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Salvador Guerrero Chiprés
@guerrerochipres

Uno de los mayores golpes que se han dado contra el narcotráfico en la Ciudad de México, procedente de denuncias ciudadanas a las autoridades encabezadas por Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital nacional, y consecuente con una preparación y determinación operativa sin precedente, debe acompañarse de una renovada reflexión sobre el rol de los jueces.

Aunque el bien común, el famoso bonum commune de las escuelas de Derecho, debiera ser una prioridad de los jueces, locales y federales, con o sin independencia de su personal énfasis normativo o empírico, la realidad mostrada por el operativo de Tepito que estrenó en el mando al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, demuestra que el tema es gravemente debatible.

Teniendo ante sí las evidencias de que si bien existieron deficiencias en el Informe Policial Homologado, habiendo podido presentar, sin que yo tenga prueba de que así haya sido, imperfecciones o graves errores en la presentación del agente del Ministerio Público y aparentes o reales inconsistencias en la narrativa de los hechos, otras evidencias rotundas debieron considerarse y nadie garantiza que así fue.

Entre ellas destacan: el descubrimiento e inutilización de dos laboratorios -o de uno de producción y otro de secado y terminado- que producen droga dura; el acompañamiento delictivo colectivo de personas que sacrificaron o conocieron del sacrificio o martirio de otras (hasta en número de 42), así como el número y tipo de armamento decomisado.

En conjunto, es imposible no asociar la evidencia y las detenciones como parte de procesos que a toda a la comunidad le interesa desterrar, específicamente, la presencia de organismos delictivos de alta peligrosidad.

El juez federal, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, nos hizo más vulnerables a todos en la Ciudad de México al liberar -“porque le mintieron” a García Harfuch-, a presuntos responsables con altísima probabilidad de resultar culpables en juicio.

De 31 personas encontradas en un laboratorio de droga, fueron liberadas 30.

Los presidentes de los tribunales federal y local de Justicia han mostrado inquietud sobre este proceder de los jueces y sería conveniente que de ello pasaran a una supervisión a favor de las certezas exigidas por la ciudadanía.

La denuncia ciudadana y la operación policíaca funcionarían mejor si la labor del Poder Judicial se sometiera a un análisis más intenso y extenso y menos intramuros de la labor judicial. Tal como ya está ocurriendo con la intervención ciudadana en temas de corrupción policial y abusos contra la mujer policía.

Un ejemplo de los buenos resultados obtenidos cuando sociedad y autoridades se coordinan, sucedió en el Metro: la denuncia permitió desenmascarar a los trabajadores que daban información a varios de los jefes de las 12 bandas que operaban subterráneamente.

De las remisiones a la autoridad debe pasarse a sentencias bien construidas con la colaboración del respeto por el bonum commune que los jueces deben proteger.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Carlos Ramírez

La Revolución Mexicana, populista; la mató Salinas de Gortari en 1992

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Indicador Político:

