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Por Rubén Iñiguez*

Mal y de malas sigue estando la economía mexicana, así como la empresa en la que han puesto todas sus esperanzas el actual gobierno federal para apoyar la recuperación del país, me refiero a la Comisión Federal de Electricidad, de la que nos ocuparemos en hablar en esta ocasión, pues están que echan chispas porque hacen corto circuito con su posición en deuda.

Esta dependencia, que pomposamente la 4T espera declarar estratégica y de las más eficientes del actual gobierno, ha puesto en marcha proyectos anti-ecológicos, empleando combustibles fósiles como carbón y petróleo para generar energía.

En forma irresponsable, la CFE se prepara para consumir combustóleo, que no es más que desecho de refinación de Pemex, que además es altamente contaminante.

Su titular, Manuel Bartlett, aparte de esto, ha tenido que admitir que las ganancias de la CFE cayeron un 49% a pesar de tener más presupuesto. Su deuda se ha incrementado tanto en pesos como en emisiones de deuda extranjera, tal y como lo ha señaladó el INFOBAE.

La paraestatal, según este informe, descendió sus ganancias de 94 mil millones 239 pesos, a solo 47 mil 917 pesos, lo que representa una caída casi de la mitad de sus ingresos.

En datos del Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CFEP),  recaudó en el 2020, la cifra de 11 mil millones de pesos menos. Pero curiosamente sus costos de operación, se han elevado en un 172% más, pues se gastaba antes una cantidad de 188 mil 900 millones de pesos, misma que ascendió a 514 mil millones de pesos.

Un dato más simple y para que sirva de mayor comprensión. De cada peso de utilidad que genera la CFE, gasta $10.73 pesos. Es decir, hay poco más de nueve pesos de déficit.

Estas realidades son un verdadero dolor de cabeza para el organismo que atraviesa problemas por el costo de su personal, una burocracia que cuenta con sueldos de los mejor pagados en México, incrementos y remuneraciones mayores, con una erogación de 63 mil millones de pesos, similares a las prestaciones del Sindicato de Petroleros Mexicanos, al margen de la angustiosa situación que atraviesan.

Manuel Bartlett al mando de dicha dependencia, no ha podido modificar la tendencia a la baja, y es que, en el tercer trimestre del 2019, la ganancia de la Comisión Federal, fue de 3 mil 200 millones de pesos, es decir, 82% menos que los 17 mil 300 millones de pesos recaudados en el trimestre neoliberal Peñanietista del año 2018.

Vicios heredados, privilegios sindicales, ineficiencia, que se han conservado en la 4T, han provocado que sea el consumidor el que pague los “platos rotos” de su ineficiencia.

El problema es que el presidente López Obrador, no la logrado convencer a sus paisanos tabasqueños a pagar, lo que ocasiona 12 mil millones de pesos de pérdida, esto se ha reconocido mediante un programa que no se puede transparentar porque coloca en situación incómoda a la CFE con la determinación de la cancelación de deuda a los tabasqueños en “Adios a tu deuda”. Por lo tanto, el PRI solicitó por la crisis que vivimos actualmente, aunado al COVID-19, que diecinueve entidades de la República, también gocen de un trato similar al de Tabasco, es decir, que suspendan sus pagos. Esa excepción viola el principio normativo para ejercicio de sus tarifas y su cobro. Una suspensión de ese calibre, sería la quiebra oficial de la psraestatal.

En resumen, la deuda en moneda extranjera forma una gran parte del problema, ya que se estima en un 50%, aún y cuando la Comisión intente maquillar los datos diciendo que solo es de un 29% mediante diversas explicaciones financieras.

Aunque esto se disimule, la deuda es real e ineludible. Por cada peso de activo, hay varios  pesos de deuda por solventar.

Sígueme en Twitter: @rubengdl

ruben_iniguez@hotmail.com

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Carlos Ramírez

Indicador Político- Agenda México-EE. UU. (1): narco como seguridad nacional y soberanía

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Carlos Ramírez*

 

A Jorge Suárez Vélez y

a la memoria de la tía Tere

Si en el gobierno del presidente Joseph Biden van a regresar los viejos halcones de la política de inteligencia, seguridad nacional y espionaje, entonces el narcotráfico será en los próximos cuatro años el problema número uno en las relaciones de la Casa Blanca con Palacio Nacional.

Los otros temas de la agenda –cambio climático, comercio internacional, migración centroamericana y mexicana, inestabilidad geopolítica en América Latina y el Caribe, penetración de China, Irán, Rusia y Corea del Norte en la región y el ciclo populista– pasarán a segundo término. En esa agenda la Casa Blanca suele no negociar con los países involucrados.

