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Carlos Ramírez

La filtración de páginas de la iniciativa de reforma judicial-penal que prepara el gobierno federal revelaría una nueva fase de endurecimiento de la fuerza del Estado para combatir al crimen organizado. En los hechos, esta reforma completaría la realizada en 2019 con la creación de la Guardia Nacional como un cuerpo federal único contra las bandas delictivas.

El contenido de esta gran reforma debe cruzarse con dos hechos tensionados: un año de estrategia nacional de seguridad y los saldos persistentes de delitos y homicidios. Las críticas a los resultados se han convertido en argumento de debate sobre la viabilidad de la estrategia de seguridad para el año que acaba de comenzar.

El enfoque de la estrategia de seguridad del año pasado fue de tipo social, reconociendo el hecho de que muchos delitos han sido motivados por la pobreza. La tesis central de que aumentar el bienestar disminuiría la delincuencia necesita de un horizonte de análisis más allá de un año atípico.

Sin embargo, la reforma judicial-penal parece contradecir el sentido social de la estrategia, porque vuelve a introducir endurecimientos en arrestos, prisiones preventivas, acusaciones, sanciones y encarcelamientos. Y queda por evaluar si el regreso a técnicas fracasadas sería el mejor camino para combatir a bandas delictivas más desorganizadas, masivas y sobre todo con la presencia incómoda de organismos de derechos humanos.

Aunque no se conocen de manera total las iniciativas de la reforma, lo que se ha difundido tiene que ver más con el proceso judicial-penal que con estrategias de bienestar social y ofrecerían una versión diferente, desarticulada. Y como tercer elemento, faltaría por tener una mejor evaluación de los resultados funcionales de la Guardia Nacional ya completada su fase de organización y de manera sobresaliente lo que tienen que hacer gobernadores y alcaldes para replantar casi desde su origen sus cuerpos de seguridad.

Al cumplir un año de gobierno, la estrategia nacional de seguridad no ha presentado un informe integral, articulado y completo de sus resultados. Las cifras mensuales-anuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública solo acumulan conteo de averiguaciones y datos de violencia. Las comparaciones estadísticas con años anteriores carecen de contexto, argumentaciones y cruce de objetivos cumplidos-incumplidos.

El peor dato de la seguridad en 2019 radica en la falta de compromiso y decisiones de gobernadores y alcaldes. En diciembre hubo de haber reuniones de emergencia de gobernadores con el presidente de la república para seguir discutiendo lo mismo: la inseguridad no se resolverá a nivel nacional si no se atiende con diligencia y decisión en los niveles estatales y municipales. Hasta ahora ningún gobernador ha reformado sus cuerpos de seguridad de manera integral y sólo algunos han invertido sólo en capacitación, pero todavía sin articulación nacional.

El dato que revela la desorganización de seguridad a nivel estatal y municipal lo exhibió la encuesta de percepción de inseguridad del INEGI: la diferencia entre la percepción baja de inseguridad de 18.9% en Mérida y alta de 92.7% en Puebla. La estrategia es nacional en contabilidad de averiguaciones previas, pero no de programas y planes asociados.

Antes de presentar las reformas al modelo judicial-penal, los tres niveles de gobierno debieran de entregar un diagnóstico de la inseguridad, una evaluación de lo logrado y no logrado en 2019 y un replanteamiento de articulación entre la estrategia de seguridad y el nuevo modelo judicial-penal.

 

Ley de la Omertá

A propósito de las amenazas contra el columnista Héctor de Mauleón, de El Universal, sólo puede decirse que el periodismo está dando mejores resultados que la estrategia de seguridad del Estado. Los medios revelan, señalan, delatan, exigen y desenmascaran.

En julio de 2017 se publicó el libro Javier Valdez Cárdenas. Periodismo escrito. Antología periodística. Textos que ninguna bala podrá callar, selección de César Ramos, en el que se publican narraciones del periodista asesinado en mayo de 2017 en las calles de Culiacán, Sinaloa, y cuya autoría no ha sido resuelta por las autoridades.

