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En una democracia, la legitimidad de las decisiones de un Congreso, no provienen del tamaño de la mayoría que las vote, sino de que las decisiones legislativas se funden y motiven en las leyes, después de ser debatidas y razonadas públicamente (por eso son representantes). Pues bien, el Congreso de Jalisco decidió designar a una consejera juez, una consejera ciudadana y un consejero ciudadano del Consejo de la Judicatura, sin observar lo dispuesto en la Constitución; incluso, cuando ¡ellos mismos acaban de aprobar la reforma! que indica que se debe ACREDITAR UN EXAMEN a través de la Comisión de Seguridad y Justicia, con el apoyo de instituciones de educación superior (las universidades) y de la sociedad civil, representada por el Comité de Participación Social.

Con la misma inercia que hoy los diputados asumen que una mayoría les da derecho a violar la ley, aprobaron -con ‘madruguete’ legislativo-, una reforma electoral como chaleco a la medida, que recorta convenientemente el tiempo de las campañas, pero mantiene los mismos montos de financiamiento en favor de los partidos. Cambian las reglas a tres meses de iniciar el periodo de proceso electoral, con la deliberada finalidad de cerrar la puerta a nuevas expresiones políticas, y asegurar ventajas en las reglas de la competencia, en favor del partido en el gobierno y su palero interesado ($$$) el PAN. Los que en ofrecieron ‘cambiar la historia’, lesionan hoy la equidad para expresiones políticas emergentes (Morena, los Wikis, Hagamos) con lo que obstruyen el derecho a la equitativa competencia electoral. Nadie objeta que MC y el PAN representen una amplia mayoría. Pero incluso ésta se encuentra obligada a respetar las leyes y los derechos de las minorías.

Ocurre que evidentemente se acentúa la centralización del poder, pero con ‘denominación de origen’ en Jalisco. Lo que hoy se le reclama al presidente López Obrador, en Jalisco se practica, corregido y aumentado. De la 4ta transformación, a la refundación: mesianismos fundacionales que pregonan reinventar las instituciones, como traje a la medida. Se somete al Poder Judicial, en el orden federal, al igual que ocurre en Jalisco. Tanto el presidente (AMLO), como el gobernador, tratan al Poder Legislativo como una ‘oficialía de partes’. De la misma forma que el presidente se rehúsa a respetar la libertad de prensa y el periodismo libre, con descalificaciones y agresiones a comunicadores; el mal humor consuetudinario de la refundación maltrata por igual medios, que periodistas.

Defensor, ¿del federalismo? Tal como el presidente se impone con los gobiernos de los estados; en Jalisco es visible la supremacía (impuesta) del Ejecutivo sobre los otros dos poderes, los municipios y su propio partido. Tanto el gobierno federal, como de Jalisco, condicionan obras y presupuesto, a cambio lealtades electorales. Aplican, ambos, premios y castigos con el presupuesto público. Así como se solicita transparencia y equidad en el ‘Pacto Fiscal’; en Jalisco la discrecionalidad es la constante, por ejemplo, en la reasignación del presupuesto recientemente votado en el Congreso de Jalisco, como en los 6 mil 200 millones de deuda, que irresponsablemente obligaron a aprobar al Congreso. De forma que: el comal, le dijo a la olla…

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

Pablo Lemus, ¿a dónde?

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Gabriel Torres Espinoza*

En entrevista para El Informador (11/Septiembre/2020), en el programa los ‘Sótanos del Joder’, Pablo Lemus mencionó que el Gobernador lo invitó directa y personalmente a encabezar la lista plurinominal de diputados locales por MC y coordinar la fracción parlamentaria (¿y la división de poderes?). Expresó: “eso claro que me interesa, me interesa darme a conocer en todos los municipios de Jalisco, hacer campaña en todo el estado (…) porque yo sí quiero ser gobernador (…) no me late el papel de ser diputado, pero sí me late el papel de moverme por todo Jalisco” (https://www.facebook.com/115103408384/videos/386604825659338). Pero no necesita ser diputado local para ‘moverse’ en todo el estado y construir un proyecto político estatal. López Obrador, sin ser servidor público, recorrió los 2,446 municipios del país, en al menos dos ocasiones, antes de ganar la presidencia de la República.

