Por Iván García Medina
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco atraviesa una profunda crisis institucional que, para muchos de sus propios integrantes, refleja un proceso de descomposición y decadencia. Paradójicamente, mientras su credibilidad se erosiona, el organismo sigue siendo visto como una privilegiada agencia de colocaciones, con salarios elevados y, según diversas voces al interior de la institución, al servicio de intereses políticos ajenos a su misión.
En el centro de esa red de influencia aparece Salvador Rodríguez de la Cruz, actual síndico del Ayuntamiento de Guadalajara. De acuerdo con testimonios de funcionarios y miembros de la propia Comisión, Rodríguez de la Cruz funge como el operador político y enlace entre Enrique Ibarra Pedroza y la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz del Carmen Godínez González.
Las mismas versiones sostienen que la titular del organismo tiene escaso margen de maniobra y que sus decisiones están condicionadas por las directrices de Enrique Ibarra Pedroza, actual presidente del Colegio de Jalisco. Aunque públicamente ha afirmado haberse retirado de la política, sus críticos aseguran que continúa ejerciendo influencia tras bambalinas. Incluso sostienen que, junto con Mirza Flores Gómez, participa en la construcción de una estrategia política rumbo a 2027 con el propósito de debilitar o restar fuerza al grupo del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
Bajo ese mismo esquema, aseguran que Salvador Rodríguez de la Cruz ya trabaja en la sucesión dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La apuesta, afirman, es impulsar a la actual tercera visitadora, Betty Rocha, quien recientemente ha incrementado su presencia pública mediante la difusión de actividades institucionales. En uno de los videos publicados por la propia Comisión se le presenta atendiendo quejas y dando seguimiento a casos relacionados con autoridades estatales y municipales, bajo el argumento de acercar los servicios del organismo a la ciudadanía.
Sin embargo, para quienes cuestionan el rumbo de la institución, esa estrategia de promoción no responde al fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos, sino a la construcción anticipada de una candidatura afín a los intereses del grupo que hoy ejerce influencia sobre la Comisión.
Mientras el discurso oficial presume una defensa cercana y regionalizada de los derechos humanos, los críticos sostienen que el verdadero objetivo es conservar el control político y administrativo del organismo. A su juicio, se busca mantener al frente de la institución a un perfil dócil y alineado, que garantice la continuidad de un grupo de poder con capacidad para decidir sobre la administración, las contrataciones y el manejo de la nómina. En esa lógica, concluyen, la Comisión ha dejado de privilegiar la autonomía que le exige su mandato constitucional para convertirse en un espacio de cuotas, intereses y control político.
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