De acuerdo al ranking ‘Índice Mundial de Seguridad Interna y Policía’ de 2016 [estudio más reciente], realizado por el International Police Science Association (IPSA) y el Institute for Economics and Peace (IEP), que mide el desempeño de las fuerzas del orden en cuatro indicadores [capacidad, proceso, legitimidad y resultados], México tiene uno de los peores cuerpos policiacos del Mundo: ocupa el lugar 118 de entre 127 países evaluados. Asimismo, el Latinobarómetro 2018, señala que únicamente el 19 por ciento de los mexicanos menciona sentir ‘confianza’ en su policía, cuando el porcentaje promedio a nivel regional, en este indicador, es de 35 por ciento.
México ocupa el 2do porcentaje más bajo, tan sólo después de Venezuela, con un 12 por ciento. Por otro lado, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental – ENCIG- (2019), de INEGI, señala que el 88.2 por ciento de los jaliscienses perciben que la ‘corrupción’ es ‘muy frecuente o frecuente’ en sus policías –para liderar el indicador que contempla a 24 instituciones gubernamentales y sociales–. Asimismo, la ENCIG advierte que tan sólo 26.9 por ciento de la población de Jalisco refirió que su ‘policía contribuye a generar una sensación de seguridad’, un porcentaje considerablemente menor respecto de la media nacional, que es de 30.2 por ciento. Es importante destacar que cuatro de las 15 recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, en lo que va de 2020 –el 27 por ciento–, están vinculadas con los cuerpos municipales de seguridad.
Esto viene a cuenta por el muy repudiable asesinato de Giovanni, después de que policías municipales de Ixtlahuacán lo detuvieran la noche del pasado 4 de mayo por no portar cubre bocas; y fuera devuelto ¡sin vida!, un día después, por traumatismo craneoencefálico según consta en el acta de defunción. Precisamente, en estas mismas fechas, el 1 de mayo, por no acreditar su residencia en el municipio, el director de la preparatoria de Chapala, de la Universidad de Guadalajara, Juan Ramón Álvarez, fue golpeado por policías municipales hasta dejarlo inconsciente, y posteriormente arrestado sin razón alguna. La revictimización e impunidad se hizo nuevamente presente: la Comisión de Honor y Justicia (irónico nombre) absolvió a los dos policías municipales de Chapala que participación en esta agresión, con lo que el hecho demuestra la indiferencia de las autoridades municipales.
Aquí se advierten muy lamentables paradojas. 1) los más altos porcentajes de percepción en materia de ‘corrupción’, ‘desconfianza’ e ‘inseguridad’ se encuentren precisamente en los policías. 2) El supuesto principio de ‘cercanía y proximidad’, que debe prevalecer en policías municipales, es en realidad de ‘distanciamiento social’ en razón de sus actos barbáricos. 3) Los derechos humanos parecen ser sólo una garantía para victimarios, y no para víctimas. 4) El uso de la fuerza (letal y no letal) es el primer recurso en los protocolos de los ‘elementos’ de seguridad, y no el último. Debe advertirse que estos actos intimidatorios y cruentos no sólo deben derivar en sanciones administrativas [separación temporal o definitiva del cargo], sino que debe cuidarse no dejar en el ‘limbo’ la correspondiente sanción penal.