De acuerdo con la encuesta ‘100 alcaldes de México’, de Mitofsky, publicada el 12 de julio de 2020, Lemus Navarro ocupa el lugar número 11° como alcalde mejor evaluado del país, con una aprobación del 62.7 por ciento [el mejor evaluado, de Tampico, Tamaulipas, registra una aprobación de 70.2 por ciento]. Tal vez por su gestión, por la insistencia de marcar independencia política respecto del primer núcleo de MC, y como consecuencia, de hacer valer su derecho a disentir, el presidente municipal de Zapopan se sabe con personalidad propia y activos políticos suficientes para presentarse como candidato competitivo a un cargo de elección popular. Pero, ¿cuál?  

En mayo de 2019, Lemus terminó su relación institucional con Indatcom, por lo que él calificó como ‘errores sistemáticos y dolosos’ en que incurría esta empresa al administrar las redes sociales de Zapopan. En julio de 2019, rechazó públicamente la propuesta inicial de la Policía Metropolitana, y se opuso también a destinarle “recursos humanos, financieros y administrativos”. Durante el tercer trimestre de 2019, se negó sistemáticamente otorgar los permisos de habitabilidad para la venta de las Villas Panamericanas, y se comprometió a que mientras él sea presidente, no se autorizarán esos permisos.

Son, precisamente los legisladores, los servidores públicos peor evaluados del país en términos de confianza (INEGI, ENCIG: 2020). De forma que, ir al Congreso, y asumir una disciplina espartana (como ahora ocurre), no parece ser una acertada fórmula para cultivar el capital político derivado de su gestión como presidente.

Para el Poder Ejecutivo, las decisiones en el Legislativo son de mayor relevancia que las que ocurrieron en un municipio metropolitano. Ahí se crean, reforman y abrogan leyes para todos los jaliscienses. Se aprueba presupuesto, cuentas públicas y se designan cargos para el poder Judicial, para los órganos constitucionalmente autónomos, entre otras cosas. Si como coordinador de diputados, Lemus ejerciera la misma autonomía política que en Zapopan, con su estilo de diferir, podría terminar en un abierto enfrentamiento y aislado del resto de los legisladores de MC. Por el contrario, si fuese un legislador disciplinado (gris), su futuro dependería del primer círculo del gobernador, al que no pertenece, y en el que no conserva aliados. Tómalo o déjalo, el “dilema de Hobson”.

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Gabriel Torres Espinoza

20 años, para la línea 3 del tren

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Gabriel Torres Espinoza*

El sábado pasado fue inaugurada y puesta en operaciones la Línea 3 del Tren Ligero. Se trata una obra muy relevante para la ZMG: la Línea 1 y la Línea 2 representaban una extensión en conjunto de 24 kilómetros. Ahora, con la Línea 3, se suman 21.5 kilómetros más de vía a la red de Tren Eléctrico en la metrópoli. Habría que recordar que, desde 1994, quedó suspendido el proyecto que, en 1989, presentó el entonces gobernador de la entidad, don Guillermo Cosío Vidaurri, que consistía en la necesidad de construir en ese momento 4 Líneas de Tren con una red que se extendería en un total de 85 kilómetros dentro de la Ciudad.

El rezago que en materia de Tren Eléctrico registra la metrópoli se ejemplifica de mejor manera si nos comparamos con la Ciudad de México que, con una población de 8.8 millones de habitantes, actualmente cuenta con 12 Líneas de Metro; mientras que Jalisco, con una población de 8.2 millones de habitantes, cuenta con apenas tres Líneas de Tren Ligero. De tal suerte, mientras que la red del metro de la Ciudad de México es de 226.4 kilómetros; la de Jalisco es de apenas 45.5 kilómetros: es decir, nuestra red apenas representa una quinta parte (20%) de la existente en la CDMX.

Alberto Cárdenas, con un presidente de extracción priista, no construyó un solo metro de Tren Ligero. Lo mismo puede decirse de Ramírez Acuña, que no le apostó a un proyecto de movilidad colectivo-masivo a la ciudad, teniendo en la Federación a un presidente emanado de su mismo partido (Fox). Por otro lado, Emilio González Márquez, aunque rechazó sistemáticamente la construcción de otra línea de Tren Ligero en la urbe, apenas pudo gestionar ante el entonces primer mandatario, Felipe Calderón, un Macrobús plagado de irregularidades e inconsistencias que sólo denotaban corrupción. El otrora gobernador, Aristóteles Sandoval, hizo de la Línea 3 del Tren Ligero, una de sus principales promesas de campaña como alcalde de Guadalajara y como Gobernador, y el escenario político (2012-2018) facilitó la tercera Línea teniendo como Jefe del Ejecutivo a Peña Nieto.

