Por Amaury Sánchez G.
La reciente visita a Guadalajara de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, reviste un significado que trasciende el acto protocolario y se inscribe en la lucha histórica por democratizar el Poder Judicial. Su conferencia magistral en el CUCEA, bajo el título “Poder Judicial, Justicia Social y Derechos Fundamentales”, no fue un mero ejercicio académico: fue la reafirmación de que, en tiempos convulsos, el derecho no puede seguir siendo monopolio de élites ni refugio de privilegios.
La ministra Batres representa una ruptura con la tradición oligárquica de la Suprema Corte. Al renunciar a beneficios económicos que durante décadas han simbolizado la separación entre jueces y pueblo, envía un mensaje inequívoco: la justicia no es un bien suntuario, sino un derecho esencial y universal. Y es en esa renuncia, sencilla en apariencia pero poderosa en significado, donde reside la profundidad política de su gesto.
En ese marco, adquiere especial relevancia la participación del abogado José de Jesús Salazar Zazueta, quien, desde el presídium, expresó lo que muchos ciudadanos han anhelado durante generaciones: la esperanza de encontrar en el Poder Judicial no un muro, sino un puente hacia la justicia social. Su intervención no fue retórica vacía. Al subrayar que Batres encarna la lucha contra los privilegios históricos de la Corte, Salazar Zazueta dio voz a la sociedad civil organizada, esa que suele quedar relegada en los actos políticos, pero que en esta ocasión se convirtió en la médula del mensaje.
El simbolismo es claro: la presencia de un abogado jalisciense, miembro distinguido del Colegio de Abogados Penalistas, legitima desde la práctica local lo que la ministra encarna a nivel nacional. No se trata de cortesías formales, sino de un gesto que refuerza el vínculo entre la ciudadanía y los procesos de transformación de las instituciones.
Este encuentro no puede analizarse como un episodio aislado. La confluencia de legisladores, académicos, representantes religiosos y sociedad civil es reflejo de una disputa de mayor envergadura: ¿qué modelo de justicia queremos para México? El viejo esquema, elitista y cerrado, ha demostrado ser incapaz de responder a las necesidades del pueblo. La alternativa, en la que se inscribe la ministra Batres y que abogados como Salazar Zazueta defienden con firmeza, apunta hacia un Poder Judicial más cercano, más austero y, sobre todo, más justo.
Jalisco, tierra de contrastes políticos y de pugnas históricas entre cacicazgos y movimientos progresistas, se convierte así en escenario de una lección fundamental: la justicia social no se decreta desde arriba, se construye desde abajo, con la voz de abogados, ciudadanos y colectivos que no están dispuestos a resignarse.
La frase con la que Salazar Zazueta cerró su intervención —apelando, con un dejo de coloquialidad, a Vicente Fernández— no es anécdota menor. Es la síntesis de una aspiración popular: que la justicia vuelva, que regrese a donde pertenece, que se reinstale en la vida cotidiana de la gente común.
En conclusión, la visita de Lenia Batres a Jalisco no solo reforzó la agenda nacional de transformación del Poder Judicial; también visibilizó a actores locales como José de Jesús Salazar Zazueta, cuya labor en la sociedad civil es prueba de que la verdadera justicia social será fruto de la alianza entre instituciones renovadas y ciudadanos conscientes.
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