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Gabriel Torres Espinoza

Actualmente, debido al azote global de una pandemia sin precedentes en la última centuria, los principales países productores de fármacos y de EPP [Equipos de Protección Personal: cubre bocas, guantes, gafas, caretas, batas, etc.] están experimentando una batalla por su producción y acaparamiento en insumos que determinarán, en buena medida, quién vive y quién fallece a causa del coronavirus. Al menos 69 naciones han prohibido o restringido su exportación, derivado del hecho de que todos los países del Planeta demandan exactamente las mismas herramientas para salvar la vida de sus connacionales. Hoy, más que nunca, el libre comercio ha sido suspendido por aquellos que lo difundieron con especial énfasis durante las últimas siete décadas: E.E.U.U. prohibió la exportación de tapabocas; la Unión Europea hizo lo mismo con relación a los cubre bocas y EPP; el Reino Unido y E.E.U.U. han impedido las exportaciones de hidroxicloroquina, un medicamento originalmente creado para tratar la malaria, y ahora probado por sus posibles efectos benéficos en contra del Covid-19. No obstante, este nacionalismo económico o autarquía comercial aún no ha auspiciado efectos catastróficos porque, irónicamente, China productor del 70 por ciento de los ingredientes activos de los medicamentos para atender a los pacientes de coronavirus y, en general, del 80 por ciento de los antibióticos y componentes de una enorme gama de medicamentos no ha entrado a esta perniciosa dinámica restrictiva. De llegarse a ese punto, estaríamos frente al peor escenario desde la Segunda Gran Guerra: una pandemia altamente mortífera agravada por conflictos bélicos de carácter trasnacional. 

Frente a este particular y desafiante contexto, algunos argumentan a favor de la soberanía farmacéutica, entendida como la capacidad de un país para producir la totalidad de los medicamentos demandados por la población sin recurrir a su importación. Sin embargo, la escasez de materias primas o ingredientes activos en ciertos países y regiones, así como la compleja y tardía instrumentación industrial requerida para tales efectos, hacen inviable esta respuesta, frente a una pandemia que cobra millares de víctimas en periodos de tiempo cada vez mácortos. Por el contrario, lo que se necesita es cooperación y coordinación internacional. De no ser así, experimentaríamos un auténticosálvese quien pueda y como pueda que, en el mejor de los casos, sólo beneficiaría a algunas potencias, para nulificar el derecho humano a la salud en decenas de países. 

Resulta innegable que la única respuesta para hacerle frente al coronavirus es el hallazgo de un medicamento con eficacia probada, o bien, la creación de una vacuna que requerirá, al menos, de 12 a 18 meses. Ahora bien, ante la probable y eventual creación de alguno o ambos, el capitalismo volverá a ser puesto en jaque por el coronavirus: la patente del fármaco, que prevé su producción y comercialización monopólica por 20 años, ¿será capaz de dar atención a una población mundial que supera los siete mil 500 millones de habitantes? Más aún, ¿este tratamiento sólo será accesible para el ‘mejor postor, es decir, los países y estratos sociales más ricos?

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

Debe estar el INAI, ¿en inexorable enclaustramiento?

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Gabriel Torres Espinoza

En días pasados, comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), fueron invitados por las Fuerzas Armadas del Estado Mexicano, a hacer un recorrido por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Al final del recorrido, los comisionados hicieron declaraciones sorprendidos por la magnitud de la obra. Probablemente exageraron un tanto, y tal vez la cortesía de sus declaraciones, pudo ser observada como imprudente, debido al momento de polarización del país.

De modo que esto derivó en una polémica y una crítica, que siempre resulta sana. No obstante, llegar al punto de concluir que este acto “violentó”, “comprometió” y “renunció” a la autonomía constitucional del órgano garante nacional, no es sino el resultado de ese análisis cargado de fobias y filias. Acudir a una visita, por invitación de las fuerzas armadas nacionales, no vulnera de modo alguno la autonomía constitucional del INAI.

Asumir por esto, semejante absurdo, es torcer los hechos para querer concluir que, la autonomía constitucional del INAI, debe ser el inexorable enclaustramiento y abandono oficinesco de un órgano de Estado. De forma que, bajo este razonamiento, la independencia de los comisionados del INAI, frente al poder, no se acredita en sus resoluciones, lineamientos, ni criterios, sino en el resguardo ascético del espacio burocrático, tal monje tibetano.

