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Salvador Guerrero Chiprés
@guerrerochipres

Uno de los mayores golpes que se han dado contra el narcotráfico en la Ciudad de México, procedente de denuncias ciudadanas a las autoridades encabezadas por Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital nacional, y consecuente con una preparación y determinación operativa sin precedente, debe acompañarse de una renovada reflexión sobre el rol de los jueces.

Aunque el bien común, el famoso bonum commune de las escuelas de Derecho, debiera ser una prioridad de los jueces, locales y federales, con o sin independencia de su personal énfasis normativo o empírico, la realidad mostrada por el operativo de Tepito que estrenó en el mando al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, demuestra que el tema es gravemente debatible.

Teniendo ante sí las evidencias de que si bien existieron deficiencias en el Informe Policial Homologado, habiendo podido presentar, sin que yo tenga prueba de que así haya sido, imperfecciones o graves errores en la presentación del agente del Ministerio Público y aparentes o reales inconsistencias en la narrativa de los hechos, otras evidencias rotundas debieron considerarse y nadie garantiza que así fue.

Entre ellas destacan: el descubrimiento e inutilización de dos laboratorios -o de uno de producción y otro de secado y terminado- que producen droga dura; el acompañamiento delictivo colectivo de personas que sacrificaron o conocieron del sacrificio o martirio de otras (hasta en número de 42), así como el número y tipo de armamento decomisado.

En conjunto, es imposible no asociar la evidencia y las detenciones como parte de procesos que a toda a la comunidad le interesa desterrar, específicamente, la presencia de organismos delictivos de alta peligrosidad.

El juez federal, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, nos hizo más vulnerables a todos en la Ciudad de México al liberar -“porque le mintieron” a García Harfuch-, a presuntos responsables con altísima probabilidad de resultar culpables en juicio.

De 31 personas encontradas en un laboratorio de droga, fueron liberadas 30.

Los presidentes de los tribunales federal y local de Justicia han mostrado inquietud sobre este proceder de los jueces y sería conveniente que de ello pasaran a una supervisión a favor de las certezas exigidas por la ciudadanía.

La denuncia ciudadana y la operación policíaca funcionarían mejor si la labor del Poder Judicial se sometiera a un análisis más intenso y extenso y menos intramuros de la labor judicial. Tal como ya está ocurriendo con la intervención ciudadana en temas de corrupción policial y abusos contra la mujer policía.

Un ejemplo de los buenos resultados obtenidos cuando sociedad y autoridades se coordinan, sucedió en el Metro: la denuncia permitió desenmascarar a los trabajadores que daban información a varios de los jefes de las 12 bandas que operaban subterráneamente.

De las remisiones a la autoridad debe pasarse a sentencias bien construidas con la colaboración del respeto por el bonum commune que los jueces deben proteger.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Carlos Ramírez

Indicador Político- México, vecino incómodo de Biden; hay intereses nacionales mexicanos

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Carlos Ramírez

Como no se había dado desde los tiempos de Lázaro Cárdenas y Luis Echeverría, la política exterior mexicana regresa con López Obrador al reconocimiento de la existencia de intereses nacionales mexicanos en la relación con el vecino del norte. Y como no había ocurrido antes en EE. UU. el disenso interior con Donald Trump le esta restando legitimidad a la política exterior imperial de la Casa Blanca.

Si se revisan con cuidad todas las advertencias mexicanas a López Obrador para no hacer enojar a Washington se descubrirá que son de aquellos grupos, sectores y corrientes que apoyaron de manera ciega a Joseph Biden sólo para mostrar su repudio a Trump. Es decir, que cayeron en la trampa estratégica del menor daño, pero sin debatir que toda política exterior se define desde la política interior y ésta, en la perspectiva mexicana de relaciones de poder con otras potencias, a su vez se decanta de la definición de los intereses ideológicos, geopolíticos e históricos mexicanos.

En un esfuerzo de sistematización de posicionamientos, los que critican a López Obrador por apoyar a Trump, por marcar distancia de Biden y por meter a México otra vez bajo el paraguas de seguridad nacional estadunidense forman parte de los grupos intelectuales cincelados por el neoliberalismo salinista del Tratado de Comercio Libre 1991-1993. Pero la propuesta posneoliberalde López Obrador de modo natural nopasa por el túnel del neoliberalismo. En todo caso, a la 4T le falta aterrizar su modelo de desarrollo nacional, su reformulación del Estado salinista y su reorganización total del sector público.

Los textos que sugieren que López Obrador acepte las condiciones de subordinación voluntaria a los criterios imperialistas de Biden niegan el esfuerzo mexicano de saltar el modelo priísta de marear a los estadunidenses. Durante años, Washington no pudo descifrar al PRI y prefirió convertir al PRI en el espacio de intermediación de la aceptación de la dominación imperial. En este sentido, EE. UU. pasó a formar parte de los sectores invisibles del sistema político priísta.

