Por Laura Gutiérrez Franco
El robo y tráfico de combustibles en México, comúnmente conocido como huachicol, está lejos de ser un capítulo cerrado en la historia criminal y económica del país. Lejos de extinguirse, el fenómeno ha demostrado una notable capacidad de mutación, adaptándose a los operativos de vigilancia, a las restricciones en los ductos y a las nuevas reglas de control fiscal.
Hoy en día, la ilegalidad no solo persiste, sino que opera bajo estructuras más sofisticadas, con la tolerancia y el conocimiento de autoridades de distintos niveles que, en la práctica, optan por la omisión.
Durante años, la narrativa oficial se centró en la reducción drástica de las tomas clandestinas en los ductos principales de Pemex y en el despliegue de fuerzas federales para vigilar las redes de transporte de hidrocarburos. Sin embargo, los especialistas en seguridad, los analistas energéticos y los propios actores de la industria coinciden en que este supuesto éxito operativo ocultó una realidad distinta: el delito simplemente cambió de cauce.
La modalidad predominante ya no es únicamente la perforación artesanal y peligrosa de los ductos a pie de carretera, aunque esta siga ocurriendo en zonas marginadas o bajo la protección de cacicazgos locales.
La transformación actual se inclina masivamente hacia el llamado huachicol fiscal y el contrabando hormiga y a gran escala. Esto implica la importación ilegal de gasolinas y diésel por las aduanas del país, la subdeclaración de volúmenes, la triangulación de facturas falsas y la mezcla de combustibles para evadir el pago de impuestos clave como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Con esta red de corrupción institucional y empresarial, los márgenes de ganancia para las organizaciones criminales se mantienen intactos, afectando directamente las finanzas públicas y competidores legales que operan con apego a la ley.
A esta vertiente fiscal se suma la logística moderna de distribución. El combustible robado o de procedencia ilícita se transporta hoy en flotas de pipas clonadas o amparadas por permisos apócrifos, utilizando rutas terrestres protegidas por redes de complicidad que involucran a corporaciones policíacas municipales, estatales y federales.
Las gasolineras fachada, los centros de almacenamiento clandestino en bodegas urbanas o rurales y la venta al mayoreo a transportistas y empresas locales forman parte de un ecosistema económico subterráneo que alimenta la corrupción y la violencia en numerosas regiones del país.
El daño social y económico que provoca esta economía criminal es profundo. Por un lado, socava el estado de derecho al consolidar mercados negros donde la delincuencia organizada ejerce un control territorial y económico absoluto. Por otro lado, genera una competencia desleal devastadora para los gasolineros y distribuidores establecidos que pagan impuestos y cumplen con las normas ambientales y de seguridad, poniendo en riesgo empleos y la estabilidad del mercado formal.
Asimismo, el manejo clandestino de sustancias inflamables sin ningún tipo de norma técnica representa un peligro latente y constante para la población civil en comunidades enteras.
La parte más grave de esta problemática es que las autoridades tienen pleno conocimiento de cómo opera esta red delictiva. Los reportes de inteligencia, las alertas de las asociaciones de empresarios gasolineros, las auditorías fiscales y las denuncias ciudadanas describen con precisión quirúrgica quiénes son los beneficiarios, cuáles son las rutas de importación ilegal y en qué regiones operan las redes de distribución ilícita.
No se trata de un delito oculto o imposible de rastrear; se trata de una actividad cuya permanencia se explica a través de la inacción deliberada, la complicidad por omisión y la corrupción arraigada en las estructuras encargadas de aplicar la ley.
Mientras la simulación gubernamental continúe y se prefiera minimizar el problema bajo discursos de control político, el huachicol seguirá operando como un motor financiero para la delincuencia y una fuente inagotable de distorsión económica. La persistencia de este flagelo demuestra que la impunidad y la falta de voluntad política siguen siendo los mayores cómplices de un delito que desangra a México desde las entrañas de su economía formal.
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