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Gabriel Torres Espinoza

Sergio Aguayo, periodista y académico del Colegio de México, fue sentenciado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para cubrir una garantía de 450 mil pesos, por concepto de daño moral en prejuicio del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Todo esto forma parte del acoso judicial del que ha sido objeto Aguayo, desde que fue demandado por el exmandatario, debido a que escribió un artículo editorial en el que señaló que Moreira desprende un hedor corrupto. Viene bien recordar en qué contexto ocurre esta desafortunada sentencia de un juez. Afortunadamente, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez, informó que asumió la atracción del amparo de Sergio Aguayo. De suerte tal que la Primera Sala tendrá la decisión final con relación al caso, que parece podría corregirse en la última instancia. 

Así las cosas, todo parece indicar que del máximo Tribunal de México (la SCJN) le dará la razón al periodista Sergio Aguayo y lo absolverá de todo cargo. Sin embargo, esto no debió ocurrir ¿Cuántos casos de periodistas se ven implicados en una situación similar (Carlos Loret, Pedro Mellado, etc.)? Obsérvese que la facultad de atracción de la SCJN es extraordinaria en virtud de la trascendencia mediática de este asunto. Lo positivo es que este caso podría sentar un criterio muy útil para el ejercicio de la libertad de expresión en México. Ahora bien, resulta oportuno preguntarse¿qué está haciendo el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para investigar el proceder de este juez? Este órgano de administración de justicia tiene facultades para promover sanciones pecuniarias, destitución e inhabilitación del Magistrado relacionado con este caso.

Recordemos que la libertad de prensa enfrenta un contexto desafiante en nuestro país, derivado de las singulares condiciones de impunidad, inseguridad y violencia que registra México. De acuerdo al Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos (2019), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del año 2000 a 2018 se tienen registrados un total de 141 homicidios de periodistas y defensores de éstos. Los cinco estados con mayor incidencia de homicidios de periodistas son Veracruz (22), Tamaulipas (16), Guerrero (16), Oaxaca (15) y Chihuahua (14). Si bien es cierto, en México existe’ libertad de prensa que, desde el punto de vista netamente juridicista’ implica únicamente la ausencia de censura previa: No obstante, existen otros tipos de censuras para el periodismo, no abordadas en la doctrina jurídica, que podrían distinguirse de la siguiente manera: la censura sutil’ [la ejercida por los gobiernos a través del gasto discrecional e inversión publicitaria en medios en materia de Comunicación Social]; la autocensura, derivada de amenazas, después de ser publicada una información delicada o reportaje; y censura violenta’ que, como la última, surge de manera posterior a la publicación del periodista y propicia la autocensura, no obstante, esta tiene como grado superlativo de violencia al asesinato. En todo caso, es importante señalar que la violencia ejercida contra periodistas deviene no sólo de la autoridad, sino también de la delincuencia organizada. 

Esta trágica vorágine de hechos violentos en contra de periodistas en territorio nacional, han propiciado que la reconocida ONG, Reporteros Sin Fronteras, en 2019 catalogara a México como “uno de los países más mortíferos para los medios de comunicación; y que, en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019, nuestro país aparezca en el nada honroso 144° peldaño, de entre un total 180 países evaluados, ubicándose así en el conjunto de 52 naciones donde la libertad de prensa enfrenta una difícil situación.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

El primer desafuero de un gobernador

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Gabriel Torres Espinoza

El viernes pasado, la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó a la Cámara de Diputados desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Las denuncias en su contra lo vienen acompañado desde hace varios años. Se le acusa de un enriquecimiento inexplicable, que asciende a poco más de mil millones de pesos, consistente en galerías de arte, empresas, ranchos, residencias y restaurantes.

Aunque también debe decirse que no es la primera vez que la Federación intenta separar del cargo a García Cabeza de Vaca. En septiembre de 2019, Morena tramitó ante el Senado la desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas que, sin embargo, no prosperó. Lo que es un hecho, es que el sábado pasado, la Sección Instructora (SI) de la Cámara de Diputados -el órgano específico de acusación de la Cámara Baja- aprobó por unanimidad iniciar el proceso de desafuero. Actualmente, la sí está conformada por cuatro diputados: dos de Morena, uno del PT y uno del PRI. De forma que, a partir de ese día, el gobernador tamaulipeco tendrá 60 días para que se desahoguen las respectivas pruebas y alegatos, a efectos de que la Cámara de Diputados finalmente dictamine si ha lugar a proceder con el desafuero, requiriendo tan sólo necesita mayoría absoluta para ello -de sobra tiene los diputados necesarios para respaldar la medida-.