En las primeras semanas podrían conocerse los marcos de referencia de las agencias de seguridad en el sistema de toma de decisiones de la Casa Blanca y el margen de maniobra del Consejo de Seguridad Nacional. A nivel de gobierno operan las estructuras de alta burocracia en el área de inteligencia, seguridad nacional y defensa.

Los responsables de esas áreas regresarán a recuperar el espacio de reflexión, inteligencia y acción que les negó el presidente Trump por desconfianza y porque sólo saben operan en lógicas intervencionistas y bélicas, en tanto que él como empresario prefería el campo de batalla del comercio y la economía. En los cuatro años de gobierno Trump tuvo a cinco jefes de inteligencia nacional –la oficina que coordina y de manera supuesta controla a las agencias de inteligencia y seguridad nacional civiles y militares– y cuando consejeros de seguridad nacional, ambas dependientes de manera directa de la Casa Blanca.

La agenda de narcotráfico EE. UU.-México se mueve en tres parámetros: la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente en turno, la Estrategia de Combate a las Organizaciones Criminales Transnacionales y la Estrategia de Control de la Frontera Sur. Las tres son injerencistas. Y el presidente Biden envío ya un mensaje codificado; la designación de la embajadora Roberta Jacobson –el último año de Obama y los dos primeros de Trump– como czar de la frontera México-EE. UU., aunque adscrita a la oficina de asuntos latinoamericanos del Consejo de Seguridad Nacional. La primera clave se localiza en la función no policiaca sino estratégica-política de la funcionaria.

La estrategia de la Casa Blanca en el tema del narco tiene dos puntos fundamentales: el combate a las adicciones dentro de los EE. UU. y la persecución de los cárteles en sus madrigueras de sus países de origen. En este escenario se deben analizar las relaciones de seguridad de Washington con Ciudad de México: el papel de la DEA dentro de México, ahora mismo en operaciones oficiales y secretas para atrapar y llevarse a los EE. UU. al Mencho, presunto jefe máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación, y a Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo y responsable en el Cártel de Sinaloa del área de drogas sintéticas de fentanilo que están matando a consumidores estadunidenses.

De ahí que buena parte de las relaciones bilaterales se vayan a redefinir en el tema del narco en dos campos: el de la cooperación mexicana para permitir el funcionamiento de la DEA sin restricciones –aunque cuidando no cometer errores como el del general Salvador Cienfuegos Zepeda– y el de las nuevas relaciones entre los ejércitos de los dos países y ahora con el dato mayor de que el secretario de Defensa de la Casa Blanca es un general que tuvo hasta hace poco mandos operativos en Irak y Afganistán y con poca experiencia en el manejo de la burocracia civil y sobre todo legislativa.

Si los EE. UU. han otorgado al tema del naco un rango de seguridad nacional estratégica, en México el tema del crimen organizado se mira como policiaco. Sin embargo, el impulso desde la Cancillería mexicana a reformas a la Ley de Seguridad Nacional para meter en cintura a los agentes antinarcóticos estadounidenses significó un salto cualitativo al asumir las relaciones de seguridad con nuevos marcos referenciales de una doctrina de seguridad nacional estratégica de México para salirse del paraguas condicionante de la seguridad nacional de los EE. UU.

En este sentido, las nuevas relaciones México.EE. UU. en la agenda López Obrador-Biden son más estratégicas que policiacas, tienen que ver con la soberanía y por primera vez involucran las doctrinas de Estado en defensa nacional, autonomía militar y, sobre todo, control estricto sobre la soberanía ante los abusos de las agencias de espionaje de Washington.

 

-0-

 

Política para dummies: La política es un juego del gato y el ratón, donde la clave está en el perro.

 

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

 

http://indicadorpolitico.mx

indicadorpoliticomx@gmail.com

@carlosramirezh

Canal YouTube: https://t.co/2cCgm1Sjgh

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Nacional

Brújula Pública- Despropósitos de información

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Rodolfo Aceves Jiménez*

Las conferencias matutinas que ofrece el presidente López Obrador sirven para informar a la población de las actividades de gobierno, pero se desvirtúan en cuanto comienza a denostar a quienes disienten de su forma de gobernar.

La narrativa utilizada se mezcla, entre el contenido informativo de las acciones de gobierno y lo conduce al campo político, pero incluso, la escritora Elena Poniatowska ha afirmado que ese ejercicio de comunicación ha provocado hartazgo, irritación, confrontación y consideró que resultan innecesarias.

En democracia un ejercicio informativo es necesario y se inserta en la función de Estado de la transparencia, hoy en riesgo de desaparecer a conveniencia.

