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Tiempo Nuevo:

Mientras pretendemos estar tan informados como correspondería idealmente a personas interesadas en lo público, los periodistas, los servidores públicos y los activistas sociales con frecuencia ignoramos la magnitud de la Trata de personas.

No hablemos de cada drama y tragedia individual de quienes son sometidos a la explotación sexual, laboral, la servidumbre doméstica o la mendicidad forzosa, cuatro tipos de Trata, de un total de once en México y de 25 en el catálogo estadounidense, que podrían representar cerca de 80% de los casos de esa esclavitud moderna tipificada a partir del protocolo de Palermo en 2003.

Ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la ONU o las organizaciones sociales pueden hacer más que estimaciones sobre la enormidad del negocio criminal, que es tercero solamente después de la compra venta de armas y el narcotráfico, y no siempre ni necesariamente desvinculado de ambos en lo global o en lo local.

Los datos y estimaciones que existen en el vecino del norte señalan que 85% de las víctimas de Trata provienen de México o han pasado por México, lo cual plantea uno de los temas centrales de este fenómeno, como de otros detonadores de una amplia variedad de negocios criminales: la cercanía con el principal mercado consumidor está en buena parte asociada a la prevalencia en tráfico de armas, compra venta de estupefacientes y Trata de personas.

Mientras discutimos acerca de las contradicciones reales o atribuidas a la actual política migratoria -generación de derechos y respaldo económico a extranjeros, corrimiento de la frontera de control migratorio al mismo tiempo que se deplora la amenaza de un muro en el norte- decenas de miles de personas en nuestro país padecen Trata.

Migran de una entidad a otra, provienen de otro país del hemisferio o de allende el nuestro, pasan de México a Nueva York.

En todos los casos, un indicador central es la práctica de la anulación de su identidad jurídica mediante la retención de sus documentos a la cual acuden los tratantes.

La Trata de personas ha generado a un grupo enorme de indocumentados forzosos: al retirar los documentos a las personas a quienes se ha ofrecido la esperanza romántica; a quienes se les engañó con una falsa oportunidad laboral; a quienes se ofreció la estabilidad de una casa de clase media que esconde la servidumbre a que somete a lo que sería legítima ocupación de personas trabajando en el hogar; o cuando se retiene el control sobre miles de menores de edad y adultos mayores que son víctimas de mendicidad forzosa, los tratantes han generado un nuevo fenómeno que tiene lugar más cerca de lo que nos atrevemos a admitir.

En Estados Unidos existen los indocumentados voluntarios que han dejado atrás su identidad en busca de otra nueva, a veces solamente laboral y a veces integral: la Trata es el fenómeno donde la indocumetación forzosa campea como el conjunto de impunidades registrables alrededor de esa esclavitud contemporánea.

