Por Carlos Ramírez*
El relevo en la Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana quedó atrapado en los jaloneos políticos innecesarios, aunque sin menoscabar su importancia estratégica. Y lo que quedó claro fue el hecho de que la estrategia de seguridad y sus tácticas asociadas son responsabilidad del presidente de la república y no por capricho personal sino porque la seguridad pública/interior/nacional es un asunto que define al Estado.
La clave de la estrategia de seguridad se localiza, sin menoscabo de la importancia de sus instancias intermedias, en el gabinete de seguridad que funciona desde Palacio Nacional, bajo la conducción directa del presidente de la república. No se preveía fácil, por razones de tradición burocrática, la coordinación de instancias políticas, de seguridad, policiacas, militares y marinas, pero el funcionamiento del gabinete de seguridad logró la construcción de un frente común de las fuerzas de seguridad ante las bandas criminales.
Los casi dos años de Alfonso Durazo Montaño al frente de la Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana sirvieron para construir una infraestructura de Estado en materia de seguridad. Y la tarea no fue fácil. El punto no resuelto –y que no tendrá solución aceptada– ha sido la consolidación de la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Y por más que se insista que no se trata de un tema de seguridad públicao policiaca, sino de seguridad nacional e interior que involucra la existencia del Estado, de las leyes y de la democracia ante el embate de organizaciones delictivas que quieren sustituir al Estado en la gobernabilidad de la soberanía territorial, social, política y económica del Estado.
Quien siga viendo al Cártel Jalisco Nueva Generación o al Cártel de Sinaloa del Chapo o al Cártel del Norestecomo pillos o robavacas, estaría cometiendo el error de comunicación de las fuerzas armadas en los setentas cuando caracterizó así a la guerrilla que reflejaba el descontento social en zonas de pobreza extrema del profundo sur mexicano. Esa guerrilla obligó al Estado a la gran reforma política de 1978 para legalizar al Partido Comunista Mexicano como punto de confluencia de la violencia social armada y violenta.
El presidente de la república, el gabinete de seguridad, las fuerzas armadas y la seguridad civil con Durazo lograron consolidar la percepción de la inseguridad como un asunto social, de gobernabilidad democrática y de Estado. Los nuevos funcionarios que llegan a la Secretaría federal de Seguridad tienen ya camino abonado.
Uno de los problemas no resueltos –y del cual tiene una responsabilidad compartida la propia estrategia presidencial– fue la ausencia de una opinión pública o masa crítica en medios ajustada a los nuevos enfoques de seguridad. Si el Estado tiene la responsabilidad central en la seguridad, en estos dos años no ha cuidado la creación de una crítica documentada hacia la estrategia. La polarización de apoyo ciego-crítica absoluta ha impedido usar la comunicación como arma estratégica de lucha contra el crimen organizado.
Lo mismo ocurrió con las organizaciones de la sociedad civil en materia de seguridad. Muchas ellas fueron promovidas y alentadas desde el propio Estado en los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, pero al mismo tiempo les cortaron sus posibilidades críticas y quedaron en meras oficinas estadísticas sin conexión con la propia sociedad. Hoy esas organizaciones, operadas aún por hilos del pasado, se han dedicado a sabotear la estrategia del gobierno en turno.
La estrategia gubernamental necesita del activismo social, en efecto, pero contra las bandas delictivas, no contra la burocracia de seguridad. Los argumentos, por ejemplo, contra la participación de las fuerzas armadas en labores de apoyo de la seguridad pública en situación de crisis de seguridad interior –es decir, de crisis del Estado en seguridad– son los mismos de hace veinte años, cuando existe ya infraestructura legal que coordina, visibiliza y limita el accionar militar. Pero que por razones de agudización de la crisis de seguridad en tanto que las bandas criminales le quitan control al Estado de partes territoriales de su soberanía, las fuerzas armadas necesitan pasar a labores de defensa interior del Estado, de la gobernabilidad democrática y de la estabilidad de las instituciones.
Durazo abrió espacios de diálogo con la academia, la crítica y las organizaciones civiles, pero sin el apoyo institucional de Palacio Nacional. Ahora la nueva dirigencia de la SSPC tiene que profundizar esas relaciones porque no se puede avanzar en el cambio de aceptabilidad social si no es con el apoyo de la academia, los medios y las organizaciones de la sociedad civil.
Zona Zero
• Entre muchos otros, el gran desafío de la estrategia de seguridad estaba en la consolidación de un servicio civil de carrera en el área. Si los nuevos directivos de la SSPC comienzan un relevo generalizado de funcionarios, se habrá perdido mucho avance. El área de seguridad debiera ser el de menor movilidad de funcionarios por las exigencias de especialización. Eso sí, cada nueva dirigencia del área debe de reforzar los mecanismos de lucha contra la corrupción.
• A los nuevos funcionarios de la SSPC les va a corresponder una presencia importante en el replanteamiento de los compromisos de cooperación en la materia con los organizamos de inteligencia y seguridad nacional civiles, militares y privados de los EE. UU., a la luz del caso Cienfuegos. Ha llegado la hora de que México sea más enérgico en esos compromisos y sobre todo que fije con fuerza el criterio de la reciprocidad. Ente las exigencias debe estar el reforzamiento de los mecanismos de control de confianza de las oficinas de seguridad fronteriza por donde pasan droga y narcos por la corrupción de funcionarios estadunidenses, a veces en grados inimaginables.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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