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Salvador Guerrero Chiprés

La verdadera dimensión de las violencias contra las mujeres, especialmente en América Latina e incluso en las ciudades más abiertas, todavía es desconocida. La evidencia con datos de autoridades federales, locales y de la Línea del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX señalan tres aspectos contundentes. 

El primero, en el espacio privado ocurre sistemáticamente la mayor cantidad de abusos: más de 75% de la violencia contra la mujer es cometida por esposos, cónyuges o exparejas.  

Segundo, el abandono y maltrato contra las mujeres adultas mayores es producido por hijos e hijas en más de 52% de los casos, es decir, se gesta también dentro del espacio familiar. 

Tercero, sin el desmantelamiento de las reservas para acudir ante las autoridades no será posible terminar con la violencia. Solamente 8% de las mujeres que hemos apoyado en el Consejo Ciudadano durante la pandemia decide iniciar carpetas de investigación, siendo ésta la única forma legal y civilizada de sancionar hasta la sentencia que cause estado a los abusadores y criminales que son capaces de violación y feminicidio. 

Todo lo privado es también necesariamente público al interpelarnos respecto de nuestras capacidades para hacer justicia. La situación exige establecer compromisos y eslabones sólidos en una cadena de auxilio. 

Ésta debe ser útil para empoderar y estimular autoestima en todas las mujeres que no se movilizan y que requieren no solamente datos, preocupación editorial, manifestaciones, todo ello legítimo y contribuyente, pero más útil si es parte de una convergencia contra la impunidad. 

Requerimos trabajo comunitario, empresarial, institucional consistente y creciente en todos los países, porque no es un problema local o nacional; lo es a nivel global y en todos los espacios: la casa, la calle, el MP y los juzgados. 

También requerimos la completa erradicación de la mentalidad del abuso de los varones que por la fuerza, por la complicidad del pacto o por la instrumentalización del pseudo amor romántico, los hace lamentablemente parte de un proceso que los condena a los límites de sus macro y micromachismos. 

El reporte “Mujeres, a un año de la pandemia”, realizado por el Consejo Ciudadano, revela datos de las situaciones que han afectado a mujeres de 28 países durante la pandemia. 

Entre 2020 y el primer bimestre del 2021, desde la Línea Mujer y Familia (55 5533 5533) brindamos 22,964 atenciones psicológicas gratuitas a mujeres, y recibimos 3,669 llamadas por violencia familiar.  

Difícilmente hay más violencia que en la época previa al 2018, cuando ni siquiera había priorización a la agenda de género. Sí hay visibilización incremental, el confinamiento fue una variable, además de apertura de las autoridades —en particular las encabezadas de manera práctica y operativa por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum—, existen más campañas y una sororidad de nueva generación, así como más datos. 

Necesitamos ahora cooperación concertada para la denuncia, el seguimiento y castigo a los responsables. 

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Nacional

Brújula Pública- Pobre Jalisco

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Rodolfo Aceves Jiménez*

Uno de los objetivos de la seguridad nacional es el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno, así como la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes, entre otros.

Se basa en los objetivos nacionales permanentes que se desprenden de los anhelos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los objetivos nacionales coyunturales consignados en el Plan Nacional de Desarrollo, los Programas Sectoriales y el Presupuesto de Egresos de la Federación. De estos tres elementos se produce la gran política nacional y el mismo contexto se inserta en cada entidad de la República.

De tiempo atrás la presente administración del Gobierno de Jalisco ha presentado crisis en el mantenimiento de su orden constitucional que debilitan las instituciones democráticas de gobierno y que impactan el desarrollo social y político de sus habitantes.

En el campo de la salud una enfermedad producida por un mosquito puso en crisis al sistema de salud de Jalisco y la corrupción producida en la pasada administración fue tolerada.

En el campo social la escasez de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara es un asunto añejo que no tuvo la voluntad política de solucionarse en tiempo y forma y que las torpezas de la presente administración mantienen a su población con cortes al suministro de agua.

La joya de la corona lo constituye, la crisis de inseguridad en que una gran cantidad de factores confluyen para su materialización.

Por principio de cuentas el gobernador no está enterado o sus asesores no le dicen, que la planeación de seguridad es obsoleta y ya dio de sí. Su administración no tuvo el valor suficiente para procesar a los mandos responsables en seguridad de la pasada administración y que todavía carga con algunos de ellos. Desaparecidos, desplazados y violencia en el estado es lo que se vive en Jalisco.

Tampoco le informan que hoy lleva a cuestas la losa con la carga moral y política del asesinato de su antecesor, sin que ninguno de los titulares actuales o extitulares del malogrado gobernador se haya molestado en voltear a ver al entonces gabinete de seguridad.