@guerrerochipres

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Gabriel Ibarra Bourjac

Columna Los hombres del poder; Un país lleno de tumbas 

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Por Gabriel Ibarra Bourjac
¿Hasta dónde llegará la sangre derramada por todos los confines del país?
México, oficialmente no está en guerra, pero los saldos de muertes violentas, no tienen fin…no tendrán fin ni a corto ni mediano plazo, todo lo contrario.
En dos sexenios, encabezados por los Presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entre homicidios y desaparecidos, suman 300 mil vidas apagadas. ¿Qué son 300 mil vidas? Si lo comparamos con un país en guerra como fue el caso de Irak -ocupación de Estados Unidos- entre el 2003 y el 2011 se estima que murieron 601 mil personas directamente por la violencia y de acuerdo a estimaciones realizadas por organizaciones de derechos humanos, de las cuales el 14%, 91,700 fue por atentado suicidas; el 57%, por arma de fuego, más de 373 mil, y un 20%, más de 137 mil, por ataques aéreos.
Durante el primer año del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la violencia no encuentra freno, sino todo lo contrario. Al terminar el 2019 serán cerca de 35 mil los homicidios registrados en el país y si esa constante se mantiene -en los dos sexenios que le han antecedido, tienden a aumentar año con año- llegaríamos al cerrar el 2024 a 210 mil homicidios y que sumados a los 300 mil de los últimos 12 años, llegaríamos a los 500 mil pérdida de vidas en 18 años.
Sí, 500 mil pérdidas de vida. ¡Es una barbaridad!
El sexenio de Peña Nieto cerró con 14% más homicidios que el de Felipe Calderón, conforme a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre enero y noviembre del 2018 fueron asesinados un promedio de 94 personas en México por día, esto es 4 asesinatos por hora.
Los 35 mil homicidios como seguramente cerraremos el año en todo el país vendrá a imponer marca histórica.
El gobierno de la 4T ha señalado que no hará uso de la fuerza del Estado para pacificar el país. El Presidente López Obrador ha señalado que hay que resolver el problema social para que México logre la paz y la reconciliación. Tiene parte de razón, pero el encontrarle solución pueden pasar décadas y hasta siglos, y tal vez no se logre disminuir la desigualdad, porque abatirla, es imposible. Requerimos a un Presidente mas terrenal, más realista.
Ya pasó el primero de seis años de un gobierno y a juzgar por los resultados, esa actitud cristiana de ofrecer la mejilla a los criminales, en vez de combatirlo con la fuerza del gobierno y la ley en la mano, no sirve de nada.
Al mismo tiempo, tenemos el funcionamiento de la Guardia Nacional que en el tercer tercio de este año, empezó su operación, con problemas presupuestales muy críticos, por la premura que se tuvo para que ya se hiciera presente en el país. Esperamos que la Guardia Nacional se asiente en el 2020.
UN AÑO DE PLAZO
¿Qué dice el Presidente sobre la realidad violenta que golpea al país en los tiempos de la 4T?
Tácitamente acepta la magnitud del problema cuando pide un año más de plazo.
Hay dos sucesos que este año han cimbrado a su gobierno por parte de los grupos criminales: por un lado “el culiacanazo”, que vino a exhibir el desorden que traen dentro del gabinete de seguridad que coordina el civil Alfonso Durazo, que se ha convertido en el funcionario más cuestionado de este gabinete, al no convencer su narrativa y justificaciones que ha brindado, no pocas contradictorias, en cuanto al operativo fallido en Sinaloa para detener a Ovidio Guzmán.
El segundo suceso trágico y macabro fue el que se registró en Bavispe, Sonora -en la frontera entre Sonora y Chihuahua- donde fueron asesinados 6 niños y 4 mujeres de la familia LeBarón, noticia que le dio la vuelta al mundo en los espacios estelares de los medios de comunicación.
En esas circunstancias, el Presidente de EEUU Donald Trump se atrevió a proponerle al gobierno de México ayuda para enfrentar la guerra a estos grupos criminales que han arrodillado y humillado al gobierno, lo cual inmediatamente fue rechazado por el Presidente López Obrador.
El gobierno de EEUU calificó el suceso en el que murieron ciudadanos americanos, como un acto terrorista y en esa tesitura, la administración se da la potestad de intervenir, de acuerdo a sus leyes imperialistas, justificando esas acciones de perseguir este tipo de actos estén dónde estén.
El Presidente mexicano hace alusión a la soberanía de México que debe ser salvaguardada al rechazar ayuda de Trump. ¿Debe cambiar México está posición que ha mantenido firme por décadas al no permitir la ayuda de un ejército extranjero participe en una acción de defensa del orden público? ¿Debería discutirse este punto? ¿De qué sirve la soberanía cuando el Estado es incapaz de ofrecer seguridad a sus ciudadanos, cuándo se impone la ley de la selva y la ley y el estado de derecho son letra muerta?
Lo cierto es que el gobierno de México por más que se esfuerce ha fracasado en la lucha contra los grupos criminales. 300 mil muertes en dos sexenios y 35 mil en este primer año, son números fríos y muy contundentes. ¿Esperaremos que en estos seis años se acumulen 200 mil más para llegar al medio millón de homicidios?
Ante esta terrible realidad, ¡Dios nos tome confesados!

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Gabriel Torres Espinoza

Mototaxis ¿el fracaso del modelo de transporte?

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Análisis:

Ayer se dio a conocer que el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), “trabaja en la elaboración de un mapa de cuencas de servicio”. Mario Silva reconoce que se estudia la posibilidad de los ‘mototaxis. Incluso, el ex secretario en el gobierno de Emilio González Márquez, Diego Monraz, ahora titular de la Secretaría de Transporte, afirma que serán los mototaxis los que presten el servicio. Ayer mismo, la Coordinadora del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Ana Belén Vázquez,  advirtió de los graves riesgos para los usuarios por el uso de la moto como servicio de transporte.Básicamente señaló una verdad de Perogrullo (algo evidente u obvio): ‘que los Mototaxis no reúnen las características de la norma técnica establecida.

