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Gabriel Torres Espinoza*
En días pasados, en Plena Fase 3 de la pandemia del coronavirus, el Comité de Adquisiciones del Congreso del Estado de Jalisco, adjudicó de manera directa 1.9 millones de pesos para la contratación de pólizas de seguros de vida a sus 644 trabajadores de base –incluidos los 38 diputados locales– que integran el Poder Legislativo.
El presidente del Comité, Óscar Arturo Herrera (PT), justificó la falta de licitación al argumentar ‘circunstancias extraordinarias’ derivadas de la contingencia sanitaria.
No obstante, las adjudicaciones directas que aducen ‘casos fortuitos’ o de ‘fuerza mayor’ motivados por una ‘contingencia sanitaria’, son para atender asuntos relacionados con la eventualidad extraordinaria suscitada [como sería la compra de equipo médico, p. ej.], según advierte la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (art. 73, fr. IV). Pero al parecer no se pusieron de acuerdo en las versiones.
El secretario general del Congreso, Salvador Rodríguez Reyes, señaló que la premura en su contratación se debió a la falta de quórum para sesionar en este Comité desde hace dos meses.
Un Comité que, vale la pena destacar, está integrado por dos diputados (PT y PAN), dos empleados administrativos del Congreso; y seis representantes de organismos empresariales de Jalisco. Precisamente esas mismas cúpulas que denuncian mediáticamente la corrupción, pero que en lo ‘oscurito’ se convierten en sus más acérrimos y oficiosos promotores.
Como quiera que sea, con base en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco (art. 111), las resoluciones del Comité de Adquisiciones son acordadas por la Comisión de Administración y Planeación Legislativa, que es integrada por diputados de todos los partidos políticos que integran el Congreso Local.
Una frivolidad mayúscula que no obtuvo la menor resistencia y oposición, por los ‘Refundadores de Jalisco’, los instauradores de la ‘Cuarta Transformación’ y la partidocracia de siempre. Decía don Jesús Reyes Heroles, que “la unanimidad es siempre impuesta o supuesta”. En casos como este, la unanimidad supone también actitud cínica, convenientemente comodina.
Ahora bien, en el Legislativo, más que en ningún otro Poder, los que aprueban todos los actos legislativos y administrativos en su interior, son políticos y representantes populares. Por esta relevante razón, la ‘sensibilidad política’ debiera ser el principio rector en el Recinto Legislativo.
No obstante, lo que impera en su seno es el madruguete con ‘tacto’ de elefante. Extraordinarias circunstancias derivadas de una emergencia sanitaria –agravada por la escasez de equipos de protección personal sanitario, personal médico y respiradores–, cuestionan cualquier atisbo relacionado con lo ordinario, como la renovación de un seguro de vida.
En el contexto actual, el mejor ‘seguro de vida’ que tienen los 38 legisladores y los poco más de 600 trabajadores del Congreso del Estado es, sin lugar a dudas, la remuneración quincenal, puntual y completa que perciben… a la luz de las severas afectaciones en la economía familiar que están experimentando poblaciones enteras a causas de la pandemia.
Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

Viviendas en las que nadie vive, ni quiere vivir

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Gabriel Torres Espinoza 

De 2000 a 2012, durante los gobiernos panistas de Fox y Calderón, nuestro país experimentó un inusitado ‘boom’ de la vivienda de interés social —que fue presumido con ‘bombo y platillo’ por estas administraciones—. Durante este periodo, fueron poco más de ¡100 mil millones de dólares! los que fueron invertidos en esta “política pública” por el entonces Gobierno Federal, según cálculos hechos por Los Ángeles Times en 2017. En efecto, se trató de una muy ‘jugosa’ bolsa a la que accedió el ‘Cártel Inmobiliario’. “También constituyó una catástrofe social y financiera en cámara lenta”, según consignó este diario norteamericano en ese reportaje. Y es que el asunto no es para nada menor: si el grotesco caso del Fobaproa significó un fraude que superó los 65 mil millones de dólares, la evidente defraudación en el falaz acceso de un derecho humano y constitucional, correspondiente al disfrute de una “vivienda digna y decorosa”, tuvo un monto 54% mayor: ¡100 mil millones de dólares!

