Por Amaury Sánchez G.
La entrevista con la diputada Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, fue menos una conversación ligera y más una revisión, artículo por artículo, de lo que se ha querido construir en los primeros once meses de la administración de Claudia Sheinbaum. El Primer Informe de Gobierno, más allá de su envoltura ceremonial, es un documento político y jurídico: da cuenta de lo que el Ejecutivo ha impulsado y de cómo el Legislativo lo ha acompañado.
Seguridad: el dato frente a la norma
La diputada inició con lo que considera una evidencia central: la reducción del 25% en homicidios dolosos, junto con la disminución de secuestros y robos. En efecto, los números reflejan un descenso, pero la norma constitucional nos obliga a ir más allá: ¿se garantiza el derecho humano a la seguridad en los términos del artículo 21 de la Constitución? La mera estadística, sin consolidación institucional de ministerios públicos, policías y jueces, corre el riesgo de convertirse en propaganda.
En este punto, Pozos fue categórica: “La estrategia se consolida”. La afirmación merece someterse a escrutinio: la consolidación de una política de seguridad no se mide en meses ni en comparaciones porcentuales, sino en la reducción sostenida de la impunidad, en la eficacia de los procesos judiciales y en la vigencia real de los derechos de las víctimas.
Economía: entre el crecimiento y la justicia social
Cuando la diputada habló del Plan México, sus palabras fueron más enfáticas. “13.4 millones de mexicanos han salido de la pobreza, bajando de 51 a 38 millones”. Aquí surge un dilema fundamental: ¿cuál es el parámetro? Si la medición se basa en ingreso corriente, puede reflejar una mejora coyuntural derivada de transferencias sociales. Pero si se mide en capacidades reales —educación, salud, vivienda— el desafío persiste.
El artículo 25 constitucional ordena que el desarrollo económico debe ser integral y sustentable. No basta con cifras de crecimiento de 1.2% o récord de inversión extranjera. La pregunta es si tales avances se traducen en un modelo de desarrollo que reduzca desigualdades estructurales y garantice bienestar más allá de un sexenio.
La función legislativa: reformas como cimientos
El punto más significativo de la entrevista giró en torno a las 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes aprobadas en un solo año. Pozos defendió el ritmo: “No es prisa, es voluntad”. Su argumento refleja la narrativa transformadora. Sin embargo, el análisis jurídico obliga a distinguir entre cantidad y calidad.
La Constitución mexicana ha sufrido, en poco más de un siglo, más de 700 reformas. Su carácter de “texto vivo” se ha convertido en una fragilidad: la norma suprema deja de ser un marco estable para transformarse en arena política. Si las reformas aprobadas realmente fortalecen derechos sociales, soberanía y sustentabilidad, deberán demostrarlo en su implementación. Una reforma constitucional no garantiza por sí sola un derecho; lo hace el conjunto de leyes secundarias, reglamentos, presupuestos y, sobre todo, la voluntad política de ejecutarlas.
Legitimidad y aprobación
La diputada invocó un dato contundente: 71% de aprobación presidencial, la cifra más alta en décadas al primer año de gestión. Aquí la reflexión es inevitable: la legitimidad en democracia no puede medirse solo en encuestas. El artículo 39 de la Constitución consagra que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Esa soberanía se ejerce de manera cotidiana no en sondeos, sino en el cumplimiento efectivo de derechos, en la vigencia del Estado de derecho y en la confianza en las instituciones.
México en el mundo: entre el discurso y la realidad
Pozos cerró con una afirmación de tono nacionalista: “México es un país respetado en el mundo entero, noble y valiente”. En el plano diplomático, la dignidad nacional es importante, pero el respeto internacional se mide en estabilidad institucional, cumplimiento de tratados, certeza jurídica y capacidad de insertarse en la economía global sin sacrificar soberanía.
Balance final
La diputada Merilyn Gómez Pozos expresa con claridad el entusiasmo legislativo de un primer año cargado de reformas, cifras alentadoras y respaldo popular. Pero el análisis jurídico-político exige cautela: once meses no bastan para consolidar una transformación. El reto está en convertir estadísticas en realidades tangibles, reformas en derechos efectivos, y aprobación en confianza institucional duradera.
El dato es alentador; el derecho, exigente. México no puede conformarse con promesas ni con récords momentáneos. Lo que está en juego es si los once meses que Pozos defiende serán, con el tiempo, cimiento de justicia social o apenas el prólogo de un esfuerzo inconcluso.
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