Por lo menos desde hace un año con motivo del asesinato de Giovanni López, el Ejecutivo del estado ya se dio cuenta porque afirmó que su Fiscalía está infiltrada por la delincuencia, pero no hay muestras de voluntad para erradicarla; como tampoco da muestras de voluntad para solucionar la crisis de los cuerpos que arrastra desde la pasada administración y que un día sí y otro también le brotan protestas hasta su residencia oficial por los 12 mil desaparecidos.

Quizás lo más importante es, que carga con toda la responsabilidad política por la ignorancia, impericia, torpeza y probable complicidad de los titulares de su gabinete de seguridad. Los acuerdos con los grupos políticos por los que llegaron y sostienen a los titulares de su gabinete de seguridad han sido rebasados y sus grupos impulsores no responden por sus actos. ¿o era parte del acuerdo la acción u omisión en perjuicio de la función de seguridad pública?

El Poder Judicial de Jalisco se aleja de la idealizada autonomía. Parece que responde a las necesidades políticas del partido en el poder y muy posiblemente persisten vicios y nichos de corrupción que impiden la impartición de justicia o que ésta sea con un sesgo de interés.

Es cierto que la Federación debe hacer lo suyo en cada materia de concurrencia con las entidades, pero también es cierto que Jalisco es una entidad libre y soberana, con un marco jurídico propio, un presupuesto y recursos propios.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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Carlos Ramírez

Indicador Político- WOLA, un think tank clave en el juego estratégico de Casa Blanca

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Carlos Ramírez

En términos estratégicos, el poder central en EEUU se conoce con el concepto –no referencia de nombre institucional– de Casa Blanca. A pesar de lo que piensen o digan los funcionarios, Casa Blanca decide lo que es mejor para la seguridad nacional de EEUU para privilegiar, como dice la Doctrina respectiva del gobierno de Biden, y defender el american way of life o modo de vida estadunidense.

Aunque tiene sus propias oficinas y organizaciones ad hoc que son controladas por el Congreso, el aparato de poder estadunidense –la comunidad de los servicios de inteligencia y seguridad nacional– utiliza a agrupaciones con cobertura académica o sólo analítica que son conocidas como think tanks, en cuyo seno son asimilados exfuncionarios de la seguridad civil y militar ya en fase de empresas de movilidad en la seguridad privada al servicio de la seguridad oficial.

En esa comunidad asesora se localiza el grupo Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). El enfoque de seguridad nacional de esta organización coincide con el oficial estadunidense. Su último reporte sobre México y su crítica a la militarización sólo encontró contexto en tres escenarios construidos por la Casa Blanca:

1.- La presentación formal de la vicepresidenta Kamala Harris como encargada Senior de la agenda México dentro del nuevo aparato de gobierno.

2.- El aumento de las presiones de la DEA para realizar operaciones en México sin cumplir con las nuevas reglas de registro establecidas por la Ley mexicana de Seguridad Nacional.

3.- La búsqueda del debilitamiento de la participación de las fuerzas armadas mexicanas en labores de seguridad nacional estratégica y de seguridad interior para que México regrese al corral de una nueva Iniciativa Mérida.

La intención de la Casa Blanca es evitar la autonomía relativa del gobierno del presidente López Obrador en tareas de seguridad mexicanas en temas que tienen efecto en EEUU. La iniciativa Mérida firmada por el presidente Calderón con el presidente Bush sometió la estrategia de seguridad mexicana a la aprobación y sobre todo supervisión estadunidense, es decir, en relación a los intereses de EEUU.

El presidente López Obrador anuló esa Iniciativa y definió su propio paradigma de seguridad en función de los intereses mexicanos de abandonar los escenarios de la guerra y crear condiciones de paz, incluyendo un entendimiento informal con los cárteles para evitarles la tentación de ser gobierno, no perseguirlos para eludir la respuesta criminal a balazos y generar condiciones de bienestar en las zonas controladas por el crimen organizado.

El último reporte de WOLA deja ver los intereses estratégicos de la Casa Blanca de Biden: sacar a los militares de las tareas de seguridad y evitar su utilización –que tiene fundamentos y garantías constitucionales– en tareas civiles de obras sociales que permiten las leyes y reglamentos mexicanos.

La clave está en la estrategia de seguridad. El reporte de WOLA, en la lógica de Casa Blanca, pone la atención en los militares, pero con el segundo pensamiento de que la estructura civil mexicana no tiene las condiciones ni fuerza para contener a los narcos y entonces el gobierno de Mexico debiera permitir la entrada de especialistas estadunidenses militares en materia de seguridad para suplir a los mexicanos, sin colaborar ni compartir tecnologías e inteligencia.

La lectura del reporte de WOLA sobre la militarización en México deja ver esas intenciones estratégicas ocultas. Y por si fuera poco, ese reporte circuló en México la víspera de la reunión institucional México-EEUU en materia de seguridad, con la presencia en México de expertos estadunidenses de alto nivel. El objetivo de WOLA quedó claro: que organismos y personal del gobierno de EEUU tenga más beligerancia en México sin pasar por las normas regulatorias de registro de agentes y operaciones y revolver los territorios de los cárteles para aniquilarlos o llevárselos extraditados.