Destaca la insultante impunidad que reviste a estos inhumanos complejos habitacionales que han sido construidos por ‘desarrolladores’… de funestas calamidades. De forma que el acceso a agua potable —también un derecho humano—, en estos “hogares”, resulta una quimera. Caóticos y ecocidas “sistemas de aguas residuales”, se encuentran claramente omnipresentes en estos fraccionamientos. Escuelas que nunca fueron construidas en sus inmediaciones, aún evocan las promesas incumplidas.

Los supuestos parques y áreas verdes, a las que sus defraudados habitantes tendrían derecho, lucieron solo en la maqueta. Unidades habitacionales, algunas incluso de 30.1 metros cuadrados, contrastan con la grandilocuencia constitucional de un derecho humano que asegura ‘dignidad’ y ‘decoro’ en su construcción. La ausencia de una robusta red de transporte público, no sólo limpio y seguro, sino eficiente y suficiente en los traslados, suena más a ‘realismo mágico’ en las interminables promesas discursivas de gobiernos que ofrecen resolver algún día el problema. Por mencionar tan sólo algunas de las emblemáticas contrariedades que acompañan a esos ‘desarrollos de vivienda’.

Todo lo anterior ha ocasionado un lastimoso fenómeno social a manera de oxímoron: “viviendas” en las que nadie vive, ni quiere vivir. Así es como, entre 2005 y 2012, se disparó en un 107% el total de viviendas de interés social abandonadas. Actualmente, de acuerdo con el presidente de la República, en el país, son poco más de 650 mil las casas abandonadas —OJO— nada más del Infonavit [70 mil de ellas se encuentran tan sólo en Jalisco].

Con la claridad popular que le distingue en su discurso, en marzo pasado, el presidente recargó y condenó este fraudulento suceso al señalar: “ese es el saldo de la corrupción en materia de construcción de unidades habitacionales, sólo con el propósito de beneficiar a gente cercana al gobierno, a familiares de servidores públicos, a partir de la construcción en zonas apartadas, de alto riesgo, sin servicios, agua, en donde nunca se pusieron escuelas, guarderías ni centros de salud”. Actualmente son 6.1 millones de viviendas abandonadas en el país, no obstante, se continúa depredando espacios de valor ambiental, para entregarlos al ‘Cartel Inmobiliario’.

 

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Gabriel Torres Espinoza

A juicio político un ‘suertudote’ del TJAEJ

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Gabriel Torres Espinoza

En Sesión Extraordinaria, el Congreso del Estado de Jalisco, con 24 votos a favor, cinco abstenciones y cuatro votos en contra, aprobó iniciar el procedimiento de juicio político en contra del Magistrado Presidente de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco (TJAEJ), Armando García Estrada.

Es precisamente uno de los dos ‘suertudotes’ magistrados del TJAEJ —junto a Alberto Barba Gómez—, a los que, por sospechosos azares ‘cuánticos’ del destino, les ‘caen’ los ‘pesados’ y ‘pesudos’ ($) casos relacionados con el desarrollo urbano (inmobiliario) de la metrópoli, y que terminan por resolver en franco y flagrante detrimento de los intereses de la ciudad, a través de sentencias que son injustas, pero, según ellos, muy “apegadas a Derecho”.

El Congreso Local resolvió atender el inicio de juicio político en contra de García Estrada, por excederse en atribuciones y afectar la impartición de justicia, debido a que fue denunciado por un vecino de la colonia Providencia de Guadalajara, por ordenar tanto el levantamiento de los sellos de clausura como la suspensión de una orden de demolición de una torre de departamentos.

No es la primera vez que ciudadanos solicitan su enjuiciamiento político —al menos, en tres ocasiones más, se ha solicitado su remoción ante el Poder Legislativo—. No obstante, sí es la primera ocasión en que le es instaurado el inicio de juicio político, a efectos de que presente pruebas y alegatos para su defensa, y el Congreso, una vez erigido en Jurado de Acusación y Sentencia, resuelva si ha lugar a su destitución e inhabilitación.

Es enorme el alud de señalamientos con fuerte tufo a corrupción que arrastra en su contra. El año pasado, el ex coordinador de Innovación y Desarrollo, Herbert Taylor, denunció que García Estrada compró, en 2007, su magistratura por cinco millones de pesos, y, actualmente, la Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una carpeta de investigación relacionada con esta denuncia. En agosto de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, le congeló sus cuentas bancarias por poseer inmuebles, autos y cuentas que no corresponden a sus ingresos.

