Por: Amaury Sánchez G.
En los días que corren, cuando el país entero observa con expectativa la evolución de las relaciones comerciales con los Estados Unidos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha declarado, con visible entusiasmo, que “todo lo que México tenía que hacer ya está hecho” respecto a la inminente aplicación de un arancel del 30% a nuestras exportaciones. Afirmación que, por su forma y fondo, exige un escrutinio riguroso desde el punto de vista económico, jurídico y político.
La historia reciente de las relaciones comerciales bilaterales no permite frivolidades ni triunfalismos sin sustento. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fue concebido como un marco de certidumbre jurídica para los actores económicos de la región. El hecho de que, en palabras del secretario, “el 84% del comercio se encuentre libre de aranceles”, no basta para disolver la amenaza que representa el uso político de los aranceles por parte del gobierno estadounidense, particularmente cuando este se halla en periodo preelectoral.
La experiencia de 2019 —cuando Donald Trump amagó con imponer aranceles progresivos si México no intervenía con más contundencia en la contención migratoria— nos enseñó que, bajo su lógica, las reglas comerciales pueden subordinarse a sus intereses políticos y narrativas de campaña. Entonces, como ahora, el gobierno mexicano optó por una estrategia de contención antes que de confrontación, sin cuestionar a fondo las implicaciones de fondo: la subordinación de nuestra política económica a presiones externas.
Hoy, el optimismo de Ebrard contrasta con la opacidad de las negociaciones. Si no se han revelado las tasas arancelarias “pactadas” con Estados Unidos, ello puede deberse no a estrategia, sino a que las concesiones ya están hechas en otras esferas: migración, control tecnológico, inversión extranjera condicionada o compras gubernamentales. ¿Dónde está el mandato popular para ceder en tales frentes? ¿Con qué legitimidad el secretario asegura que todo está hecho, si el pueblo ignora qué fue lo que se negoció?
La afirmación de que “México se encamina a tener una mejor posición respecto al resto del mundo” solo puede sostenerse si se la acompaña de datos comparativos en términos de crecimiento, seguridad jurídica, diversificación de mercados y consolidación de cadenas de valor. ¿Está el país en mejor posición que Brasil, India o Vietnam en atracción de inversiones y en resiliencia ante la guerra comercial global? La respuesta, a la luz de los indicadores, es incierta.
En este sentido, resulta preocupante que una negociación de alta sensibilidad estratégica como ésta se anuncie en un foro de Inteligencia Artificial, al margen del Congreso de la Unión y sin mecanismos institucionales de control democrático. El Consejo Coordinador Empresarial, en voz de Max Elman, ha terciado como interlocutor oficioso, reforzando la vieja tesis de que la política exterior mexicana se cocina entre elites económicas, en lugar de responder a un proyecto nacional soberano.
El verdadero problema de fondo no es si el arancel se aplicará o no. Es la falta de una política económica integral que articule soberanía, crecimiento, diversificación comercial y justicia social. La economía mexicana no puede seguir girando en torno a la buena voluntad de un presidente extranjero ni de sus decisiones imprevisibles. La institucionalidad del T-MEC debe defenderse desde una posición de firmeza y no de resignación técnica.
El gobierno de la Cuarta Transformación —del que Ebrard fue pieza clave en la transición— se propuso romper con el entreguismo de décadas pasadas. Hoy tiene la oportunidad de demostrar si el cambio de régimen es real o si, en el fondo, las prácticas de sumisión comercial persisten bajo otros modales.
Si el secretario de Economía cree que ya se hizo todo lo necesario, quizás convenga recordarle que la soberanía no se negocia, se defiende.
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