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Gabriel Torres Espinoza*
En días pasados, en Plena Fase 3 de la pandemia del coronavirus, el Comité de Adquisiciones del Congreso del Estado de Jalisco, adjudicó de manera directa 1.9 millones de pesos para la contratación de pólizas de seguros de vida a sus 644 trabajadores de base –incluidos los 38 diputados locales– que integran el Poder Legislativo.
El presidente del Comité, Óscar Arturo Herrera (PT), justificó la falta de licitación al argumentar ‘circunstancias extraordinarias’ derivadas de la contingencia sanitaria.
No obstante, las adjudicaciones directas que aducen ‘casos fortuitos’ o de ‘fuerza mayor’ motivados por una ‘contingencia sanitaria’, son para atender asuntos relacionados con la eventualidad extraordinaria suscitada [como sería la compra de equipo médico, p. ej.], según advierte la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (art. 73, fr. IV). Pero al parecer no se pusieron de acuerdo en las versiones.
El secretario general del Congreso, Salvador Rodríguez Reyes, señaló que la premura en su contratación se debió a la falta de quórum para sesionar en este Comité desde hace dos meses.
Un Comité que, vale la pena destacar, está integrado por dos diputados (PT y PAN), dos empleados administrativos del Congreso; y seis representantes de organismos empresariales de Jalisco. Precisamente esas mismas cúpulas que denuncian mediáticamente la corrupción, pero que en lo ‘oscurito’ se convierten en sus más acérrimos y oficiosos promotores.
Como quiera que sea, con base en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco (art. 111), las resoluciones del Comité de Adquisiciones son acordadas por la Comisión de Administración y Planeación Legislativa, que es integrada por diputados de todos los partidos políticos que integran el Congreso Local.
Una frivolidad mayúscula que no obtuvo la menor resistencia y oposición, por los ‘Refundadores de Jalisco’, los instauradores de la ‘Cuarta Transformación’ y la partidocracia de siempre. Decía don Jesús Reyes Heroles, que “la unanimidad es siempre impuesta o supuesta”. En casos como este, la unanimidad supone también actitud cínica, convenientemente comodina.
Ahora bien, en el Legislativo, más que en ningún otro Poder, los que aprueban todos los actos legislativos y administrativos en su interior, son políticos y representantes populares. Por esta relevante razón, la ‘sensibilidad política’ debiera ser el principio rector en el Recinto Legislativo.
No obstante, lo que impera en su seno es el madruguete con ‘tacto’ de elefante. Extraordinarias circunstancias derivadas de una emergencia sanitaria –agravada por la escasez de equipos de protección personal sanitario, personal médico y respiradores–, cuestionan cualquier atisbo relacionado con lo ordinario, como la renovación de un seguro de vida.
En el contexto actual, el mejor ‘seguro de vida’ que tienen los 38 legisladores y los poco más de 600 trabajadores del Congreso del Estado es, sin lugar a dudas, la remuneración quincenal, puntual y completa que perciben… a la luz de las severas afectaciones en la economía familiar que están experimentando poblaciones enteras a causas de la pandemia.
Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

Biopolítica. El derecho al agua y a la ciudad

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Gabriel Torres Espinoza

La Humanidad afrontará en las próximas tres décadas, tanto en países desarrollados, como no desarrollados: I) el cambio climático; II) la escasez de agua III) el suministro de energía; IV) la prevención y gestión de nuevas pandemias; y V) la gobernación de las ciudadesderivado del fenómeno de ‘hiperconcentración’ poblacional [en 2050, un 70% vivirá en ellas].

No obstante, el derecho al agua y el derecho a la ciudad tienen incidencia en los cinco problemas anteriores. El creciente y cada vez mas recurrente desabasto del líquido vital, parece representar una ‘nueva normalidad’. Aunque ello no deriva, por ahora, de la insuficiencia de este ‘bien frágil’, sino de su terrible gestión. Por ello, resulta ineludible ‘reconectar’ el derecho al agua, con el derecho a la ciudad. De forma que debe afianzarse la ‘seguridad hídrica’ de las urbes, tanto en su cantidad como en su calidad.

