Por Laura Gutiérrez Franco
En medio de una de las crisis hídricas y de salud pública más complejas de los últimos años en el Área Metropolitana de Guadalajara marcada por el desabasto y las constantes quejas por agua turbia y con mal olor, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ha decidido reconfigurar su estrategia rodeándose de un equipo estrictamente técnico y alejado de las cuotas políticas.
Este nuevo Gabinete del Agua ha recibido un voto de confianza clave para implementar un plan estratégico de rescate que busca dar soluciones de fondo a un rezago estructural de décadas. Para contener el descontento social y resolver los problemas operativos, el mandatario estatal ha colocado a perfiles con amplia experiencia en infraestructura e ingeniería hidráulica, comenzando por Ernesto Marroquín Álvarez, Secretario de Gestión Integral del Agua, quien es ingeniero civil y maestro en hidráulica con veinticuatro años de experiencia combinada en el SIAPA y la CEA y actúa como la mente detrás del diseño de la infraestructura sostenible.
Asimismo se integró Ismael Jáuregui Castañeda como titular del SIAPA, quien relevó hace unos meses a Antonio Juárez Trueba tras la intensa presión por el agua sucia y cuenta con una sólida trayectoria operativa en la gestión de obras públicas de Zapopan y Guadalajara con la misión específica de modernizar las plantas potabilizadoras y la red de distribución. A este equipo se suma Luis Enrique Barboza Niño como titular de la CEA (Comisión Estatal del Agua), especialista en ingeniería civil y exauditor encargado de acelerar la fiscalización y la correcta consolidación de la Red El Zapotillo Salto Calderón.
Como prioridad inmediata dentro del plan de rescate, el director del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, confirmó que los trabajos urgentes comenzarán formalmente esta misma semana en la Planta Potabilizadora Número Uno ubicada en la colonia Miravalle en el municipio de Guadalajara. El funcionario señaló que en esta instalación arrancará la construcción de un nuevo módulo de potabilización ya que esta planta es el corazón del sistema hídrico de la metrópoli al procesar y abastecer más de la mitad del agua que consume el Área Metropolitana de Guadalajara.
Sin embargo, al acumular más de setenta años desde su creación, arrastra una severa obsolescencia y requiere urgentemente de obras mayores de mantenimiento y modernización para frenar la salida de lodos y sedimentos hacia los hogares.
El plan estratégico del Gobierno de Jalisco arranca con una inyección económica histórica, pero las dimensiones del problema de las tuberías obsoletas de asbesto y fierro viejo rebasan los recursos disponibles de manera inmediata. Por un lado se cuenta con una inversión inicial garantizada mediante la asignación de cinco mil millones de pesos provenientes de las arcas del Estado para arrancar la renovación de la infraestructura hidráulica, las obras en Miravalle y frenar los sedimentos en el agua.
Por otro lado existe un déficit real, ya que a pesar del esfuerzo financiero local, los diagnósticos técnicos del propio gabinete y expertos señalan que para transformar por completo la red colapsada de la ciudad, modernizar las plantas y garantizar agua limpia en todos los hogares se requieren al menos veinte mil millones de pesos. Por ello el verdadero desafío de la administración no será solo técnico, sino la gestión y negociación de los quince mil millones de pesos restantes ante la Federación y el Congreso para cerrar la brecha financiera y solucionar de raíz la crisis del líquido vital.
El jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco, Alberto Esquer, presentó la estrategia estatal para resolver el desabasto y la calidad del agua, contemplando una inversión mayúscula de entre veinte mil y veinticinco mil millones de pesos a largo plazo para más de treinta acciones, como el acueducto sustituto Chapala Guadalajara y la modernización de la potabilizadora de Miravalle.
Respecto a la participación del sector privado, Esquer aclaró los matices muy específicos sobre el alcance de esa colaboración, confirmando que sí habrá inversión y participación privada debido a la magnitud de los recursos requeridos, contemplando esquemas de financiamiento donde participe la iniciativa privada para poder costear las obras de infraestructura pesada.
