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En una democracia, la legitimidad de las decisiones de un Congreso, no provienen del tamaño de la mayoría que las vote, sino de que las decisiones legislativas se funden y motiven en las leyes, después de ser debatidas y razonadas públicamente (por eso son representantes). Pues bien, el Congreso de Jalisco decidió designar a una consejera juez, una consejera ciudadana y un consejero ciudadano del Consejo de la Judicatura, sin observar lo dispuesto en la Constitución; incluso, cuando ¡ellos mismos acaban de aprobar la reforma! que indica que se debe ACREDITAR UN EXAMEN a través de la Comisión de Seguridad y Justicia, con el apoyo de instituciones de educación superior (las universidades) y de la sociedad civil, representada por el Comité de Participación Social.

Con la misma inercia que hoy los diputados asumen que una mayoría les da derecho a violar la ley, aprobaron -con ‘madruguete’ legislativo-, una reforma electoral como chaleco a la medida, que recorta convenientemente el tiempo de las campañas, pero mantiene los mismos montos de financiamiento en favor de los partidos. Cambian las reglas a tres meses de iniciar el periodo de proceso electoral, con la deliberada finalidad de cerrar la puerta a nuevas expresiones políticas, y asegurar ventajas en las reglas de la competencia, en favor del partido en el gobierno y su palero interesado ($$$) el PAN. Los que en ofrecieron ‘cambiar la historia’, lesionan hoy la equidad para expresiones políticas emergentes (Morena, los Wikis, Hagamos) con lo que obstruyen el derecho a la equitativa competencia electoral. Nadie objeta que MC y el PAN representen una amplia mayoría. Pero incluso ésta se encuentra obligada a respetar las leyes y los derechos de las minorías.

Ocurre que evidentemente se acentúa la centralización del poder, pero con ‘denominación de origen’ en Jalisco. Lo que hoy se le reclama al presidente López Obrador, en Jalisco se practica, corregido y aumentado. De la 4ta transformación, a la refundación: mesianismos fundacionales que pregonan reinventar las instituciones, como traje a la medida. Se somete al Poder Judicial, en el orden federal, al igual que ocurre en Jalisco. Tanto el presidente (AMLO), como el gobernador, tratan al Poder Legislativo como una ‘oficialía de partes’. De la misma forma que el presidente se rehúsa a respetar la libertad de prensa y el periodismo libre, con descalificaciones y agresiones a comunicadores; el mal humor consuetudinario de la refundación maltrata por igual medios, que periodistas.

Defensor, ¿del federalismo? Tal como el presidente se impone con los gobiernos de los estados; en Jalisco es visible la supremacía (impuesta) del Ejecutivo sobre los otros dos poderes, los municipios y su propio partido. Tanto el gobierno federal, como de Jalisco, condicionan obras y presupuesto, a cambio lealtades electorales. Aplican, ambos, premios y castigos con el presupuesto público. Así como se solicita transparencia y equidad en el ‘Pacto Fiscal’; en Jalisco la discrecionalidad es la constante, por ejemplo, en la reasignación del presupuesto recientemente votado en el Congreso de Jalisco, como en los 6 mil 200 millones de deuda, que irresponsablemente obligaron a aprobar al Congreso. De forma que: el comal, le dijo a la olla…

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

En justicia, el semáforo es rojo

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Gabriel Torres Espinoza*

En materia de procuración e impartición de la justicia, en Jalisco el semáforo marca rojo. El Índice de Estado de Derecho en México 2018  realizado por el World Justice Project (WJP) mide el Estado de Derecho por medio de ocho variables: 1) límites al poder gubernamental; 2) ausencia de corrupción; 3) gobierno abierto; 4) derechos fundamentales; 5) orden y seguridad; 6) cumplimiento regulatorio; 7) justicia civil; 8) justicia penal. Este ranking coloca a Jalisco en la posición 23 del tablero nacional. Ahora bien, el Índice de Impunidad Subnacional en México 2018, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), advierte que Jalisco tiene un “grado de impunidad alto”, ubicándose en el lugar N° 13 del tablero nacional. Los indicadores se clasifican en grados de impunidad “bajo”, “medio”, “alto” y “muy alto”.