Toda vez que se trata de una autoridad estatal, el dictamen de desafuero se comunica a la Legislatura Local “para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda” (art. 111: CPEUM). Pero la Constitución Federal no es clara en un punto medular: es decir, si el dictamen de la Cámara de Diputados, respecto del desafuero, es vinculante para la Legislatura Local. Desde luego, si el Congreso de Tamaulipas, rechaza el desafuero del Gobernador -lo que se antoja previsible toda vez que el PAN tiene mayoría en esta Legislatura-, la FGR podría interponer una controversia constitucional. De manera que no será nada sencillo el proceso.

Lo importante del caso es que esta sería la primera ocasión en que un Gobernador sería separado del cargo, por la vía procesal del desafuero. En los tiempos del PRI hegemónico, la figura predilecta de control político de la Federación sobre los gobernadores fue la desaparición de poderes en una entidad: el PRI destituyó así a 48 gobernadores hasta 1975 -último año en que se utilizó-. A la postre, el control del presidente fue político y metaconstitucional: p. ej. Salinas depuso a 17 gobernadores; y Zedillo a seis. Fox y Calderón, fomentaron los gobernadores virreinales, sin ninguna sanción -política ni penal-. Peña Nieto hizo renunciar a dos: Fausto Vallejo y Ángel Aguirre.

Resulta plausible que la Federación retome sanciones a gobernadores con claras señales de actividades ilícitas. Ahí también se encuentran ejemplos de concentración del poder y corrupción impune. De forma que resultó un acierto que los gobernadores Javier Corral y Enrique Alfaro hayan desistido, en el seno de la Alianza Federalista, del ‘espaldarazo’ injustificado al gobernador de Tamaulipas, que documenta un oscuro historial.

 

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Gabriel Torres Espinoza

El partido ¿de Kumamoto?

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Gabriel Torres Espinoza

Que el movimiento ‘Wikipolítica’ se constituyera en un partido político representó un acierto. A final de cuentas, en los hechos, los ‘wikis’ parecían más un instituto político en el proceso electoral de 2017-2018 (que abanderaba a sus candidatos con el distintivo logo del ‘arbolito’) que un movimiento independiente. En no pocas ocasiones, los movimientos político-sociales son la antesala de un partido. Morena (en México) y Podemos (en España), son tan solo un claro ejemplo de lo anterior. 

Pero no puede dejar de observarse las contradicciones ideológicas en las que incurrieron los ‘wikis’, quienes construyeron una oferta política en un discurso monolítico: el estar en contra de los partidos. Aunque también, debe advertirse que la inconsistencia discursiva más importante que se les atribuye, no es única de Futuro, sino que parece ser un fenómeno esnob de la política y los políticos de nuestros días: hacer política, hablando mal de la política; y constituir partidos -y servirse de ellos- bajo la premisa de un supuesto rechazo antagónico a ellos. Sin embargo, las democracias modernas, son democracias de partidos.

Por supuesto, los partidos son tan solo una condición necesaria, más no suficiente de la vida en democracia. Más aún, la consolidación de ella pasa, necesariamente, por el perfeccionamiento del sistema de partidos, y no por la aniquilación de este. 

En todo caso, lo criticable en Wikipolítica, ahora ‘Futuro’, tiene que ver con ello: es decir, no tanto en su tránsito de movimiento a partido, sino en las debilidades que tiene como partido. Resulta un desacierto que este instituto político se centre en la figura de apenas una sola persona: Pedro Kumamoto. ¿Por qué? Porque los partidos políticos deben favorecer la institucionalización de la vida política, y no la personalización de ella. Como señala el jurisconsulto Rodrigo Borja: “aún sin proponérselo, los partidos han reducido el peso específico de los individuos en la vida política”. 

Porfirio Muñoz Ledo, sobre Morena, ha criticado que su principal problema es que “es más un movimiento, que un partido” basado en López Obrador. Lo mismo aplica para Futuro.