Fue al Gobernador Enrique Alfaro, a quien correspondió finalizar la obra: cinco mil millones de pesos más para la retardada e inconclusa Línea 3 del Tren Ligero. Durante la inauguración, del fin de semana pasado, el Jefe del Estado Mexicano se comprometió para la inversión en 2021, de la Línea 4 del Tren Ligero –que no se encontraba contemplada en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año–, y que se espera para 2024. Todo esto se ha afianzado en un contexto de gobiernos yuxtapuestos entre la Federación y el Gobierno estatal, al ser emanados de diversos partidos, aunado a los severos recortes presupuestales que padecerá todo el país derivado del choque económico de la pandemia.

Inexplicablemente Jalisco dejó décadas sin desarrollar en un servicio de transporte público efectivo como el Tren. Uno que es seguro, confiable y tecnológicamente limpio. Un sistema de transporte que sí satisface las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los usuarios, como se advierte en las principales ciudades del mundo. Mientras tanto, la ‘solución barata’ pretendió mitigar la demanda de transporte de calidad, con el horrendo ‘Macrobús’.

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Gabriel Torres Espinoza

Checks and balances’ y derecho a la oposición

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Gabriel Torres Espinoza*

La teoría de ‘check and balance’, refiere al necesario equilibrio entre poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que ahora incluye a los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA’s), para que ningún poder se extralimite en sus facultades, con injerencias ilegales en otro poder, que subordinen las funciones legislativas, judiciales, ejecutivas o las que ahora la Constitución fija en exclusiva a un Organismo Constitucional Autónomo (OCA). La doctrina norteamericana establece los ‘checks and balances’, para impedir que un poder sostenga una ‘excesiva primacía’ sobre el resto.

En un sistema presidencial -como el nuestro-, existe la proclividad reiterada de injerencia más allá de sus atribuciones, del Ejecutivo federal y de los ejecutivos estatales, sobre la autonomía del Legislativo, pero especialmente dentro del Poder Judicial. Precisamente aquí es donde el trabajo de la oposición debe ser efectivo. Pueden ser nocivas las actuaciones de un gobierno, como son igualmente gravosas las de una ineficiente oposición (una muy débil o cómplice).

La oposición es consustancial para la gobernabilidad democrática liberal. De forma que la participación política desde la oposición, no debería ser recibida con hostilidad o conflicto, puesto que su existencia e intervención, forma parte de los frenos y contrapesos democráticos al gobierno. El derecho a la oposición se ejerce desde los partidos, a partir las organizaciones de la sociedad, o incluso, mediante las tareas específicas de los organismos autónomos.

La división entre poderes debe funcionar para que éstos se equilibren entre sí, y se impida la sumisión de un poder a otro. Recordemos que la separación de poderes y la existencia de frenos y contrapesos, son resultado de un conjunto de normas destinadas a asegurar las libertades políticas y el control constitucional del gobierno. “Cuando los poderes Legislativo y Ejecutivo se subordinan, no puede asegurarse libertad… no hay libertad política si el Poder Judicial no se encuentra debidamente separado del Poder Legislativo y Ejecutivo…” (Montesquieu).Contribuir al aseguramiento y evolución de libertades políticas y sociales, es quehacer del partido en el gobierno, pero especialmente el rol fundamental de la oposición, de las organizaciones de la sociedad y organismos constitucionalmente autónomos.

El único poder que no se integra por voto popular, es el Judicial. Precisamente por ello, las designaciones de ministros, magistrados, consejeros de la judicatura y jueces, se ha convertido en realidad, en una disputa por el control político del Poder Judicial (federal y en Jalisco). La injerencia de otros poderes, para conseguir el sometimiento del Judicial, ha propiciado infortunados resultados que hoy padece la sociedad con niveles paupérrimos en la impartición de justicia. En Jalisco ee ha llegado a la insolencia de que algunos legisladores, ¡venden la designación de los cargos! De forma que resulta imprescindible ofrecer certeza en los tiempos y etapas, así como los criterios públicos para la designación de funcionarios en el Poder Judicial. Justo, a partir del fortalecimiento de la participación y fiscalización efectiva ciudadana, como del derecho a la oposición, dentro y fuera del Congreso.

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