En Jalisco se ha ignorado el impacto de los cambios de uso de suelo, para ‘el ciclo del agua’. Se destruyeron, secaron o contaminaron nuestras propias fuentes. El crecimiento irracional de nuestra Zona Metropolitana inhibe la infiltración y recarga del agua subterránea, para descomponer los ‘sistemas hídricos’ superficiales (generando inundaciones, p. ej.) y del subsuelo (que propician desabasto). El suelo y su debido ordenamiento proveerían ‘servicios ambientales hídricos’ que son hoy fundamentales: retención, regulación, filtración y entrega del agua. De ahí la importancia de asegurar el modelo de ‘ciudad esponja’, o de lo contrario sufriremos un ineludible ‘estrés hídrico’ que ocurre cuando la demanda, supera a su disponibilidad. De modo que el adecuado ordenamiento del territorio no sólo favorece la ‘sostenibilidad del agua’, sino el correcto funcionamiento del todo el ‘metabolismo urbano’.

Pero nada de esto se protege en Jalisco, que por corrupción -no ausencia de leyes- padece un tipo de construcción depredadora, de un salvajismo sin precedente, que atiende únicamente a la especulación del suelo y no a la disponibilidad de los fluidos para la vida en ciudad: agua, aire y luz. Es decir, a la política de la vida o ‘biopolítica’.

De forma que atestiguamos cada vez mas ‘incendios severos’ en La Primavera -cinco veces mayor al promedio- que no es más que la antesala para la edificación de más zonas residenciales sobre Áreas Naturales Protegidas (ANP), como finalmente ocurrió con el fraccionamiento ‘El Cielo’. A ello abonan jueces corruptos que se convirtieron en el enemigo público de la ciudad (TJAJ). Poco a poco se mutila el área del ‘Bosque de La Primavera’, esencialmente para favorecer intereses de constructores. El consejero de la judicatura, Iván Novia, despacha la defensa de un particular, y cabildea jueces, para que se le entregue Colomos III, a una Familia que él representa ¡ilegalmente! El Bajío se encuentra en el mismo asedio ante el irregular crecimiento asentamientos humanos y la preventa ilícita de las Villas Panamericanas. El despojo a la Ciudad con Iconia, un complejo inmobiliario que iguala en dimensiones a la corrupción e impunidad que lo solapa, y que pretende robarse un predio público, que fue adquirido para ser parque. Habitar, no es sólo construir o edificar, sino especialmente, equilibrar la ciudad.

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Gabriel Torres Espinoza

¿Nos importa el Congreso?

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Gabriel Torres Espinoza

Los medios de comunicación parecen abonar muy poco a contrarrestar el fenómeno del ‘hiperpresidencialismo’. Esto es, a la excesiva concentración del poder político tanto en el Ejecutivo Federal como en el Ejecutivo Local. Del mismo modo, resulta parcialmente cierto que esta nociva realidad derive únicamente del régimen (diseño institucional) y del sistema (prácticas recurrentes y vigentes).

La cobertura mediática de las candidaturas, en este proceso electoral está concentrada, de manera exacerbada, en quienes compiten a la alcaldía de un municipio -especialmente metropolitano- para el caso de Jalisco; y entre los candidatos a gobernador, en la elección federal. Ello en detrimento, no sólo de la cobertura a candidatos a diputaciones locales y federales, sino en perjuicio del control democrático del poder, es decir, del control más importante, en el contexto de una elección intermedia, cuando todos los demás controles han fallado: el del electorado, a través del sufragio, a efectos de impedir una avasalladora mayoría legislativa afín a un gobernante.

De forma que resulta irónico que la ‘comunicocracia’ se ‘rasgue las vestiduras’ del control político-partidario del presidente y los gobernadores, en el Poder Legislativo, y a su vez deje de observar la vital importancia que reviste una mayor cobertura mediática, plural y robusta, entre quienes aspiran a tener una diputación en la próxima Legislatura Estatal y Federal. Al presidente de la República, el espacio de representación política que más le interesa es la mayoría de la Cámara de Diputados -no las Gubernaturas-, por razones obvias. Mientras que a un gobernador, lo que más le reporta es asegurar una mayoría afín en el Congreso del Local -no ganar ayuntamientos-. De modo que, para ambos, la gobernabilidad se juega en el Legislativo, y no en los Ayuntamientos (aunque sean capitales) o en las Gubernaturas.

