aún por hilos del pasado, se han dedicado a sabotear la estrategia del gobierno en turno.

La estrategia gubernamental necesita del activismo social, en efecto, pero contra las bandas delictivas, no contra la burocracia de seguridad. Los argumentos, por ejemplo, contra la participación de las fuerzas armadas en labores de apoyo de la seguridad pública en situación de crisis de seguridad interior –es decir, de crisis del Estado en seguridad– son los mismos de hace veinte años, cuando existe ya infraestructura legal que coordina, visibiliza y limita el accionar militar. Pero que por razones de agudización de la crisis de seguridad en tanto que las bandas criminales le quitan control al Estado de partes territoriales de su soberanía, las fuerzas armadas necesitan pasar a labores de defensa interior del Estado, de la gobernabilidad democrática y de la estabilidad de las instituciones.

Durazo abrió espacios de diálogo con la academia, la crítica y las organizaciones civiles, pero sin el apoyo institucional de Palacio Nacional. Ahora la nueva dirigencia de la SSPC tiene que profundizar esas relaciones porque no se puede avanzar en el cambio de aceptabilidad social si no es con el apoyo de la academia, los medios y las organizaciones de la sociedad civil.

 

Zona Zero

• Entre muchos otros, el gran desafío de la estrategia de seguridad estaba en la consolidación de un servicio civil de carrera en el área. Si los nuevos directivos de la SSPC comienzan un relevo generalizado de funcionarios, se habrá perdido mucho avance. El área de seguridad debiera ser el de menor movilidad de funcionarios por las exigencias de especialización. Eso sí, cada nueva dirigencia del área debe de reforzar los mecanismos de lucha contra la corrupción.

• A los nuevos funcionarios de la SSPC les va a corresponder una presencia importante en el replanteamiento de los compromisos de cooperación en la materia con los organizamos de inteligencia y seguridad nacional civiles, militares y privados de los EE. UU., a la luz del caso Cienfuegos. Ha llegado la hora de que México sea más enérgico en esos compromisos y sobre todo que fije con fuerza el criterio de la reciprocidad. Ente las exigencias debe estar el reforzamiento de los mecanismos de control de confianza de las oficinas de seguridad fronteriza por donde pasan droga y narcos por la corrupción de funcionarios estadunidenses, a veces en grados inimaginables.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Neoliberalismo salinista incrustado en sistema, régimen, Estado y Constitución

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Carlos Ramírez*

A comienzos del próximo año la editorial Indicador Político publicará –en versión impresa y digital– el libro La contrarrevolución neoliberal de Carlos Salinas de Gortari para ilustrar la forma en que se transitó del Estado social de la Revolución Mexicana al Estado neoliberal de mercado. El ciclo va de del Plan Global de Desarrollo 1980-1982 al Tratado de Comercio Libre de 1994.

Los tecnócratas que llegaron a la Secretaría de Programación y Presupuesto a mediados de 1979 tuvieron la tarea de fijar un viraje neoliberal al proyecto social del Estado, reformar la Constitución para definir al Estado autónomo de los compromisos sociales y convertir al PRI en el aparato electoral del nuevo proyecto de liberalismo social.

En quince años ese grupo modificó el sistema político, el régimen de gobierno, el Estado constitucional y la cultura histórica mexicana con respecto a los EE. UU. y a la propia historia nacional para cambiar los artículos constitucionales que fueron consolidación legal de las banderas de la Revolución Mexicana. El proyecto salinista iría de 1979 a 2006 con la continuidad presidencial de De la Madrid, Salinas de Gortari, Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo.

El asesinato de Colosio rompió el proceso salinista, aunque dejó latente el modelo neoliberal salinista sin Salinas de Gortari hasta 2018: Zedillo profundizó la reforma neoliberal del Estado, Vicente Fox llevó a Hacienda Francisco Gil Díaz que era el jefe de los Chicago boys mexicanos o técnicos neoliberales friedmanianos incrustados en Banco de México, Comercio y Hacienda, Calderón mantuvo el rumbo con Agustín Carstens –nada menos que subgerente general del FMI— como titular de Hacienda y Banxico y Peña Nieto garantizó con Luis Videgaray Caso la presencia de otro de los ideólogos del neoliberalismo salinista: Pedro Aspe Armella. Los cuatrojinetes del neoliberalismo salinista fueron Joseph-Marie Córdoba Montoya, Gil Díaz, Aspe y Jaime Serra Puche.

La contrarrevolución neoliberal de Salinas de Gortari modificó no sólo la estructura del poder para entronizar una nueva forma de presidencialismo autoritario, sino que cambio el discurso histórico de la Revolución Mexicana y desensambló la estructura de clases en el partido del gobierno que había creado el presidente Cárdenas para garantizar la vigencia del proyecto revolucionario en fase ya de posrevolución. Asimismo, articuló su propiaplutocracia al privatizar las empresas públicas para construir una nueva clase empresarial con Carlos Slim Helú al frente con el regalo de Telmex. Y el punto culminante estaba en la reconstrucción del PRI con Colosio para sustituir a las bases sociales posrevolucionarias con la clientela de Pronasol.