Los movimientos, por regla general, abanderan una causa, y desaparecen cuando cumplen su cometido social.

Lo que caracteriza a un partido es la permanencia de un programa político, que es uno de sus cuatro elementos constitutivos. 

¿Cuál es la ideología política de Futuro? Difícil saberlo. Constituirse en partido, parece que los dejó sin discurso. Ahora lucen ambiguos. Incluso, silentes. Sus posturas ideológicas sobre el aborto, el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, así como los derechos de la comunidad LGBTTTIQ son temas que hora evitan. Este es el debate político del presente, pero sobre todo del FUTURO inmediato, mismo que ‘Futuro’ evade. A la vez, sí pesan entre sus filas diversas denuncias de acoso, pedofilia y violación, delitos que son minimizados o tolerados. 

Si los partidos políticos son “entidades de interés público”, no deben ser anticuados y antidemocráticos. Si estos viejos atavismos persisten en Futuro (un partido nuevo), y no permiten la democracia interna y la transparencia en la elección de sus dirigentes y candidatos, más que ‘futuro’, parecen esforzarse en representar el pasado.

gabriel.torres.espinoza@gmail.com

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Gabriel Torres Espinoza

Potencialmente autocráticos

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Gabriel Torres Espinoza*

Thomas Hobbes argumentó que es necesario construir instituciones fuertes, para proteger a la humanidad de sus peores instintos. Los gobiernos del país, federal y estatales, registran una proclividad a la concentración excesiva del poder, al debilitamiento de los equilibrios y a la personalización de la política. Se supedita la ley a voluntades individuales y sobreponer los argumentos que se consideran morales, sobre las normas vigentes. Precisamente, debido a la naturaleza humana de comportamiento frente al poder, Montesquieu propuso la necesidad de equilibrios en las estructuras público-políticas y sugirió las bases para la separación de poderes, que en esencia significa una forma de contener a gobiernos potencialmente autocráticos. En buena medida así se plasmaron las bases de la división y equilibrio entre poderes de Estados Unidos: ‘el gobierno de las leyes, no de los individuos’.

Básicamente, por que la ley es producto de la acción humana, que expresa los acuerdos que se adoptan por medios institucionales. La supremacía de la voluntad individual erosiona hoy las normas, leyes e instituciones. Las instituciones deben matizar el comportamiento excesivo individual de quienes ejercen la autoridad. Para que sea posible, los equilibrios son fundamentales. Instituciones versus individualismo. Leyes vigentes, versus, consideraciones morales personales. Órganos colegiados frente al individualismo. Descentralización como antídoto a la concentración. ¿Cómo alcanzar los equilibrios necesarios inmersos hoy en la soberbia de liderazgos que reúnen un excesivo poder político? Especialmente cuando otra fuerza democrática se encuentra ausente, cómplice o moralmente derrotada: la oposición.

Los éxitos electorales han alentado una suerte de rupturismo refundacional, cargado de un discurso inflamado por la soberbia y el autoelogio. Los mensajes dividen a los electores en buenos y malos, con enfermiza obsesión. Los que apoyan los intentos refundacionales merecen su elogio, y condescendencia; los que los critican, alcanzan su flamígera condena. Instalados en un puritanismo, constantemente llaman a adoptar bando. Los mexicanos se dividen entre ‘dignos e indignos’. Las etiquetas surgen rápidamente. Una conducta divisiva de la participación social. Instalados en un ejercicio de permanente refundación, plantean cambiar, para concentrar más poder, para anular equilibrios, para diseñar leyes a modo.

Viven en permanente mutación, en razón de los cambios del electorado. La democracia les gusta, pero con reservas. Siempre que no se exprese la crítica o les conminen a seguir reglas. Son los políticos profesionales, que se definen en contra de la política y los partidos. El discurso libertador se alimenta de una realidad insoportable, que ellos nutren con catastrofismo. Políticos cruzados con adhesión dependiente a la comunicación, mediante contratos millonarios para agencias de comunicación, pagadas con recursos públicos.

En los gobiernos potencialmente autocráticos, resulta evidente la ausencia de contrapesos, debido a la personalización de la política. Las soluciones sólo pueden surgir de las elecciones, y de la voluntad de los votantes para equilibrar las instituciones de nuestra democracia.

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