La fecha simbólica de la Revolución Mexicana, que se inició en 1908 con el libro de Francisco I. Madero, en realidad se fue apagando hasta consumirse en 1992 cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari decretó su muerte para imponerle al PRI el discurso gelatinoso del “liberalismo social”.
El golpe mortal de Salinas contó con todo el apoyo de los priístas, en ese año capitaneados por Luis Donaldo Colosio. No hubo ninguna voz disidente, ni siquiera los creyentes en la Revolución se habían salido del PRI en 1987 con Cuauhtémoc Cárdenas para llevarse el proyecto histórico de la Revolución Mexicana al PRD, aunque ahí también la mataron en el 2006 cuando López Obrador fue candidato presidencial de un PRD sin proyecto ideológico.
La Revolución Mexicana fue, ante todo, discurso ideológico. Bajo sus alas se refugiaron todas las versiones del espectro ideológico, desde el socialismo obregonista-callista-cardenista, hasta el neoliberalismo capitalista de Miguel Alemán y el populismo de Echeverría y de López Portillo y el mercantilismo de Salinas y De la Madrid. Refugiada en el PRI, la Revolución Mexicana fue enterrada por el presidente Ernesto Zedillo en 1995 cuando separó al PRI de la Revolución del gobierno de la Revolución. Si el PRI había nacido como el eje ideológico de la Revolución, entre Salinas y Zedillo rompieron ese enlace y en el 2000 ganó la presidencia el PAN que nació en 1939 para oponerse a la fase revolucionaria cardenista.
Salinas, Colosio y Zedillo mataron una Revolución que ya estaba muerta. En 1947 el historiador Jesús Silva Herzog había decretado su muerte: la Revolución era ya un hecho histórico. En 1946 Miguel Alemán había enterrado el PRM cardenista que logró unificar a las clases sociales productivas en un aparato ideológico partidista y el populismo de los setenta sólo rescató el asistencialismo, no el proyecto de clase proletaria. La Revolución Mexicana que impulsó la lucha de clases y la educación socialista derivó en un simbolismo decreciente hasta su disolución en la conciencia política e ideológica de una sociedad que nunca creyó en ese movimiento; en todo caso, la muerte de la Revolución afectó a los campesinos y obreros como clase productiva y los subordinó a un modelo económico capitalista-neoliberal-de mercado.
Pese esos destellos socialistas en el discurso y en la dinamización de la lucha de clases como forma de control del empresario, el PRI y la Revolución nunca pensaron en una revolución proletaria para llevar al obrero al poder, nunca el modelo soviético, aunque sí sus prácticas. El partido fue el mecanismo de intermediación y administración negociada de los conflictos sociales entre las clases, teniendo al sector obrero controlado en el PRI con Fidel Velázquez de 1941 hasta su muerte en 1997 y a la clase burguesa empresarial como sector invisible del PRI.
Si bien el proceso de aburguesamiento de la Revolución y del PRI comenzó el día de su fundación, la Revolución Mexicana fue populista. En pleno populismo echeverrista el politólogo Arnaldo Córdova publicó en 1973 su libro La ideología de la Revolución Mexicana y ahí presentó de manera formal su tesis de una Revolución populista en tres pasos: controló las clases para conjurar una revolución social, construyó un sistema de gobierno paternalista y autoritario y propuso un modelo de desarrollo capitalista.
Otros mecanismos de control subordinaron los significados de la Revolución Mexicana: el Estado absolutista unitario, la Revolución como ideología oficial, el PRI como aglutinador de los conflictos de clases, anulación de lucha de clases, reformas sociales para subordinar a las clases populares y nacionalismo conservador como esencia cohesionadora.
Si la Revolución fue producto de una alianza entre los campesinos y obreros explotados –y más por la rebelión agraria–, el saldo real revolucionario está en un campo desolado, despoblado y produciendo droga y una clase obrera abandonada, con salarios precarios y en condiciones iguales a las prerrevolucionarias.
A la vuelta de 111 años desde el llamado de Madero, el México de la Revolución Mexicana vive un neoporfirismo.

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Buen fin. La ansiedad por las compras parece no entender lo que pudiera ser una trampa detrás del Buen Fin. Todas las empresas inscritas ofrecieron, en promedio, 40% de descuento. Como son empresas y no hermanitas de la caridad, quiere decir que con esos descuentos aún tienen ganancia. Lo que lleva a concluir que los precios reales fuera de temporada tienen utilidades para las empresas de más de 60% y que los descuentos, sobre precios de venta no supervisados, engañan a los consumidores que se vuelven locos comprando para aumentar las tasas de utilidad de las empresas comercializadoras.
Política para dummies: La política es ver sin ver.

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Carlos Ramírez

Evo: Ebrard aplicó la doctrina Castañeda-Fox y no la Estrada

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Indicador Político:

Si México ha logrado un reconocimiento mundial por su política de asilo, el autorrenunciado presidente boliviano Evo Morales Ayma está violando las condiciones estrictas de su permanencia humanitaria en México haciendo política con efectos desestabilizadoras no sólo en Bolivia, sino en México.
El propio canciller mexicano Marceo Ebrard Casaubón, que fue en 1994-1995 subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Salinas de Gortari, también se ha salido de la doctrina tradicional de política exterior fijada como Doctrina Estrada que durante decenios le dio madurez política a la diplomacia en cumplimiento del mandato constitucional –fracción X del 89 constitucional– de respetar “la autodeterminación de los pueblos” y “la no intervención” en asuntos de otras naciones.
Junto al asilo al presidente autorrenunciado Morales, el canciller Ebrard ha calificado de manera negativa la crisis en Bolivia, ha acusado a las autoridades actuales en ese país andino y está haciendo campaña por Morales que implica una intervención en los asuntos internos de Bolivia.
Aunque no es ley, la Doctrina Estrada del canciller Genaro ‪Estrada en 1930‬ sí ha definido la diplomacia mexicana en el sentido de que “México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos”.
Por tanto, la política exterior de México asumió con Estrada el concepto doctrinario de limitarse a “mantener o retirar” a sus agentes diplomáticos, sin calificar crisis de gobiernos. La explicación de esta doctrina es, inclusive, defensiva: México respeta el funcionamiento político de otras naciones, a fin de que esas otras naciones no califiquen el funcionamiento político y de gobierno de México.
La decisión de Ebrard de permitir que el autorrenunciado presidente boliviano Morales se mueva en México como rock star haciendo política se basa en la Doctrina Castañeda que definió Jorge G. Castañeda como canciller del gobierno panista de Vicente Fox en septiembre de 2001, a raíz del apoyo de México a la decisión del presidente Bush de atacar Irak por los ataques del 9/11.
Pero hay una diferencia entre una política exterior activa basada en principios de estabilidad, convivencia y reconocimiento a valores democráticos y una diplomacia convenenciera a los criterios del gobierno en turno. El derecho de asilo permitió a México proteger lo mismo al comunista Leon Trotsky que al Sha de Irán derrocado por la revolución islámica y a los republicanos que huyeron de la guerra civil española. Asimismo, muchos radicales latinoamericanos perseguidos por las dictaduras militares latinoamericanas encontraron asilo en México y contribuyeron a enriquecer el pensamiento político regional. Pero ninguno de ellos usó a México como plataforma para atacar a los países de donde salieron expulsados.
Lo que ha causado malestar en México ha sido el activismo del autorrenunciado presidente Morales y su falta de valor para quedarse en su país luchando por sus ideales. En los hechos, el asilo es incuestionable, aunque las autoridades migratorias de Gobernación debieran obligar a Morales a guardar compostura en México y evitar declaraciones que están embarcando a México a oponerse a los mecanismos locales para resolver la crisis que dejó Morales cuando salió huyendo de Bolivia al poner su vida por encima de sus ideales y sus compromisos jurados como presidente en funciones hasta enero de 2020.
Y el problema colateral para México será aguantar las reacciones no frontales de la comunidad diplomática de policía exterior y de seguridad nacional de los EE. UU. donde la autorrenuncia de Morales formaba parte de sus planes de reacomodo de los equilibrios políticos regionales. En los hechos, México ha quedado alineado al frente antiestadunidense populista de América Latina, aunque también en los hechos el presidente López Obrador no comulgué y ha marcado su distancia con los populismos de Argentina, el chavismo venezolano y el que representa Morales.