Efectivamente, una de las asignaturas pendientes en México, y en el estado Jalisco, en materia de reformas constitucionales, es la correspondiente a la procuración e impartición de justicia. Especialmente en las prácticas de los actores políticos. Sin embargo, aunque se realizara una reforma constitucional, de esas que los entusiastas del diseño institucional llaman como “estructurales” o “de gran calado”, de nada serviría, con la paupérrima y raquítica calidad de los perfiles que integran el Poder Judicial y la Fiscalía. Especialmente hoy que se devela que, a pesar de las reformas, la designación de los integrantes del Poder Judicial sostiene un grotesco reparto de ‘cuates y cuotas’, pero sin perfiles profesionales idóneos. Lo de menos sería que fueran los ‘cuates’ de los diputados, si por lo menos se asegurara un adecuado perfil y trayectoria. Debido a ello, es que el mismo Congreso, tuvo que violar la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y su propia convocatoria, para regresar al ‘sistema de complicidades’, que atiende la nociva lógica de gente ‘incondicional’, pero sin perfil calificado.

Para ejemplos están los paradigmáticos casos de Armando García Estrada y Alberto Barba, otrora integrantes “suertudotes” del TAE, y que con el “reformón” efectista, de auténtico “relumbrón”, que dio lugar al Sistema Anticorrupción, pasaron a integrar el Tribunal de Justicia Administrativa: un Tribunal con un papel protagónico para combatir la corrupción de la vida pública en Jalisco, en manos de los más cuestionados y principales “enemigos públicos” de la metrópoli. Igualmente, emblemático resultó el caso de Vega Pámanes, que llegó a titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

El caso de la reciente designación y nombramiento de los consejeros de la judicatura, es la “cereza del pastel” en el cinismo que envuelve a la impartición de la justicia en Jalisco: el órgano interno de control del Poder Judicial, esto es, el Consejo de Judicatura, está conformado ahora precisamente por quienes violentaron una convocatoria y el método de elección previsto en la Constitución. Mientras esto no cambie, no habrá #ReformaQueSirva (así como las consignas de #FiscalíaQueSirva). En todo caso, pasarán a sumarse a la larga lista de reformas ‘gatopardistas’: de esas que todo cambian en la norma, para que la normalidad siga siendo la misma.

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Gabriel Torres Espinoza

La deuda pública ¿bien aplicada?

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Gabriel Torres Espinoza*

La reforma al Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco 2020, aprobada por el Congreso del Estado el 22 de mayo, contempló modificaciones al gasto público por un monto de tres mil 520 millones de pesos. Estos cambios tendrían como destino la partida presupuestal 4418, denominada “Ayuda para erogaciones imprevistas (Pandemia Covid-19)”.

De acuerdo al portal web oficial del Gobierno del Estado de Jalisco, Transparencia Focalizada Covid-19, a la fecha ya han sido asignados tres mil 491 millones 087 mil 001 pesos para la atención de la pandemia (¿?), de los tres mil 520 millones de pesos reasignados para ello. Es decir, ya se encuentra comprometido el 99.17% del monto reasignado en el Presupuesto de Egresos 2020 para la gestión de la pandemia. Únicamente quedan por ejercer 28 millones 912 mil 999 pesos (nada) para la atención del coronavirus en Jalisco, justo cuando la curva epidemiológica se encuentra en su ‘pico’ más alto. No se trata de una apreciación subjetiva. El propio Gobierno del Estado, a través de su comunicación institucional en redes sociales, reconoce que “viene lo peor”. El director general de la OMS, señala que la pandemia “no está ni cerca de terminar”. La Universidad Johns Hopkins advierte que la fecha estimada de ‘pico’ en México será en agosto.

Un grupo de científicos tanto del CIDRAP, de la Universidad de Minnesota, como de la Escuela de Salud Pública TH Chan, de la Universidad de Harvard, predicen que son tres los escenarios probables en cuanto a la forma gráfica que tendrán las ‘olas’ epidemiológicas del SARS-CoV-2 en el Mundo: Escenario 1. Una primera ‘ola’ pronunciada que podría colapsar el sistema de salud en algunos países, seguido de ‘olas’ más pequeñas hasta el 2022. Escenario 2. Advierte una primera ‘ola’ considerable, seguida de una segunda ‘ola’ de mucha mayor magnitud en el otoño-invierno de 2020, y ‘olas’ más pequeñas hasta 2022. Escenario 3. Advierte un número indeterminado de ‘olas’ y rebrotes epidemiológicos, que son cíclicos y de igual magnitud, hasta 2022. Como quiera que sea, todo lo anterior indica que, en efecto, lo peor está aún por venir.

De forma que, ¿cuántos recursos públicos harán falta para amortiguar el impacto de una pandemia que advierte un largo y sombrío derrotero? Un gobierno estatal con un alto nivel de endeudamiento –utilizado para financiar proyectos insustanciales–, y con un eventual déficit fiscal, complica aún más el cruento panorama sanitario que se avecina.