La propuesta de López Obrador pasa por una autonomía relativa del desarrollo respecto de las dominaciones del modelo expansionista imperial-financiero de Washington. En el caso de la seguridad, por ejemplo, México sabe que EE. UU. quiere el control del crimen organizado para regular acceso de droga, disminuir su potencialidad criminal y apropiarse del lavado de los recursos financieros del tráfico. En los hechos, EE. UU. no quiere terminar con la droga porque enfrentaría la violencia de 30 millones de adictos directos y de otro tanto de adictos indirectos. En este sentido, su estrategia es la de subordinar a México a los enfoques de la Casa Blanca, México, en cambio, tiene el proyecto de construcción de la paz.

Biden asistió a su encuentro con el presidente de México ayer lunes con la herida abierta de Trump, el asalto al Capitolio y la reactivación del trumpismo republicano el pasado fin de semana. El eje social y de poder de la Casa Blanca para la dominación mundial ha nacido del consenso interno sin importar filiaciones partidistas. Mientras Trump siga manteniendo el control de buena parte del Partido Republicano, Biden no podrá tener la legitimidad interna para el imperialismo externo. En este escenario podría interpretarse que López Obrador juegue con su alianza pasada con Trump, a condición de que obtenga concesionesmayores de Biden.

La capacidad interna de López Obrador va a depender, también, de su habilidad para romper el padrinazgo de EE. UU.-Biden a favor de los grupos mexicanos opositores al lopezobradorismo. El escenario repite lo ocurrido en 1995 cuando el demócrata Clinton apoyó al neoliberal Zedillo en la crisis salinista, a cambio de la alternancia en la presidencia hacia el PAN. Hoy Biden y su grupo estratégico no tienen un aliado mexicano interno para oponerlo a López Obrador, como ocurre en Cuba, Venezuela, Nicaragua y el mundo árabe en crisis.

Mientras Biden no fortalezca su fuerza interna ante Trump, su capacidad exterior dependerá de la sumisión de otros países, como ya ocurrió con Inglaterra, Alemania y en general Europa. Y en el juego de estrategias, China, Rusia, Corea del Norte e Irán ya están dentro de la orbita iberoamericana de la Casa Blanca.

Y México ya mostró su prioridad: los intereses nacionales mexicanos por encima de los estadunidenses.

 

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Política para dummies: La política exterior mexicana con respecto a EE. UU. consiste en engañar a la Casa Blanca y jugar ajedrez en un tablero de damas chinas.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Reforma energética: batalla por el Estado y contra neoliberalismo

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Carlos Ramírez*
En su desangelada pre-pre campaña presidencial por el 2024, el panista Ricardo Anaya Cortés difundió un video que pide –casi exige– la no aprobación de la reforma energética del presidente López Obrador. Lo que el derrotado candidato presidencial del 2018 no dice es que la propuesta actual va a borrardel mapa político la reforma energética del presidente Peña Nieto y su alianza con el PAN
y el papel de Anaya como presidente de la mesa directiva en 2013 que desdeñó las objeciones del PRD lopezobradorista.

Desde el sillón y con el martillo de jefe de la mesa directiva, Anaya aceptaba con paciencia las objeciones de la oposición perredista, las sometía a voto económica –a mano alzada– de los legisladores y luego, ante la minoría en contra, pronunciaba las palabras legales pero que negaban negociaciones: “en consecuencia, se desecha”. Hoy es lo mismo.

El debate sobre la reforma energética lopezobradorista se enmarca, quiérase o no, en dos enfoques polares: el modelo neoliberal de la reforma de Peña, el PAN y el Pacto por México para privatizar áreas publica y el modelo de rectoría activa y exclusiva del Estado. Se podrá estar de acuerdo o no, pero el actual modelo eléctrico de plano sacó al Estado de la regulación social del sector, con el dato agravante de que muchos de los funcionarios y legisladores de 2013 hoy trabajan para la industria eléctrica privada.

Las reformas de Peña Nieto en 2013 y 2014 que el candidato López Obrador dijo que iba a borrar si ganaba y que fueron bandera de campaña en contra y a favor salieron del acuerdo secreto del PRI con el PAN y el PRD chuchista en el llamado Pacto por México. El presidente electo quería una agenda legislativa informal, pero el PRI se amafiócon el PRD de Los Chuchos ya en pleno proceso de neoliberalizacion ideológica para fijar la segunda generación de reformas dentro del modelo de mercado del gobierno de Salinas de Gortari que prohijó la candidatura presidencial de Peña Nieto.

Este contexto político es inevitable el conflicto. El Pacto por México salió del fondo del proyecto neoliberal salinista de privatización de la economía pública, con la entrega a empresarios de las empresas estatales y paraestatales y la reforma del Estado para pasar, en el modelo conservador de Theda Skocpol, al “estado autónomo” de compromisos sociales, como fijó con precisión Salinas de Gortari en 1985 como arquitecto del proyecto neoliberal de De la Madrid-Salinas.

