Por Laura Gutiérrez Franco
Mientras los discursos oficiales presumen programas sociales y supuestos acuerdos para proteger la economía familiar, en los surcos de Jalisco la realidad es otra muy distinta y amarga. La voz de Elizabeth Martínez Hernández, productora de maíz blanco de temporal, resume con crudeza la desesperación de miles de agricultores: el campo mexicano está en total estado de abandono.
El pasado 31 de julio de 2026, la Secretaría de Agricultura (Sader) publicó la mecánica del llamado esquema “Precio Justo”, el cual fija una base que apenas roza los 5,200.00 pesos por tonelada. Este número, lejos de hacer rentable la actividad, apenas alcanza para cubrir los costos mínimos de producción. A pesar de que los productores cumplieron puntualmente con el registro de sus datos, predios y superficies para comercializar sus cosechas, la compra no está garantizada.
La industria harinera solo absorbe un porcentaje mínimo y el sector pecuario prefiere importar grano del extranjero antes que comprar el producto local, que les resulta más caro en el mercado actual.
La brecha de desigualdad en las políticas públicas resulta indignante. Mientras al sector de la harina y la tortilla se le garantiza un precio tope de 6.00 pesos por kilo de maíz hasta el año 2030 argumentando altos costos de operación, a los agricultores se les exige absorber solos el impacto de la inflación.
Los productores enfrentan los mismos incrementos en combustible, refacciones y agroinsumos cotizados en dólares, sumados al encarecimiento constante de los fertilizantes y a un aumento anual de 500.00 pesos por costal de semilla. Pretenden que el eslabón más vulnerable subsidie la canasta básica a costa de su propia supervivencia.
La falta de voluntad política para dialogar también ha quedado al descubierto. Tras meses de acudir a mesas de trabajo y presentar propuestas técnicas concretas en octubre, la Sader canceló de última hora una reunión pactada para el 6 de noviembre, dejando a los representantes con pasajes comprados y sin respuesta. Las autoridades insisten en que hay acuerdos entre sectores, pero la realidad es que a los agricultores los han dejado fuera de la ecuación.
El apoyo previo del gobierno estatal de 100.00 pesos por tonelada resultó insuficiente y hoy en día no existe ningún esquema de respaldo vigente. Entre el deslinde del estado y la insensibilidad de la federación, las autoridades terminan lavándose las manos.
Los agricultores no están pidiendo dádivas ni programas asistenciales; exigen condiciones parejas para trabajar y reglas de juego claras. Su demanda es puntual: establecer un esquema de incentivos con 800.00 pesos de la federación y 400.00 pesos del gobierno estatal que, junto a la cobertura comercial, permitan alcanzar un precio garante de entre 6,400.00 y 6,500.00 pesos por tonelada. Ante el oídos sordos de las autoridades, el bloqueo de vías y las protestas pacíficas se perfilan como el único camino restante para recordar que sin agricultura, la mesa de todos los mexicanos se queda vacía.
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