Debe advertirse que el mototaxi surge como un medio de transporte que es recurrido por personas de escasos recursosque se encuentran en la necesidad de recorrer distancias cortas, donde no existen rutas establecidas de transporte público (producto de una omisión de la ciudad). En el corto plazo suele resultar un modo de transporte económico, de baja inversión para quien lo adquiere, de poco consumo de combustible, pero que expone a muchos más riesgos a quienes viajan en ellos. El mototaxi, según la Real Academia Española, es básicamente una motocicleta de tres ruedascon techo, que tiene pocos o nulos elementos que garanticen la seguridad al pasajero. El mototaxismo, provoca toda una actividad económica, basada en la ausencia de normas de seguridad para el pasajero, la falta de regulación en sus rutas y trayectos, y el caos vehicular donde circulan. Su aparición es, primordialmenteun fenómeno que denota una derrota a la innovación y la modernidad en materia de transporte.

Surge como consecuencia de las falta de oportunidades para una parte de la población. También, es el testimonio del fracaso en el modelo de transporte público de una ciudad. Significa la claudicaciónde las autoridades a los mínimos de calidad, seguridad y equilibrio en el transporte. Tal vez rebasados por la realidad. Lo que ayer anunciaron con tanta ligereza Mario Silva y Diego Monraz, resulta de la mayor importancia, porque en ello va el modelo de transporte que Jalisco desea darse, supuestamente capital de la Innovación. Una vez que acepten el ‘mototaxismo’ para Jalisco, no habrá vuelta atrás, y se tendrán que afrontar las consecuencias del crecimiento exponencial de semejante decisión. 

Cierto es que el mototaxismo ya existe en los barrios y zonas marginadas, precisamente por la falta de opciones detransporte público. En las ciudades donde se ha legalizado, a pesar de los riesgos que implica para los usuarios, creció tanto que el gobierno no pudo frenarlo, ni regularlo. Básicamente porque el ‘mototaxismo es un fenómeno que está íntimamente relacionado a la corrupción en el transporte público (no hay rutas, donde no hay ganancia), a la caída del salario, los precios bajos de las motos esencialmente las de bajo cilindraje- y a las facilidades de financiación. Además de la claudicación del gobierno a cuidar las condiciones mínimas de seguridad de las personas, durante su transporte.

 

 

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Gobierno

Columna Seguridad y Defensa: Estrategia de seguridad: No perseguir, pero no dejar escapar

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Por Carlos Ramírez

La crisis de seguridad en Culiacán el 18 de octubre llevó a la exposición de la realidad de la inseguridad: las organizaciones criminales no han leído la estrategia de seguridad pública que se basa en la construcción de la paz. Los ataques contra poblaciones civiles en Culiacán, Bavispe, Ciudad Juárez y Chihuahua revelan la urgencia de reactivar la persecución de bandas criminales, sin perder de vista la construcción de la paz.
Los golpes de efecto de los criminales en las últimas semanas requieren de una reafirmación del monopolio de la fuerza judicial del Estado. Podría estar bien que se haya abandonado la estrategia sólo de perseguir capos, pero no por ello se deje dejar en la impunidad a los grupos criminales que atacaron poblaciones civiles. Ahí, en esos casos, se justifica la línea persecutoria del Estado.
La estrategia de pacificación es tardada, llena de sobresaltos y exige contactos directos con las jefaturas criminales de las bandas delictivas. De todos esos grupos quizá sólo tres sigan usando la violencia en territorios civiles: el Cártel de El Chapo, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Santa Rosa de Lima, los tres en disputas territoriales. Los demás siguen desgranándose en bandas de delitos menores.
El problema de la violencia criminal requiere de un Estado que ponga límites. La estrategia de Calderón y Peña Nieto de perseguir capos se olvidó de las estructuras criminales; 90% de las bandas fueron descabezadas, pero la criminalidad siguió subiendo su índice de delitos.
Ahí, en los delitos de alto impacto social, es donde se debería trabajar con mayor intensidad, sin demérito de seguir buscando la construcción de la paz. El chapito Ovidio Guzmán López debe ser capturado y deportado a los EE. UU., los asesinos de la familia Lebarón tienen que ser arrestados y enjuiciados con todo el rigor de la ley, los atacantes a fuerzas de seguridad en Aguilillas e Iguala tienen que ser desarticulados con acciones de seguridad; en fin, los responsables de los delitos al menudeo, los miles de delincuentes sueltos en las calles tienen que pagar por sus delitos y no esperar a su lejano arrepentimiento.
La construcción de la paz se debe hacer sobre el ejercicio de la aplicación de le ley y con la persecución de delincuentes de todo tipo. Ninguna banda criminal se va a sentar a pactar la paz que implicaría su rendición, la entrega de sus botines y el castigo a sus miembros con acusaciones criminales. Los delincuentes pactan cuando se encuentran atrapados, arrinconados o perseguidlos sin piedad.
El Estado le debe a las víctimas de delitos de alto impacto no sólo la satisfacción de la preocupación, sino la persecución de los perpetradores y sobre todo las garantías de seguridad. El éxodo de mormones hacia los EE. UU. revela que las acciones del Estado han sido insuficientes y no satisfacen las exigencias de seguridad de quienes viven en zonas infectadas de delincuentes.
Así que el Estado debe construir la paz, pero perseguir el delito,