El modelo neoliberal interno quedó atado –y muy bien atado– con el Tratado de Comercio Libre que subordinó la economía, el Estado y el sistema productivo mexicanos a las necesidades de los EE. UU., sin un modelo de desarrollo con capacidad para competir con los nuevos socios comerciales. Por eso el TCL propició una desindustrialización nacional y bajó la partición de partes mexicanas en la exportación de 59% en 1993 a 37%en 2018.

Si la 4-T no fija la meta de desmantelar la contrarrevolución neoliberal de Salinas de Gortari y reconstruir un Estado social de clases con minuciosidad sistémica, sus alcances serán limitados y no podrá crear el modelo de desarrollo con distribución de la riqueza social que se ha fijado como tema de modelo posneoliberal.

 

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Homenaje a Ruth Bader Ginsburg. En un acto simbólico, la Suprema Corte de México rindió homenaje a la Mrs. Justice Bader Ginsburg, de la Corte Suprema de los EE. UU., recientemente fallecida. En la XVII edición de la Feria Internacional del Libro Jurídico la ministra Margarita Ríos Farjat, la periodista y académica estadounidense Linda Greenhouse, Fabiana Tena Estrada, Coordinadora de Asesores de la Presidencia de la SCJN y Ana María Ibarra, directora del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte dialogaron sobre la figura de la jueza y su libro My own Words. El legado de Bader Ginsburg fue a favor de la mujer y la justicia progresista.

 

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Política para dummies: La política puede desandar lo desandado, si se quiere.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- La reforma constitucional al Estado salinista, clave para potenciar la 4-T

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Carlos Ramírez*

El comienzo del tercer año de gobierno y el marco referencial de la Cuarta Transformación (4-T) han avanzado a base de decisiones aisladas, Pero la clave de su viabilidad en la construcción de un proyecto posneoliberal radica en la postergada reforma constitucional al Estado neoliberal delamadridista-salinista.

El neoliberalismo mexicano no se aplicó de forma doctrinaria, ni en decisiones de coyuntura. De la Madrid y Salinas de Gortari crearon un maco histórico, reformaron en la Constitución las funciones del Estado y trataron de perfilar una doctrina ideológica. Al final, las reformas sólo se redujeron al neoliberalismo económico puro, sin ideología ni bases sociales.

La 4-T es un proceso de transición del sistema neoliberal a un modelo de Estado social; al menos así se deriva de las decisiones asumidas en estos dos años de gobierno. Sin embargo, los alcances de la 4-T van a depender de las reformas constitucionales necesarias e indispensables a la reforma constitucional de De la Madrid-Salinas de Gortari que le dieron estructura legal al proyecto neoliberal: el paso del Estado social de la Revolución Mexicana o lo que quedaba de ella después del gobierno de López Portillo al Estado autónomo de los compromisos sociales históricos.

Las reformas constitucionales de De la Madrid y Salinas de Gortari desmantelaron las funciones del Estado histórico y lo dejaron como una estructura funcional a la economía de mercado. La 4-T y su proyecto posneoliberal quiere regresar al Estado como eje de la economía y a los compromisos de equidad social que el mercado no se preocupa por atender. Sin embargo, estas metas de la 4-T serán imposibles de lograr si no se reforma al Estado constitucional neoliberal y si no se define, de manera simultánea, un nuevo proyecto de desarrollo, una nueva economía mixta y un nuevo Estado de bienestar.

Ahí es donde el presidente de la república ha estado operando, sólo que de manera aislada, individual, sin contar con una élite intelectual constructora del nuevo pensamiento, sin un partido que reorganice y movilice a las clasessociales y sin una propuesta de redefinición del Estado. De la Madrid y Salinas dejaron al modelo neoliberal muy atado a la Constitución, metido en las estructuras del PRI con los comités Pronasol sustituyendo a los seccionales del partido y una nueva política presupuestal ajena al papel del Estado para dinamizar la economía.

El modelo de Estado autónomo fue tomado por Salinas de Gortari, para las reformas constitucionales delamadridistas del 19 de enero de 1983, de la corriente del neoliberalismo salido del marxismo arrepentido de Theda Skocpol en Harvard por los mismos años en los que Salinas de Gortari estudiaba su doctorado en la misma universidad. El Estado dejaba, explicó en un discurso de 1985, de ser el campo de batalla de las clases sociales, se colocaba al margen de la disputa por la dirección política de los gobiernos y administraba recursos en función de programas carentes de bases sociales. Ahí, en ese modelo, el PRI de Salinas de Gortari y Luis Donaldo Colosio perdieron bases sociales y llevaron a la sustitución de la Revolución mexicana por el modelo juarista de “liberalismo social” que no era otra cosa que las bases del capitalismo mexicano.