Por ejemplo, en la ceremonia de juramentación, del cargo de presidente de los Estados Unidos, se estila apoyar la mano sobre una Biblia. Seguramente bajo este rasero de análisis, inmediatamente denunciarían la violación del carácter laico de la Unión Americana. O bien, que en el anual ‘discurso del estado de la Unión’, de aquel país, se encuentran sentados en la primera fila los jueces de la Corte Suprema —porque señalarían irritados, con dedo flamígero, la inexistencia en la imparcialidad de la justicia—. Más aún, se sorprenderían al ver que este mensaje del presidente de los E.E.U.U. es interrumpido en varias ocasiones, por extensos aplausos de pie por republicanos y demócratas —y en un par de ocasiones por los miembros de la Corte Suprema—, de forma que supondrían también que eso trastocaría la independencia del Legislativo y Judicial, frente al Ejecutivo.

La autonomía constitucional del INAI no se pierde, ni se sitúa en riesgo por la portación de un chaleco en color lila en esta visita —que no lo compraron sus comisionados, sino que se los pusieron a su ingreso—, ni tampoco por expresiones de franco alago a esta obra. La cortesía, frente al anfitrión, ni quita lo valiente, ni lo autónomo o independiente. Los más elementales protocolos de cordialidad, respeto y reconocimiento acontecen, con normalidad cívica, en cualquier República. Que bueno que en el INAI se observen. La autonomía del INAI, en todo caso, debe justipreciarse en sus resoluciones al momento de tutelar el acceso a la información, como lo ha hecho hasta ahora. Como dato: de 2018 a la fecha, el INAI ha resuelto el 68.9% de los recursos de revisión a favor del ciudadano, en solicitudes de información a la Sedena, y tan sólo en el 11% de los casos le ha dado la razón a esta Secretaría. Por el INAI hablan, claramente, los resultados.

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Gabriel Torres Espinoza

¿Un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático?

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Gabriel Torres Espinoza

El pasado 7 de octubre, fue publicado el informe anual Latinobarómetro 2021 —que versa sobre datos obtenidos entre el 26 de octubre y 15 de diciembre de 2020—. De dicho estudio destaca lo siguiente.

El ‘apoyo a la democracia’, en América Latina, se encuentra un nivel particularmente crítico: tan sólo el 49% de los latinoamericanos dicen que la democracia “es preferible a cualquier otra forma de gobierno”. De forma que, 2019 y 2020, han sido los dos años con el menor porcentaje en este indicador (desde 1995), con un 48% y 49% respectivamente. Al respecto, es importante señalar que el estudio encuentra una interesante correlación de proporcionalidad, entre la creciente y decreciente expresión de la pendiente, relacionada con el ‘apoyo a la democracia’ y la evolución o involución del PIB Per Cápita en la región. De modo que a mayor PIB Per Cápita, mayor propensión a preferir la democracia sobre cualquier otra forma de gobierno, y viceversa.

En México, respecto de este indicador, ocurre, sin embargo, algo interesante. Desde 1995, son los años 2017 y 2018 los que han acreditado el menor porcentaje de ‘apoyo a la democracia’ sobre cualquier otra forma de gobierno con un 38% —un valor, desde luego, muy alejado del obtenido en 2002, cuando el 63% de los mexicanos consideraban que la democracia era ‘preferible a cualquier otra forma de gobierno’—. En ese particular contexto, es que ocurrieron las elecciones concurrentes de 2018. No obstante, en 2020, el ‘respaldo a la democracia’ en nuestro país creció en cinco puntos porcentuales respecto de 2018, para así registrar un 43% [porcentaje considerablemente menor respecto de la ‘media’ en la región, que es de 49%]. No obstante, resulta aún preocupante que, actualmente, el 22% de los mexicanos (casi uno de cada cuatro), consideren que “en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático” [2do porcentaje más alto en Latinoamérica, en donde el promedio regional es de apenas 13%].