Se trata de 24 capítulos con textos diversos del periodismo criminal de Valdez, revelando los resortes sociales del crimen organizado y su inmersión en la realidad cotidiana de la sociedad. Es la aportación de un periodista y escritor a la revelación del mundo de la inseguridad en el microcosmos de Sinaloa.

Después de leer esos textos queda la amarga conclusión de que nadie sabe nada de lo que todos sabían: el narco como modo de vida cotidiano. En el libro de textos de Valdez se exhibe la descomposición de la sociedad, la complicidad de las autoridades con el crimen organizado y la falta de una decisión de Estado para sacar de la raíz social las ramificaciones del crimen organizado.

La muerte de Valdez, su investigación empantanada y el expediente sólo judicial revelan que el infierno social del crimen organizado y sobre todo del narcotráfico requiere de una voluntad de Estado que no existe.

Zona Zero

·      Las leyes de la lógica dicen que la repetición de decisiones tiende a repetir los resultados. La estrategia de seguridad ha dado pocos efectos positivos y los negativos son producto de decisiones recurrentes. Si no va a haber cambios en la estrategia, entonces nada puede adelantar resultados diferentes.

·      Viene un choque entre estrategia de seguridad y el Cártel Jalisco Nueva Generación, sobre todo porque los EE. UU. están exigiendo acciones contra esta organización que sería la segunda más fuerte en territorio estadunidense. EL CJNG es hoy el más fuerte en México, se encuentra en una lógica de expansión criminal y ha configurado un grupo de fuerza armadas que sería superior a la de la Guardia Nacional.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

No, España, con Maduro no; menos con Evo; sí con la democracia

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Indicador Político:

Hay una expresión iberoamericana que dice: cuando menos se espera, salta la liebre. La imagen del socialismo español se tenía más socialdemócrata, pero plural, abierta, democrática. Pero ahora nos sale con que su alianza es con el presidente Maduro y su movimiento chavista que ha desparecido las reglas democráticas en Venezuela y con el Evo Morales que prohijó una rebelión en Bolivia. Los dos dinamitaron los puentes de la democracia.

El destino de Iberoamérica debiera ser el de la madurez democrática, el de las reglas del juego de la mayoría con espacios para las minorías, la del cumplimiento de los plazos institucionales, la de las instituciones. España acaba de dar una lección amarga y dura, complicada y desgastante, de que los caminos de la democracia tienen sus posibilidades, pero ahora esa España de la construcción de alianzas y de respeto a las leyes está apuntalando a dos dirigentes sociales que juegan con la democracia para imponer gobiernos autocráticos.

La crisis de Venezuela necesita de una gran coordinación internacional para restaurar la democracia. Ni Maduro ni Juan Guaidó representan el regreso a la institucionalidad democrática. El propio Guaidó firmó su liquidación política cuando se prestó al juego del presidente Donald Trump el pasado 4 de febrero con su presencia como “presidente legítimo” de Venezuela… impuesto por la Casa Blanca. Y Maduro sigue siendo una pieza incómoda de La Habana exportadoras de revoluciones en el corazón de Sudamérica.

Evo Morales quedó atrapado en una crisis nacional e internacional y se convirtió en una pieza de negociación de ortos interés. México lo asiló y le dio trato de jefe de Estado, pero la presión de la Casa Blanca apresuró su exilio a La Habana y a Argentina. A diferencia del petróleo venezolano que le ha dado a Maduro una condición geoestratégica, el litio de Bolivia en realidad cuenta poco y el papel de Morales en los equilibrios/desequilibrios ideológicos anti estadunidenses carece de valor político, pero sirve para mantener la inestabilidad como mecanismo de control geopolítico.

Nada podría ganar España con el apoyo a Maduro y a Morales, salvo compromisos de financiamiento político de las dictaduras a políticos de los dos partidos en el gobierno que están siendo desenterrados en algunos medios digitales ahora como sospecha, pero con posibilidades de lograr declaraciones o documentos probatorios. La gestión del expresidente psoista (que no socialista) José Luis Rodríguez Zapatero para salvar a Maduro afectará la estabilidad política de Iberoamérica y generará presiones estadunidenses que dañar-an los precarios equilibrios.