Es a conveniencia debido a que se utiliza para no informar sobre acciones específicas de gobierno, como la reserva de información por un periodo de tiempo determinado sobre el operativo de detención de Ovidio Guzmán, la información relativa a la contratación sin concurso o a la contratación de vacunas para COVID19.

La información que producen las instituciones del Estado mexicano es elaborada por los servidores públicos, cuyos sueldos y recursos materiales para su elaboración, son pagados con el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso. A su vez, los recursos aprobados por el Congreso provienen de los impuestos, multas, aprovechamientos, derechos y demás ingresos recaudados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El gobierno solo administra los recursos pero no es el dueño de la información.

Por la trascendencia que representa es de interés público conocer los pormenores del operativo que derivó en la liberación del hijo de El Chapo Guzmán, las razones por las cuáles se opta por priorizar los contratos por asignación directa a los concursos públicos, o bien, el contenido de los contratos para comprar vacunas.

El argumento de austeridad para suprimir la institución de Estado de la transparencia, no se sostiene por sí sólo y es de pobre calidad. Es como si se pretendiera suprimir la salud o la educación públicos por el costo al erario que representa. Ambas se tratan de funciones derivadas de derechos humanos.

Pretender derogar la función de información, sólo aumentará el flujo de información en redes sociales de contenidos que sean sensibles para la presente administración.

Abriría demandas ante la Corte, porque se estaría suprimiendo el derecho humano a la información. Esto en el plano nacional.

En el plano internacional, la comunidad y organismos internacionales no verían con buenos ojos esta medida, debido a que se faltaría a la certeza en las inversiones o compromisos internacionales.

En síntesis no conviene a nadie suprimir la función de información.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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Nacional

Tiempo de cautela ante fraudes

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Salvador Guerrero Chiprés*

Hace unas semanas supe del caso de un comerciante que, ante la falta de liquidez, recurrió a un préstamo y terminó defraudado con más de 400 mil pesos; días después el de un hombre que intentó comprar un tanque de oxígeno y lo estafaron, o el de una mujer que tecleó sus datos bancarios en una página web y saquearon su cuenta. 

Las historias tienden a repetirse y a tener como denominador común a delincuentes que aprovechan el contexto de crisis sanitaria y necesidad económica de particulares. 

Frente a este tipo de engaños es necesario estar alertas y ser solidarios al compartir los modos de operar mediante la denuncia, porque el delito se combate con información y sanciones. 

Como jefas o jefes de familia, empresarias o empresarios nos corresponde visibilizar las conductas que afectan a la sociedad, porque delito que no se conoce es delito que no se investiga y, sobre todo, no se previene. 

Las denuncias y reportes ciudadanos son la mejor forma de exhibir comportamientos delictivos y permitir a las autoridades diseñar estrategias para la detención y castigo de los responsables. A otras personas, les ayudará a prevenir. 

La Línea de Seguridad (55 5533 5533) del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX integra reportes ciudadanos que permiten conocer el comportamiento de determinados delitos, como el fraude. 

Tan sólo en enero se han recibido 313 llamadas sobre estafas, entre ellas de falsas financieras, supuestos ejecutivos bancarios o particulares que ofrecen préstamos y la venta o renta insumos sanitarios. 

Ante la necesidad de un crédito, los delincuentes comienzan solicitando pequeñas cantidades de dinero, que aumentan para supuestos trámites y avales, sin que el préstamo se concrete. 

También envían correos electrónicos o mensajes de texto telefónicos para que las víctimas ingresen datos bancarios en sitios web apócrifos de bancos, con lo que quedan expuestos al hackeo. 

En el otro tipo de estafas, los criminales ofertan falsas ventas o rentas de tanques o contenedores de oxígeno para enfermos de COVID-19. En lo que va de enero hemos recibido 7 reportes. 

La cultura de la prevención es la mejor medida para enfrentar fraudes. Conocer la forma de operar de los delincuentes y no actuar de forma desesperada nos ayudará a tomar mejores decisiones. 

Antes de una compra, firma de contrato o adquirir un préstamo, es conveniente detenernos a estudiar nuestra capacidad de pago y otras opciones bancarias o apoyos gubernamentales. 

Además, es recomendable no hacer pagos anticipados o a cuentas bancarias de terceros ni proporcionar datos personales o información bancaria en sitios web. 

En la CDMX, la estrategia contra la inseguridad encabezada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, está basada en la colaboración institucional y denuncia ciudadana, lo que ha permitido que la capital ya ocupe el segundo sitio en disminución de delitos de alto impacto en 2020, entre las diez entidades más pobladas del país. 

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