De acuerdo con el ‘Monitoreo de radio y televisión del proceso electoral concurrente 2020-2021 de Jalisco’, elaborado por la Universidad de Guadalajara, y publicado el 23 de abril por el IEPCEJ, los candidatos a alcaldes registraron, del 4 al 17 de abril, dos mil 943 minutos en medios radiofónicos y audiovisuales. No obstante, los candidatos a diputados locales apenas alcanzaron los 430 minutos. Es decir, una desproporción que es ¡casi 7 veces menor! Pero esta grotesca discrepancia no advierte ningún sustento lógico, toda vez que, en el mejor de los casos, el alcalde del municipio más poblado de Jalisco (Zapopan), habrá de gobernar a apenas un millón 476 mil habitantes, mientras que un solo diputado habrá de representar a poco más de ocho millones 348 mil habitantes. El contraste entre la población gobernada de ambos cargos, es casi seis veces mayor. El mundo al revés.

Ahora bien, la relevancia de la congresista demócrata, Nancy Pelosi, la mujer que inició los dos procesos de impeachment en contra del ex presidente Trump, no podría entenderse sin la amplia cobertura mediática que recibió, que jugó un ‘peso específico’ en la no reelección del presidente republicano. Por esta razón, la democratización del sistema presidencial, pasa forzosamente por la consolidación del Legislativo, y este, a su vez, por una amplia cobertura de su trabajo en los medios de comunicación.

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Gabriel Torres Espinoza

¿En qué se basa la popularidad de AMLO?

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De acuerdo con la encuesta ‘Aprobación de mandatarios de mandatarios América y el Mundo’, de Mitofsky, publicada el mes pasado, el presidente de la República, López Obrador, sería el 7mo mandatario mejor evaluado del Planeta. Y es que el ‘promediador’ de encuestas, Oráculus, le otorga, actualmente, una ‘popularidad’ del 63%. Es de destacar el altísimo nivel de aprobación, en un contexto donde, de acuerdo con Reforma (16/Abr/2021), no existe una sola materia en la que la mayoría de los mexicanos aprueben su gestión: el indicador con aprobación más alta, tiene relación con los ‘programa sociales’ (política social), pero apenas el 49% de los mexicanos piensa que está haciendo una buena gestión en este tenor. De forma que resulta irónico, si no desconcertante, una aprobación tan alta a su persona, pero tan baja a su gobierno. La pregunta es ¿por qué?

La respuesta parece encontrarse en la innegable percepción de verosimilitud de honestidad, sinceridad e integridad. No se afirma que sea o no sea en realidad; sino que, para poblaciones enteras, parece serlo. Y es que, en política, para ser, hay que parecer. En la ‘Enciclopedia de la Política’, el jurista y politólogo, Rodrigo Borja, comenta que a lo largo de su vida política reiteradamente se ha cuestionado: “¿Por qué el pueblo cree a un líder y no a otro? No es fácil contestar estas preguntas. Con frecuencia, ante el fracaso de un político, se puede preguntar: ¿qué le falta para triunfar? Tiene talento, ilustración y habilidad. ¿Qué es lo que no tiene? He pensado que en el fondo de todo hay un elemento intangible y etéreo: la sinceridad. Esa sustancia arcana que transpira por sus poros el líder político auténtico. Equivocado o no en sus ideas, el pueblo percibe sinceridad en sus actitudes y palabras. Pero la sinceridad es algo indefinible. Pertenece al campo de la intuición más que al de la racionalidad.”

En la conducción y gobierno de las naciones, existen cuatro dimensiones del poder que inciden en su configuración estructural y cultural: 1 el político, 2 el económico, 3 el moral y 4 el intelectual. Mientras que a los dos primeros les asiste la coacción; a los últimos dos los acompaña el infalible recurso de ‘la persuasión’. Por esta razón, en la lista de las personas más poderosas del Mundo, Forbes, ubica al Papa Francisco en la 6ta posición a nivel global. De manera que el poder del Jefe del Estado de El Vaticano, no deriva de su PIB, mucho menos de su arsenal nuclear y poderío militar. Su poder dimana en los cimientos abstractos de la moralidad. No podría entenderse la caída del Muro de Berlín, sin el rol de Juan Pablo II.

No sólo el Estado se encuentra en crisis ante la ‘transterritorialidad’ de los problemas de la vida pública, sino que, es un hecho, que el poder político, ¡cada vez tiene menos poder!. En nuestros días, no sólo basta vencer, sino convencer. Biden, en su discurso inaugural, exclamó: “para enfrentar los retos del futuro vamos a liderar, no con el ejemplo de nuestro poder, sino con el poder de nuestro ejemplo”. El poder de Obrador no sólo tiene origen en la amplia representación política de su partido, sino que también tiene una explicación popular, que se basa en la percepción de la verosimilitud de honestidad y sinceridad.

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