En los medios de comunicación, desde hace prácticamente una década, se ha retratado de cuerpo entero el sinfín de fechorías a cargo de este magistrado, y que se relacionan principalmente con la autorización de torres y complejos que violentan todo tipo de ordenamiento urbano en la materia. Ha avalado el irregular levantamiento de desarrollos inmobiliarios que arrasan con las escasas áreas naturales protegidas de la urbe; y, finalmente, haciendo gala de su impunidad, ha emitido órdenes de arresto en contra de autoridades municipales electas, que se han opuesto a sus peculiares sentencias, lo que, desde luego, termina por posicionarlo como uno de los enemigos públicos más importantes del derecho a la ciudad.

Ahora que está en boga el concepto de ‘ordenamiento territorial’, habría que discutir en cómo es que esta materia ha pasado a convertirse, en los hechos, en una competencia exclusiva de magistrados y jueces —y no de legisladores y poderes ejecutivos—, para así judicializarse el desarrollo urbano de la metrópoli instaurando una ‘tiranía judicial’.

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Gabriel Torres Espinoza

Candil en la calle, oscuridad en la casa

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Gabriel Torres Espinoza

El oficio signado por los titulares de la Consejería Jurídica y de la Secretaría de la Hacienda Pública, del Gobierno del Estado de Jalisco, con motivo de la ‘reasignación’ presupuestal de 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara, explícitamente admite las motivaciones a la violación de la autonomía constitucional, así como la facultad de “gobernarse a sí misma”, consagrada en el 3ro constitucional.

El texto señala que la autonomía y autogobierno de la Universidad “se delimita a proteger las condiciones necesarias para la satisfacción del derecho a la educación superior”, sin establecerse la fuente jurídica de este supuesto ¡claramente inconstitucional! Más aún, como un falaz circunloquio, la afirmación pretende indicar que la finalidad única de las instituciones de educación superior, es la enseñanza. Nada más falso. El artículo 3ro constitucional, en su fracción VII, establece a la letra: “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo (…) y administrarán su patrimonio”.

De forma que, de entre las “finalidades sustantivas” de la Universidad, como las ha dado en llamar el Gobierno de Jalisco, se encuentran, además de educar, las de investigar y —OJO— “difundir la cultura”. Y, como reconoce Gobierno de Jalisco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que dichas facultades —las de autonomía y autogobierno— no deben situarse “en un supuesto que las exceptúe o sustraiga del respeto al Estado de Derecho”. Y, en efecto, la Universidad de Guadalajara se acoge definitivamente a este principio constitucional (no legal) cuando decidió erigir, en el marco sus atribuciones, de su autonomía y autogobierno, el Museo de Ciencias Ambientales.

En el oficio de respuesta del Gobierno de Jalisco, se afirma que “en tanto la Universidad no recibió el recurso presupuestado, no puede considerarse que efectivamente haya ingresado al patrimonio de la misma, y por tanto no existe ninguna vulneración a la autonomía universitaria”.

El recurso es patrimonio de la Universidad, porque así fue aprobado legalmente por el Congreso de Jalisco. Después, se ministra. Recordemos que, cuando el Poder Ejecutivo de Jalisco asumió la ‘causa federalista’ [en la que, también, la Universidad lo acompañó], y con frenesí denunció los “recortes presupuestales” de la Federación a la entidad, estos i) NO se encontraban en el Presupuesto; y ii) la alusión de “recorte” apenas refería al crecimiento real [que considera el impacto de la inflación], que, desde luego, deberían tener diversas partidas presupuestales para Jalisco en el PEF 2020. Ahora, viene y argumenta legal un ‘recorte’, del que antes ellos mismos se ha quejado y calificado de ilegal.

El Consejo General Universitario acusa la vulneración a la autonomía presupuestal, por un recurso aprobado, legal y legítimamente por otro Poder, y formalizado en el presupuesto 2021. Pero, en Jalisco, el mismo gobierno que dice ‘defender el federalismo’, trasgrede el principio básico sobre el que descansa el federalismo: la potestad de autogobierno.

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