Los seis mil 200 millones de pesos del endeudamiento que tendrán como destino el “Plan de Inversión Pública Productiva Integral para la Reactivación Económica del Estado, durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021” [nótese que el plan de endeudamiento es únicamente para contener el impacto económico con obras, en su mayoría prescindibles; no para ampliar sustancialmente la infraestructura de Salud], apenas erogará 384 millones 600 mil pesos en “infraestructura para prestación de servicios de atención médica”. Esto es, ¡apenas el 6.2% del monto del endeudamiento autorizado! Los cinco mil 815 millones 400 mil pesos restantes tendrán un destino que NO corresponde a una desafiante realidad: Enfrentar los desafíos de un enorme problema de salud pública. El mayor de los últimos 100 años.

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Gabriel Torres Espinoza

La otra epidemia; Jalisco, a dos fuegos

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Gabriel Torres Espinoza*

De la Semana Epidemiológica (SE) 21 a la 25 de 2020 (la semana pasada), Jalisco avanzó en la epidemia de Dengue, con un ritmo de nuevos casos confirmados incluso superior a Veracruz, que hoy por hoy reporta el primer lugar nacional. Durante las últimas tres semanas, aquí se detectaron más casos nuevos confirmados que en Veracruz: 61,105,78, 128 y 88, respectivamente, durante las SE 21 a la 25. De forma que, de seguir esta tendencia, se puede esperar que nuestro estado llegue al primer sitio en casos confirmados a nivel nacional. La semana pasada alcanzamos la cifra de 789 casos confirmados, lo que representa ya un incremento de 160% con respecto al 2019.

El dato más delicado, respecto de ‘la otra epidemia’, es que el Dengue Grave creció 281 por ciento, respecto del año anterior (2019), durante esta misma fecha. El Dengue con signos de alarma ha aumentado en 2020, 76 por ciento respecto de 2019; y el dengue no grave 171 por ciento. Bajo este crecimiento en casos de Dengue, el mes de agosto se perfila a ser el inicio de una curva exponencial, que el año pasado ocurrió hasta el mes de octubre. Es decir, en el año 2020 la crisis llegará dos meses antes, lo que coincidiría, peligrosamente, con el volumen de casos activos de Covid-19.

Tener en cuenta el crecimiento que indica en 2020 el Dengue, resulta de la mayor relevancia si observamos los datos con que cerró el año pasado (2019) esta epidemia en Jalisco: 1) El mayor número de ‘casos confirmados’ de dengue, con 8 mil 270. 2) La mayor tasa de incidencia en ‘casos confirmados’, con 99.86 casos por cada 100 mil habitantes. 3) La suma más alta de ‘casos probables’ de dengue, con 66 mil 812. y 4) La mayor cantidad de ‘casos estimados’ de dengue, con 44 mil 146, colocándose dentro del ‘top 10’ de entidades federativas con mayor número de casos de dengue en la República Mexicana, al 2 de noviembre de 2019. 5) El estado con el mayor número de ‘defunciones confirmadas por dengue’, con 24 muertes registradas ‘oficialmente’; mientras que Veracruz registró 23. 6) La mayor cifra de ‘defunciones en estudio’, hasta la Semana Epidemiológica 44, con 94 casos; es decir, 10 más con relación a los que se observaron hasta la Semana Epidemiológica 43 [con corte al 26 de octubre], donde el número ascendía a 84. 7) El mayor número de casos de ‘defunciones en estudio’ por dengue, con una total de 10; mientras que Veracruz tres defunciones (durante la Semana Epidemiológica 44).

Otro apunte relevante es el 85 por ciento de los casos confirmados en 2020, ahora corresponden a las jurisdicciones sanitarias de: VI Ciudad Guzmán, XII Tlaquepaque, IV La Barca, VIII Puerto Vallarta y V Tamazula. Es para considerarse, puesto que el año pasado (2019) se emitió un ‘aviso epidemiológico’ en Jalisco (un vil invento para no asumir la Alerta Epidemiológica), que se circunscribió al Área Metropolitana de Guadalajara. Pero los cuatro municipios jaliscienses con mayor número de casos confirmados de dengue no grave por cada 100 mil habitantes, se reportaron ¡fuera de la jurisdicción de este ‘aviso epidemiológico’! Sociedad y gobierno (y especialmente el Secretario de Salud) acusan aprender muy poco con respecto a esta enfermedad, después de la crisis que vivió Jalisco en 2019 y que ahora evoluciona peor.

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