Por Laura Gutiérrez Franco
El delito de despojo e invasión ilegal de inmuebles ha dejado de ser un conflicto menor entre particulares para convertirse en una de las crisis patrimoniales y de seguridad jurídica más severas que enfrentan las familias en México. La ocupación ilegal de fincas, la falsificación de escrituras y el despojo violento de propiedades se han extendido bajo el cobijo de una impunidad casi absoluta, la lentitud del sistema de justicia y la histórica complicidad de autoridades locales, registros públicos, notarías corruptas e incluso células del crimen organizado.
El fenómeno azota de manera directa a dos de las zonas metropolitanas más importantes del país: la Ciudad de México y el Área Metropolitana de Guadalajara. Mientras que en la capital nacional el problema gira en torno al alto valor del suelo y la sofisticación jurídica de redes de invasores, en Jalisco la crisis se concentra en miles de fincas abandonadas en fraccionamientos periféricos.
Ciudad de México: mafias inmobiliarias y cobijo político
En la Ciudad de México, el problema de los llamados “okupas” y las redes de despojo ha alcanzado dimensiones críticas. Entre los años 2020 y 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acumuló más de 25 mil carpetas de investigación por este delito, manteniendo en la actualidad un promedio constante de 11 denuncias diarias. Sin embargo, la efectividad de las autoridades es mínima: la tasa de impunidad en las denuncias por despojo supera el 98%, acumulando apenas cerca de 500 personas detenidas formalmente en un periodo de seis años.
El trasfondo de esta problemática en la capital tiene una raíz política e histórica. Durante las décadas de 1980 y 1990 cobraron fuerza diversos movimientos e imperios urbanos populares, como la Asamblea de Barrios, Panteras y agrupaciones de vivienda social. Bajo el argumento del “derecho a la vivienda”, estos grupos promovían invasiones masivas de terrenos e inmuebles para presionar al gobierno en turno a expropiar y regularizar predios Con la llegada de los primeros gobiernos de izquierda a la capital a partir de 1997, estas estructuras fueron toleradas y cobijadas, convirtiéndose en clientelas electorales clave a cambio de impunidad en la ocupación de fincas.
Con el paso de los años, este fenómeno mutó de una demanda social hacia el crimen organizado. Hoy en día, bandas especializadas operan con la colaboración de personal corrupto en las notarías públicas, registros catastrales y el Registro Público de la Propiedad. Estas mafias identifican casas deshabitadas, inmuebles de adultos mayores o propiedades envueltas en juicios sucesorios o intestados. Mediante la falsificación de escrituras, la suplantación de identidad con credenciales apócrifas y la fabricación de poderes notariales ficticios, despojan a los legítimos dueños para habitar o revender los inmuebles.
El impacto geográfico en la capital abarca dos frentes. Por un lado, las zonas de alta plusvalía como las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez (en colonias como la Roma, Condesa y Del Valle) y Miguel Hidalgo. Por el otro lado, las zonas con mayor densidad poblacional y rezago urbano como Iztapalapa y Gustavo A. Madero, que encabezan las cifras absolutas de denuncias.
Ante el costo político y social de esta crisis, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, puso en marcha el Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos y respaldó reformas al Código Penal, Código Civil y Ley del Notariado. Con estos cambios, la ley contempla penas que pueden alcanzar hasta 22 años de prisión para casos de despojo agravado (cuando se cometa con violencia, mediante el uso de documentos falsificados, participación de servidores públicos o en perjuicio de adultos mayores). No obstante, colectivos de víctimas y representantes de la oposición señalan que estas medidas son insuficientes, pues el Gabinete apenas logra procesar un porcentaje inferior al 10% del universo total de casos presentados ante la fiscalía.
Mil al mes
En la Ciudad de México, el problema de los llamados “okupas” y las redes de despojo ha alcanzado dimensiones críticas. En la capital se registran en promedio mil demandas al mes por este delito, acumulando una cifra que desborda por completo la capacidad de respuesta de las autoridades.
Aunque la administración capitalina puso en marcha el Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, sus resultados se quedan muy cortos frente a la magnitud de la crisis: de un paquete de 380 casos atendidos bajo este esquema, únicamente se lograron resolver 317 expedientes. Esto significa que mientras las denuncias avanzan a un ritmo de mil mensuales, las soluciones reales apenas se cuentan por centenas al año, dejando la tasa de impunidad en niveles superiores al 98%.
Jalisco: la invasión masiva de la vivienda abandonada
En el caso de Jalisco, las denuncias formales por despojo superan los 1,200 casos anuales ante la Fiscalía del Estado, pero el fenómeno muestra una cara distinta vinculada al crecimiento urbano desordenado y al abandono institucional de fraccionamientos de interés social.
El foco del conflicto en el Área Metropolitana de Guadalajara se ubica en los grandes desarrollos de vivienda construidos en la periferia, destacando de forma alarmante el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en fraccionamientos como Villa Fontana Aqua, Santa Fe, Chulavista y Silos. En estos puntos, miles de familias abandonaron sus fincas adquiridas mediante créditos de Infonavit debido a la falta de servicios públicos básicos, deficiencias en el transporte, lejanía de los centros de trabajo y el embate de la delincuencia.
Estas casas deshabitadas han sido tomadas bajo dos dinámicas principales. La primera es la invasión por parte de particulares y “paracaidistas” que se apoderan de las propiedades, las rentan ilegalmente a terceros o argumentan contratos de arrendamiento falsos cuando los verdaderos propietarios intentan reclamarlas. La segunda es la ocupación por células del crimen organizado, quienes aprovechan los vacíos de autoridad para convertir las fincas invadidas en casas de seguridad, puntos de venta de droga (“tienditas”) o almacenes de objetos robados.
El marco legal en el estado de Jalisco contempla en su Código Penal sanciones con prisión y multas económicas fijadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien, mediante el uso de la fuerza, amenazas, engaños o de manera furtiva, se ocupe de un inmueble ajeno. A nivel gubernamental, la administración estatal encabezada por Pablo Lemus ha fijado una postura de cero tolerancia a las invasiones ilegales. En coordinación con las autoridades municipales de Tlajomulco y el Infonavit, se han emprendido programas de regeneración urbana para la recuperación de las viviendas abandonadas, buscando restituir los inmuebles a los dueños originales o reinsertarlos formalmente al mercado legal de vivienda social.
Una brecha entre la norma y la realidad
Tanto en la Ciudad de México como en Jalisco, la legislación actual tipifica de manera severa el despojo y contempla castigos ejemplares. Sin embargo, el problema de fondo radica en la lentitud de los procesos judiciales y la falta de capacidad operativa de las fiscalías. Mientras los legítimos propietarios deben enfrentar juicios que pueden extenderse durante años para acreditar la posesión de sus inmuebles, los invasores y las mafias inmobiliarias continúan habitando o explotando comercialmente las fincas, dejando en evidencia la urgente necesidad de mecanismos de restitución inmediata y de un combate frontal a la corrupción en las instituciones públicas y notariales del país.
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