La vulnerabilidad infantil ante el abuso sexual, la trata de personas o la desaparición —por sustracción, extravío o voluntad propia— tiene que ser visibilizada y enfrentada desde la ciudadanía y las instituciones. Desatender el espacio cercano a las niñas y los niños y olvidar nuestra obligación individual y colectiva de respaldar a las familias promueve impunidad.
De acuerdo con información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en el país hay más de cinco mil niñas y niños desaparecidos. El Estado de México, Tamaulipas y Jalisco concentran el 40 por ciento de los casos. Hay atroz incertidumbre en el hogar ante el desconocimiento del paradero de un ser querido.
Empatía y acción inmediata son demandas frente a esa verdad, y ante la cual el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ha urgido a terminar con el burocratismo y la pereza. Una posición surgida del reconocimiento de una crisis que debe ser atendida y de la identificación de fallas que, seguramente, conoce mejor que nadie siendo partícipe del mismo proyecto político de otros a quienes alude.
La nueva herramienta coloca a México en un escenario internacional de búsqueda de respuestas modernas. La Interpol, por ejemplo, cuenta con el sistema I-Familia, una base mundial con perfiles de ADN que se pueden cotejar con restos humanos para establecer vínculos con desaparecidos.
Desde la sociedad civil, el Consejo Ciudadano de la CDMX se alió con la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, y Familias Unidas por una Causa para fortalecer la búsqueda de menores de edad, así como el apoyo emocional a sus familias.
Los datos del organismo reflejan otra terrible verdad. En el abuso sexual infantil, 70 por ciento de las agresiones proviene de familiares de las víctimas y 72 por ciento ocurre en el hogar. En trata de personas, las y los menores de 17 años —la edad considerada por Naciones Unidas para definir a la niñez—, ocupan un 46 por ciento del total de reportes y 77 por ciento es víctima de explotación sexual.
Las vulnerabilidades de menores deben ser atendidas de manera integral. En la CDMX, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha impulsado la Ley General y Local de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el trabajo del DIF, encabezado por Esthela Damián, para acompañarles ante el Ministerio Público cuando son víctimas de algún delito.
Sacudirse la inacción e impulsar la cultura de la prevención y denuncia que reivindique el entorno privado y a la familia como el espacio más seguro para la infancia es hoy un deber.
@guerrerochipres