Y las relaciones de Podemos con Bolivia que, según indicios que están por probarse, pasa por una oficina de consultoría política de México nada le aporta a la geopolítica europea del nuevo gobierno coalicionista de España y sí le hace enfriar relaciones con otras naciones que necesitan de impulsos democráticos. Maduro y Evo tienen relaciones estratégicas con el partido Morena del presidente López Obrador y con ello también se han metido en la crisis de conflictos ideológicos del gobierno mexicano actual.

La España democrática estaba llamada a jugar un papel mejor en la crisis de sistemas y liderazgos de Iberoamérica. Sin embargo, redujo su espacio estratégico con el apoyo a dos figuras políticas que han causado estragos en sus respectivos países. Ninguna cumbre iberoamericana es recomendable con las tensiones de gobierno en Venezuela y Bolivia y la intervención de España más por intereses de sus gobernantes, que por el papel estabilizador de España y la Unión Europea que pudieran jugar en las crisis locales que han interrumpido procesos democráticos institucionales.

Ante el acoso de Trump a Iberoamérica, la tensión migratoria creciente y el fracaso de la Organización de Estados Americanos como mecanismo de estabilización política, se esperaba que Europa pudiera voltear la mirada hacia el otro lado del Atlántico vía comisiones de observadores que intentaran abrir caminos de negociación política, Al final de cuentas, la inestabilidad en Iberoamérica no le va ni le viene a Europa, pero sí le conviene a los EE. UU. de Trump porque facilitan sus presiones geopolíticas y de seguridad nacional y mantiene a los países al sur del Río Bravo en condiciones de crisis económicas.

Los apoyos del gobierno socialista PSOE-Podemos a dictadores sudamericanos han pasado ya a formar un elemento adicional de la crisis política en la región y en nada abonan a las expectativas europeas del nievo gobierno español. Pero la España democrática tiene una deuda con Iberoamérica por el papel solidario con el pueblo español durante los años de la dictadura franquista. No debe olvidarse de la amistad estratégica de Franco con el dictador populista Juan Domingo Perón.

El apoyo a Maduro ha puesto al gobierno español en una fase de ingreso a una crisis con la Unión, debido al bloqueo europeo contra Venezuela y la reunión de alto nivel de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez con el operador principal del presidente Sánchez, José Luis Abalos, que, por cierto, llevó a una crítica de Trump porque España se metió en un país que representa hoy en día una pieza de la seguridad nacional estratégica de la Casa Blanca.

Sin el apoyo de la UE y, peor aún, contra decisiones políticas de alejamiento de Venezuela y con protestas de algunos de los barones del PSOE, el gobierno de Sánchez sólo tendrá problemas internos por Maduro y Evo. Y lo más grave será su alejamiento de la Iberoamérica democrática.

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Carlos Ramírez

Ni Lozoya, ni rifa de avión, ni INE, ni coronavirus, ni jueces, sino el PIB

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La gran contradicción empresarial radica en un dato contrastado: su participación en compra de boletos en el asunto de la rifa del avión por parte de 200 empresarios con una inversión total de 2 mil millones de pesos, en medio de una recesión económica por falta de inversión productiva privada.

Y la primera aparición pública del flamante jefe del gabinete para el crecimiento económico, el empresario Alfonso Romo, fue para ser el escrutador de las cartas-compromiso de empresarios para comprar boletos y no para suscribir pactos inmediatos de inversión privada.

El PIB sigue siendo el factor de crecimiento, creación de la riqueza y distribución de beneficios. La meta oficial del PIB de 2% para 2019 no fue alcanzada y su saldo fue deplorable: -0.1%, con un -0.3% en el cuarto trimestre del año pasado.

Para 2020, la meta oficial fue señalada otra vez en 2%, con una banda baja de 1.5% y alta de 2.5%; sin embargo, las agentes económicos y analistas profesionales –desde el FMI hacia abajo– iniciaron el año con una expectativa de 1.0% y ya la bajaron a 0.7% al comenzar febrero, por lo que hay indicios de que el PIB anual de 2020 sea aún menor al de 2019, oficializando una recesión larga.

