Staff A Fondo.- En medio de las quejas ciudadanas por la falta de agua en diversas colonias de San Pedro Tlaquepaque, surge un dato que incomoda y exhibe una profunda contradicción institucional: el propio Ayuntamiento sería uno de los principales deudores del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
El señalamiento no proviene de la oposición mediática ni de voces ciudadanas aisladas, sino del diputado local del Partido Verde, Alberto Alfaro García, quien puso cifras sobre la mesa: más de 200 millones de pesos en adeudos por parte del gobierno municipal.
La acusación no es menor. En palabras del legislador, resulta una “hipocresía” exigir eficiencia en el servicio cuando el propio municipio incumple con sus obligaciones financieras. El señalamiento es directo y revela un problema estructural: no se puede demandar calidad en el suministro mientras se debilita financieramente al organismo responsable.
El punto se agrava cuando se recuerda que el Ayuntamiento de Tlaquepaque no es un actor externo al SIAPA. Forma parte de su Junta de Gobierno, es decir, participa en la toma de decisiones estratégicas sobre el servicio. La pregunta es inevitable: ¿cómo se puede exigir resultados cuando desde dentro no se cumplen las reglas básicas de corresponsabilidad?
A esto se suma otra inconsistencia. Mientras desde el gobierno municipal se anuncian inversiones y acciones para mejorar el abasto de agua, en la realidad cotidiana de los ciudadanos persisten los problemas de suministro. Colonias enteras continúan enfrentando intermitencias, baja presión o, simplemente, la ausencia del servicio.
La situación dibuja un escenario preocupante: un gobierno que exige, pero no cumple; que participa en la toma de decisiones, pero evade responsabilidades; que promete soluciones, mientras las condiciones no cambian.
En un contexto donde el acceso al agua es un derecho básico y una prioridad urbana, la administración encabezada por la presidenta municipal tiene la obligación de aclarar, transparentar y, sobre todo, corregir. Porque el problema ya no es solo técnico o financiero: es, ante todo, un asunto de credibilidad pública.
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