Con relación a la confianza en las instituciones, México registra el 4to menor porcentaje regional de confianza en la iglesia, con un 53%. Aunque sigue siendo un valor considerable, se encuentra por debajo del 61% que alcanza el promedio en América Latina. Respecto de la ‘confianza en el Presidente’, nuestro país registra el 4to porcentaje más alto, con un 44% —encima del promedio en la región que es del 32%—. Por otro lado, apenas el 22% de los mexicanos manifiesten tener ‘confianza en la policía’ que, dicho sea de paso, es el 2do porcentaje más bajo de la región —apenas por encima de Venezuela donde el valor es de 13%—.

Finalmente, es francamente alarmante el hecho de que la institución que ostenta un menor nivel de confianza institucional, dentro de todas las democracias de latinoamericanas, sean precisamente los partidos políticos, que registran apenas un 13% de confianza en promedio —porcentaje que, a su vez, comparte México—.

De forma que la democracia en América Latina registra porcentajes poco alentadores, sin lugar a dudas, pues su apoyo o respaldo se encuentra en franca división entre la sociedad, y apenas uno de cada 10 manifiestan tener confianza en los partidos, el vehículo por excelencia de la vida en democracia.

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Gabriel Torres Espinoza

No intromisión, en política, de los jerarcas de todas las religiones

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Gabriel Torres Espinoza

El 30 de septiembre pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró la nulidad de la elección del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, revocando así la resolución de la Sala Regional Guadalajara, la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

La declaratoria de nulidad de una elección no representa un asunto atípico ni reciente en nuestro país. Ocurrió por primera vez en 1994, cuando el Tribunal Federal Electoral —entonces Trife— invalidó la elección del distrito federal IV en Atlixco, Puebla, respecto de una diputación federal por el principio de mayoría relativa. Desde entonces, el máximo tribunal electoral ha anulado un copioso número de elecciones y resultados electorales para los cargos de diputados [federales y locales], alcaldes [nada más, en el pasado proceso electoral de 2021, los tribunales electorales han invalidado resultados y/o elecciones en Jilotlán, Zapotlanejo y Tlaquepaque] e incluso gobernadores [Tabasco, en 2000; y Colima en 2003 y 2015].

Con esta resolución, el Tribunal Electoral sentó un precedente muy relevante (histórico, señalan) al determinar que se violentó el carácter laico del Estado Mexicano. Señala la ‘Enciclopedia de la Política’ que, el laicismo, es un “régimen político que establece la independencia estatal frente a la influencia religiosa y eclesiástica”. Además, “el laicismo garantiza el libre ejercicio de todos los cultos y además se empeña de rodearles de toda respetabilidad posible y de alejarlos de los riesgos de las luchas políticas”. El ‘estado laico’ es aquel que “estima que el concepto religioso es enteramente ajeno a sus actividades”.

Es decir, ‘la laicidad’ corresponde tutelarla al Estado, haciéndose -para tales efectos- de medidas coercitivas, y no la esfera religiosa. Son, antes bien, algunos ministros de culto los que en ocasiones se resisten a este principio. Pero es el Estado, a través de sus instituciones (jurisdiccionales), el que tiene la obligación de salvaguardarlo. Como sostiene el jurisconsulto Rodrigo Borja: “aunque parezca paradójico, las leyes están hechas para ser infringidas. La falta de transgresiones a la ley sólo demostraría la inutilidad de ella. Es la posibilidad de conductas irregulares lo que la hace necesaria. De modo que, a diferencia de las normas naturales, lo que caracteriza a las normas jurídicas es precisamente la susceptibilidad de ser violadas. Casi diría la fatalidad de su violación”. De esta manera, la trasgresión de este principio, tan sólo acredita su necesidad y no precisamente su vulnerabilidad.

De suerte tal que la resolución por mayoría de la Sala Superior del TEPJF representa un transcendental precedente para la democracia laica en nuestro país, que busca favorecer una mejor observancia de un principio que debe circunscribir la competencia electoral: la separación Iglesia-Estado y la neutralidad religiosa de todas las instituciones públicas estatales. El laicismo asegura, a su vez, la libertad individual de culto, la tolerancia a la diversidad religiosa de la nación y la no intromisión, en la política, de los jerarcas de todas las religiones.

 

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