Ley de la Omertá
Todos saben qué hacer con las policías mexicanas como centro de la inseguridad, pero nadie sabe cómo resolver sus crisis. Antes de las elecciones del 1 de julio de 2018, un policía con formación profesional se atrevió a indagar el papel de los guardias de seguridad y escribió un libro ágil, profundo, desde dentro del alma policiaca: Nicolás González Perrín, por cierto, sobrino del famoso epigramista Tomás Perrín. Su libro: Para hacer posible lo imposible. Una mirada a la seguridad pública en México, editorial LEEA.
El libro ofrece una doble visión: un panorama social, político y criminal de las organizaciones delictivas en sus diferentes versiones y una anatomía desde dentro de las corporaciones policiacas y, sobre todo, los policías de carne y hueso.
El secretario Durazo Montaño ha otorgado mucha importancia a los cuerpos policiacos federales y locales e inclusive tiene un programa de reorganización integral, pero se ha encontrado con dos carencias: dinero y recursos humanos. Se ha tratado de un enfoque desde fuera, con los datos visibles. Ha faltado, sin embargo, una investigación desde dentro del alma de los policías, con todos los defectos, con todas las carencias, pero con voluntad para cambiar si tienen la oportunidad.
González Perrín habla de su experiencia como policía federal. Le han tocado casos complejos, como la tercera captura de Joaquín El Chapo Guzmán en Sinaloa después de su fuga del penal de Almoloya. Conoce al monstruo policiaco desde sus entrañas. Por ello, sabe de sus defectos, pero al mismo tiempo confía en sus regeneraciones. No es complicado, pero se requiere que policías controlen a policías. Al final de cuentas, no todo es cuestión de salarios o de entrenamiento. Se requiere de construir un espíritu policiaco, un orgullo.
El eje de su propuesta es simple: empoderar a la policía para empoderar al ciudadano. Por ahí habría que comenzar.

Zona Zero
·      Los funcionarios parecen haber perdido la capacidad de conmoverse, cuando la política debiera ser pasión. Ni un lamento, ni un saludo solidario, nada desde el poder a los mormones de LeBarón que fueron masacrados. Importa más la hegemonía del Estado. Ya abandonaron el país, exiliados por la violencia, 100 mormones.
·      Sigue el problema de la violencia criminal desconocida: los enterrados en fosas comunes clandestinas y los desaparecidos. Los números crecen, nadie sabe cuántos más hay, el Estado carece de sensibilidad e instrumentos y todos forman parte de los crímenes perfectos.
·      Siguen los ataques de los grupos criminales contra fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales. Ahora le tocó a Oaxaca: cinco policías asesinados en una emboscada en San Antonio Coyotepec, una población a quince kilómetros de la capital. Los escobazos a los panales criminales soltaron a las avispas.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

‪seguridadydefensa@gmail.com‬
www.seguridadydefensa.mx
@carlosramirezh

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