Por Laura Gutiérrez Franco
Las cifras oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no admiten maquillaje ni discursos endulzados, por más que en las oficinas del Gobierno del Estado insistan en voltear hacia el techo. El mercado laboral de Jalisco atraviesa un enfriamiento severo que en los últimos seis meses se transformó en una sangría constante para la economía familiar. No se trata de variaciones estacionales ni de simples ajustes de nómina: la entidad acumula una pérdida neta superior a los 18,600 empleos formales, destruyendo oportunidades laborales justamente en los sectores que le daban solidez y dinamismo al desarrollo regional.
El impacto se concentra con especial dureza en tres pilares estratégicos: el comercio, que registra un desplome del -2.4% ante la contracción del consumo local y el encarecimiento de los insumos; los servicios corporativos y financieros, con una caída del -1.8%; y la industria de la transformación, que se contrajo un -1.2%, reflejando la pérdida de competitividad operativa frente a otras entidades.
Frente a esta radiografía, el sector productivo ya no encuentra de qué manera encender las alarmas. Desde la Coparmex Jalisco, los pronunciamientos han sido tajantes: la preocupación no es solo por las plazas que se extinguieron, sino por la causa de fondo, que es la muerte silenciosa de las empresas. En lo que va del año se registra el cierre definitivo de más de 2,300 registros patronales ante el IMSS. Micro, pequeñas y medianas unidades económicas —aquellas que generan más del 70% del trabajo en el estado— están bajando la cortina asfixiadas por la inflación, la falta de incentivos fiscales, la inseguridad en carreteras y una tramitología gubernamental que castiga al que emprende.
¿Y cuál ha sido la postura institucional ante la pérdida de miles de cotizantes en el Seguro Social? Un silencio pasmoso y una evidente ceguera por decreto. En los boletines de prensa prefieren refugiarse en la foto de corte de listón, la estadística inflada del turismo de fin de semana o la diplomacia de escritorio, pretendiendo que la derrama económica de un puente vacacional puede sustituir los salarios fijos, el acceso a la salud, las aportaciones para la vivienda y la estabilidad de miles de familias jaliscienses que hoy están en la incertidumbre.
La caja chica de Setran: El imperio de las grúas y la cacería vial
Mientras la iniciativa privada hace malabares para mantener sus cortinas abiertas y la nómina al día, hay una dependencia estatal que opera con la voracidad y la precisión de una trituradora de bolsillos: la Secretaría de Transporte de Jalisco (SETRAN), bajo la conducción de Diego Monraz Villaseñor. Las inconformidades contra esta gestión no son un asunto nuevo ni aislado, pero en los últimos meses la molestia social ha escalado a niveles de indignación que amenazan con desbordar la tolerancia del ciudadano de a pie y del sector productivo.
El descontento corre en dos carriles paralelos pero igualmente gravosos: por un lado, la molestia de las cámaras del transporte de carga y reparto —fundamentales para el abastecimiento industrial y comercial del estado— y, por el otro, el acoso sistemático contra los automovilistas particulares. El negocio más lucrativo y opaco dentro de este esquema sigue siendo el monopolio de las grúas concesionadas y clandestinas, que operan en perfecta sincronía con los operativos viales.
La estrategia es clara: desplegar inspecciones con un marcado afán recaudatorio y punitivo en lugar de preventivo; cualquier omisión administrativa o falta menor se convierte de inmediato en el pretexto ideal para enganchar el vehículo y mandarlo al corralón.
Una vez que la grúa se lleva la unidad, empieza el verdadero viacrucis: tarifas de arrastre que duplican o triplican los tabuladores fijados por la propia ley, cobros excesivos por “piso” en depósitos opacos donde predomina el pago en efectivo sin factura de por medio, y la recurrente denuncia de vehículos que son entregados vandalizados, desvalijados o con daños mecánicos severos.
Ante este escenario, la pregunta que retumba en las cámaras empresariales, los gremios de transportistas y las calles de la Zona Metropolitana es inevitable: ¿quién protege a Diego Monraz y por qué goza de una inamovilidad absoluta a pesar del cúmulo de señalamientos? A Monraz parece encantarle que la instrucción en las calles sea multar y sancionar por absolutamente todo, alimentando la percepción generalizada de que la Secretaría de Transporte no está para ordenar la movilidad ni para salvar vidas, sino para garantizar el flujo ininterrumpido de recursos hacia un engranaje financiero que castiga al que trabaja, al que circula y al que genera riqueza en el estado.
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