En este contexto, a las decisiones de la 4-T le faltan estructuras constitucionales. La Guía Etica para la Transformación de México requiere de reformas constitucionales para tipificar de manera delictiva la corrupción. En diciembre de 1982, al tomar posesión. De la Madrid presentó el discurso de la renovación moral de la sociedad, pero lo acompañó de la reforma constitucional para caracterizar nuevos delitos y someter a funcionarios a la penalización de corruptelas. Sin castigos incluidos en las leyes, la guía ética quedará como referencia simbólica.

Sin una reforma al Estado neoliberal delamadridista-salinista, los alcances de la 4-T serán sexenales, dependerán de la fuerza personal del presidente en turno y podrían modificarse con los reacomodos electorales. Ahí es donde ha fallado Morena como el aparato político-ideológico de partido de la 4-T y ahí estaría el desafío para Mario Delgado como nuevo dirigente.

El presidente López Obrador entra a su segundo tercio de gobierno con el desafío de llevar a la Constitución el Estado posneoliberal.

 

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Política para dummies: La política es fuerza, no ética.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- México-Biden (y 10). Con EE. UU. sólo una diplomacia posneoliberal

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Carlos Ramírez* 

Como la política exterior es una extensión de la política interior y como los EE. UU. son para México un asunto de política interna y el relevo en la Casa Blanca marcó la llegada de los halcones de la seguridad nacional imperial demócrata-republicana, las posibilidades de la 4-T como proyecto del grupo gobernante requerirá la cancelación de la diplomacia neoliberal mexicana que dejó muy atada el proyecto salinista y una nueva diplomacia posneoliberal.

Con las conclusiones de 1988 de la Comisión sobre el Futuro de las Relaciones México-Estados Unidos tituladas El desafío de la interdependencia y el contenido estratégico de seguridad nacional de los EE. UU. en el Tratado de Comercio Libre del Memorándum Negroponte de 1993, México tuvo que modificar su pensamiento histórico sobre su vecino y subordinarse a la lógica de la seguridad nacional imperial de la Casa Blanca.

El enfoque nacionalista, de mercado interno y posneoliberal del gobierno del presidente López Obrador pudo eludir las doctrinas imperiales porque el presidente Trump carecía de un pensamiento estratégico de seguridad nacional imperial y buscó sólo que México no se aprovechara de la globalización a costa de empresas y empleos estadunidenses. Sin embargo, el equipo de política exterior del presidente Biden es una mezcla de la dominaciónrepublicana de la seguridad nacional autoritaria y las sonrisas demócratas para aplicarlas.

Una buena parte de los votos a favor de Biden estuvo estimulada por el mensaje de que Trump había hecho declinar el poderío estadounidense de dominación en detrimento del confort estadounidense y que se requería el regreso a la diplomacia de las cañoneras y del big stick (gran garrote). En este sentido, México debe prepararse para una fase de presión estadounidense que lo obligará a apoyar iniciativas militaristas estadounidenses.

En este sentido, los grandes temas de la agenda de Biden con México se van a reducir a dos puntos: migración y narcotráfico, las dos con una mayor intervención de la Casa Blanca en las políticas mexicanas. Biden hará máspresiones de las que hizo Trump en esos dos temas, con la diferencia de que Trump aplicó coacciones para contener conflictos, en tanto que el equipo de seguridad nacional y política exterior de Biden las usará para controlar a México y alinearlo a las prioridades estadounidenses contra China, Rusia, Venezuela e Irán.

El corto ciclo seguro de cuatro años de Biden en la Casa Blanca –en realidad los primeros dos, porque los otros dos serán de lucha por la candidatura presidencial estadounidense de 2024– obligará a México al replanteamientode una política exterior posneoliberal y no ortodoxa, fuera de las tradiciones conservadoras de la diplomacia burocrática de la cancillería. Los primeros indicios revelan que el canciller Marcelo Ebrard entiende de estos juegos de poder, pero la burocracia diplomática está presionando en Palacio Nacional para subordinar a México a la lógica del poder de la Casa Blanca dominada por la alianza militarista y de seguridad nacional entre demócratas y republicanos.

Lo peor que le puede ocurrir a México será jugar con las reglas de las tradiciones diplomáticas bilaterales, porque ahí la burocracia de poder de la política exterior estadunidense se mueve de manera articulada, en tanto con Trump se basaba en los caprichos personales. En este sentido se localiza uno de los primeros mensajes internacionalistas de Biden: “los EE. UU. (durante su gobierno) están listos para liderar el mundo”. Washington pasará del aislacionismo de Trump al hegemonismo de Biden.

En este contexto, el principal desafío que plantea Biden a México será dar el paso de la diplomacia neoliberal de Salinas de Gortari y las obligaciones geopolíticas del Tratado a una política exterior dinámica, de seguridad nacional hacia el exterior y basada en un replanteamiento de todos los acuerdos de cooperación firmados de 1970 a la fecha porque todos ellos cedieron la soberanía mexicana a los intereses, enfoques y principios estadounidenses. Y el primer paso sería limitar el intervencionismo de la Casa Blanca de Biden en asuntos mexicanos.

 

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Política para dummies: La política es un acto soberano frente a los demás.

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