Por Laura Gutiérrez Franco
Mientras desde la tribuna oficial la Presidenta Claudia Sheimbaum sostiene que en el sector salud todo marcha sobre ruedas y que el personal trabaja sin inconformidades, la realidad destruye el discurso a golpes de hechos concretos. La propaganda se estrella directo contra las protestas, la negligencia hospitalaria y el propio reconocimiento de la incapacidad gubernamental.
En Jalisco, médicos, enfermeras y trabajadores administrativos del IMSS tuvieron que salir a las calles a protestar. No lo hicieron por grilla, sino por desespero: no tienen insumos básicos para atender a los pacientes, faltan medicamentos esenciales, los sueldos son paupérrimos y las condiciones de trabajo rozan el maltrato. Quienes dan la cara en los hospitales trabajan con las manos atadas mientras los derechohabientes padecen las consecuencias de un desabasto que las autoridades insisten en negar.
El desorden administrativo escala a niveles inhumanos. Por otro lado en el Hospital General de Zona número 1 del IMSS en Tapachula, Chiapas, la falta de rigor y la saturación operativa derivaron en la entrega de dos bebés equivocados a sus respectivas familias. Una negligencia indignante que dejó al descubierto las graves fallas en los protocolos de identificación y la prisa desesperada con la que opera el personal en áreas saturadas.
Para rematar el cuadro, la propia empresa estatal Birmex tuvo que admitir públicamente el desastre de su gestión. Encargada del monopolio de la compra y distribución consolidada de medicamentos —la fallida promesa de llevar recetas completas hasta el último rincón del país—, la paraestatal reconoció ineficiencias graves en la logística, retrasos en las entregas y la incapacidad de surtir las claves solicitadas por los estados.
No hay narrativa que resista la combinación de médicos protestando en las calles, familias recibiendo a los hijos equivocados en Chiapas y la empresa estatal aceptando que no sabe distribuir medicinas. La salud pública no se sostiene con otros datos; se cae a pedazos mientras la burocracia pretende tapar el sol con un dedo.
El cinismo institucional llega a tal grado que prefieren tachar de “grilleros” a los médicos que exigen un baumanómetro o una caja de paracetamol, antes que revisar las finanzas y la cadena de suministro. Mientras el personal de salud trabaja turnos dobles doblando turnos sin el equipo de protección más elemental y con salarios que no compensan la enorme responsabilidad que cargan sobre los hombros, la alta burocracia se escuda en boletines triunfalistas que no curan enfermedades ni alivian el dolor de las familias que esperan horas en las salas de urgencias.
La crisis del IMSS dejó de ser un problema de presupuestos para convertirse en un asunto de dignidad y humanidad. No se puede hablar de un país en desarrollo ni de justicia social cuando a los trabajadores formales les descuentan puntualmente sus cuotas patronales para recibir a cambio instalaciones desmanteladas, citas médicas pospuestas a seis meses y un sistema donde ni siquiera existe la certeza de volver a casa con el bebé correcto. La realidad ya le pasó por encima a la narrativa oficial, y la factura la siguen pagando los pacientes con su salud y con su vida.
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