Tiempo Nuevo
México es un país con más de 40 mil desaparecidos y mil 200 fosas clandestinas, y es la nación en la cual existen las mayores expectativas respecto del restablecimiento del Estado de Derecho en que se haga justicia, la relacionada con información y con la sanción penal, respecto de una etapa oscurecida de más de 12 años en que violencias diversas han destruido múltiples entrañas familiares.
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, al enumerar y actualizar ese trágico resumen mexicano, presentó el plan para la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, constituida desde ahora en un desafío de una administración comprometida y obligada a diferenciarse positivamente de las que fueron encabezadas por Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.
El mismo día en que se festejó a la Constitución y se debate sobre la utilidad y eficiencia de más de 700 reformas ocurridas en un siglo y dos años, Encinas planteó indirectamente la incógnita relacionada con el programa cuyo costo de 400 millones de pesos está dirigido a hacer eficiente y legítimo el actuar del Estado respecto de las desapariciones.
De esas 700 reformas, una es la realizada en 2015 al artículo 73 y que dio facultades al Congreso para legislar en materia de desaparición forzada, tortura y otras formas de privación ilegal de la libertad. Sin embargo, no impactó en la sociedad porque no fue dotada de su Ley General.
Destaca el subrayado del subsecretario Encinas respecto de varios hechos significativos: la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes marginados y la mayor proporción de la responsabilidad de las desapariciones corresponde a organismos del crimen organizado.
El diagnóstico, presentado ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, agrega un elemento a la necesidad de que el Gobierno federal precise su plan respecto de los cárteles que operan en nuestro país y que han convertido al trasiego y producción de drogas, de personas y de procesos brutales de apropiación de lo ajeno en su fuente de poder y de afectación de los bienes jurídicos más importantes, como lo son la vida y la libertad.
Es deseable y necesaria mayor precisión a la estrategia de seguridad en relación con la impunidad con que esos cuerpos criminales operan. Lo es, igualmente, que haya capacidad operativa y resultados de las investigaciones y aprehensiones correspondientes en este primer año en que se pone a prueba la capacidad del Gobierno de restituir la realidad y percepción de seguridad y justicia, respecto de las familias de miles de víctimas del pasado y en relación con las que puedan serlo y hayan sido desde el inicio de esta administración en adelante.
@guerrerochipres