En este sentido, el modelo de seguridad binacional que ha dejado ver el gobierno de EEUU tiene, en realidad, un enfoque sólo estadunidense. Hasta ahora, en esas reuniones sólo ha habido una forma de resistencia en la cancillería mexicana de Marcelo Ebrard Casaubón en función de la directriz presidencial de que no debe permitirse la restauración legal o de facto de una nueva Iniciativa Mérida.

 

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Política para dummies: La política es la forma de eludir las presiones de los adversarios.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- El INE, rebasado; Córdova contra AMLO y las elecciones vagan sin control

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Carlos Ramírez

Los tiempos políticos circunstanciales coinciden: mientras la Fiscalía General de la República abre expedientes con claros tonos de delitos electorales contra candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD-Coparmex, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, se reúne de manera personal con el diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo en su periodo de franca guerra contra el presidente López Obrador, Morena y la 4ª-T para dar la imagen de alianzas.

En este contexto, el descuido intencionado del INE sobre el proceso electoral busca beneficiar a la alianza opositora. El Instituto quiso quitarle el registro a la candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí, pero la filtración adelantada de esas intenciones reventó la sorpresa. Y bajo la mirada complaciente del INE varios candidatos de la alianza opositora están comprando de manera ilegal con votos para beneficios sociales si ganan las elecciones, hechos que caen dentro de presuntos delitos electorales.

Con estos datos se confirma que el INE de Córdova Vianello ha sido reducido a una mala copia de la Comisión Federal Electoral de Manuel Bartlett Díaz de 1988.

El actual consejo electoral del INE está reventando el régimen electoral posterior a la crisis de 1988. La capacidad de autoridad institucional de los funcionarios del INE se ha reducido a su mínima expresión respecto a la alianza opositora: el consejero presidente usa redes y va a entrevistas de prensa para ostentarse como el guardián del régimen democrático, cuando su tarea es mucho más modesta: garantizar elecciones libres y conteo institucional de votos. Y en esas apariciones, Córdova Vianello aprovecha la oportunidad para promover los libros que ha escrito y editado con recursos del Instituto.

En una entrevista, inclusive, aceptó la contratación como funcionario del Instituto de Ernesto Núñez Albarrán para cumplir el único propósito de ayudarlo a escribir el libro La democracia no se construyó en un día. Pero el consejero presidente del INE confunde el hecho de que la tarea del INE radica en organizar elecciones, no en producir libros de contenido político con cargo al erario y, sobre todo, sin pasar por las reglas de utilización de los recursos del organismo.

La reunión de Córdova Vianello en las oficinas del INE con el disidente Muñoz Ledo ocurrió justo en el momento en que el legislador había roto relaciones con el presidente de la república que ayudó a encumbrar y en su campaña mediática para construir un frente amplio por la defensa de la Constitución. El tuit de Muñoz Ledo para difundir esa foto no ocultó sus intenciones: incorporar la imagen del consejero presidente del INE en tiempos electorales en labores de cuestionamiento de Morena y del jefe del ejecutivo.

Lo más grave ocurre en el escenario de delitos electorales: el presidente declaró sin ocultamientos que estaba interviniendo en el proceso electoral para denunciar irregularidades, pero en el entendido de que esa tarea le corresponde al INE y no la ha cumplido. Sin embargo, el INE se ha visto parcial a favor de la alianza opositora y enérgico contra Morena.

En riguroso enfoque institucional, el INE nada tiene que hacer definiendo la democracia como filosofía o forma de gobierno, porque su tarea es funcionar como mecanismo de realización de elecciones libres, participativas y sin obstáculos como una forma de cumplir con su tarea de acreditar funciones de democracia procedimental electoral. Pero en estas semanas, el INE ha volteado la vista hacia otro lugar mientras la alianza PRI-PAN-PRD, ahora reforzada con el poder empresarial de la Coparmex como fuerza de ultraderecha, quiere desviar el sentido popular del voto.

La revelación de la revista Contralínea, potenciada por el presidente de la república en una mañanera sobre la intervención del gobierno de los EEUU vía varios organismos vinculados a la CIA en la promoción de defensa del capitalismo en América Latina, le debió corresponder denunciarla, indagarla y procesarla de manera legal al INE, porque se trata de la injerencia de un gobierno extranjero en un proceso electoral mexicano. Sin embargo, la ingenuidad estratégica del consejero presidente Córdova Vianello y su obsesión anti AMLO podrían querer justificar que intereses estadunidenses y de corporaciones patronales mexicanas desvíen el sentido democrático real del voto ciudadano.

 

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Política para dummies: La política se hace con pasiones, no con obsesiones enfermizas.

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