Las reformas lopezobradoristas a la educación, la luz y el petróleo fueron compromisos de campaña y fijaron la tendencia mayoritaria de votos a favor de López Obrador. En todo caso, la oposición PRI-PAN-PRD que avaló las reformas peñistas no ha sabido darle al debate su verdadero contexto: la cancelación, cuando menos por este sexenio, del modelo económico neoliberal salinista. La nueva mayoría legislativa opera como la anterior tripartidista-peñista.

En la configuración de las candidaturas a las elecciones legislativas federales de 2021 aparecen en la oposición los mismos liderazgos del Pacto por México: el PAN de Anaya, el PRI de Peña Nieto y el PRD de Los Chuchos; y lo grave para esta alianza, reforzada con el sector empresarial que se benefició de la economía neoliberal, es que carece de un discurso analítico, ha sido incapaz de reconocer que las reformas de Peña no beneficiaron a la sociedad y que a final de cuentas todo se redujo al negocio privado.

En este mismo vacío de argumentos, la oposición carece de capacidad política e intelectual para discutir el tema del Estado, de sus funciones y de sus compromisos sociales porque el Estado neoliberal polarizó la distribución de la riqueza a favor de la plutocracia que se beneficio con la privatización, con Carlos Slim Helú al frente de esa nueva casta social multimillonaria en un país de pobres y marginados. La propuesta lopezobradorista busca el refortalecimiento del Estado con la intervención directa en los procesos productivos, en tanto que la defensa opositora quiere que se mantengan los privilegios de la privatización del periodo neoliberal que ha involucrado a Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto.

Las quejas opositoras suenan hipócritas porque en el pasado priísta-panista se dieron las mismas prácticas de uniformidad. Habrá que releer las versiones del debate de la reforma energética de 2013 para revivir la sumisión del PRI, el PAN y el PRD a la compra de votos por el gobierno de Peña Nieto.

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Política para dummies: La política efectiva es la que no se quiere discutir, sobre todo cuando están en juego privilegios de riquezas y cargos de pobreza.

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Nacional

Brújula Pública- La importancia de la fiscalización

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Rodolfo Aceves Jiménez*

En todas las democracias la fiscalización juega un papel importante en el sistema de pesos y contrapesos.

Se trata de la posibilidad de conocer las actividades de los gobernantes en donde se descubre el verdadero fin al que han sido destinados los dineros públicos.

La historia de la fiscalización en México es relativamente reciente, ya que hasta 1978 fue que se expidió la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, que le otorga facultades de control y fiscalización. Con anterioridad a ese año no existían mecanismos para auditar a los gobiernos y hacer públicos sus resultados.

Pero conforme el avance de la democracia política mexicana también avanzó la democracia en la rendición de cuentas. Tiempos vertiginosos.

La Contaduría Mayor de Hacienda, órgano de la Cámara de Diputados encargado de la función de control y fiscalización, con el paso de los años se ha transformado en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como la dependencia de la Cámara de Diputados que se encarga de fiscalizar los recursos públicos que aprueba en el Presupuesto de Egresos.

Sin embargo uno de los pendientes que debe el Poder Legislativo Federal es, que los informes y auditorías que realiza la ASF tengan una fuerza y carácter vinculante, de tal forma, que sus resultados puedan ejercer la obligatoriedad y puedan relacionarse con delitos de corrupción, ya que de 2010 a 2020 sólo ha acumulado 22 sentencias en más de la mitad de las denuncias presentadas por la ASF.

Esto da cuenta de la debilidad del sistema en que se encuentran los métodos y procedimientos de vinculación de la legislación en materia de control y fiscalización.

Sus informes han divulgado importante información sobre los excesos en que incurre el poder, como por ejemplo, presentó el informe “Áreas de Opacidad y Riesgo en el Estado Federal Mexicano, Oportunidades de Mejora, 2009”, en la que detectó, que en el 2006, 50 grandes contribuyentes, -entre empresas de la industria automotriz, productos fotográficos, panificadoras, acereras, tiendas departamentales y de autoservicio, e instituciones financieras-, pagaron 74 pesos de Impuesto sobre la Renta (ISR) y 67 pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA) entre el 2000 y el 2005, en promedio, entre otras barbaridades.

El informe que presentó recientemente la Auditoría Superior de la Federación sobreestimó el cálculo de gasto que se hizo sobre las obras significativas de esta administración, como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya o el Aeropuerto Felipe Ángeles de la ciudad de México lo que dejó a la ASF en una debilidad institucional.

Una versión de la opinión pública señala la presunción de que el presidente López Obrador ejerció presión política necesaria para que el titular de la ASF reconociera la sobreestimación en sus cálculos hasta en un 70%, mientras que otra versión señala la falta de pericia en actuaría y cálculo, como la responsable en el cómputo fallido.

La ASF no debe ser sujeta de un juicio sumario que debilite la función de control y fiscalización, que es necesaria en una democracia que experimenta la transición en un gobierno de izquierda. No pierde la ASF o sus titulares, sino la democracia.

 

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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