No obstante, enfatizó que esto no es una privatización y aseguró que el Gobierno de Jalisco mantendrá la rectoría absoluta del agua, por lo que la intervención privada se limitará al desarrollo y financiamiento de la infraestructura, mientras que la gestión, distribución y decisiones sobre el recurso seguirán bajo el control público y del SIAPA.
Actualmente el balón está en la cancha del Congreso del Estado, ya que se requiere que dote del marco legal y apruebe los esquemas financieros necesarios, un paso en el que el Ejecutivo estatal está insistiendo para destrabar los recursos. Las obras van orientadas a intervenir las redes de distribución obsoletas que son la causa principal de que el agua llegue sucia a cerca de doscientas colonias de la metrópoli.
Mientras el equipo técnico de Lemus busca ejecutar los primeros recursos, la crisis del agua color chocolate se ha convertido en el principal campo de batalla política en la entidad. La diputada de Morena, Merilyn Gómez Pozos, ha escalado el conflicto mediante una denuncia formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y reuniones con la Comisión Nacional del Agua, exigiendo una intervención de la Federación por considerar que el estado muestra incapacidad e indolencia, y criticando fuertemente que la narrativa oficial priorice eventos como el Mundial de Futbol por encima de la salud pública. Por su parte, el Gobierno de Jalisco y la bancada de Movimiento Ciudadano interpretan estas acciones como una estrategia de descrédito político orientada a los próximos procesos electorales, buscando centralizar los recursos en la Federación en lugar de asignarlos directamente al estado para solucionar el problema.
A nivel local, la postura de la diputada Mariana Casillas, de la bancada de Futuro y presidenta de la Comisión de Gestión del Agua en el Congreso local, ha sido sumamente crítica frente a la gestión hídrica de la actual administración, arremetiendo contra la estrategia de Pablo Lemus Navarro y los titulares de los organismos operativos.
Los ejes centrales de sus reclamos se concentran en tres puntos críticos. Primero acusa que existen puestos para cuates y falta de perfil técnico, denunciando abiertamente que el SIAPA se ha manejado como una caja chica y un espacio para colocar cuotas políticas en lugar de perfiles técnicos calificados, impulsando tras el relevo de Ismael Jáuregui reformas a la Ley de Entidades Paraestatales para exigir que cualquier nombramiento directivo cumpla estrictamente con un Catálogo de Puestos técnico y comprobable.
Segundo, señala la crisis de agua turbia y la evasión de culpas, rebatiendo las declaraciones de Lemus que atribuían el agua sucia a la falta de lavado de tinacos por parte de los ciudadanos, pues sostiene que los reportes de agua negra o maloliente en más de ciento cincuenta colonias evidencian un problema estructural y presencia de metales pesados en las fuentes de abastecimiento, calificando los datos de mejora del gobierno como una gran mentira sin sustento técnico y considerando inviable la promesa de solucionar la mala calidad en dos meses.
Tercero, denuncia una defensa deficiente del patrimonio hídrico, acusando al Gobierno del Estado y al propio SIAPA de una defensa legal deficiente y tardía del parque Colomos Tres tras el fallo del Tribunal Agrario que cedió terrenos donde se ubica el manantial La Campana, sugiriendo que las acciones estatales fueron simulaciones de último minuto.
La legisladora ha insistido en que las soluciones planteadas hasta ahora priorizan la simulación y las obras de relumbrón para el turismo en lugar de concentrar el presupuesto en la reingeniería de fondo que demanda de manera urgente el Área Metropolitana de Guadalajara.
El balance final otorga un voto de confianza al plan de Pablo Lemus y a su equipo técnico como un paso firme para comenzar a limpiar las tuberías enfocando los esfuerzos en la vieja planta de Miravalle, aunque el verdadero desafío de la administración será la gestión y negociación de la brecha financiera restante ante la Federación y el Congreso y que Mery Pozos no bloquee el dinero para tener votos en la próxima elección.
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