Las explicaciones de la recesión tienen cuatro variables: la confrontación empresarios-gobierno, la desconfianza empresarial en el programa de inversiones públicas, el desplome de la demanda agregada y las bajas expectativas en las utilidades empresariales.

Las cifras del INEGI revelan la dimensión de la crisis: el indicador mensual de la actividad industrial sigue tendencia a la baja desde el segundo trimestre de 2018, la inversión bruta fija no repunta y la tasa de ocupación parcial y desocupación de mano de obra es de 9.1%, la informalidad de la población económicamente activa es de 56%, la tasa de subocupación es de 6.12% y la tasa de condiciones críticas de ocupación es de 15.3%.

Los asuntos de Lozoya, la venta de boletos para la rifa-no rifa del avión, la reorganización del INE, el pánico social por el coronavirus y la reforma judicial son, en efecto, decisiones importantes para la reforma de instituciones sistémicas; sin embargo, ninguna de ellas responde al desafío número uno del sexenio: la tasa del PIB que mide la creación de bienes y servicios y revela la masa de dinero para repartir. Sin PIB, pues, no hay paraíso.

La idea de sentar a los empresarios en una cena para obligarlos a comprar boletos para una rifa extraña no es tan mala porque los beneficios de esa rifa serán orientados por única vez al sector salud en colapso de funcionamiento. ¿Qué ocurrirá cuando esos 2 mil millones de pesos los absorba de inmediato el sector salud sin resolver la crisis de atención de 120 millones de mexicanos?

Algunos analistas consideran que los empresarios convocados a Palacio Nacional bien pudieran destinar más recursos que los 20 millones de pesos por cada uno de los 200 convocados en la construcción de un sector salud privado en materia de producción y distribución de medicinas. En el fondo, los 200 empresarios quedarán sin cargos de conciencia comprando boletos sin efecto en el sector productivo y mantener sus bajos volúmenes de inversión productiva empresarial.

El gran desatino estaría en tener en septiembre una rifa exitosa por la participación de empresarios en la compra de boletos, pero con cifras negativas de PIB en los tres primeros trimestres del año. Cifras del IMSS informaron esta semana que la creación de empleo tuvo su nivel más bajo en enero desde 2009, hace once años. Y una tasa 0% del PIB indica de modo económico que no se creó ningún empleo formal en 2019, ante una demanda de 1.2 millones de mexicanos que por primera vez solicitaron empleo en el sector formal.

Sin descuidar los termas de corrupción y de reorganización de instituciones políticas del sistema, la prioridad de los sectores público y privado debiera ser el PIB y de manera más concreta la consolidación de acuerdos para que la inversión pública del 15% del total logre arrastrarcon ella al 85% de la inversión total que le corresponde a los empresarios privados.

Además de firmar una carta-compromiso para la compra de boletos de la rifa de un avión que no se va a rifar, los empresarios de la talla de Carlos Slim y todos los invitados a la tamaliza en Palacio Nacional debieron de suscribir por escrito un pacto de inversión privada con el gobierno para reactivar la economía y sacarla del hundimiento recesivo en que estará cuando menos en el primertrimestre de este año 2020.

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Cursos: los interesados en los cursos de actualización y especialización del Mtro. Carlos Ramírez pueden encontrar datos y contactos en http://indicadorpolitico.mx

Política para dummies: La política es, parafraseando a Stendhal, un pistoletazo en medio del teatro de la realidad.

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Carlos Ramírez

Alerta TCL por outsourcing: control obrero tipo CTM o productividad

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La larga agonía de la CTM como sindicato proletario y su conversión en una holding política y económica de líderes sindicales está creando una crisis transicional. Detrás de la disputa por los espacios de contratación vía outsourcing se localiza la disputa por reconstruir los sindicatos como poder intermediario de negociación contractual con los empresarios.

Lo que debe debatirse en el Senado es el canal de contratación que prefieren los trabajadores: el sindicalismo que los esclaviza con líderes sindicales que los venden a partidos y patrones o el outsourcing que lleva el beneficio directo al salario. Y el Estado debe decidir entre el sindicalismo anti productivo tipo CTM-PRI o la contratación para la productividad.

