Por Laura Gutiérrez Franco
El Paquete Económico 2027 es, en el fondo, la radiografía de un gobierno quebrado y desesperado por sacar dinero de donde sea. Aunque en el discurso oficial se presuma que no habrá nuevos impuestos, la realidad en las letras chiquitas es otra: una actitud persecutora, mayor castigo fiscal y un incremento en los costos de operación que terminarán provocando menos inversión, menos empleos y un freno directo a la economía.
Mucha gente escucha cifras astronómicas sobre umbrales de ventas o fiscalización a grandes corporativos y piensa que es un asunto que solo les importa a los ricos. Gran error. La bomba de tiempo del presupuesto golpea directo el bolsillo del pueblo común. Cuando se ahoga a las empresas con terrorismo fiscal, recortes a deducciones y cobros desmedidos, la reacción en cadena es inmediata: el negocio pequeño frena contrataciones, los precios al consumidor suben para compensar los costos y el desempleo se dispara. Hagan lo que hagan, al final siempre se friegan a los mismos.
En pleno año electoral, los liderazgos del sector privado en Jalisco han comenzado a levantar la voz frente a esta embestida. La Coparmex Jalisco ha exigido tajantemente un alto al acoso fiscal y a la creación de cargas tributarias disfrazadas, advirtiendo que ahogar al contribuyente cautivo solo destruye empleos.
En esa misma línea, la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco) y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) han dejado claro que la incertidumbre jurídica y el acoso del SAT frenan las inversiones locales y golpean la liquidez de los pequeños comerciantes. Si la iniciativa privada y los gremios se quedan callados, se chingan, porque el costo de esta desesperación fiscal no se quedará en las cúpulas: se va a traducir en la mesa de las familias con más inflación y menos oportunidades de trabajo.
La trampa detrás del discurso populista radica en hacerle creer al ciudadano de a pie que apretarle las tuercas al sector privado no tiene consecuencias en la colonia ni en la tiendita del barrio. Sin embargo, cuando la presión hacendaria ahoga la liquidez de los comercios y prestadores de servicios, el impacto no lo absorben las utilidades de los grandes ejecutivos, sino las nóminas de los empleados operativos, las horas extras canceladas y las contrataciones congeladas que dejan a miles de jóvenes sin su primer empleo.
Además, el afán recaudatorio en la víspera de las urnas deja al descubierto un modelo agotado que prefiere castigar la productividad antes que reducir el gasto burocrático o meter en orden la economía informal. Al concentrar el garrote en el contribuyente cautivo de siempre, la autoridad fomenta un círculo vicioso donde la incertidumbre frena proyectos de expansión, ahuyenta el capital y condena a las micro y pequeñas empresas a cerrar la cortina o a refugiarse en la informalidad para no ser devoradas por las multas.
Frente a este escenario, la complacencia de los líderes gremiales resulta suicida. Los organismos que prefieran la foto protocolaria y el silencio temeroso antes que el debate firme frente a la Secretaría de Hacienda terminarán entregando la viabilidad económica de sus sectores. Si los empresarios no exigen un freno al acoso fiscal y una verdadera certidumbre para la inversión, el costo lo terminarán pagando los trabajadores tapatíos con un costo de vida cada vez más caro y un mercado laboral sumido en la precariedad.
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