La idea de representación popular está muy mal entendida en estos momentos en Jalisco. Ni se garantizan derechos ni se entiende su papel.
Caso 1.- Giovanni López Ramírez, él 04 de mayo del 2020 en Ixtlahuacán de los Membrillos fue asesinado por policías municipales. Ni hay pena de muerte en México, ni juicios sumarios. Pero en Jalisco la policía hace de las suyas y muchos periodistas callan.
Caso 2.- El pasado 5 de junio halcones del Gobierno del Estado, vestidos de negro, retiraron ¡en la madrugada! un antimonumento que habían instalado en protesta por lo que desencadenó la torpe y abusiva aprehensión de Giovanni López.
Antes, marchas que se iban -apenas- a realizar como protesta colectiva por este crimen fue desactivada en camionetas sin placas, por hombres con bates.
En Jalisco, el gobierno hace de las suyas y muchos periodistas callan.
Hoy en algún medio bien despistado -al menos- se censura a diputados federales porque “abordan” problemas locales.
Lo que hay qué decir es que un diputado federal es de la Nación.
El hecho de que haya diputados locales -como si no se supiera que siempre se han plegado al Poder Ejecutivo- o regidores -pobres- que no dicen nada o no se les escuche, no significa que un senador -representa a los estados- o un diputado federal -que representa a la Nación- no puedan abordar el caso.
Primero, hay que saber que según el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten (sic) en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos (sic) por ellas”.
Es entones algo de tiranos tratar de que un legislador federal no se exprese de algo, y si representa a Jalisco porque, de aquí partió su lucha o su interés por competir, lo haga.
Mientras, deben saber los alfaristas que en México ha mucho que trascienden todas las tropelías de quiénes desempeñan funciones en el Gobierno de Jalisco. Y que no sólo es un legislador, que derecho y obligación tienen.
Así que se aguantan.
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