El modelo de poder obrero lo inventó el PRI desde el Pacto de la Casa del Obrero Mundial en febrero de 1915 y con ese acuerdo ocurrieron tres cosas: se fundaron los batallones rojos carrancistas como columnas de lucha política, el Estado asumió la intermediación tutelar de los derechos obreros para liberar a los patrones de la lucha de clases y la CTM la fundó Lázaro Cárdenas para convertir a los trabajadores en el poder social masivo de los gobiernos revolucionarios por meterse en la producción y la lucha de clases.

La clave del poder obrero priísta la dieron dos historiadores políticos: Arnaldo Córdova afirmó que Cárdenas organizó a los trabajadores como masa y no como clase y Enrique Krauze encontró el poder de Fidel Velázquez en su condición de líder controlador que no aspiraba a la presidencia de la república como en su momento lo hicieron Luis N. Morones y Vicente Lombardo Toledano: la organización de los obreros era sólo para apoyar al Estado.

En la actualidad no existe ninguna de esas condiciones. Por lo tanto, la disputa contra las empresas outsourcing para regresar a la contratación laboral vía sindicatos es sólo un campo de batalla de dos liderazgos sindicales de expriístas en Morena: el senador canadiense-mexicano Napoleón Gómez Urrutia y el senador Pedro Haces Barba. De consolidarse este nuevo poder obrero, México seguirá cayendo en los niveles de productividad y competitividad porque los líderes sindicales negociarán contratos sólo para beneficio propio y no para aumentar la productividad de los trabajadores que se pudiera ver cristalizada en mejoras salariales. Este modelo lo consolidó Porfirio Muñoz Ledo como secretario del Trabajo del gobierno de Luis Echeverría: los trabajadores organizados para votar por el PRI y defender al gobierno y al Estado, no para producir.

En los hechos, Napito y Haces se están jaloneando los despojos sindicales de la CTM, una organización abandonada hasta por el PRI desde los tiempos del presidente Salinas de Gortari porque dejó de ser instrumento de negociación productiva con los empresarios y ya no servía ni para acarrear votos. Sin embargo, el Tratado de Comercio Libre 2.0 negociado por Trump, la reforma laboral impuesta por los EE. UU. y el desinterés del Estado lopezobradorista por organizar y controlar a los trabajadores entorpecerán la restauración del viejo sindicalismo cetemista sólo parta beneficio de sus líderes y afectando la productividad de los trabajadores.

El problema con el sindicalismo mexicano radica en un efecto negativo del modelo: los líderes sindicales usaban y usan el sindicato para enriquecerse personalmente y para ganar cargos legislativos. En el pasado priista la cuota de poder en cargos públicos al sector obrero –diputados, alcaldes, senadores y gobernadores– radicaba en que Fidel Velázquez había estructurado a la CTM para votar y esos votos –10 millones, entre trabajadores y sus familias– garantizaban victorias presidenciales tricolores. Desde 1988 los sindicatos dejaron de producir votos y su cuota de poder priísta ha ido languideciendo.

Ahora Napito quiere regresar a esos tiempos de Fidel Velázquez, pero ya sin las garantías de que los trabajadores de los sindicatos controlados vayan a votar por Morena. De los 50 millones de trabajadores contratados y por cuenta propia sólo está sindicalizado menos del 10% y los trabajadores ya no obedecen las ordenes electorales de sus líderes; eso sí, como estructura de movilización los sindicatos sí pueden ser un ejército electoral, pero de todos los sindicatos sólo el SNTE ha quedado como una maquinaria electoral que la maestra Elba Esther Gordillo vendió al mejor postor: PRI, PAN, PRD y Morena, aunque con el plan con maña de colocarse en los liderazgos con ambiciones de ser presidenta de la república.

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Cursos: los interesados en los cursos de actualización y especialización del Mtro. Carlos Ramírez pueden encontrar datos y contactos en http://indicadorpolitico.mx

Política para dummies: La política es la construcción de grupos de poder, no la participación ciudadana.

 

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