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Sinaloa y el PRI. En medio de tensiones entre la presidencia y los gobiernos estatales, las encuestas están revelando los posicionamientos de gobernadores. Y entre todos los priístas desacata, cuando menos en dos encuestas, México Elige y Consulta Mitofsky, el de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, sólo con el panista de Yucatán en primer sitio. El sinaloense logró 60% en México Elige y 59.3% en Consulta. De los morenistas aparece la regenta Claudia Sheinbaum en lugar 20. Y hasta ahora Ordaz Coppel sólo ha hecho política local.
Política para dummies: La política esta llena de pretextos, justificaciones y no-verdades.

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Nacional

Columna Tiempo Nuevo: El varón violentado

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Salvador Guerrero Chiprés
Reconocer las nuevas realidades nacionales pasa por identificar las antiguas y, entre ellas, advertir que los varones son también víctimas de violencia familiar.
En un entorno ciudadano y público crecientemente incluyente, es una oportunidad cívica y política, es decir un espacio para la actuación y la educación que construye a nuestra comunidad nacional, identificar que los hombres son, con mucho mayor frecuencia de la que pudiera pensarse, víctimas de aquella violencia proveniente de quienes no solamente son víctimas sino también victimarias.
Los varones padecen la violencia familiar en sus dimensiones física y psicológica. La actitud de los agentes del Ministerio Público, en el escaso número de ocasiones en que existe disposición a denunciar, es doblemente inhibitoria de la acción jurídica de hombres respecto de mujeres. La burla es frecuente en ese pequeño número de incidencia que busca la apertura de una carpeta de investigación.
En este Día Internacional del Hombre, son útiles algunos datos para avanzar en esa conciencia de la diversidad de origen de las violencias que desborda comprensiones convencionales de género omisas de la visibilización de la violencia femenina contra el varón.
Hombres de entre 46 a 55 años, que se han atrevido a denunciar o reportar su condición de debilidad e incipiente empoderamiento, han sido quienes más se han comunicado, por ejemplo ante el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, para denunciar maltrato, con el 36% del total. Después de ese segmento, el grupo de quienes tienen entre 31 a 40 años representan el 27%.
En 45 de cada cien casos, se señala que quien ejerce la violencia es la pareja, el porcentaje restante se divide en familiares (incluidos los de la pareja), hijos y padrastro.
En la totalidad de los casos se reporta violencia física y en el 54% ésta va acompañada de psicológica. Así es, se incluyen insultos constantes y denigración por parte de la victimaria y existen casos de violencia patrimonial.
En una época en que tenemos la oportunidad, no menor, de crear un debate extendido y trascendente sobre las condiciones de género y su ubicación en el contexto de las maneras en que se está reconstituyendo un nuevo modelo de familia diversa, asumir que existe la violencia femenina contra los varones es una vertiente que debe ser recuperada.
El propio sistema sociopolítico, con sus pagos explícitos e implícitos de violencia sistemática machista y patriarcal, podría estar en condiciones de revisar el modo en que los hombres son también sujetos de una violencia que no tiene como origen un género exclusivo.
Conforme se estabilizan los componentes de las agendas progresistas de nuestro país y del mundo, podríamos aprovechar para repensar cuál es el lugar que podríamos asignar a la violencia contra los hombres, que forma parte de este “patriarcal machismo”

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