Staff A Fondo.- Este jueves, el Instituto Electoral de Jalisco presenta en el Estadio Jalisco un libro sobre fútbol y democracia. Habrá invitados, discursos, fotografías y ejemplares gratuitos. Una magnífica oportunidad para las relaciones públicas, especialmente cuando se dispone del presupuesto de una institución.
Detrás de la supervisión de esta iniciativa está Carlos Javier Aguirre Arias, presidente de la Comisión de Investigación y Estudios Electorales. No es un recién llegado. Lleva años dentro del IEPC, formó parte de la administración de Paula Ramírez durante las controvertidas elecciones de 2024 y después consiguió convertirse en consejero electoral.
Hay un detalle que vuelve particularmente cuestionable esta celebración: el propio Instituto ha reconocido que no tiene recursos suficientes para preparar las elecciones de 2027.
En enero, el IEPC denunció que el Congreso le había aprobado 130 millones de pesos menos de los solicitados. En septiembre, su presidencia provisional informó que apenas había recibido tres millones de una ampliación de casi 100 millones destinada a los preparativos electorales. Faltaba dinero para contratar personal, habilitar instalaciones y cumplir actividades indispensables.
Y, mientras tanto, tenemos libro de fútbol.
Conviene recordar algunos antecedentes de Aguirre.
Durante la gestión de Paula Ramírez, el Instituto lanzó la campaña Votar es Chingón, una iniciativa cuestionada por sus semejanzas con la propaganda de Xóchitl Gálvez. Las denuncias llegaron al expediente de designación del ahora consejero. ¿Cuánto costó aquella genialidad? ¿Cuántos jóvenes adicionales llevó a las urnas? ¿Dónde está la evaluación que demuestre sus resultados?
Porque una campaña no es exitosa por llamar la atención ni por conseguir titulares.
La elección de 2024 terminó entre cuestionamientos al PREP, miles de paquetes sujetos a recuento e impugnaciones que mantuvieron al organismo en el centro de una intensa confrontación política. Los tribunales confirmaron los resultados, pero eso no convierte automáticamente en ejemplar el desempeño de sus funcionarios.
Aguirre formaba parte de aquella estructura directiva. Participó en sus proyectos, tuvo responsabilidades propias y fue reconocido públicamente por la presidenta. No puede quedar fuera del balance de aquella administración. Debe explicar qué decisiones impulsó, cuáles respaldó y qué hizo frente a los problemas que enfrentó la institución.
Paula Ramírez terminó dejando anticipadamente la presidencia. Aguirre, en cambio, permaneció en el organismo, ahora con un asiento en el Consejo General.
Resulta demasiado cómodo que los costos políticos de una administración terminen concentrándose en quien la encabezó, mientras sus colaboradores continúan sus carreras sin responder por las decisiones en las que participaron. La responsabilidad institucional no desaparece con un cambio de puesto.
Tampoco deben olvidarse los cuestionamientos sobre sus relaciones profesionales con personajes vinculados a Movimiento Ciudadano. El INE consideró que no había elementos suficientes para impedir su designación, pero eso no cancela el escrutinio sobre sus relaciones y las decisiones institucionales en las que ha intervenido.
Ahora llega una nueva publicación.
Nadie discute que el fútbol y la política tengan relaciones interesantes. El problema son las prioridades y la facilidad con la que iniciativas vistosas terminan incorporadas a la agenda institucional sin que los ciudadanos conozcan sus costos y resultados.
Aguirre ha encontrado en este tipo de actividades una oportunidad de exposición pública: libros, presentaciones, personajes conocidos, fotografías y contactos. El IEPC aporta su prestigio, su capacidad de convocatoria y sus recursos. El consejero gana visibilidad. ¿Qué obtiene el ciudadano?
La promoción de la cultura democrática no puede convertirse en una agenda de relaciones públicas con cargo al presupuesto público. Los recursos de una autoridad electoral deben responder a objetivos institucionales, no al lucimiento de quienes ocupan temporalmente sus cargos.
El nuevo presidente, Ernesto Santana Bracamontes, tiene motivos para prestar atención.
Tiene por delante las elecciones de 2027 y una institución que reclama recursos para cumplir sus tareas fundamentales. No necesita heredar las controversias de la administración anterior ni permitir que las iniciativas de sus consejeros terminen definiendo las prioridades de su presidencia.
Santana debe exigir que cada proyecto tenga una justificación clara, un presupuesto transparente y resultados verificables. También debe entender que acompañar y respaldar institucionalmente estas actividades implica asumir responsabilidades por ellas.
El IEPC no necesita funcionarios especializados en hacerse relaciones públicas. Necesita autoridades capaces de organizar elecciones confiables, administrar responsablemente los recursos y rendir cuentas por sus decisiones.
Cuando no alcanza el dinero para lo indispensable, las ocurrencias dejan de ser una extravagancia y se convierten en un problema de prioridades.
Y Santana debería tenerlo presente: las ocurrencias pueden ser de Aguirre, pero el costo de respaldarlas terminará en la cuenta de su presidencia.
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