La opinión del Mtro Horacio Villaseñor
Hay que decirlo sin rodeos: lo acordado es solo la mitad de la solución. Celebro que por fin se invierta bajo tierra, donde no hay aplausos, pero los 25 mil millones de pesos pactados entre la Federación y el Estado sirven para una sola cosa: traer más agua y limpiarla, con acueductos y potabilizadoras. La otra mitad, llevarla limpia a cada casa, no está en el acuerdo. Hasta donde se ha informado, nadie está hablando de ella. Esa mitad olvidada es la red de distribución, y su estado es alarmante. Buena parte de las tuberías que corren bajo nuestras calles tiene alrededor de 70 años, muy por encima de su vida útil. Por esa red vieja se fuga o se ensucia cerca del 40 por ciento del agua que se distribuye: de cada diez litros que salen de las plantas, cuatro nunca llegan a la llave o llegan turbios. Las fugas no solo desperdician agua; también son puertas de entrada: donde el tubo está roto, la tierra, el drenaje y la suciedad se cuelan cuando baja la presión. Por eso el agua puede salir limpia de la planta y llegar sucia a la casa. De poco sirve una planta moderna que entrega agua limpia a una red que la pierde y la contamina en el camino. Es como llenar una cubeta agujerada con una manguera nueva: si no se renueva la red, cerca del 40 por ciento del agua que traigan los nuevos acueductos se perderá o se ensuciará antes de llegar a las familias. Federación y Estado ya pusieron su mitad. Sin la otra, la inversión se irá por las fugas. Esa otra mitad, la distribución, es la que corresponde a los ayuntamientos, los grandes ausentes del acuerdo. El artículo 115 de la Constitución les asigna el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Cedieron la operación al SIAPA, pero no pueden ceder la responsabilidad: forman parte de su Junta de Gobierno y son los primeros a quienes los vecinos reclaman cuando sale agua turbia. Además, con sus planes de desarrollo urbano y sus licencias de construcción, durante años autorizaron densificar sin asegurar la red que lo sostuviera, cargando más demanda sobre tuberías que ya estaban al límite. Por eso los ayuntamientos no pueden esperar a que los inviten: deben imponerse.Fueron parte del problema y deben ser parte de la solución. Tienen la Constitución de su lado, voto en la Junta de Gobierno del SIAPA y el control del suelo urbano. Lo que les toca es claro. Primero, exigir un lugar en la mesa del acuerdo y en la comisión de seguimiento, para que la red de distribución entre en el plan con su propio presupuesto. Segundo, imponer un programa de renovación de tuberías por colonia, con calendario, empezando por las que tienen agua turbia o sin cloro y por las redes más antiguas. Tercero, medir y publicar la calidad del agua y el nivel de fugas colonia por colonia, para que los vecinos sepan qué reciben y puedan exigir. Cuarto, obligar a que las fugas se reparen en plazos fijos, porque cada fuga abierta es agua perdida y agua contaminada. Quinto, no otorgar una sola licencia de construcción más donde no haya red y agua suficiente. Sexto, tomar medidas inmediatas para las familias que no pueden esperar dos o tres años a que terminen las obras. Y séptimo, ser buenos administradores del territorio: adquirir tierra para dotar a la ciudad de las áreas verdes que la Organización Mundial de la Salud recomienda como mínimas. Hoy Guadalajara tiene un déficit de 6 metros cuadrados por habitante, y esas áreas verdes deben estar en parques a no más de 300 metros de cualquier casa habitación o departamento. Cada parque que falta es suelo que no absorbe la lluvia ni recarga los mantos de los que también bebemos. Gobernar es servir, y se sirve empezando por el más débil, que es quien abre la llave y recibe agua turbia. La vara con la que debe juzgarse este plan son los litros limpios que lleguen a cada casa de cada colonia. Mientras los ayuntamientos no asuman su mitad, con una red de 70 años y un 40 por ciento perdido, Guadalajara seguirá llenando una cubeta agujerada. ¡No sean tontos!
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